André Vazquez Mejía

Expediente 1192/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1192/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • André Vazquez Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra los actos de ********************, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************. DESECHAMIENTO Ahora bien, el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, se advierte que el inconforme ******************** señala como actos y autoridades a los siguientes: III. AUTORIDADES RESPONABLES: A). La Ciudadana LA LICENCIADA *******, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio oficial bien conocido ubicado en Boulevard Héroes del 5 de mayo y 31 oriente s/n, Ladrillera de Benítez, Puebla, Pue. C.P. 72530. B). AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA AGENCIA POPULAR CASTILLOTLA, con domicilio oficial bien conocido ubicado en Calle Puebla esquina Calle Oaxaca, en Popular Castillotla, Puebla, Puebla. C). El Ciudadano FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio oficial bien conocido ubicado en Boulevard Héroes del 5 de mayo y 31 oriente s/n, Ladrillera de Benítez, Puebla, Pue. C.P. 72530. IV. ACTOS Y OMISIONES RECLAMADOS: A). De la Ciudadana LICENCIADA ********, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, la negativa de la recepción del ocurso de petición de fecha 15 de noviembre del 2023 suscrito por el hoy quejoso en calidad de víctima del delito de lesiones, dentro de la Carpeta de Investigación ******************** misma que dicha Representante Social inició mediante querella presentada siendo la 01:40 horas del día 13 de noviembre del año que transcurre 2023. B). Del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA AGENCIA POPULAR CASTILLOTLA, también la negativa de la recepción del ocurso de petición de fecha 15 de noviembre del 2023 suscrito por el hoy quejoso en calidad de víctima del delito de lesiones, dentro de la Carpeta de Investigación ********************. C). Del Ciudadano FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA reclamo, su omisión de ejercer autoridad jerárquica y falta de su inmediata supervisión, en el funcionamiento y desempeño de ****** AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, y el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA AGENCIA POPULAR CASTILLOTLA, dado que también al mencionado Fiscal General, mediante escrito de fecha 15 de noviembre del 2023 se le informó de la negativa de las citadas Representantes Sociales en recibir mis peticiones escritas de misma fecha (15 noviembre 2023, dentro de la Carpeta de Investigación ********************). Ello, en contravención a lo dispuesto en su Ley Orgánica que lo rige en su cargo como Fiscal General. Es decir, el peticionario del amparo ******************** se duele, en esencia, de que los agentes del Ministerio Público que precisa en su demanda, son omisos en practicar actos tendentes a dar impulso o continuidad a la integración de la carpeta de investigación, por lo cual el quince de noviembre de este año, pretendió presentar diversos ocursos ante los representantes sociales, a fin que se continúen con la integración de la citada carpeta, a los cuales anexó diversas fotografías, a afecto de que la lesión que indica sea reclasificada. En ese sentido, respecto de esos actos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)" Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Al respecto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las actuaciones y omisiones del Ministerio Público deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta omisiva por parte de la autoridad investigadora en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o la negativa de permitir el acceso a los registros de investigación), sino que en general se trata de actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tengan como efecto evitar dar a conocer las condiciones de la investigación, paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican una paralización de su función investigadora. Entonces, el quejoso, quien, según se advierte de lo relatado en la demanda, ostenta la calidad de víctima de un delito, debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra la omisión de las autoridades investigadoras que aquí controvierte. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la diversa cuyo rubro y texto son del tenor siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que, por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. Tiene sustento a lo anterior la tesis de rubro siguiente: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN." De tal manera, a través de dicho recurso, los agentes del Ministerio Público tendrán que explicar ante el juez de Control el porqué de su negativa a recibir los escritos que el quejoso refiere pretendió presentarles, con el fin de ser tomados en consideración en la carpeta de investigación que generó su denuncia, a efecto de que el juez valore tal circunstancia y, previo debate y ejercicio de contradicción entre las partes intervinientes, resuelva lo que estime procedente conforme a derecho. Por otra parte, con relación al acto reclamado al Fiscal General del Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito, con fecha de recibido quince de noviembre pasado, mediante el cual le informa la omisión de las autoridades penales administrativas en recibirle diversos ocursos dirigidos a la carpeta de investigación ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (. ) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Conforme a lo anterior, es necesario precisar que de lo alegado por el quejoso no se advierte que se le esté vulnerando algún derecho fundamental, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8 y 17 de la Ley Suprema, por lo que los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, porque uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, se sujete a los plazos y términos previstos en la norma, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. En esa tesitura, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza -omisiva- es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. En el caso concreto, como se destacó, el quejoso ******************** reclama del Fiscal General del Estado de Puebla, la omisión de acordar el escrito, con fecha de recibido quince de noviembre pasado; en tanto que la demanda de amparo la presentó el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, es decir, dos días hábiles posteriores a la formulación de su petición. De lo cual, debe concluirse que con la omisión reclamada el quejoso no resiente en su esfera jurídica un perjuicio de manera inmediata, ya que no se transgrede alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, pues no se advierte una abierta dilación, atendiendo a la fecha en que hizo su petición a la que no se ha dado contestación y a la data en que se promovió el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte que lo ilustra la jurisprudencia de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." En consecuencia, por ser notorias e indudables las improcedencias que se observan, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracciones XX y XXIII, en relación, ésta última con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y OPORTUNIDAD DE ARCHIVO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, asimismo, por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, esto es, con las facultades restringidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo cual se verificó por este juzgado. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO No se tiene señalado para recibir notificaciones el correo electrónico personal y número telefónico que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente la parte quejosa.

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