Andrea Davila Hernández
Expediente 597/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 1 actuación registrada, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Andrea Davila Hernández
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de la Jueza Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; registrado en oficialía de partes con el número 5292/2019, mediante el cual remite cuaderno de amparo que contiene original de la demanda de amparo promovida por Andrea Dávila Hernández, proveído de ocho de junio del presente año, constancia de emplazamiento al tercero interesado y anexo simple, asimismo remite dos copias de la demanda antes citada, el diverso 1504/2019, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado, y el expediente 595/2018; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Luego, en el caso a estudio el suscrito estima carecer de competencia por razón de la vía para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado resulta necesario precisar que la solicitante del amparo, señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- SEÑALO COMO AUTORIDAD AL C. JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. IV.- ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019 DICTADA EN EL EXPEDIENTE 595/2018 DEL JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que Fernando Bautista Rodríguez, en su carácter de endosatario en procuración de Jezzarel Lechuga García, demandó en vía ejecutiva mercantil a Andrea Dávila Hernández. En mérito de lo anterior, el nueve de mayo de dos mil diecinueve, la Jueza Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dictó sentencia definitiva en los autos del expediente 595/2018, de su índice. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda tomada como un todo, se aprecia que la quejosa Andrea Dávila Hernández, manifiesta en sus conceptos de violación lo siguiente: "SE VIOLA EN MI PERJUICIO EL ARTÍCULO 14, CONSTITUCIONAL, TODA VEZ QUE SIN QUE SE ME HAYA OÍDO, NI VENCIDO EN JUICIO SE ME PRETENDE PRIVAR DE MIS BIENES, POSESIONES Y DERECHOS, YA QUE AL NO HABER SIDO DEBIDAMENTE EMPLAZADO (sic) AL JUICIO ORIGEN DEL AMPARO, ELLO IMPLICA TRANSGRESIÓN A MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES, (.).". Inconforme con lo anterior, Andrea Dávila Hernández, promueve juicio constitucional en la vía directa, reclamando entre otras cosas el ilegal emplazamiento al juicio de origen; cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas (.)". En ese tenor, tomando en consideración que la impetrante de garantías hace consistir el acto reclamado en el ilegal emplazamiento; luego entonces, el conocimiento del amparo en este supuesto, corresponde a un juez de distrito y no a los tribunales colegiados de circuito, toda vez que la quejosa en el amparo indirecto tiene la posibilidad de aportar ante el juzgado federal las pruebas necesarias para demostrar tal circunstancia, o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevenida por la ley; en cambio, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, por regla general, las pruebas sólo pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por tanto, se le dejaría en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada, y por ende, nos lleva a la exigencia de aplicar la hipótesis fáctica establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a) y b) de la ley de la materia. No es óbice a lo así determinado que los artículos 34 y 172, fracción I, de la ley de la materia, establezcan como violación procesal atacable en amparo directo la ausencia o ilegalidad de emplazamiento, ya que no es posible aplicar tales dispositivos cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación, y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del llamamiento a juicio. Sirve de apoyo a lo así resuelto, el criterio jurisprudencial sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento.". De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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