Andi Ismael Brito Herrera

Expediente 83/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
83/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/01/2019

Partes del expediente

  • Andi Ismael Brito Herrera
  • Wilbert Jesus Brito Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Vista la cuenta que antecede y la diligencia levantada el día de hoy, como lo manifestaron los quejosos .... se les tiene por desistidos de la prosecución del presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en este juicio fuera de audiencia. ... Por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Ahora bien, al existir solicitud expresa de la parte quejosa, en el sentido de desistirse del juicio de amparo, no es necesario esperar a que transcurra el término a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2 de la Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Por otra parte, agréguese a estos autos el oficio DEY/0408/2019, signado por el Delegado Estatal en Yucatán de la Procuraduría General de la República, con el que comunica que se remitió al Fiscal General del Estado de Yucatán, las constancias conducentes, toda vez que del contenido de las mismas se desprenden hechos materia del fuero común. Al respecto, ténganse por hechas las manifestaciones de la oficiante, sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento, atento a lo ordenado en el presente acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA VII.Agréguese a estos autos el escrito signado por los quejosos Andy Ismael Brito Herrera y Wilberth Jesús Brito Herrera, mediante el cual presentan ampliación de su demanda de amparo, señalando como nuevo acto reclamado la retención de los vehículos: 1. Honda Accord modelo 2004, número de serie 3HGCM66564G000031 y número de motor J30A42012033. 2. Honda Accord modelo 2000, número de serie 3HGCG1657YG000314 y número de motor J30A13050039. Al respecto, debe decirse que en la Ley de Amparo, se establece la facultad de ampliar la demanda en su artículo 111, mismo que dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". Este numeral elevó a rango de ley, la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época, bajo el rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Tomando en consideración los lineamientos que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el particular, lo jurídicamente procedente es DESECHAR dicha ampliación, toda vez que no se encuentran satisfechos los requisitos que para su procedencia se requieren, lo anterior, porque de la lectura integral del escrito de ampliación de cuenta se advierte, que los actos por los que se pretende ampliar la demanda de manera evidente, resultan carecer de relación alguna con el acto reclamado señalado primigeniamente, en el que señaló ataques a la libertad personal fuera de todo procedimiento, así como la incomunicación de que afirmaron fueron objeto los quejosos. De lo anterior, es dable advertir que tal ampliación no reúne los requisitos para su procedencia, pues si bien es cierto que la ampliación de demanda puede recaer sobre nuevos actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación, también lo es que, cuando la misma sea por diversos actos de autoridad, además de los requisitos anteriores, debe existir siempre una relación o vinculación estrecha de causa-efecto con los actos reclamados primigenios, o con la causa eficiente de los mismos, es decir, es menester que existan datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados primeramente señalados en la demanda de amparo, para que así puedan formar parte de la litis constitucional, ya que, de no existir esa relación, se permitiría toda clase de ampliación respecto de actos que en realidad estarían desvinculados de los reclamados en la demanda de amparo, esto es, que son autónomos y de diversa naturaleza como sucede en el presente caso, ya que la retención de un vehículo es autónoma y de diversa naturaleza jurídica a la privación de la libertad de que fueron objeto los quejosos, pues en su caso la retención de los vehículos, podrá ser materia de un nuevo amparo. Por tanto, se reitera se tratan de diversos actos reclamados que en lo absoluto guarda relación estrecha con el primigenio, por lo que es dable concluir que es improcedente la ampliación de demanda promovida por los quejosos Andy Ismael Brito Herrera y Wilberth Jesús Brito Herrera. Cobra aplicación la Jurisprudencia VI.2º.C.J/240, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 1339, Tomo XIX, Enero 2004, Materia Común, Novena Época, Registro 182486, de rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos". Notifíquese personalmente a los quejosos. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    MESA VII. Agréguese a estos autos el informe relacionado con la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; con fundamento en los artículos 117 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe mencionado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y asimismo, relaciónese y tómense en consideración al verificarse la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VII. Vista la constancia levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, se advierte que notificó a los directos quejosos Andy Ismael Brito Herrera y Wilbert Jesús Brito Herrera, el contenido del proveído dictado en esa propia fecha, quienes manifestaron que ratifican la demanda de amparo promovida a su favor; en consecuencia, se tiene por ratificada la misma, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se toma conocimiento que ambos quejosos fueron puestos en libertad a las cinco horas con cuarenta y tres minutos de la data antes señalada. Por otra parte, dado que en la citada razón actuarial de mérito, la fedataria judicial al momento de la diligencia, hizo constar que el quejoso Wilbert Jesús Brito Herrera, sí presenta lesiones visibles en su integridad física, esto es, una marca en el pómulo izquierdo y el ojo se encontraba de color rojo, así como el cuello y se apreciaban marcas de esposas en las muñecas; de igual manera, el propio quejoso manifestó que sí fue golpeado, torturado y amenazado por los policías. En ese sentido, se debe atender que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Así como, que lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano; así como en el precepto 22 de la citada Carta Magna; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Con ese marco jurídico de referencia, este Juzgador Federal determina dar vista al Delegado en Yucatán de la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, inicie la investigación de la probable transgresión de los derechos humanos que el directo quejoso Wilbert Jesús Brito Herrera, indicó haber sufrido. Por tanto, remítasele copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el sumario, requiriéndole para que dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, indique el tratamiento otorgado a la vista de marras, remitiendo las documentales que acrediten su dicho. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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