Andrea Cristina Marín Acevedo

Expediente 1641/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1641/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Andrea Cristina Marín Acevedo
  • Andrea Cristina Marín Acevedo y Otros.
  • Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido...

  2. Principal

    ... En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37, 38 y 45 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, se avoca al conocimiento de la demanda, promovida por ********************, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, a quien le reclama lo siguiente: "La omisión de notificar en forma personal a la compareciente ********************, en mi calidad de acreedora, del estado de ejecución del juicio ejecutivo mercantil número ********************, en el cual y mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó sacar a remate en pública subasta el inmueble denominado "********************", ubicado en el Municipio de la Concordia, Chiapas, señalándose las 11:30 horas del veintinueve de septiembre de la misma anualidad, inmueble que embargue en el expediente número 743/2014, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra del señor Guillermo Werner Jaeger Armendaríz, ante el Juzgado Primero del Ramo Civil de este Distrito Judicial, embargo que se encuentra registrado con el número 1082, volumen de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este Distrito Judicial." Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1641/2022-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Así, este Órgano de Control Constitucional, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5 fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: Fracción I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Fracción I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos insertos, se desprende uno de los principios rectores del juicio de amparo: iniciativa o instancia de parte. El principio fundamental de iniciativa o instancia de parte, consiste básicamente en que para que se tramite un juicio de amparo, la persona que estime agravio en su esfera jurídica, debe ejercitarlo; pues el juicio constitucional jamás puede operar de manera oficiosa, debiendo ser siempre necesario que lo promueva el directamente agraviado por sí o por medio de su representante, o en los casos del artículo 15 de la Ley de la Materia que establece que cuando el agraviado se encuentre imposibilitado y se trate de los actos que señala dicho precepto podrá promoverlo cualquier persona en su nombre, incluso un menor de edad. Por lo que para su procedencia, debe quedar plenamente demostrado, sin excepción alguna, la voluntad de quien comparece en su calidad de quejoso o del que aparece como promovente a favor de aquél. Criterio que se adoptó en la jurisprudencia, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." De lo anterior, se obtiene medularmente que el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto o a través de su representante legítimo, es quien está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla, por sí o por medio de su representante. Atento a lo anterior, resulta incuestionable que el escrito de demanda debe ser firmado autógrafamente por su autor o autores, sobre todo porque es ese documento el que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante. En efecto, la persona que considere que se afecta su esfera de derechos por un acto de autoridad, debe ser quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada por él o su representante legal, o bien, para el caso de no saber hacerlo, o en su defecto, realizar tal formalidad en apoyo con la firma electrónica, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma autógrafa o electrónica, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, sin que esa deficiencia deba ser corregida a instancia del juez. Se sostiene lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2, de la Ley de Amparo, que prevé que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial, pues la ausencia de firma original en la demanda, equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad y debe ser considerado como un acto inexistente. Apoya esta determinación, la Jurisprudencia, del tenor siguiente: "FOTOCOPIAS. DIFERENTE VALOR PROBATORIO AL DE LAS COPIAS SIMPLES. Los documentos probatorios allegados al juicio, en fotocopia sin certificar, tienen un diverso valor probatorio que aquéllos que se presenten en copias simples. Mientras los primeros, por sí solos carecen de valor probatorio, los segundos tienen el valor que les otorga el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. de la Ley de Amparo." En el caso, la demanda de cuenta que debía suscribir ********************, carece de firma autógrafa original, lo que denota la falta de voluntad de la peticionaria del amparo; por ende, no puede considerarse ejercida la acción constitucional. Circunstancia que se corrobora, con la anotación que obra en la boleta de turno, en el que el oficial de partes de este órgano jurisdiccional asentó al momento de recibir la presente demanda: "No cuenta con firma autógrafa"; aunado a ello, la anotación que obra en la boleta de turno, en el que el oficial de partes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, asentó en el rubro de copias: "0". Lo anterior, resulta concordante con lo que establece el criterio, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2ª/J. 32/2011 (10ª)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2ª/J. 32/2011 (10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: 'PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA'." Por lo que se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno, toda vez que la suscripción del documento hace plena fe de su formación por cuenta del suscriptor y representa un acto de voluntad y, por ende, en el caso que nos ocupa, la copia simple de la demanda de amparo que presentó la quejosa, es insuficiente para demostrar su voluntad de instar en la vía de amparo, en razón de que carece de firma autógrafa, ni la evidencia criptográfica de la firma electrónica, para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo de quien la representa, razón por la que se considera que no existe voluntad de la directa quejosa para la promoción de esta instancia constitucional. Además, en el presente caso no se está en presencia del supuesto de excepción que prevé el Acuerdo General Conjunto mencionado, en el artículo 11, a saber: "Artículo 11. Toda persona podrá promover demanda de amparo, sin necesidad del uso de la FIREL, en cualquier día y hora, en términos de lo previsto en los artículos 3º, párrafo último, 15, 20 y 109, párrafo último, de la Ley de Amparo, para lo cual deberá acceder al vínculo del CJF en el SEPJF." Esto es, el precepto inserto, y a los que remite de la Ley de Amparo, se refieren a demandas en las que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo que en la especie no acontece, pues del libelo de demanda, se advierte con meridiana claridad, bajo ninguna circunstancia puede estar siendo objeto de los actos indicados, dado la naturaleza de los mismos, pues señala como acto reclamado destacado la omisión de notificarle de manera personal el auto de ejecución ordenado en el juicio ejecutivo mercantil ******************** en el cual se ordena el remate en subasta pública el inmueble denominado "********************". De ahí que, al no tratarse de los casos de excepción que maneja el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, la parte promovente del amparo debió cumplir con el requisito de anexar su firma autógrafa o electrónica. Así pues, la omisión de una de las formalidades de la demanda por parte de la parte quejosa no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo, pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En ese sentido, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, con relación al 61, fracción XXIII, 5 y 6, de la Ley de Amparo y 107 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************. Por las razones contenidas, es aplicable la Tesis, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. El primer párrafo de la fracción VII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al presidente del más Alto Tribunal a desechar o admitir la demanda de amparo, en virtud de que esa norma legal le atribuye la facultad de: "tramitar todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, hasta ponerlos en estado de resolución...", facultad que igualmente le conceden los artículos 177 y 179 de la Ley de Amparo, dentro de la que está comprendida la de examinar si la demanda de amparo está calzada con la firma del promovente, formalidad indispensable para que pueda ponerse, el asunto que motiva la demanda de garantías, en estado de resolución, por ser la firma lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no ha lugar a tener por promovido el juicio de amparo." Tiene aplicación al presente caso, la Jurisprudencia, que a continuación se cita: "DEMANDA DE AMPARO PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." De igual manera, la Tesis, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Cabe destacar que el desechamiento de la presente demanda, no hace nugatorio el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, puesto que el desechamiento de la demanda se debió a la falta de firma electrónica y de la firma autógrafa de la promovente; de modo que, se encuentran en aptitud de presentar su demanda de amparo, ya sea en línea - siempre que contenga firma electrónica-; o bien, de modo físico, con firma autógrafa. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda y como autorizado en términos amplios a ********************, y a********************. Como autorizado en términos del artículo 24, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Bajo ese panorama, al realizar una valoración entre lo resuelto por este juzgado y las actuaciones practicadas en cumplimiento al fallo protector, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, pues como quedó expuesto, los efectos por los cuales se precisaron en la concesión, fueron debidamente atendidos por la responsable al emitir el oficio resolutivo 007.300.302.6205/2022 de veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, en donde se abstuvo de la aplicación de los artículos 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el numeral 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide esa legislación, restituyendo de esa forma el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado a la parte quejosa; inclusive tal como se ordenó en la sentencia constitucional la responsable realizó la cuantificación de la pensión que le corresponde y determinó que salió con un saldo a favor de $199,529.94 (ciento noventa y nueve mil quinientos veintinueve pesos 94/1000) por concepto de pensión retroactiva.

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