Andrea de Jesus Montes Jimenez

Expediente 1282/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1282/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Andrea de Jesus Montes Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno mediante la cual por una parte sobreseyó y por otra se NEGÓ el amparo solicitado; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, dentro de los siguientes noventa días, se verificará la depuración del presente expediente; y terminado ese proceso, deberá realizarse una transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. Atento a lo dispuesto en el ordinal 18 del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger la documental que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dicho documento podrá ser destruido junto con este expediente. En el entendido de que para acudir por el aludido documento, deberá generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, "Agenda OJ", tal como lo prevé el "Capítulo II. Atención al público en general", del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el similar 1/2020 en relación al período de vigencia. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 13/MAYO/2021; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, que dice: Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno mediante la cual por una parte sobreseyó y por otra se NEGÓ el amparo solicitado; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, dentro de los siguientes noventa días, se verificará la depuración del presente expediente; y terminado ese proceso, deberá realizarse una transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. Atento a lo dispuesto en el ordinal 18 del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger la documental que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dicho documento podrá ser destruido junto con este expediente. En el entendido de que para acudir por el aludido documento, deberá generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, "Agenda OJ", tal como lo prevé el "Capítulo II. Atención al público en general", del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el similar 1/2020 en relación al período de vigencia. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    SENTENCIA 1. Se SOBRESEE en el juicio de amparo en relación a los actos reclamados al Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Jalisco, por las razones expuestas en el considerando 4 de esta sentencia. 2. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la QUEJOSA, por los motivos y fundamentos establecidos en el último considerando.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los escritos de cuenta suscritos por los peritos designado por las autoridades responsables Gobernador y Secretario General, ambos del Estado de Jalisco, y el diverso perito oficial en materia topográfica, por los que, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, informan el resultado de la diligencia llevada a cabo el diecinueve de marzo pasado. Ahora bien, por lo que ve a la petición del perito oficial para obtener una prórroga para emitir su dictamen pericial por las razones que expone, indíquese que se le otorgan diez días hábiles para emitir su opinión técnica, los que deberán computarse a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo; lapso que se determina a fin de optimizar la impartición de justicia en ejercicio de las facultades discrecionales de este Juzgado Federal. Se apercibe al perito que de incumplir con la recuesta anterior, en el lapso indicado, se procederá en términos del artículo 153 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y se le impondrá una multa en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Se citan los criterios: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El último párrafo del artículo 2o. de la Ley de Amparo establece que a falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, así pues, como la prueba pericial no se encuentra regulada en la Ley de Amparo, debe aplicarse supletoriamente el código federal de referencia, tratándose de la prueba de mérito, y así, cuando los peritos nombrados por las partes no rindan sus dictámenes, no necesariamente esa falta trae como consecuencia que se tenga por "desierta" dicha prueba, toda vez que el artículo 153 del código procedimental referido establece que el Tribunal debe designar nuevos peritos en substitución de los omisos e imponer a éstos una multa; esa conducta, hará responsable al perito de los daños y perjuicios que por ella se ocasionen a la parte que lo nombró; ahora bien, si el perito de que se trata no rinde su dictamen dentro del plazo que le fue otorgado, pero lo hace antes de que se realice el nuevo nombramiento, únicamente se le aplicará la multa señalada en el primer párrafo del numeral 153 en comento". (Época: Novena Época, Registro: 205249, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, Materia(s): Común, Tesis: XIX.2o.3 K, Página: 394). "SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL ORDENADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN NORMATIVA EN LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLEZCA BAJO QUÉ CONDICIONES DEBE PONDERARSE AQUÉLLA, NO IMPIDE QUE EL JUEZ DE DISTRITO, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DISCRECIONALES, EMITA LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA EVALUAR LA PROCEDENCIA O NO DE LA PETICIÓN. La consagración constitucional del derecho a la jurisdicción impone al operador jurídico el deber de impartir justicia; no sólo en los plazos y términos fijados en las leyes, sino también a resolver de manera pronta, imparcial y completa. En la búsqueda de esa completitud, surge el deber de la autoridad judicial de resolver la controversia sometida a su potestad, sin que sea obstáculo para ello el silencio, la oscuridad o, incluso, la insuficiencia de la ley. En abandono del formalismo en la interpretación y aplicación del derecho, la discrecionalidad judicial surge como consecuencia del reconocimiento de que no en todos los casos, el derecho positivo ofrecerá una respuesta directa y única a cada problema jurídico, o a los accidentes procesales que se susciten durante su curso legal. La única limitación para el ejercicio de ésta consistirá en la motivación expresa y la razonabilidad de la medida. Entonces, si se solicita la prórroga para el desahogo de una prueba pericial ordenada dentro del juicio de amparo indirecto, la ausencia de disposición normativa en la Ley de Amparo que establezca bajo qué condiciones debe ponderarse esa petición, no impide que el Juez de Distrito emita las providencias necesarias para evaluar la procedencia o no de la solicitud, porque en ejercicio de su discrecionalidad puede determinarlo como rector del procedimiento a fin de optimizar la impartición de justicia. Por ende, si el Juez resuelve no acceder a la petición de prórroga, porque el solicitante no manifestó el tipo de imposibilidad que tenía para no asistir a su desahogo, y tampoco exhibió documento alguno que lo corroborara, esa decisión resulta legal, porque satisface los estándares de suficiencia, racionabilidad y sensatez que obligadamente debe plasmar, a fin de no emitir una resolución arbitraria cuando no hay norma expresa que brinde la solución específica al problema jurídico al que se enfrenta". (Época: Décima Época, Registro: 2014141, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: I.1o.P.9 K (10a.), Página: 185). Consecuentemente, analizado el estado procesal de autos de manera conjunta con la certificación de cuenta, es advertible que mediante proveído emitido con anterioridad se señalaron las nueve horas con dos minutos del uno de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, el Secretario Ejecutivo vía la comunicación del oficio SEPLE./GEN./001/1112/2021, informó que en sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de marzo de la anualidad en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó como inhábiles los días treinta y uno de marzo, así como uno y dos de abril de la anualidad en curso para los Juzgados de Distrito. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR ANTICIPADAMENTE la audiencia constitucional fijada y se señalan para su verificativo las OCHO HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. Hora que comprende el turno y horario asignado a este órgano jurisdiccional en atención al "ANEXO 1 Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales" del ACUERDO GENERAL 1/2021, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, CON RELACIÓN AL PERIODO DE VIGENCIA; y en el marco de las regulaciones del "CAPÍTULO IV Trabajo presencial y a distancia en los órganos jurisdiccionales", del acuerdo general 21/2020.

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