Andrea Aldaba Escalera
Expediente 850/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Andrea Aldaba Escalera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los presentes autos, únicamente para efectos de control, el escrito signado por el licenciado Iván Chávez Lastra, mediante el cual solicita se acceso al expediente electrónico. Acuerdo. Atento a lo anterior, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que no es parte en el presente asunto, aunado a que tampoco es autorizado de la parte quejosa dentro del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha le transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de trece de julio del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que la parte haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila, a trece de julio de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio remitido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que remite. Resulta aplicable la tesis XXI.2º.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página un mil ochenta y uno, tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el contenido del informe justificado, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente. Efectivamente, de las constancias que fueron allegadas a este recinto judicial por la autoridad judicial responsable, como apoyo a su informe justificado, derivadas del juicio laboral 2503/2021-SAI, promovido por Andrea Aldaba Escalera, en contra de Palef JB Corporativo Sociedad Anónima de Capital Variable, así como Motel las Palmas y quien resulte responsable de la Fuente de Trabajo ubicada en Turin #330, colonia ex Hacienda los Ángeles, en esta ciudad, a las que cabe otorgarles valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que en actuación de cinco de julio del año en curso, ante la presencia de apoderado jurídico de la quejosa directa, tuvo verificativo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, asimismo en el mismo acto señaló fecha para realizarse la audiencia de etapa de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que las omisiones que constituyen los actos reclamados cesaron al emitir el pronunciamiento respectivo. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la propia autoridad responsable desahogo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, todo efectuado dentro de los autos del juicio laboral 2503/2021-SAI. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción XII, de la ley de la materia. Por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, quien manifestó su conformidad con el mismo; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos del amparo. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, los cuales fueron definidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien al resolver el amparo en revisión administrativo número 224/2019, concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Entonces, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, y 78, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la justicia de la unión solicitados, respecto del acuerdo del C-110/2017, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila. [.] SÉPTIMO. Efecto de la concesión del amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia impugnada y otorgar la protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: No se aplique, ni en lo presente, ni en lo futuro, la prohibición implícita contenida en el acuerdo del C-110/2017, del veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en el que se determinó otorgar un apoyo neto por exceso de cargas de trabajo a los jueces en activo, cuya inconstitucional se ha declarado en la presente sentencia. Asimismo, se desincorpore de la esfera jurídica de la parte agraviada, la prohibición implícita contenida en acuerdo del C110/2017, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila, y se determine que a la quejosa en su calidad de Jueza pensionada le corresponde el pago de la prestación denominada "Apoyo por Exceso de Carga de Trabajo" Derivado de ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila, deberá ordenar al Secretario de Finanzas, incluya en la nómina de la quejosa dicho concepto, así como el pago del monto retroactivo de los emolumentos no pagados, haciendo las deducciones que conforme a la ley le correspondan, y en su caso, descontando los pagos que por dicho concepto se hayan ya efectuado y de los que se tenga desconocimiento por parte de este tribunal". Tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, el siete de octubre de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por las autoridades responsables, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que se realizaron los siguientes actos: 1. Se emitió el acuerdo C-161/2021, por el cual el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, ordenó desincorporar de la esfera jurídica de la aquí quejosa Gloria Eva González Rodríguez, la prohibición implícita contenida en el acuerdo reclamado C-110/2017, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, motivo por el cual le reconoció a la agraviada el derecho al pago de la prestación denominada "Apoyo por Exceso de Carga de Trabajo", como parte integral de la cantidad que aquella recibe como Jueza pensionada. 2. Se ordenó al Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila, el cumplimiento del citado acuerdo, quien realizó el pago de la citada prestación y su retroactivo a la parte quejosa, por el monto acumulado de $160,105.44 (ciento sesenta mil ciento cinco pesos 44/100 moneda nacional), cuya cantidad fue entregada a la peticionaria de amparo mediante transferencia electrónica a su cuenta bancaria. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, por proveído de trece de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, quien manifestó su conformidad con el cumplimiento de la sentencia. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias existentes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que las autoridades responsables desincorporaron el acuerdo declarado inconstitucional, motivo por el cual realizaron el pago a la quejosa de la prestación denominada "Apoyo por Exceso de Carga de Trabajo", como parte integral de la cantidad que aquella recibe como Jueza pensionada, cuyo derecho le fue reconocido a través del acuerdo C-161/2021, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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