Andrea Ariza Ruíz y Otros.

Expediente 310/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
310/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
25/07/2018

Partes del expediente

  • Andrea Ariza Ruíz
  • Andrea Ariza Ruíz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el treinta de enero de dos mil diecinueve. En otro orden, tomando en consideración que el asunto se encuentra concluido, es innecesaria la retención del anexo que envió la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 310/2018, promovido por Andrea Ariza Ruiz por propio derecho y en representación del menor Ayax Santiago Yáñez Ariza, contra actos de la agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación B-5 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por razón de turno a este juzgado, la promovente en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló violados en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de veinticuatro siguiente se admitió a trámite la demanda registrada bajo el orden 310/2018; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se tuvo como tercero interesado a Luis de Jesús Yáñez Morales; y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Por comparecencia de treinta del citado mes se emplazó al tercero citado. V. En cumplimiento a lo ordenado por el director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, el treinta de mayo de este año, Ignacio Miñón Ramírez, compareció en este juzgado a protestar el cargo como asesor jurídico del menor de referencia. Llegada la fecha de la audiencia constitucional, se celebró el veintiocho de junio pasado. Mediante oficio recibido en este juzgado el veintinueve siguiente, la agente del Ministerio Público responsable remitió diversas constancias relativas a la carpeta de investigación CI-FNNA/59/UI-1C/D/2082/08-2017, que se tomarán en consideración para resolver el presente asunto; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de todos los elementos que constan en autos, se aprecia y se precisa que los actos reclamados consisten en los acuerdos de nueve y veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictados en la carpeta de investigación CI-FNNA/59/UI-1C/D/2082/08-2017, emitidos por la agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación B-5 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió en apoyo a ese comunicado, entre cuyas constancias se encuentran los acuerdos reclamados; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se actualiza una causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su reproducción. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. En principio, este juzgado considera que el hecho de que la autoridad responsable en alcance a su informe justificado, manifestó que el veintiséis de junio pasado determinó el archivo temporal o reserva respecto del delito de retención de menores y el veintisiete del citado mes resolvió el no ejercicio de la acción penal en cuanto al delito de violencia familiar, emitidos en la carpeta de investigación CI-FNNA/59/UI-1C/D/2082/08-2017, no es impedimento para analizar los acuerdos reclamados en este asunto, pues lo que se resolvió en esa carpeta únicamente fue respecto de la quejosa y el tercero interesado, sin que se hiciera pronunciamiento alguno en cuanto al menor, de ahí que sea procedente analizar los acuerdos reclamados. Por otro lado, es infundado el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Ahora, a efecto de sustentar el sentido de la presente determinación, es necesario narrar los siguientes antecedentes: - El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el tercero interesado formuló denuncia contra la promovente de amparo por el delito de retención de menores, además, adjuntó diversos documentos, de los que destaca el convenio judicial para el cambio de guarda y custodia y visitas respecto del menor quejoso, del que se advierte en lo que interesa lo siguiente: ".PRIMERA. 'EL PADRE' y 'LA MADRE', manifiestan y están de acuerdo en que ambos conserven la patria potestad sobre su menor hijo. SEGUNDA. Respecto a la guarda y custodia legal del menor, 'LA MADRE' está de acuerdo en que esta se ejerza en lo presente y en lo futuro por el 'EL PADRE', el cual habitara en el domicilio ubicado en CALLE NECAXA, NUMERO 159 INTERIOR 1 COLONIA INDUSTRIAL, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, comprometiéndose desde este momento a informar a la 'LA MEDRE' con anticipación de cualquier cambio de domicilio". - Convenio que ratificaron la promovente y el tercero interesado el veintisiete de septiembre de dos mil trece, ante la juez Vigésimo Tercero Familiar de esta ciudad, y que aprobó en sus términos en esa fecha la referida juez. - Una vez que se puso a disposición de la autoridad responsable al menor quejoso, y se recabó su entrevista, se inició la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar. - El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad entregó para su cuidado al menor a Judith Oralia Yañez Morales -hermana del tercero interesado-. - Entrevista de diecisiete de noviembre del año citado en el punto anterior, en que el menor precisó lo siguiente: ".DIJE QUE MI PAPA SE PORTABA AGRESIVO PERO NO ERA CIERTO YO SOLO QUERIA VIVIR CON MI PAPA PERO TAMBIEN QUERIA VER MAS TIEMPO A MI MAMA, POR ESO DIJE QUE MI PAPA ERA AGRESIVO, ERA MENTIRA, Y NO, NO ME PEGABA.". - El tercero interesado adjuntó a diversos escritos que presentó ante la autoridad responsable, copia certificada de la plática del menor que tuvo con la juez Vigésimo Tercero Familiar de esta ciudad, además, al tener la guardia y custodia de su hijo, solicitó le fuera entregado. - En respuesta a lo anterior, la agente del Ministerio Público responsable dictó el auto de nueve de marzo de este año, que en lo que interesa acordó lo siguiente: ".HA LUGAR A SU PETICIÓN TODA VEZ QUE AL CONTAR CON LA GUARDA Y CUSTODIA DECRETADA POR EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO FAMILIAR EN SENTENCIA DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y QUE DEL DICTAMEN DE PSICOLOGÍA PRACTICADO AL ADOLESCENTE AYAX SANTIAGO YÁÑEZ ARIZA POR LA PERITO LIC. CLAUDIA CRUZ FERRER QUIEN MANIFESTO EN EL APARTADO DE CONCLUSIONES SE DETERMINA QUE AL MOMENTO DE LA VALORACIÓN EL MENOR AYAX SANTIAGO YAÑEZ ARIZA NO PRESENTA INDICADORES COMPATIBLES CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR (SIC).". - El veintitrés siguiente la autoridad responsable recabó las siguientes entrevistas, a efecto de entregar al menor quejoso al tercero interesado: ".TESTIGO FAMILIAR ALTERNO JUDITH ORALIA YAÑEZ MORALES. .UNA VEZ QUE SE ME HA HECHO SABER EL MOTIVO DE MI PRESENCIA, AL RESPECTO MANIFIESTO QUE NO TENGO INCONVENIENTE ALGUNO EN QUE MI MENOR SOBRINO AYAX SANTIAGO YAÑEZ ARIZA DE 12 AÑOS DE EDAD SEA REINTEGRADO CON SU SEÑOR PADRE LUIS JESUS YAÑEZ MORALES, EN VIRTUD QUE TENGO CONOCIMIENTO QUE EN EL DICTAMEN PSICOLOGICO QUE LE FUE REALIZADO A MI SOBRINO, SE CONCLUYO QUE AL MOMENTO DE LA VALORACION NO PRESENTO INDICADORES COMPATIBLES CON VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR; AUNADO A QUE AYAX SANTIAGO, MANIFESTO EN ENTREVISTA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 ANTE ESTA AUTORIDAD Y LO QUE DIJO EN LA PLATICA QUE TUVO CON LA C. JUEZA VIGESIMO TERCERO FAMILIAR EL 26 DE ENERO DE 2018. FINALMENTE MI SOBRINO ME HA REFERIDO CONSTANTEMENTE QUE EXTRAÑA MUCHO A SU PAPA, POR LO ANTERIOR ES QUE PRESENTO A MI SOBRINO AYAX SANTIAGO YAÑEZ ARIZA DE 12 AÑOS DE EDAD A FIN DE QUE SE REALICEN LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES. .AGRAVIADO NIÑO AYAX SANTIAGO YAÑEZ ARIZA. .YA ME QUIERO IR A VIVIR A MI CASA CON MI PAPA LUIS JESUS YAÑEZ MORALES, SE QUE HOY NOS CITARON PARA QUE YO REGRESE A VIVIR CON MI PAPA, A LO CUAL YO NO TENGO INCONVENIENTE POR QUE YA EXTRAÑO ESTAR CON EL. .DENUNCIANTE LUIS JESUS YAÑEZ MORALES. .UNA VEZ QUE SE ME HIZO SABER EL TRAMITE DE LA PRESENTE CARPETA DE INVESTIGACION, ASI COMO EL ACUERDO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2018, QUE RECAYÓ A LA PETICIÓN EN DONDE SOLICITE ME FUERA REINTEGRADO MI MENOR HIJO AYAX SANTIAGO YAÑEZ ARIZA. REITERANDO EN ESTE MOMENTO QUE MI ADOLESCENTE HIJO ME SEA ENTREGADO, A FIN DE CONTINUARLE BRINDANDO LOS CUIDADOS Y ATENCIONES QUE REQUIERE.". Siendo los anteriores acuerdos los que constituyen los actos que por esta vía se impugnan. Ahora, es menester destacar que los acuerdos de referencia constituyen un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1239, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, titulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, de la lectura de los actos reclamados se aprecia que la agente del Ministerio Público responsable determinó que al tener el citado tercero la guardia y custodia del menor, decretada por la Juez Vigésimo Tercero Familiar de esta ciudad, y dado que del dictamen en psicología practicado, no se advertían indicadores compatibles con víctimas de violencia familiar, era procedente su solicitud en el sentido de que se le entregara el menor. En ese sentido, fue correcto que la autoridad responsable con base en las constancias que existen en la carpeta de investigación, acordara de conformidad la entrega del menor, pues no existe diverso documento en que se advierta que otra persona tenga la guarda y custodia, o que se haya revocado el convenio mencionado en párrafos que anteceden, máxime que en las declaraciones del menor, refirió que es su deseo vivir con su padre, además de precisar que no fue objeto de violencia por parte de este, lo que se corroboró con el dictamen psicológico que obra en la carpeta. En ese sentido, a consideración de este juzgado, la autoridad responsable de manera fundada y motivada determinó que era procedente se entregara al tercero interesado al menor, ya que actualmente cuenta con la guarda y custodia, máxime que el menor refirió ante la autoridad responsable y la juez familiar, que no fue objeto de violencia por parte de su padre. Por tanto, resulta infundado el concepto de violación hecho valer por la peticionaria de amparo, pues los acuerdos reclamados, contrario a lo que refiere, fueron emitidos de manera fundada y motivada, por lo que procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita el peticionario de amparo. Finalmente, glósese a los autos el cuadernillo formado con motivo de las constancias que remitió la autoridad responsable en alcance a su informe de ley. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Andrea Ariza Ruiz por propio derecho y en representación del menor Ayax Santiago Yáñez Ariza, contra actos consistentes en los acuerdos de nueve y veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictados en la carpeta de investigación CI-FNNA/59/UI-1C/D/2082/08-2017, atribuidos a la agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación B-5 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa la sentencia de tres de julio de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 310/2018, promovido por Andrea Ariza Ruiz por propio derecho y en representación del menor Ayax Santiago Yáñez Ariza, contra actos de la agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación B-5 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por razón de turno a este juzgado, la promovente en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló violados en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de veinticuatro siguiente se admitió a trámite la demanda registrada bajo el orden 310/2018; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se tuvo como tercero interesado a Luis de Jesús Yáñez Morales; y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Por comparecencia de treinta del citado mes se emplazó al tercero citado. V. En cumplimiento a lo ordenado por el director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, el treinta de mayo de este año, Ignacio Miñón Ramírez, compareció en este juzgado a protestar el cargo como asesor jurídico del menor de referencia. Llegada la fecha de la audiencia constitucional, se celebró el veintiocho de junio pasado. Mediante oficio recibido en este juzgado el veintinueve siguiente, la agente del Ministerio Público responsable remitió diversas constancias relativas a la carpeta de investigación CI-FNNA/59/UI-1C/D/2082/08-2017, que se tomarán en consideración para resolver el presente asunto; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el orden 169 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de todos los elementos que constan en autos, se aprecia y se precisa que los actos reclamados consisten en los acuerdos de nueve y veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictados en la carpeta de investigación CI-FNNA/59/UI-1C/D/2082/08-2017, emitidos por la agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación B-5 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió en apoyo a ese comunicado, entre cuyas constancias se encuentran los acuerdos reclamados; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se actualiza una causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su reproducción. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. En principio, este juzgado considera que el hecho de que la autoridad responsable en alcance a su informe justificado, manifestó que el veintiséis de junio pasado determinó el archivo temporal o reserva respecto del delito de retención de menores y el veintisiete del citado mes resolvió el no ejercicio de la acción penal en cuanto al delito de violencia familiar, emitidos en la carpeta de investigación CI-FNNA/59/UI-1C/D/2082/08-2017, no es impedimento para analizar los acuerdos reclamados en este asunto, pues lo que se resolvió en esa carpeta únicamente fue respecto de la quejosa y el tercero interesado, sin que se hiciera pronunciamiento alguno en cuanto al menor, de ahí que sea procedente analizar los acuerdos reclamados. Por otro lado, es infundado el concepto de violación hecho valer, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Ahora, a efecto de sustentar el sentido de la presente determinación, es necesario narrar los siguientes antecedentes: - El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el tercero interesado formuló denuncia contra la promovente de amparo por el delito de retención de menores, además, adjuntó diversos documentos, de los que destaca el convenio judicial para el cambio de guarda y custodia y visitas respecto del menor quejoso, del que se advierte en lo que interesa lo siguiente: ".PRIMERA. 'EL PADRE' y 'LA MADRE', manifiestan y están de acuerdo en que ambos conserven la patria potestad sobre su menor hijo. SEGUNDA. Respecto a la guarda y custodia legal del menor, 'LA MADRE' está de acuerdo en que esta se ejerza en lo presente y en lo futuro por el 'EL PADRE', el cual habitara en el domicilio ubicado en CALLE NECAXA, NUMERO 159 INTERIOR 1 COLONIA INDUSTRIAL, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, comprometiéndose desde este momento a informar a la 'LA MEDRE' con anticipación de cualquier cambio de domicilio". - Convenio que ratificaron la promovente y el tercero interesado el veintisiete de septiembre de dos mil trece, ante la juez Vigésimo Tercero Familiar de esta ciudad, y que aprobó en sus términos en esa fecha la referida juez. - Una vez que se puso a disposición de la autoridad responsable al menor quejoso, y se recabó su entrevista, se inició la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar. - El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad entregó para su cuidado al menor a Judith Oralia Yañez Morales -hermana del tercero interesado-. - Entrevista de diecisiete de noviembre del año citado en el punto anterior, en que el menor precisó lo siguiente: ".DIJE QUE MI PAPA SE PORTABA AGRESIVO PERO NO ERA CIERTO YO SOLO QUERIA VIVIR CON MI PAPA PERO TAMBIEN QUERIA VER MAS TIEMPO A MI MAMA, POR ESO DIJE QUE MI PAPA ERA AGRESIVO, ERA MENTIRA, Y NO, NO ME PEGABA.". - El tercero interesado adjuntó a diversos escritos que presentó ante la autoridad responsable, copia certificada de la plática del menor que tuvo con la juez Vigésimo Tercero Familiar de esta ciudad, además, al tener la guardia y custodia de su hijo, solicitó le fuera entregado. - En respuesta a lo anterior, la agente del Ministerio Público responsable dictó el auto de nueve de marzo de este año, que en lo que interesa acordó lo siguiente: ".HA LUGAR A SU PETICIÓN TODA VEZ QUE AL CONTAR CON LA GUARDA Y CUSTODIA DECRETADA POR EL C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO FAMILIAR EN SENTENCIA DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y QUE DEL DICTAMEN DE PSICOLOGÍA PRACTICADO AL ADOLESCENTE AYAX SANTIAGO YÁÑEZ ARIZA POR LA PERITO LIC. CLAUDIA CRUZ FERRER QUIEN MANIFESTO EN EL APARTADO DE CONCLUSIONES SE DETERMINA QUE AL MOMENTO DE LA VALORACIÓN EL MENOR AYAX SANTIAGO YAÑEZ ARIZA NO PRESENTA INDICADORES COMPATIBLES CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR (SIC).". - El veintitrés siguiente la autoridad responsable recabó las siguientes entrevistas, a efecto de entregar al menor quejoso al tercero interesado: ".TESTIGO FAMILIAR ALTERNO JUDITH ORALIA YAÑEZ MORALES. .UNA VEZ QUE SE ME HA HECHO SABER EL MOTIVO DE MI PRESENCIA, AL RESPECTO MANIFIESTO QUE NO TENGO INCONVENIENTE ALGUNO EN QUE MI MENOR SOBRINO AYAX SANTIAGO YAÑEZ ARIZA DE 12 AÑOS DE EDAD SEA REINTEGRADO CON SU SEÑOR PADRE LUIS JESUS YAÑEZ MORALES, EN VIRTUD QUE TENGO CONOCIMIENTO QUE EN EL DICTAMEN PSICOLOGICO QUE LE FUE REALIZADO A MI SOBRINO, SE CONCLUYO QUE AL MOMENTO DE LA VALORACION NO PRESENTO INDICADORES COMPATIBLES CON VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR; AUNADO A QUE AYAX SANTIAGO, MANIFESTO EN ENTREVISTA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 ANTE ESTA AUTORIDAD Y LO QUE DIJO EN LA PLATICA QUE TUVO CON LA C. JUEZA VIGESIMO TERCERO FAMILIAR EL 26 DE ENERO DE 2018. FINALMENTE MI SOBRINO ME HA REFERIDO CONSTANTEMENTE QUE EXTRAÑA MUCHO A SU PAPA, POR LO ANTERIOR ES QUE PRESENTO A MI SOBRINO AYAX SANTIAGO YAÑEZ ARIZA DE 12 AÑOS DE EDAD A FIN DE QUE SE REALICEN LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES. .AGRAVIADO NIÑO AYAX SANTIAGO YAÑEZ ARIZA. .YA ME QUIERO IR A VIVIR A MI CASA CON MI PAPA LUIS JESUS YAÑEZ MORALES, SE QUE HOY NOS CITARON PARA QUE YO REGRESE A VIVIR CON MI PAPA, A LO CUAL YO NO TENGO INCONVENIENTE POR QUE YA EXTRAÑO ESTAR CON EL. .DENUNCIANTE LUIS JESUS YAÑEZ MORALES. .UNA VEZ QUE SE ME HIZO SABER EL TRAMITE DE LA PRESENTE CARPETA DE INVESTIGACION, ASI COMO EL ACUERDO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2018, QUE RECAYÓ A LA PETICIÓN EN DONDE SOLICITE ME FUERA REINTEGRADO MI MENOR HIJO AYAX SANTIAGO YAÑEZ ARIZA. REITERANDO EN ESTE MOMENTO QUE MI ADOLESCENTE HIJO ME SEA ENTREGADO, A FIN DE CONTINUARLE BRINDANDO LOS CUIDADOS Y ATENCIONES QUE REQUIERE.". Siendo los anteriores acuerdos los que constituyen los actos que por esta vía se impugnan. Ahora, es menester destacar que los acuerdos de referencia constituyen un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1239, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, titulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, de la lectura de los actos reclamados se aprecia que la agente del Ministerio Público responsable determinó que al tener el citado tercero la guardia y custodia del menor, decretada por la Juez Vigésimo Tercero Familiar de esta ciudad, y dado que del dictamen en psicología practicado, no se advertían indicadores compatibles con víctimas de violencia familiar, era procedente su solicitud en el sentido de que se le entregara el menor. En ese sentido, fue correcto que la autoridad responsable con base en las constancias que existen en la carpeta de investigación, acordara de conformidad la entrega del menor, pues no existe diverso documento en que se advierta que otra persona tenga la guarda y custodia, o que se haya revocado el convenio mencionado en párrafos que anteceden, máxime que en las declaraciones del menor, refirió que es su deseo vivir con su padre, además de precisar que no fue objeto de violencia por parte de este, lo que se corroboró con el dictamen psicológico que obra en la carpeta. En ese sentido, a consideración de este juzgado, la autoridad responsable de manera fundada y motivada determinó que era procedente se entregara al tercero interesado al menor, ya que actualmente cuenta con la guarda y custodia, máxime que el menor refirió ante la autoridad responsable y la juez familiar, que no fue objeto de violencia por parte de su padre. Por tanto, resulta infundado el concepto de violación hecho valer por la peticionaria de amparo, pues los acuerdos reclamados, contrario a lo que refiere, fueron emitidos de manera fundada y motivada, por lo que procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita el peticionario de amparo. Finalmente, glósese a los autos el cuadernillo formado con motivo de las constancias que remitió la autoridad responsable en alcance a su informe de ley. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Andrea Ariza Ruiz por propio derecho y en representación del menor Ayax Santiago Yáñez Ariza, contra actos consistentes en los acuerdos de nueve y veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictados en la carpeta de investigación CI-FNNA/59/UI-1C/D/2082/08-2017, atribuidos a la agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación B-5 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad.

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