Anderson Cortes Tello

Expediente 750/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
750/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Anderson Cortes Tello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 1057, signado por el actuario del Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el que remite testimonio de la resolución emitida en el expediente conflicto competencial 40/2022, en el cual resolvió: "ÚNICO. Es legalmente competente el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de Materia Administrativa en la Ciudad de México para conocer de los actos reclamados señalados en la demanda de amparo consistentes en la incomunicación y la inminente orden de deportación promovida por ****, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública en representación de Anderson Cortes Tello." Acúsese de recibo estilo; realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Se hace constar que el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia declinada carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse declarado este juzgado legalmente incompetente para conocer de este asunto y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en atención a su contenido, téngasele informando que los autos del juicio de amparo 1334/2022 de su índice, fueron remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que sea la superioridad quien resuelva el conflicto competencial planteado por el homólogo, lo anterior, en razón de que este juzgado de distrito, no se avocó al conocimiento de ese asunto, tal como quedó asentado en el diverso auto veintiséis de agosto de la presente anualidad. Por otro lado, glósese la misiva signada por el actuario adscrito al Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del anexa el proveído de dos de los actuales, del cual se advierte que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y ese órgano de control constitucional, el cual se registró con el número C.C.A. 40/2022. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintidós de agosto del año en curso, informa que el diecinueve del presente mes y año, ordeno la remisión a este Juzgado de Distrito, de las constancias solicitadas; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite las constancias que le fueron solicitadas relativas al juicio de amparo 1334/2022 de su índice. Ahora, del estado de autos se advierte: Alberto Ricardo Álvarez Rosas, en su carácter de asesor jurídico federal especializado en atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional del Instituto Federal de Defensoría Pública presentó demanda a favor de Anderson Cortes Tello, de quien refirió se encontraba alojado/privado de su libertad en la Estación Migratoria de la Ciudad de México y señaló como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: Director de Resoluciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante en la Estación Migratoria en la Ciudad de México. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de treinta y seis horas. Inminente deportación. Acuerdo de presentación y alojamiento (artículos 97, 98 y 100 de la Ley de Migración). Acuerdo de inicio y tramitación del procedimiento administrativo migratorio. Incomunicación. Por cuestión de turno, su conocimiento correspondió al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que el doce de agosto de dos mil veintidós, concedió al quejoso Anderson Cortes Tello la suspensión de plano para que cesara inmediatamente la incomunicación y cualquier acto de los previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, y el efecto de que no fuera deportado. En ese mismo auto asumió la competencia para conocer únicamente de a) El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de treinta y seis horas; b) Acuerdo de presentación y alojamiento (artículos 97, 98 y 100 de la Ley de Migración) y c) Acuerdo de inicio y tramitación del procedimiento administrativo migratorio. De igual manera, se declaró incompetente en razón de materia, para conocer de la demanda de amparo por los actos consistente en la inminente orden de deportación y la incomunicación del quejoso. En virtud de lo anterior, correspondió a este órgano jurisdiccional conocer del asunto, quién mediante proveído de diecisiete de agosto del año en curso, tuvo por recibido el asunto y requirió diversas constancias a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad. Establecido lo anterior, este juzgador disiente del criterio sostenido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo que, no se avoca al conocimiento de la demanda de amparo cuya competencia por razón de materia declina, en relación a las siguientes consideraciones: El promovente señaló en su escrito de demanda en el apartado de hechos, que la privación de la libertad en la Estación Migratoria de esta entidad del directo quejoso ha excedido las treinta y seis horas que prevé el artículo 68 de la Ley de Migración y sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, pues su alojamiento fue decretado por acuerdo de presentación, el cual señaló es inconstitucional. Igualmente, indicó que por cuanto hace al acto reclamado consistente en la incomunicación del quejoso con relación a la negativa de permitirle nombrar representante legal, solicitaba la suspensión para que se permitiera el ingreso del promovente en el acto de la ratificación, a efecto de brindarle la asesoría jurídica correspondiente -profesionista a quien incluso el directo quejoso nombró en el acto de la ratificación-. Por su parte, de las constancias remitidas por el Director de la Estación Migratoria en su informe respecto de la suspensión de plano, se advierte que Anderson Cortes Tello fue puesto a disposición de la autoridad migratoria mediante el oficio 16218/2022 de once de agosto del año en curso, suscrito por el licenciado Horacio Gómez Blancas, agente del Ministerio Público, adscrito al Segundo Turno de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a efecto de que se resolviera en definitiva sus situación migratoria, al no haber acreditado su estancia legal y permanencia en el país, por lo que, se encuentra sujeto a procedimiento administrativo migratorio. De lo que se advierte que los actos por los que declinó competencia el juzgado oficiante, fueron ocurridos dentro del procedimiento administrativo migratorio. Además dado que ocurrieron en el procedimiento administrativo migratorio no es posible desvincular los actos; sino que debe analizarse como un todo. Asimismo, como se precisó, la incomunicación consiste en que no se le permita comunicarse con abogados, lo que violenta en derecho de defensa que ocurre dentro del procedimiento administrativo migratorio. Por lo que este órgano jurisdiccional advierte que no es competente para conocer del citado acto por razón de materia, y estima que corresponde su conocimiento al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Ahora, los artículos 3, fracciones X y XXVIII, 19 y 68, 77 y 99 de la Ley de Migración, establecen lo siguiente: "Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: (.) X. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria; (.) XXVIII. Situación migratoria: a la hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas;" "Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría." "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley." "Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes". "CAPÍTULO V DE LA PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno". Por su parte, el numeral 222 del Reglamento de la Ley de Migración, señala: "Artículo 222. En todos los casos en que una persona extranjera sea puesta a disposición de la autoridad migratoria deberá iniciarse el procedimiento administrativo migratorio. Dicho procedimiento se regirá conforme a la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Durante el procedimiento administrativo migratorio, las personas extranjeras tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español, y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas". De la transcripción que antecede, se obtiene que la presentación y el procedimiento administrativo migratorio son actuaciones administrativas, porque los emite autoridad con ese carácter, como lo es el Instituto Nacional de Migración, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia y, en específico, en materia de control y verificación migratoria. Por tanto, no puede considerarse que el acto reclamado sea de naturaleza penal, dado que no proviene de un proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación, seguidos en su contra, de ahí que no se ubique en alguna de las hipótesis contenidas en el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, porque dichos actos son formal y materialmente administrativos, en razón de las autoridades a las que se atribuyen y a la naturaleza de los mismos, por lo que es inconcuso que la competencia para resolver el presente juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, de conformidad con el numeral 52 de la ley referida legislación, cuyo contenido es: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En efecto, los jueces de distrito en materia administrativa conocerán del amparo contra los actos provenientes de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales o de aquellos procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste, contra leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o contra actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido. Así, los actos consistentes en los actos de aseguramiento, detención, alojamiento, incomunicación, deportación, expulsión y/o devolución a su país de origen, con motivo del procedimiento administrativo migratorio seguido en su contra, de ninguna manera puede considerarse que sea de naturaleza penal, aunque con motivo de éste se aloje o asegure a los quejosos dentro del recinto migratorio destinado para tal efecto, sino que se tratan de actos eminentemente de naturaleza administrativa, pues no implica privación de la libertad de los quejosos con motivo de alguna carpeta de investigación o proceso penal instaurado contra ...y, tampoco existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente, que el acto reclamado en el presente juicio se ubica en alguna de las hipótesis señaladas en párrafos que anteceden, es decir para que este juzgado conozca del asunto en comento, ya que no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que dichas violaciones deben ser tangibles y no simples expectativas; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que se señalara la inminente deportación; empero, se insiste dicho acto en todo caso deriva del procedimiento administrativo seguido en contra del quejoso, el cual no puede dividirse, pues se correría el riesgo de dictar sentencias contradictorias. Por ende, es inconcuso que la autoridad facultada para resolver el acto reclamado, es un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". Apoyo lo anterior, las consideraciones precisadas en el comunicado 285/2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que indicó que la Primera Sala resolvió mediante jurisprudencia que la orden de presentación o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, constituye un acto de naturaleza administrativa al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en éstos hasta en tanto se resuelva su situación migratoria, de tal manera que los jueces de amparo competentes para conocer de su impugnación serán las juezas y los jueces de distrito en materia administrativa. Así, debe concluirse que respecto a los actos precisados, les reviste naturaleza eminentemente administrativa, motivo por el cual este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México no acepta la competencia declinada por materia, para conocer del presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 51 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena devolver los autos del juicio 1334/2022 del índice de este órgano jurisdiccional al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicitando atentamente el acuse correspondiente, e informe si insiste o no en declinar la competencia planteada. Por lo anterior, recábese copia de las constancias que resulten necesarias y glósense al cuaderno de antecedentes respectivo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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