Andrea del Carmen Braga Montejo

Expediente 1533/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1533/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Andrea del Carmen Braga Montejo
  • Andres Manzanilla Denis
  • G.A. M. B.
  • ANDREA DEL CARMEN BRAGA MONTEJO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, se declara que la expresada resolución que NEGÓ el amparo a la parte quejosa, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. RESERVA ARCHIVO DE EXPEDIENTE PRINCIPAL E INCIDENTE. Ahora bien, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintitrés se tuvo por interpuesto el recurso de revisión por la parte quejosa contra la resolución interlocutoria de tres de julio de dos mil veintitrés. Recurso que le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, bajo el número de toca ******************** de su índice, el cual se encuentra pendiente de resolver. En virtud de lo anterior, se reserva realizar la valoración del archivo del presente asunto, hasta en tanto sea remitida la resolución relativa al recurso de revisión interpuesto contra la citada resolución interlocutoria. Finalmente, hágase del conocimiento lo antes acordado, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto circuito, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia interlocutoria dictada en el presente cuaderno incidental, con el que se formó el toca 474/2023. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés.********************Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la resolución interlocutoria firmada el tres de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito:********************1. El original del escrito de revisión y de expresión de agravios.********************2. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. ********************Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente.********************Hágase del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.********************CÚMPLASE.

  4. Principal

    V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 1533/2023-II, promovido por ******, por sí y en representación de su hijo menor de edad de iniciales *****, contra actos de la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió demanda de amparo (fojas 2 a 9 del juicio de amparo) presentada por *****, por sí y en representación de su hijo menor de edad de iniciales ******., sucesivamente parte quejosa, contra un acto de la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales que precisó. (.) SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Previo a iniciar el estudio, se precisa que dado que el tema a resolver tiene como objeto determinar sobre el derecho a las convivencias entre el menor aquí quejoso y su padre (el aquí tercero interesado), se actualiza en su favor la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por ser menor de edad y al estar involucrado un tema relacionado con su derecho a convivir, con lo que se afecte el orden y desarrollo de la familia. 40. Ello, con base en las razones esenciales, contenidas en la jurisprudencia con registro 2022087, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: «SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO (.) 41. En ese contexto, la parte quejosa hace valer diversos argumentos que se analizarán en el orden propuesto. 42. En principio, la parte quejosa argumenta que el cambio en el régimen de convivencias de modalidad de entrega en el domicilio de los abuelos paternos a la entrega en el Centro de Convivencias, se realizó con la mera manifestación del tercero interesado Geovanni Andrés Manzanilla Denis, sin corroborar ningún aspecto y sin darle vista sobre la petición, para que estuviera en aptitud de pronunciarse al respecto. 43. Dicho argumento resulta inoperante. 44. Es así, puesto tal argumento se hace valer contra un aspecto que ha sido consentido expresamente con posterioridad a la emisión del acto reclamado, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII20, de la Ley de Amparo. 45. Lo anterior, porque si bien no se decretó el sobreseimiento, ello obedeció a que el lugar de la entrega y recepción sólo es un aspecto inmerso en la totalidad del acto reclamado y, por ende, no fue viable decretar el sobreseimiento parcial por ese aspecto; sin embargo, ello no implica que se deba analizar el fondo del planteamiento, cuando se advierte que se ha consentido expresamente el aspecto reclamado. 46. Se afirma lo anterior, porque como quedó establecido en antecedentes, la quejosa Andrea del Carmen Braga Montejo en la junta de avenía que se celebró el pasado veinte de junio, aceptó que para ella y su menor hijo (aquí quejosos), lo mejor era que la entrega recepción se realizara en el Centro de Convivencias, porque de esa manera se tendría más control sobre la forma en la que entrega al menor y sobre cómo se devolvía de las convivencias con su progenitor. 47. En dicha audiencia refirió que en un principio tenía miedo porque desconocía como era un Centro de Convivencias, pero luego de visitarlo, concluyó que era preferible que las cosas se quedaran así, esto es, que el lugar de entrega y recepción fuera el Centro de Convivencias. 48. En ese contexto, lo procedente es declarar inoperante el concepto de violación propuesto, pues se hace valer contra un aspecto que se ha consentido expresamente. 49. Lo anterior, por no oponerse al texto vigente de la Ley de Amparo, con base en los razonamientos contenidos en la tesis aislada con registro 163727 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, de contenido siguiente: «SOBRESEIMIENTO PARCIAL. NO PUEDE DECRETARSE RESPECTO DE UN SOLO ACTO RECLAMADO. (.) 50. En un segundo aspecto, la parte quejosa argumenta que el hecho de que se haya fijado las diecinueve horas para la devolución del menor quejoso es un aspecto que incide en su normal desarrollo, dado que a esa hora el menor quejoso está en su hora de dormir, lo que se agrava aún más agregando el tiempo de traslado luego de la recolección del menor quejoso. 51. Dicho argumento es inoperante. 52. Se afirma ello, porque en el contexto ya desarrollado en el anterior argumento, si bien no se decretó el sobreseimiento, ello obedeció a que no es viable hacerlo en forma parcial, sin embargo, en este argumento, el aspecto impugnado deriva de otro que fue consentido por la parte quejosa. 53. Esto es, el horario fijado a las diecinueve horas para la entrega del menor los días sábados las primeras tres semanas de cada mes y los días domingo, la cuarta semana, no es un aspecto novedoso que se haya determinado mediante el acuerdo reclamado de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, sino que es un horario que deriva de lo determinado de la sentencia emitida el diez de octubre de dos mil veintidós, en el procedimiento especial de divorcio en el que actúa la Jueza responsable, esto es, el horario fijado para la entrega del menor deriva un diverso acto que fue consentido por la parte quejosa. 54. Para corroborar lo anterior, cabe reiterar que, en el procedimiento natural, el diez de octubre de dos mil veintidós21, la Jueza responsable dictó sentencia en la que, entre otros puntos, estableció como régimen ordinario de convivencias entre el menor quejoso y su padre *****, el siguiente: 55. A) Las primeras tres semanas de cada mes, ****** debería entregar al menor quejoso a las catorce horas del viernes en la casa de los abuelos paternos y lo recogería en el mismo lugar, el sábado a las diecinueve horas. 56. B) La cuarta semana de cada mes, en las mismas condiciones, la entrega el viernes a las catorce horas, pero pasaría por él, el domingo a las diecinueve horas; siempre que su salud lo permita. 57. En ese contexto, en el acto reclamado, al modificar el régimen de convivencias la Jueza responsable no estableció algún nuevo horario de devolución, sino que simplemente se limitó a cambiar el lugar de la entrega y recepción del menor. 58. Por ende, si la parte quejosa consideraba que el horario fijado era inadecuado para la devolución del menor, lo debió impugnar desde que se estableció en la sentencia ya referida desde el diez de octubre de dos mil veintidós, puesto que, al no hacerlo, consintió ese aspecto y, por ende, ante la variación del lugar de entrega-recepción no se le genera un nuevo derecho a impugnar la totalidad de los aspectos, sino solo aquellos aspectos que no deriven de actos que consintió tácitamente. 59. De ahí que deba concluirse que por lo que hace al horario de entrega del menor, se trata de un aspecto que deriva de un acto consentido tácitamente porque en su momento no se hizo valer el recurso ordinario correspondiente, razón por la cual se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con la diversa fracción XXIII, de la Ley de Amparo. 60. Esto, porque la parte quejosa estaba obligada a impugnar la resolución de diez de octubre de dos mil veintidós, si consideraba que el horario le irrogaba algún perjuicio, por ser la base del acuerdo reclamado de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés y, al no hacerlo así, es incuestionable que consintió esa determinación originaria y la que derivó de ella (el acuerdo reclamado en este juicio). 61. Lo anterior, por no oponerse al texto de la Ley de Amparo vigente, en estricto seguimiento a la jurisprudencia con registro 393973 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: «ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos». 62. En suma, no pasa inadvertido que se hace valer diversos argumentos en forma genérica sobre que se están vulnerando los derechos del menor quejoso y que no se veló por su interés superior. 63. Tales argumentos resultan infundados. 64. Esto es así, porque si bien es cierto que no basta con que exista un señalamiento de una negativa de entregar al menor quejoso para modificar el régimen de convivencias, no menos cierto es que la modificación que aconteció en este caso sólo obedeció al lugar de entrega -ambos lugares están dentro de esta misma ciudad-, y se dejó de analizar el fondo de ese aspecto, porque la parte quejosa ******** consintió expresamente que es mejor para el interés superior del quejoso. 65. Consentimiento que se considera razonable porque, en efecto, con la entrega y recepción en un lugar controlado por autoridades administrativas será más fácil advertir la manera en la que se desarrollen las convivencias y, por ende, la Jueza responsable podrá tener más información para aplicar los cambios o mantener la situación vigente, a fin de preservar el interés superior del menor; de ahí que se concuerde con las razones que llevaron a dicha modificación y, por ende, no se advierta que se vulnere algún derecho del menor quejoso. 66. No pasa inadvertido que lo que realmente subsiste, como se afirmó la quejosa ******* en la junta de avenía22, es que actualmente tiene más tiempo libre en los fines de semana, sin embargo, de ser su intención solicitar que se modifiquen los días ya asignados, en todo caso, tiene expedita la vía para solicitar la modificación pertinente, pero no por ello se puede concluir que el acto reclamado es inconstitucional, cuando el propio menor quejoso se ha expresado, en al menos dos ocasiones23, que sí quiere convivir con su progenitor. 67. Sobre ello, debe precisarse que basta con que exista la petición de modificación para que se le deba dar trámite, pues el hecho de que exista un régimen de convivencias ya fijado no es motivo legal para dejar de tramitar la modificación solicitada. 68. Se afirma lo anterior, porque el artículo 32124 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, establece que las decisiones sobre el régimen de convivencias del menor de edad, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, sí es objeto de modificación y que se privilegiará el interés superior de éste, atendiendo al derecho que tiene de convivir con la madre o el padre no custodio ante cualquier circunstancia, que a criterio del órgano jurisdiccional, amerite dicho cambio o modificación. 69. Pese a ello, el hecho de que sea posible la modificación no implica que todas las peticiones deban considerarse procedentes, sino sólo aquellas en las que se justifique la necesidad de la modificación del régimen de convivencias, con respeto al derecho de audiencia de la parte afectada, o bien, de inmediato a efecto de salvaguardar el interés superior de los menores, desde luego, atendiendo al caso concreto y justificando por qué se dejó de respetar el derecho de audiencia, en su caso. 70. Ello, puesto que no puede soslayarse que las convivencias no es un derecho exclusivo de los progenitores, sino primordialmente del menor, en virtud que conforme al artículo 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños tienen un derecho fundamental a convivir con sus padres25. Este derecho se justifica ya que a través de las convivencias los menores pueden generar lazos afectivos con sus progenitores, lo cual es importante para su desarrollo emocional. 71. Incluso con su familia extendida (abuelos), como se ha determinado en el amparo directo en revisión 5482/2019, resuelto el trece de enero de dos mil veintiuno, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 72. En este orden de ideas, la Sala citada, en el amparo directo en revisión 473/2020, resuelto el veintiséis de enero de dos mil veintidós, reiteró que en diversos precedentes ha determinado que las visitas y convivencias son fundamentales para el sano desarrollo de la personalidad de los menores26 y que ha señalado en reiteradas ocasiones que la importancia de establecer un régimen de visitas y convivencias efectivo, debe de regir cualquier decisión que se tome sobre los derechos de un menor. 73. En efecto, en la contradicción de tesis 123/200927, resuelta por la propia Sala, se estableció que el menor "tiene derecho a que se propicien las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, para lo cual en la mayoría de los casos resulta necesaria e indispensable la convivencia con ambos progenitores. 74. Por otra parte, en el amparo directo en revisión 3094/201228 , se aclaró que las visitas y convivencias son un derecho-deber. Lo anterior, según la doctrina de la Suprema Corte, implica que: es incuestionable que los padres que no ejercen o comparten la guarda y custodia tienen derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores con fundamento en la patria potestad que ejercen sobre éstos. Pero por otro lado, como ya se ha señalado, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho de los menores. En este sentido, impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio. Así, desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia tienen un derecho a visitar y convivir con sus hijos pero tienen sobre todo el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. De esta forma se explica por qué la doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber".29 75. De todo lo anterior, se puede desprender que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los menores tienen un derecho de convivir con ambos progenitores ya que es de suma importancia para que éstos puedan desarrollarse plenamente. Además, de dicha figura también se desprende un derecho-deber de los padres a convivir con sus hijos; lo cual implica que el padre custodio tiene el deber de permitir que se lleven a cabo las convivencias con el otro. 76. Tal es el caso, que incluso ante la negativa injustificada de permitir las convivencias, la Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 2710/201730, en el que se vio en la necesidad de determinar sobre la procedencia del cambio de guarda y custodia ante el incumplimiento del régimen de convivencias, estableció su doctrina en torno a que las decisiones de dicha índole, deben atender a un estándar de riesgo, esto es, que debe tomarse la decisión que se considere genera la menor probabilidad de riesgo, entendido como el daño que se provoque a los menores a quienes se dirige la norma. 77. Con base en el contexto de hecho y derecho expuesto, se evidencia que contrario a lo alegado por la parte quejosa, en este caso, el simple cambio de lugar de entrega y recepción del menor quejoso dentro de la misma ciudad que fue realizado para garantizar las convivencias decretadas con su progenitor, no es un aspecto del que, por sí mismo, pueda desprenderse alguna afectación evidente a sus derechos fundamentales, por las razones ya explicadas. 78. En conclusión, ante lo inoperante e infundados de los conceptos de violación, sin que se advierta algún aspecto que suplir en beneficio de la parte quejosa, lo procedente es negar la protección constitucional. 79. Por otra parte, no se analizarán los alegatos formulados por el representante especial, al no formar parte de la litis. 80. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO». 81. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******, por sí y en representación de su hijo menor de edad de iniciales *****., contra el acto reclamado consistentes en el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el procedimiento especial de divorcio sin causales número 65/2022, por medio del cual se modificó el régimen de convivencia, atribuido a la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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