Andrea Berenice Martínez Chávez
Expediente 1053/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/07/2022
Partes del expediente
- Andrea Berenice Martínez Chávez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Debe decirse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "Demostrar que se dictó laudo en el juicio de origen; o en su caso, demostrar el impedimento legal que tenga para ello." Por su parte, la autoridad responsable mediante oficio recibido en la oficialía de partes el trece de julio de dos mil veintidós, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió constancias fehacientes de ello, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad en ejercicio de sus funciones, con las que se pone de manifiesto que catorce de junio de dos mil veintidós, emitió el proyecto de resolución en el juicio de origen, el cual fue elevado a la categoría de laudo el ************* siguiente. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó la destrucción del presente expediente, no obstante que en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciséis, se había concedido la suspensión de plano de los actos reclamados. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se regulariza el presente procedimiento y, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este juzgado federal, no es de relevancia documental, toda vez que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; sin embargo, al haberse decretado la suspensión de plano en el presente asunto, el presente expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto, esto es, veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y el acuerdo por el que se concedió la suspensión de plano, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo primero del acuerdo general invocado, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente, en su fracción III, del capítulo denominado como "Expedientes que corresponde clasificar como depurables o destruibles por los Juzgados de Distrito, de conformidad con el punto vigésimo primero". c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad oficiante informa que admitió el recurso de revisión el cual se registró con el número de toca 100/2022.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 19 DE MAYO DE 2022, QUE DICE: Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo solicitado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que se negó la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. En consecuencia de lo anterior, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. Por otra parte, dado que resulta innecesaria la permanencia del legajos de copias certificadas con las que en proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se formó cuaderno de pruebas, se ordena su devolución a la responsable. Finalmente, en acatamiento al artículo 21, del citado acuerdo Plenario, se ordena notificar a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.
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