Andoney Ramos Rodríguez

Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
335/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Andoney Ramos Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta enviado vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual comunica que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero y este órgano jurisdiccional, el cual se registró bajo el número Conflicto Competencial 3/2022. Ahora bien, en atención a lo informado y como se solicita se reitera que este juzgado sostiene lo determinado en acuerdo de fecha siete de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo 335/2022, en el que no se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, en el juicio de amparo 312/2022 de su índice, por los motivos ahí aducidos como enseguida se transcribe: "Acapulco, Guerrero; siete de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio número 7872/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, turnado a este órgano a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia en razón de territorio la demanda de amparo promovida por Andoney Ramos Rodríguez, por su propio derecho, contra actos de los Magistrados de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Chilpancingo, y de otra autoridad responsable, que se radicó con el número de expediente 321/2022, de su índice. Regístrese en el libro de gobierno con el número 335/2022, y fórmese expediente. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, no acepta la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por las siguientes consideraciones. En primer término, tenemos que el quejoso reclama de los Magistrados de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, la resolución dictada el veintiocho de febrero del año en curso en el Toca Familiar 355/2021, que confirmó el auto de radicación de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, en el juicio intestamentario número 346/2020-II. Asimismo, como antecedentes del acto reclamado, el quejoso narró bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda, los siguientes: a) Los terceros interesados Araceli Ramos Rodríguez y Ramón C. Ramos Rodríguez, mediante escrito de cuatro de diciembre de dos mil veinte denunciaron el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Andoney Ramos Morales y Susana Rodríguez Suárez; demanda que por cuestión de turno correspondió conocer al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, quien por auto de catorce de diciembre siguiente lo admitió a trámite radicándolo bajo el número de expediente 346/2020-II, b) Contra dicho auto admisorio el quejoso interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, misma que por acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno lo admitió a trámite con el número de Toca Familiar 355/2021. c) Finalmente, que mediante resolución de fecha veintiocho de febrero del año en curso los Magistrados de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, confirmaron el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno; lo que constituye el acto reclamado. Luego, una vez establecido lo anterior, se advierte que para declinar su competencia, el juez oficiante sostiene que se actualiza la primera regla prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, que la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar 355/2021, que confirmó el diverso proveído de catorce de diciembre del año dos mil veinte, emitido en el expediente 346/2020-II, relativo al juicio sucesorio intestamentario del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, implica una ejecución fuera de su residencia, en razón de que tiene como efecto que el juez de origen continúe el trámite del asunto, mismo que tiene su domicilio dentro del ámbito de competencia en que este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. Sin embargo, este juzgado de Distrito no comparte aquella conclusión; lo anterior, porque la naturaleza de la resolución que se reclama, conduce a sostener que carece de ejecución material, aun y cuando también se reclame su pretendida ejecución a la Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, ya que la resolución de veintiocho de febrero del año en curso dictada en el toca familiar 355/2021, sólo confirmó el diverso proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, que determinó la admisión de la demanda promovida por los terceros interesados; de ahí que por su intrínseca naturaleza, la resolución reclamada produzca efectos meramente declarativos, pues -se insiste- sólo se limitó a confirmar una situación jurídica previamente determinada, es decir sus efectos no modifican estados de cosas en el mundo físico, sino sólo en el ámbito de lo formal, ya que se limitan a dar por buena la determinación del inferior, sin que se traduzcan en prescripción o mandato para éste en el sentido de realizar una conducta determinada. En efecto, la Sala responsable únicamente se limitó a confirmar lo determinado por el Juez de primer grado, sin que se advierta que lo haya constreñido a efectuar algún hacer. Sin que se desconozca que el Juez de primer grado dé continuidad al procedimiento una vez que se confirma su determinación; empero, esto no puede considerarse como el acatamiento de orden alguna ni como un acto de "ejecución material" de la resolución de alzada, dado que dar continuidad a un procedimiento jurisdiccional es obligado para los Jueces. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria génesis de la jurisprudencia intitulada "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO"; determinó que toda resolución de segunda instancia que se limite a confirmar la de primer grado, no puede reputarse como un acto de ejecución material, pues sus efectos no modifican estados de cosas en el mundo físico, sino sólo en el ámbito de lo formal; ejecutoria de la cual se transcribe la parte conducente: "[.] La desestimación de una excepción de ese talante, por razón de considerarla improcedente, entonces, no puede reputarse como un acto de ejecución material, pues sus efectos no modifican estados de cosas en el mundo físico, sino sólo en el ámbito de lo formal; implica que un punto de debate, imperativo del examen del fondo de la cuestión a juzgar, sea levantado al estimar que el presupuesto procesal cuestionado sí se satisface o que no se dan las condiciones para su cuestionamiento. Una interlocutoria así, simplemente declara que no procede la excepción, y recuérdese que declarar significa "Manifestar una decisión sobre el estado o la condición de alguien o algo" (conforme a la academia de la lengua). Por lo mismo, la resolución de segundo grado que confirma la sentencia que declara improcedente la excepción tampoco se ejecuta ni requiere de ejecución; sus efectos son estrictamente formales, pues se limitan a dar por buena la determinación del inferior, sin que se traduzcan en prescripción o mandato para éste en el sentido de realizar una conducta determinada. En ese orden, resulta que si se señala como acto reclamado la resolución de segunda instancia que confirma la de primera en la que se declaró improcedente la excepción procesal y dilatoria y, lógicamente, se señala como responsable a la autoridad emisora, dicho acto no puede reputarse como de ejecución ni que la requiera (por más que se señale que es autoridad ordenadora la emisora y ejecutora el Juez que resolvió en primer grado y que tiene a su cargo tramitar el proceso, puesto que, en realidad, en casos como el examinado, no hay pie para distinguir entre autoridad ordenadora y autoridad ejecutora, dado que el acto impugnado no supone ejecución alguna; hay, en estos casos, autoridad responsable, sí, pero ésta es la que dicta el acto reclamado). Dadas estas premisas, cabe concluir que el Juez de Distrito competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo intentada contra la resolución de segunda instancia que confirma la de primera en la que se declaró improcedente una excepción procesal y dilatoria, es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde reside la autoridad emisora, por tratarse de un acto que no se ejecuta ni requiere de ejecución material. Cosa diversa es que, en vía de consecuencia, el Juez natural dé continuidad al procedimiento una vez que se confirma su determinación en el sentido de desechar la excepción opuesta; esto no podría ser tenido ni como el acatamiento de orden alguna ni como un acto de "ejecución material" de la resolución de alzada, más que en un entendimiento impropio: dar continuidad a un procedimiento jurisdiccional es obligado para los Jueces, si es que no detectan o desestiman las causas que obstaculicen su prosecución. Suponer que es un acto de ejecución material la obligación del Juez de continuar con el juicio en todas sus fases una vez conocida la resolución del tribunal de alzada, significaría que necesariamente cualquier acto judicial con efectos meramente formales fuera tenido como de ejecución material por el solo hecho de haber sido emitido por un tribunal superior al confirmar la determinación del inferior. Esta forma de entender las cosas implicaría que la regla contenida en el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo nunca pudiera actualizarse. En otro orden de ideas, esta Sala no desconoce el contenido de la tesis jurisprudencial 37/2005 de la Segunda Sala (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de dos mil cinco, página doscientos veintinueve), cuyos rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL.- Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo. "Contradicción de tesis 47/2004-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 4 de marzo de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García." De la lectura de esta jurisprudencia se aprecia que el supuesto de que se parte es diferente al examinado en la presente ejecutoria, pues en el caso de la resolución que ordena reponer el procedimiento se está frente a un mandato concreto del tribunal de alzada, mediante el cual, una vez revocada la determinación del inferior, le ordena la realización de conductas específicamente señaladas; en cambio, en el caso a examen en la presente denuncia se trata de una resolución de alzada que no ordena la realización de conductas, que no revoca la del inferior, y que se limita a confirmar el sentido de la interlocutoria recurrida. [.]" En consecuencia, queda de relieve que de la determinación reclamada en sí misma, no se deriva acto alguno de ejecución susceptible de materializarse en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, de donde se deduce que se actualiza la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en términos del cual, la autoridad competente para conocer del juicio de garantías es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, lo que aconteció en la ciudad de Chilpancingo. Por lo expuesto, este Juzgado Octavo de Distrito estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de garantías que se provee, y que ello corresponde al Juzgado remitente, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, lugar en que se presentó la demanda de amparo que nos ocupa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 500, Mayo de 2014, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia XXI.4o.J/6 del entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1499, Tomo XXI, Enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 179650, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA UNA INTERLOCUTORIA QUE SÓLO PRODUCE EFECTOS DECLARATIVOS, AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA AUTORIDAD DE DIVERSA JURISDICCIÓN, SI NO SE RECLAMAN POR VICIOS PROPIOS. La sentencia de segunda instancia que confirma una interlocutoria de primer grado en la que se resuelve un incidente, que por su intrínseca naturaleza produzca efectos meramente declarativos y, por lo mismo, carezca de ejecución material, se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, en términos del cual la autoridad competente para conocer del juicio de garantías, es el Juez de Distrito que reside en la jurisdicción donde radica la autoridad que dictó la sentencia reclamada; de ahí que la sentencia dictada por una Sala que confirmó la interlocutoria de primera instancia sea una resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio que por su propia naturaleza constituye una determinación de carácter declarativo pues, por sus efectos, únicamente clarifica el derecho obtenido con la sentencia definitiva, sin imponer condena alguna que traiga aparejada ejecución. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito que reside en la jurisdicción donde radica la Sala que dictó la sentencia reclamada, la competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, sin que sea obstáculo que también se reclamen actos de ejecución atribuidos al Juez de primera instancia de otra jurisdicción, porque no se combaten por vicios propios, sino sólo por ser consecuencia lógica y jurídica de la sentencia dictada por la autoridad ordenadora." (.)." Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero; a través del cual, informa que recibió los oficios por los que se les notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y el recurso de revisión interpuesto en contra de la misma. Por otro lado, del estado procesal de autos, se advierte que el presente juicio de amparo, se encuentra debidamente integrado; por tanto, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en atención a su contenido, infórmesele vía sistema integral de seguimiento de expedientes que en proveído de nueve del mes en curso se ordenó devolverle mediante el servicio de mensajería acelerada denominado Estafeta, los autos originales del juicio de amparo 312/2022 de su índice. Notifíquese.

  4. Principal

    SÍNTESIS: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 261/2021, promovido por Alejandro Carabias Icaza y Gladys Castillo Mathew, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: En razón de lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 261/2021, promovido por Alejandro Carabias Icaza y Gladys Castillo Mathew, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando tercero, primera parte, de la presente resolución, por los motivos allí expuestos. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro Carabias Icaza y Gladys Castillo Mathew, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando quinto de esa sentencia, por los motivos y fundamentos dados en ese apartado. TERCERO. Se hace la precisión que esta sentencia se emite con fundamento en lo establecido en el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, . . .

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