Andrea Alejandra Rosales Román
Expediente 1125/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Andrea Alejandra Rosales Román
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto de seis de diciembre de dos mil veintidós -por el cual se desechó la demanda de amparo- ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada electrónicamente por **********, contra actos de la 1. Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 1125/2022-V, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda se advierte la parte quejosa basa su pretensión constitucional en: - La omisión en darle respuesta a su escrito presentado el nueve de noviembre del año en curso [con relación a la queja número ********** del índice de la autoridad responsable], con sello de recibido de esa misma fecha (según se desprende de la documental exhibida por el impetrante). En ejercicio del derecho de petición, conforme al numeral 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, de la narrativa de antecedentes, así como de los conceptos de violación, se corrobora el reclamo sustancialmente se centra en que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su solicitud. Aunado a que refiere ha acudido a los oficinas de dicha dependencia y de manera verbal se le ha indicado que aún no existe respuesta alguna. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causal de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Como se mencionó previamente, la impetrante de amparo combate actos vinculados con el derecho de petición. El artículo 8º constitucional establece que el titular de ese derecho es el gobernado en general. Se concibe como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera. El Estado y sus autoridades es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve. Mismo que debe hacerse de su conocimiento en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional y para la correcta observancia de la Ley. Resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8° constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar, con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente. b) Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Bajo ese tenor, el Máximo Tribunal del País también ha estimado válido tomar como parámetro el término de cuarenta y cinco días hábiles [contemplado en el numeral 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz1] para determinar el breve término, respecto del tiempo de respuesta con el que cuenta una autoridad a la que le fue formulada una solicitud determinada. Concretamente, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable la omisión en darle contestación a su escrito recibido el nueve de noviembre de dos mil veintidós. Así planteada la demanda al día de su presentación [cinco de diciembre de dos mil veintidós], la acción de amparo deviene improcedente. La omisión atribuida a la autoridad responsable no se ha materializado. A la fecha de la recepción de su petición sólo han pasado diecisiete días hábiles, a partir de la data en que realizó su solicitud. Por lo que, es inconcuso, se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y cinco días para dar respuesta a la petición formulada. Lo relevante al caso es que en esta Entidad Federativa se ha definido constitucionalmente el breve término. Lo que no sucede en la Constitución nacional. Por ende, se estima dable partir del parámetro establecido en este Estado de la Federación, para estar en aptitud o no de analizar la denuncia de violación del derecho de petición. En la inteligencia que los días hábiles de referencia han transcurrido de la siguiente forma: Noviembre 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (inhábil) 2 (inhábil) 3 4 5 6 7 8 9 Presentación del escrito 10 (1) 11 (2) 12 13 14 (3) 15 (4) 16 (5) 17 (6) 18 (7) 19 20 21 (inhábil) 22 (8) 23 (9) 24 (10) 25 (11) 26 27 28 (12) 29 (13) 30 (14) Diciembre 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (15) 2 (16) 3????????????? 4 5 (17) Fecha en que presentó la demanda de amparo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sin soslayar la señalada como responsable se trata de una entidad federal. Porque por un lado la quejosa refiere ha programado una audiencia en relación con su queja. Pero por el otro, lo relevante es el concepto de breve término acogido por la jurisprudencia del Alto Tribunal en este Estado, que se itera bien sirve de parámetro en estos casos para analizar la propuesta de litis constitucional. En virtud de lo anterior, en el presente asunto se actualiza de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda, de conformidad con lo establecido en el invocado artículo 113 del citado ordenamiento legal, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Signifíquese a la peticionaria de derechos humanos que si en el plazo indicado [45 días hábiles] no recibiere respuesta, tiene expeditos sus derechos para promover diversa acción de amparo, si así lo decidiere, para impugnar el estado de abstención. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. AUTORIZADO. Toda vez que de la demanda se advierte señala autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, del ordenamiento citado, sólo se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones a **********. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha Ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente?????????? para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precisen de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas, previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente,?????????? transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: **********. Que conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación **********), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada electrónicamente por **********, contra actos de la 1. Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 1125/2022-V, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda se advierte la parte quejosa basa su pretensión constitucional en: - La omisión en darle respuesta a su escrito presentado el nueve de noviembre del año en curso [con relación a la queja número ********** del índice de la autoridad responsable], con sello de recibido de esa misma fecha (según se desprende de la documental exhibida por el impetrante). En ejercicio del derecho de petición, conforme al numeral 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, de la narrativa de antecedentes, así como de los conceptos de violación, se corrobora el reclamo sustancialmente se centra en que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su solicitud. Aunado a que refiere ha acudido a los oficinas de dicha dependencia y de manera verbal se le ha indicado que aún no existe respuesta alguna. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causal de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio es improcedente: "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Como se mencionó previamente, la impetrante de amparo combate actos vinculados con el derecho de petición. El artículo 8º constitucional establece que el titular de ese derecho es el gobernado en general. Se concibe como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera. El Estado y sus autoridades es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve. Mismo que debe hacerse de su conocimiento en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional y para la correcta observancia de la Ley. Resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8° constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar, con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente. b) Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Bajo ese tenor, el Máximo Tribunal del País también ha estimado válido tomar como parámetro el término de cuarenta y cinco días hábiles [contemplado en el numeral 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz1] para determinar el breve término, respecto del tiempo de respuesta con el que cuenta una autoridad a la que le fue formulada una solicitud determinada. Concretamente, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable la omisión en darle contestación a su escrito recibido el nueve de noviembre de dos mil veintidós. Así planteada la demanda al día de su presentación [cinco de diciembre de dos mil veintidós], la acción de amparo deviene improcedente. La omisión atribuida a la autoridad responsable no se ha materializado. A la fecha de la recepción de su petición sólo han pasado diecisiete días hábiles, a partir de la data en que realizó su solicitud. Por lo que, es inconcuso, se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y cinco días para dar respuesta a la petición formulada. Lo relevante al caso es que en esta Entidad Federativa se ha definido constitucionalmente el breve término. Lo que no sucede en la Constitución nacional. Por ende, se estima dable partir del parámetro establecido en este Estado de la Federación, para estar en aptitud o no de analizar la denuncia de violación del derecho de petición. En la inteligencia que los días hábiles de referencia han transcurrido de la siguiente forma: Noviembre 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (inhábil) 2 (inhábil) 3 4 5 6 7 8 9 Presentación del escrito 10 (1) 11 (2) 12 13 14 (3) 15 (4) 16 (5) 17 (6) 18 (7) 19 20 21 (inhábil) 22 (8) 23 (9) 24 (10) 25 (11) 26 27 28 (12) 29 (13) 30 (14) Diciembre 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (15) 2 (16) 4 5 (17) Fecha en que presentó la demanda de amparo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sin soslayar la señalada como responsable se trata de una entidad federal. Porque por un lado la quejosa refiere ha programado una audiencia en relación con su queja. Pero por el otro, lo relevante es el concepto de breve término acogido por la jurisprudencia del Alto Tribunal en este Estado, que se itera bien sirve de parámetro en estos casos para analizar la propuesta de litis constitucional. En virtud de lo anterior, en el presente asunto se actualiza de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda, de conformidad con lo establecido en el invocado artículo 113 del citado ordenamiento legal, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Signifíquese a la peticionaria de derechos humanos que si en el plazo indicado [45 días hábiles] no recibiere respuesta, tiene expeditos sus derechos para promover diversa acción de amparo, si así lo decidiere, para impugnar el estado de abstención. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. AUTORIZADO. Toda vez que de la demanda se advierte señala autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, del ordenamiento citado, sólo se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones a **********. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha Ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precisen de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas, previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente,?????????? transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: **********. Que conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación **********), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,165 expedientes
- Anastacia Sánchez García568/2023
- Anastacio Ochoa Sosa183/2021
- Anastacio Vázquez García950/2018
- ANASTASIA MONTERO TALLEDO y Otros.171/2022
- Anastasio Sena Colorado1024/2023
- Andrea Ajelandra Rosales Román976/2022
- Andrea Citlalli Fernández Ramos467/2018
- Andrea Guadalupe Ruiz Gallegos164/2023
- Andrea Guzmán López855/2015
- Andrea Iridián Álvarez Kantún97/2019
- Andrea Iridián Álvarez Kantún124/2019
- Andrea Isabel Domínguez Vela45/2015