Andoney Ramos Rodríguez

Expediente 312/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
312/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Andoney Ramos Rodríguez
  • Andoney Ramos Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el ***********, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 1, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos de los diversos artículos 8 y 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 312/2022, en un tomo; además, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencia 3/2022; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: ".PRIMERO. Sí existe conflicto competencial a que este asunto se refiere. SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Andoney Ramos Rodríguez, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residente en esta ciudad, a quien se deberán remitir los autos del juicio de amparo indirecto 312/2022, de su índice. TERCERO. Comuníquese esta determinación al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco." Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, de la ejecutoria de cuenta se advierte que corresponde a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, conocer de la demanda de amparo promovida por Andoney Ramos Rodríguez, en consecuencia provéase lo conducente. En ese sentido, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esta etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que *******, por propio derecho, reclama de los Magistrados de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y otra autoridad, la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 355/2021, mediante la cual confirmó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, en el juicio 346/2021-II, a través del cual admitió el juicio intestamentario a nombre de ******************* En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.)." Es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la constitución, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de los llamados derechos fundamentales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos realizados en un procedimiento seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo. Dicho lo anterior, los actos reclamados no son considerados como de imposible reparación, porque no afectan derechos sustantivos del peticionario del amparo, sino en todo caso están vinculados con derechos procesales o adjetivos, que en el supuesto de tener razón la parte quejosa, podrían ser reparables con posterioridad. Lo anterior, porque no producen una afectación a sus derechos sustantivos, a efecto de que el juicio de amparo indirecto sea procedente. En efecto, tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para permitir una inmediata impugnación en el amparo indirecto, es que la imposible reparación aducida genere una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por ende, como se ha explicado, de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto, deben producir una afectación material a derechos sustantivos. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 355/2021, mediante la cual confirmó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, en el juicio 346/2021-II, a través del cual admitió el juicio intestamentario a nombre de ************* En ese sentido, es dable considerar que los actos reclamados sólo afectan los derechos adjetivos o procesales del promovente, que constituyen una violación que podría no trascender al sentido de la resolución que en su caso se emita, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; de ahí que, en cuanto a los actos previamente precisados, no se está en presencia de actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y que afecten derechos sustantivos, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y, por tanto, en su contra no procede el amparo indirecto. Ello es así, toda vez que si en un procedimiento se comete una violación de trámite que pudiera dejar al agraviado en estado de indefensión o privarle de un derecho que la ley de la materia le otorga, y no se trata un acto de imposible reparación que viole los derechos sustantivos de la parte promovente, la infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin al procedimiento, por lo que el momento oportuno para impugnar dicho acto será hasta que el procedimiento culmine y la responsable pronuncie su resolución definitiva. De modo que, en todo caso, podría resultar una violación procesal cuyos efectos se extinguirían en caso de obtener una resolución favorable, esto es, el perjuicio formal que pudieren originar los actos reclamados desaparecería de obtener una decisión favorable en la acción principal. Máxime que en el caso concreto el quejoso *********, bajo protesta de decir verdad manifestó que en catorce de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite el juicio sucesorio intestamentario promovido por A************* en el cual se ordenó llamarlo como coheredero. En tales condiciones, ante la actualización de la causal de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la presente. Tiene aplicación al caso por analogía, la tesis III.2o.C.34 K, registro digital: 168396, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, novena época, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, visible a página 966, de rubro y textos siguientes: "ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. NO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE ACUMULAR UN JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A OTRO TESTAMENTARIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que por regla general, el amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones procesales o adjetivas; empero, también ha sostenido criterio en el sentido de que en forma excepcional, el amparo en tal vía procede tratándose de violaciones procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, el cual debe determinarse tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo en caso de que la afectación se impugnara a través del juicio de garantías. En el anterior contexto, si se reclama en amparo la orden de acumular un juicio sucesorio intestamentario a otro testamentario, tal acto no ocasiona al quejoso una afectación en grado predominante o superior que pueda ser considerada de imposible reparación, porque no se da una afectación de dichas características, dado que el efecto que tendría sería la continuación de ambos procedimientos ante un solo juzgador, y si bien uno de ellos dejaría de tener jurisdicción, no se impediría su prosecución ante el que deba conocer del mismo, por lo que, no se niega acceso a una justicia expedita e imparcial, en términos del artículo 17 constitucional, cuestión que no vulnera derecho alguno de los gobernados, porque aun cuando haya necesidad de realizar diversos trámites o incidentes para lograr la conclusión del asunto, ello no se traduce en una contravención a este último precepto constitucional, pues como se dijo, no se está negando el acceso a la justicia. Además, los juicios sucesorios constan de diversas etapas; cada una de ellas impugnable a través del juicio de amparo indirecto o del directo, según corresponda y, por ende, las violaciones acontecidas durante la tramitación respectiva, serán impugnables contra la determinación que dé por concluida la etapa relativa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 312/2022, en un tomo; además, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencia 3/2022; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: ".PRIMERO. Sí existe conflicto competencial a que este asunto se refiere. SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Andoney Ramos Rodríguez, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residente en esta ciudad, a quien se deberán remitir los autos del juicio de amparo indirecto 312/2022, de su índice. TERCERO. Comuníquese esta determinación al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco." Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, de la ejecutoria de cuenta se advierte que corresponde a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, conocer de la demanda de amparo promovida por Andoney Ramos Rodríguez, en consecuencia provéase lo conducente. En ese sentido, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esta etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que *******, por propio derecho, reclama de los Magistrados de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y otra autoridad, la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 355/2021, mediante la cual confirmó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, en el juicio 346/2021-II, a través del cual admitió el juicio intestamentario a nombre de ******************* En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.)." Es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la constitución, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de los llamados derechos fundamentales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos realizados en un procedimiento seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo. Dicho lo anterior, los actos reclamados no son considerados como de imposible reparación, porque no afectan derechos sustantivos del peticionario del amparo, sino en todo caso están vinculados con derechos procesales o adjetivos, que en el supuesto de tener razón la parte quejosa, podrían ser reparables con posterioridad. Lo anterior, porque no producen una afectación a sus derechos sustantivos, a efecto de que el juicio de amparo indirecto sea procedente. En efecto, tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para permitir una inmediata impugnación en el amparo indirecto, es que la imposible reparación aducida genere una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por ende, como se ha explicado, de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto, deben producir una afectación material a derechos sustantivos. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca 355/2021, mediante la cual confirmó el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, en el juicio 346/2021-II, a través del cual admitió el juicio intestamentario a nombre de ************* En ese sentido, es dable considerar que los actos reclamados sólo afectan los derechos adjetivos o procesales del promovente, que constituyen una violación que podría no trascender al sentido de la resolución que en su caso se emita, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; de ahí que, en cuanto a los actos previamente precisados, no se está en presencia de actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y que afecten derechos sustantivos, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y, por tanto, en su contra no procede el amparo indirecto. Ello es así, toda vez que si en un procedimiento se comete una violación de trámite que pudiera dejar al agraviado en estado de indefensión o privarle de un derecho que la ley de la materia le otorga, y no se trata un acto de imposible reparación que viole los derechos sustantivos de la parte promovente, la infracción deberá reclamarse junto a las posibles violaciones de fondo que se hubiesen cometido en la resolución que pone fin al procedimiento, por lo que el momento oportuno para impugnar dicho acto será hasta que el procedimiento culmine y la responsable pronuncie su resolución definitiva. De modo que, en todo caso, podría resultar una violación procesal cuyos efectos se extinguirían en caso de obtener una resolución favorable, esto es, el perjuicio formal que pudieren originar los actos reclamados desaparecería de obtener una decisión favorable en la acción principal. Máxime que en el caso concreto el quejoso *********, bajo protesta de decir verdad manifestó que en catorce de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite el juicio sucesorio intestamentario promovido por A************* en el cual se ordenó llamarlo como coheredero. En tales condiciones, ante la actualización de la causal de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la presente. Tiene aplicación al caso por analogía, la tesis III.2o.C.34 K, registro digital: 168396, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, novena época, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, visible a página 966, de rubro y textos siguientes: "ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. NO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE ACUMULAR UN JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A OTRO TESTAMENTARIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que por regla general, el amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones procesales o adjetivas; empero, también ha sostenido criterio en el sentido de que en forma excepcional, el amparo en tal vía procede tratándose de violaciones procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, el cual debe determinarse tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo en caso de que la afectación se impugnara a través del juicio de garantías. En el anterior contexto, si se reclama en amparo la orden de acumular un juicio sucesorio intestamentario a otro testamentario, tal acto no ocasiona al quejoso una afectación en grado predominante o superior que pueda ser considerada de imposible reparación, porque no se da una afectación de dichas características, dado que el efecto que tendría sería la continuación de ambos procedimientos ante un solo juzgador, y si bien uno de ellos dejaría de tener jurisdicción, no se impediría su prosecución ante el que deba conocer del mismo, por lo que, no se niega acceso a una justicia expedita e imparcial, en términos del artículo 17 constitucional, cuestión que no vulnera derecho alguno de los gobernados, porque aun cuando haya necesidad de realizar diversos trámites o incidentes para lograr la conclusión del asunto, ello no se traduce en una contravención a este último precepto constitucional, pues como se dijo, no se está negando el acceso a la justicia. Además, los juicios sucesorios constan de diversas etapas; cada una de ellas impugnable a través del juicio de amparo indirecto o del directo, según corresponda y, por ende, las violaciones acontecidas durante la tramitación respectiva, serán impugnables contra la determinación que dé por concluida la etapa relativa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio enviado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual fue firmado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual informa que ese órgano jurisdiccional admitió el conflicto de competencia suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, mismo que quedó registrado con el número 3/2022; lo que comunica en vía de notificación y para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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