Andrea Cecilia Ramos Cavazos

Expediente 172/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
172/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
19/04/2018

Partes del expediente

  • Andrea Cecilia Ramos Cavazos
  • Secretario de Gobernación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley, archívese este expediente por estar concluido, es susceptible de destrucción, se considera no relevante.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A ALA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA DOCE DE MARZPO DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE A LA LETRA DICE : Visto el oficio signado por la Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 172/2018, promovido por quejosa, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, y el testimonio dictado en sesión de veintidós de febrero de este año, dictado dentro del conflicto competencial 3/2018, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Existe conflicto competencial. --- SEGUNDO. Es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por quejosa, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco." Al respecto, agréguese a los autos el oficio de referencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósese el cuaderno de antecedentes, y como lo solicita la superioridad, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Consecuentemente, vista nuevamente la demanda de garantías promovida por Andrea Cecilia Ramos Cavazos, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos en los artículos 1, 6, 13, 14, 16, 21, 29, 35, fracción III, 115, 129, 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, a continuación procede analizar si de conformidad con lo establecido por el precepto legal invocado, se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En principio debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la ley de la materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formase una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, con apoyo en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente. La parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes, a saber: "IV.- ACTOS RECLAMADOS --- 1) Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras la aprobación, promulgación y publicación de la ilegal Ley de Seguridad Interior, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre del 2017; siendo las disposiciones que me afectan la de los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 y 30, los reclamo con motivo de su entrada en vigor, es decir de manera autoaplicativa, en tanto que tengo el temor fundado de no tener claro los conceptos de los términos de Seguridad Interior, Amenaza a la Seguridad Interior, Uso legítimo de la fuerza, Inteligencia para la Seguridad Interior y Acciones de Seguridad Interior, además otorgando amplias facultades al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, violándose el principio de legalidad y seguridad jurídica contemplada en los artículos 14 y 16 constitucionales; --- 2) Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la orden de promulgación, impresión y publicación de la Ley de Seguridad Interior, publicada el día 21 veintiuno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete; así come el acuerdo por el que dicho presidente ordeno al Secretario de Gobernación la publicación para su observancia de la Ley impugnada; así como los acuerdos, órdenes y todo acto de ejecución que el Presidente emita que tenga por objeto la ejecución de la Ley que se reclama mediante el presente juicio de amparo, específicamente la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. --- Estos actos del Presidente al ser derivados de una ley inconstitucional adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad, por lo que violan en perjuicio de la quejosa los derechos humanos y las garantías para su protección que otorgan los artículos 1, 6, 13, 14, 16, 21, 29, 35 fracción III, 115, 129, 133 constitucionales. --- 3) De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se reclama el Proceso Legislativo, consistente en el inicio, discusión, aprobación y expedición de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 veintiuno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, en específico los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 y 30. --- 4) Del Secretario de Gobernación se reclama el refrendo y rubrica de le Ley de Seguridad Interior, así coma las órdenes para que el Director del Diario Oficial de la Federación de la Secretaria de Gobernación publicara dicha ley. --- Actos estos que por ser derivados de una ley inconstitucional adolece de los mismos vicios; en violación a los derechos humanos y las garantías para su protección a que se refieren los artículos 1° , 6, 13, 14, 16, 21, 29, 35 fracción III, 115, 129, 133 constitucionales. --- 5) Del Director del Diario Oficial de la Federación dependiente del Secretario de Gobernación se reclama la publicación de la Ley de Seguridad Interior, publicada el día 21 veintiuno de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, que adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad de la Ley referida. --- 6) Del Secretario de la Defensa Nacional y Del Secretario de Marina se les reclama: --- Todos y cada uno de los actos de ejecución de la Ley que se reclama mediante el presente juicio de amparo, específicamente la participación de las fuerzas armadas y de la marina en actos civiles, actos de ejecución, todos estos que adolecen de los mismos vicios de inconstitucionalidad de las ordenadoras que se reclaman, violándose por ello mis derechos humanos y las garantías para su protección consagradas en los artículos 1°, 6, 13, 14, 16, 21, 29, 35 fracción III, 115, 129, 133 constitucionales" En el caso, tomando en cuenta las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, del análisis íntegro del escrito inicial se advierte que reclama diversos preceptos de la Ley de Seguridad Interior con motivo de su entrada en vigor, y no a partir de un acto concreto de aplicación, por lo cual este juzgador federal determina que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Esta hipótesis legal deriva de lo establecido por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la cual, el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del diverso ordinal 5 de la misma legislación. El principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intenta en contra de un ordenamiento de observancia general; dado que, para que el juicio resulte procedente, aquél debe provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional en comento; dicho perjuicio bien puede provenir de la sola vigencia de la norma o de un acto en el que la misma se aplique. Para aclarar tal afirmación debe tenerse en cuenta que los arábigos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio protector de derechos humanos cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad; esto es, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo ese panorama, una norma general es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado; ello, ya que los preceptos adquieren, por su sola vigencia, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Por dicho acto legislativo y por los relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal; pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución; ocasionándoles, por tanto, un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación; sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 21 de la ley citada. En conclusión, una norma es heteroaplicativa cuando no es de acción automática; es decir, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su promulgación y publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que, para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio de algún gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación; la condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido. Debe tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana; o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o dicho acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. En esas condiciones, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), que proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. En consecuencia, la distinción entre una norma heteroaplicativa y otra autoaplicativa no se basa en que al momento de expedirse el ordenamiento de observancia general existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama el proceso legislativo y falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, y su aplicación, de manera concreta, los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 y 30 de dicho cuerpo normativo. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. De la anterior transcripción, concretamente de los numerales 6, 11, 13 y 14, se advierten las siguientes consideraciones: a) El Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agencia Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la seguridad nacional. b) Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior. El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de los estados o de su ejecutivo, en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, cuando se actualice alguna de las amenazas a la seguridad interior. c) Las peticiones referidas en el inciso anterior deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una amenaza a la seguridad interior. d) El acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior deberá contener lo siguiente: I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán; II. La amenaza a la seguridad interior que se atenderá; III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las acciones de seguridad interior; IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la amenaza a la seguridad interior; V. Las fuerzas federales participantes; VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las fuerzas armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esa Ley; VII. Las acciones de seguridad interior que se llevarán a cabo, y IX. La temporalidad de la declaratoria. Así, como se corrobora de las aludidas disposiciones, la legislación reclamada no causa afectación inmediata en la esfera de derechos del pomovente, esto es, no lo vincula desde su vigencia, ya que la misma tiene el carácter de heteroaplicativa y no autoaplicativa, porque no sujeta al particular desde su vigencia; sino que, para que se individualice en su contra es indispensable que se lleven a cabos diversas actuaciones que únicamente pueden ser realizadas a petición de los órganos legislativos de las entidades federativas; asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional deberá emitir lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, lo que en el caso aún no acontece. Máxime que el acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior debe contener diversos requisitos que establece el numeral 14 de la Ley de Seguridad Interior, el cual es notorio que no se ha emitido. Sin que este resolutor federal soslaye que el numeral 26 de la citada ley refiere que las autoridades federales, incluidas las fuerzas armadas, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Constitución General y las leyes aplicables, llevarán a cabo las acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Asimismo, estatuye que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran. Lo que pone en evidencia que dicho numeral, si bien establece que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, lo cierto es que se condiciona a la suscripción de los convenios que en su caso requieran. En el mismo orden de ideas, el artículo quinto transitorio estatuye que dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieren realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección en términos de la misma, a efecto de solicitar la declaratoria correspondiente, deberán, en el ámbito de sus atribuciones, presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual incluya los objetivos respecto del estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Asimismo, indica que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo de noventa días contados a partir de que las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, acrediten la presentación del programa señalado en el párrafo anterior, deberá emitir el dictamen correspondiente, mismo que le será entregado al solicitante. Lo que igualmente condiciona la aplicación de la citada legislación en los términos que el mencionado precepto indica. Por tanto, la Ley de Seguridad Interior es de carácter heteroaplicativo y no autoaplicativo, pues se necesita, en primera instancia, que el Presidente de la República o los funcionarios facultados peticionen la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior (la cual debe cumplir diversos requisitos enumerados en el dispositivo 14 del citado ordenamiento), para que le ocasione algún perjuicio a la parte quejosa y éste pueda ser reclamado en esta instancia federal. Al respecto, la Ley de Amparo distingue en el ordinal 61, fracción XII, entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de las garantías y aquellas que para realizar las violaciones requieren además de la expedición, de un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en la circunstancia que en el momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera de cómo se ejecuta el mandamiento; es decir, si para realizar éste debe intervenir la autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa, o incluso por medio de la voluntad del particular, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, en virtud de que se crean, modifican o extinguen situaciones concretas de derecho y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general o no se presenta un acto voluntario del particular para situarse en el supuesto normativo; entonces, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima inconstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Luego, si la mencionada norma controvertida no ha incidido en su esfera jurídica, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues no existe el acto concreto de aplicación, el cual es necesario al tener carácter de heteroaplicativo los preceptos impugnados. Al tenor de las consideraciones expuestas, procede desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del diverso 61 de la ley de la materia. En efecto, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no exclusivamente en una cuestión patrimonial), apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Ahora, la parte quejosa aduce tener interés legítimo para reclamar la normatividad de referencia; sin embargo, al no existir acto de aplicación, no puede acreditarse la existencia de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues no hay una ejecución cuya anulación produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. En suma, el impetrante no acredita contar con interés legítimo, ante la ausencia de un acto concreto de aplicación de la ley que reclama, además de que no se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. De ahí que, al no demostrarse la existencia del interés legítimo que aduce tener, el juicio de amparo que promueve es improcedente. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43 (junio de 2017), Tomo II, relativa a la Décima Época, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En otro aspecto, no pasa inadvertido que la parte quejosa, en el capítulo de actos reclamados, señala como tal el proceso legislativo y la falta de formalidades que culminaron con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre del año en curso; empero, considerando que no formula algún motivo de disenso sobre ese tópico, por ello únicamente se atiende al acto combatido consistente en la Ley de Seguridad Interior, en específico los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, y 30, como se especificó en la presente determinación. Sin omitir precisar que los criterios antes citados fueron emitidos, en su caso, de conformidad con la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de acuerdo con su transitorio sexto.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el contenido del escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de sentencia dictada el veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Con la finalidad de acordar lo conducente, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérase al suscribiente, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba una copia más de su escrito de expresión de agravios, toda vez que solo adjunto cuatro, siendo las necesarias cinco, para distribuirlas entre las partes, de la siguiente manera: a) tres para las autoridades responsables; b) una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, d) una para el expediente en que se actúa; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no interpuesto dicho recurso.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano