Andrea Carolina Ríos de la Torre

Expediente 563/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
563/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Andrea Carolina Ríos de la Torre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportaron las autoridades responsables; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó personalmente a la parte quejosa el seis de junio del año en curso, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "De inmediato, acrediten que realizaron las gestiones tendentes para llevar a cabo el emplazamiento a las partes demandadas, dentro del procedimiento laboral ***, o bien, demuestren fehacientemente la causa legal que les impida hacerlo." Al respecto, por oficio ***, las autoridades responsables, remitieron copia certificada de las actas de emplazamiento realizadas a la parte demandada dentro del procedimiento laboral ***; comunicado que se atendió, por parte de este órgano jurisdiccional, en el acuerdo de dos de junio del año en curso. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridades en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contienen la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de las autoridades responsables frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que las responsables no incurrieron en exceso, porque no se extralimitaron en el cumplimiento, ya que no fueron más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de las entidades obligadas al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto por unas parte se sobreseyó y por otra concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo dieciocho, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIO DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL AVISO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Zapopan, Jalisco, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportaron las autoridades responsables; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó personalmente a la parte quejosa el seis de junio del año en curso, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "De inmediato, acrediten que realizaron las gestiones tendentes para llevar a cabo el emplazamiento a las partes demandadas, dentro del procedimiento laboral ***, o bien, demuestren fehacientemente la causa legal que les impida hacerlo." Al respecto, por oficio ***, las autoridades responsables, remitieron copia certificada de las actas de emplazamiento realizadas a la parte demandada dentro del procedimiento laboral ***; comunicado que se atendió, por parte de este órgano jurisdiccional, en el acuerdo de dos de junio del año en curso. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridades en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contienen la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de las autoridades responsables frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que las responsables no incurrieron en exceso, porque no se extralimitaron en el cumplimiento, ya que no fueron más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de las entidades obligadas al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto por unas parte se sobreseyó y por otra concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo dieciocho, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, dos de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: del estado procesal de autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no obran las constancias de notificación en las que conste que las autoridades responsables recibieron la totalidad de los oficios que fueron expedidos en proveídos de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, veintiocho de agosto de dos mil veinte, dieciocho de febrero, siete de junio y diecinueve de agosto, todos de dos mil veintiuno, sin que sea necesario la reexpedición de los mismos, toda vez que en auto de veinte de abril del año en curso, se ordenó lo propio. Así las cosas, con el objeto de permitir que ocurra lo anterior, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada a través de los diversos acuerdos generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 7/2022, la audiencia, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista ampliación. Ahora bien, en atención a la certificación de cuenta y de una revisión a las constancias que integran el presente asunto, se desprende la existencia de diversos actos relacionados con los reclamados en el escrito inicial de demanda y de ampliación, no señalados de manera destacada como actos Se difiere audiencia constitucional. reclamados, a saber, la resolución de treinta de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Secretario General de Gobierno, del Estado de Jalisco, la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho sustentada por el Gobernador Constitucional y el Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Jalisco, el citatorio y el acta de notificación de nueve y diez de enero de dos mil diecinueve, realizadas por el Notificador adscrito a la Secretaria General de Gobierno del Estado de Jalisco, así como las audiencias de catorce de agosto y diez de diciembre, ambas de dos mil diecinueve, emitidas por la Analista Política adscrita a la Subsecretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco; por lo cual, se requiere a la parte quejosa para que, en términos del artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de quince días siguientes, al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo en cuanto a señalar como autoridades responsables y acto reclamado los referidos con antelación, además, insoslayablemente, tal ampliación deberá realizarla en términos del artículo 108 de la ley de la materia; lo anterior, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo fijado, se resolverá este asunto a la luz del escrito inicial de demanda, de ampliación y los informes justificados. En la inteligencia que de ampliar la demanda en los términos precisados, deberá acompañar dieciséis copias del escrito por el que así lo haga, para distribuirlas de la siguiente manera: doce para las diversas autoridades responsables, dos para las nuevas autoridades por la que se le previene, una para el tercero interesado y una para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro y texto siguiente: 1 Página 170, Tomo XXII, Octubre de 2005, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.??????? "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Cabe señalar que, a efecto de cumplir el señalamiento de autoridad y acto reclamado materia de la prevención, sólo el directo quejoso se encuentra facultado, no así sus autorizados, lo anterior dado que el señalamiento de autoridad responsable y de acto reclamado, es un acto personalísimo que únicamente puede realizar él, por sus alcances y consecuencias. Tiene aplicación al respecto y por los motivos que la conforman, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a), cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". Así las cosas, con el objeto de permitir que transcurra el plazo indicado, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada a través de los diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020, la audiencia, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este?????? órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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