André Nolasco Montes

Expediente 185/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
185/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
09/07/2019

Partes del expediente

  • André Nolasco Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA REALIZADO EN EL AVISO DE DOCE DE JULIO ACTUAL Y NOTIFICO POR LISTA EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ensenada, Baja California, nueve de julio de dos mil diecinueve, la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Baja California, Erika Celina Castelo Rivera, certifico: que la totalidad de las partes fueron notificadas del proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en el que se les dio vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, en las fechas que se señala en la tabla que enseguida se inserta: Partes: Fecha de notificación: Fecha en que surtió efectos la notificación: Fecha en la que feneció el plazo otorgado a las partes: Quejoso 02 de julio de 2019 03 de julio de 2019 08 de julio de 2019 Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito 27 de junio de 2019 28 de junio de 2019 03 de julio de 2019 Asimismo, se hace constar que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles que se les concedió a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el referido cumplimiento; sin que hubiesen realizado manifestación al respecto. Igualmente, este expediente encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, en el juicio de amparo en que se actúa no se tramitó el incidente de suspensión; asimismo, que obra documento en original exhibido por la parte quejosa; lo que se certifica para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez con la certificación secretarial. Conste. Ensenada, Baja California, nueve de julio de dos mil diecinueve. Vista; la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se por una parte se sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Subrecaudador de Rentas del estado en Ensenada, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa André Nolasco Montes, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Congreso y Gobernador del estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, en los términos y para los efectos siguientes: "I. Por lo que hace al acto reclamado consistente en el artículo 12, fracción II, inciso A), numeral 1, sub inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que se le devuelva al quejoso la cantidad excedente que cubrió por los servicios prestados por concepto de expedición de calcomanía y tarjeta de circulación (revalidación), consignado en el recibo 31CB2250, con número de folio SCT 18321449, de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, expedido por la Recaudación Auxiliar de Rentas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. Desincorporando de la esfera jurídica la porción normativa del precepto reclamado que resultó inconstitucional, la que no le será aplicada mientras se encuentre vigente, con motivo de que la cuota que debió cubrir la parte quejosa, corresponde a la mínima fijada a los individuos que reciben el mismo servicio en términos del artículo 12, fracción II, inciso A), numeral 1 de la Ley de Ingresos de Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, esto es, la cantidad de $261.18 pesos (doscientos sesenta y un pesos con dieciocho centavos moneda nacional), cantidad fijada para la expedición de la tarjeta de circulación (revalidación) de remolques. II. Por lo que hace a los actos reclamados, consistentes en el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada Baja California, para el ejercicio fiscal 2018, que establece el impuesto para mantenimiento y conservación de las vías públicas, así como los diversos 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén el impuesto para la Educación Media Superior, se concede al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de pagar dichos impuestos; asimismo, para que se le devuelva la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de los preceptos que fueron declarados inconstitucionales y que se consignaron en el recibo 31CB2250, con número de folio SCT 18321449, de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, expedido por la Recaudación Auxiliar de Rentas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California." Inconforme con el fallo protector, la autoridad responsable Recaudador Auxiliar de Rentas del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegado, interpuso recurso de revisión en contra de la aludida resolución, del que por cuestión de turno correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, quien por resolución correspondiente a la sesión de diez de abril de dos mil diecinueve, dictada en el amparo en revisión administrativo 47/2019, desechó el medio de impugnación de referencia, por lo que en proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por recibida la aludida ejecutoria, se requirió el cumplimiento del fallo protector al Recaudador Auxiliar de Rentas del estado de Baja California en esta ciudad . En acatamiento a ello, por oficio recibido en este juzgado el quince de mayo de dos mil diecinueve , el Recaudador Auxiliar de Rentas del estado, con residencia en esta ciudad, informó a este órgano jurisdiccional, que en cumplimiento al primer punto de la sentencia concesoria de amparo, las autoridades responsables desincorporaron de la esfera jurídica del quejoso André Nolasco Montes, la porción normativa del precepto 12 fracción II, inciso A), numeral 1, sub inciso a) de la Ley de Ingresos para el estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Hacienda del estado de Baja California y artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén el cobro del Impuesto para el mantenimiento y conservación de las vías públicas, así como el impuesto para la educación media superior. Posteriormente, mediante oficio recibido en este juzgado el siete de junio de dos mil diecinueve , la autoridad responsable hizo del conocimiento de este Juzgado, de la emisión del cheque, número 0176788, de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, expedido a favor del quejoso André Nolasco Montes, por la cantidad de $784.16 (setecientos ochenta y cuatro pesos con dieciséis centavos), correspondiente a la restitución del pago realizado por el impetrante de las contribuciones declaradas inconstitucionales y por las que se le otorgó la protección constitucional (impuesto para la educación media superior $270.38 doscientos setenta pesos con treinta y ocho centavos) (impuesto para mantenimiento y conservación de las vías públicas $203.82 doscientos tres pesos con ochenta y dos centavos) ($309.96 trescientos nueve pesos con noventa y seis centavos diferencia que resulta de aplicar la cuota mínima de $261.18 doscientos sesenta y un pesos con dieciocho centavos, por la revalidación de remolques, en contra del importe pagado de $571.14 quinientos setenta y un pesos con catorce centavos, relativos a los derechos por revalidación de vehículo consignados en el recibo 31CB2250), el cual se encontraba a su disposición para su cobro, en las oficinas de la Dirección de Egresos del estado dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas con residencia en esta ciudad. De igual forma, por oficio recibido en este juzgado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve , el Recaudador de Rentas del estado en Baja California, con residencia en esta ciudad, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el cheque, número 0176788, de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, valioso por la cantidad de $784.16 (setecientos ochenta y cuatro pesos con dieciséis centavos), expedido a favor del aquí quejoso, con motivo de la restitución del pago de las contribuciones reclamadas, le había sido entregado por conducto de su apoderada legal Wuendy Josefina Ramírez Gaynor, remitiendo copia certificada del poder otorgado por el quejoso André Nolasco Montes, así como de la constancia de entrega del cheque de que se trata Probanzas anteriores a las cuales se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por ende, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que hubiesen hecho manifestación al respecto. En las relatadas condiciones, este juzgador determina que la autoridad responsable Recaudador de Rentas del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso André Nolasco Montes y devolvió las cantidades que enteró con motivo de la aplicación de los preceptos 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California y 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Hacienda del estado de Baja California, todos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén el pago de los impuestos para mantenimiento y conservación de las vías públicas y para la educación media superior. Asimismo, desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la porción normativa del precepto 12, fracción II, inciso A), numeral 1, sub inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho que resultó inconstitucional, y devolvió al quejoso la cantidad excedente que cubrió por los servicios prestados por concepto de expedición de calcomanía y tarjeta de circulación (revalidación), consignado en el recibo 31CB2250, con número de folio SCT 18321449, de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, expedido por la Recaudación Auxiliar de Rentas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, ya que la cuota que debió cubrir la parte quejosa, corresponde a la mínima fijada a los individuos que reciben el mismo servicio en términos del referido precepto legal, esto es, la cantidad de $261.18 pesos (doscientos sesenta y un pesos con dieciocho centavos moneda nacional), cantidad fijada para la expedición de la tarjeta de circulación (revalidación) de remolques; como se advierte de las constancias que allegó y que fueron valoradas con antelación. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA ANDRÉ NOLASCO MONTES, REALIZADO EN AVISO DE VEINTISIETE DE JUNIO ACTUAL Y NOTIFICO POR LISTA EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO QUE A LA LETRA DICE:Ensenada, Baja California, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vistos, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el Recaudador de Rentas del estado en Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad y anexos que acompaña, para demostrar el cumplimiento dado al fallo protector dictado en autos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable. ASIMISMO, SE DEJA A DISPOSICIÓN DE LA PARTE QUEJOSA DE MÉRITO, COPIA LAS CONSTANCIAS QUE ACOMPAÑÓ EL RECAUDADOR DE RENTAS DEL ESTADO EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, PARA DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DADO AL FALLO PROTECTOR DICTADO EN AUTOS, EN LA SECRETARÍA QUE CORRESPONDA, PARA LOS EFECTOS QUE A SU DERECHO CORRESPONDA.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA ANDRÉ NOLASCO MONTES, REALIZADO EN AVISO DE VEINTICUATRO DE JUNIO ACTUAL Y NOTIFICO POR LISTA EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO QUE A LA LETRA DICE:Ensenada, Baja California, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por Wuendy Josefina Ramírez Gaynor; sin que sea el caso acordar de conformidad su petición, ya que como se advierte del contenido de la certificación secretarial de cuenta, sólo se encuentra autorizada para oír y recibir notificaciones por la parte quejosa, en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que auto de diez de junio del año en curso, se requirió a la parte quejosa André Nolasco Montes a fin de que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, acudiera a la Dirección de Egresos del estado dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, con sede en esta ciudad, con el fin de recibir el título de crédito expedido a su favor en cumplimiento al fallo protector o bien, manifestara el impedimento legal que hubiese tenido para ello; apercibida que de no hacerlo así, se le impondría como medio de apremio una multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos); sin que a la fecha hubiere dado cumplimiento a lo anterior, no obstante de haber sido notificada el catorce de junio del año en curso. En ese contexto, en una nueva reflexión, toda vez que el objetivo primordial del juicio de amparo, es la restauración de la esfera jurídica del gobernado y el goce pleno de sus derechos fundamentales, no es el caso hacer efectiva la multa de que se trata, a la parte quejosa Michelle Escalante Pavlovich. No obstante, ya que es obligación del Juez de Distrito, velar por el cumplimiento del fallo protector y que las ejecutorias concesorias de amparo, sean cabalmente cumplidas, requiérase por última vez a Michelle Escalante Pavlovich, a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, acredite haber comparecido por sí o por quien legalmente se encuentre facultado para tal efecto, a las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento de Ensenada, con el fin de recibir el título de crédito expedido a su favor en cumplimiento al fallo protector, o bien, manifieste el impedimento legal que hubiese tenido para ello; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se seguirá el procedimiento de ejecución relativo al fallo protector correspondiente, ante su desinterés de recoger el título de crédito expedido a su favor.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, diez de junio de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Recaudador de Rentas del estado en Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto. En ese contexto, requiérase al quejoso André Nolasco Montes, a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, acredite haber comparecido por sí o por quien legalmente se encuentre facultado para tal efecto, a las oficinas de Dirección de Egresos del estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, con sede en esta ciudad, con el fin de recibir el título de crédito expedido a favor de la parte quejosa en cumplimiento al fallo protector, o bien, manifieste el impedimento legal que hubiese tenido para ello; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se le impondrá como medio de apremio una multa en lo particular de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, acorde con los lineamientos del fallo protector requiérase a Ricardo Iván Quintana Guillins, Recaudador de Rentas del estado en Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que la parte quejosa haya comparecido a recibir los títulos de crédito correspondientes, remita las constancias con las que demuestre haberlo entregado al aquí quejoso, a fin de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo que se le solicita en este acuerdo dentro del término de tres días hábiles, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días hábiles que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo".

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