Ancelma Santos Pech
Expediente 415/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ancelma Santos Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el quince de junio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original de los cuadernos incidentales, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es depurable una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se concedió la medida cautelar. Luego, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. Devuélvase al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, las documentales que ofreció como apoyó a su informe justificado (tomo de pruebas I), respecto de las cuales no resulta necesaria su conservación en el presente asunto. Finalmente, con apoyo en el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa el documento que exhibió en este asunto, previo cotejo, certificación y toma de recibo que obre en autos.
- Incidental
:: Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se le concedió a la parte quejosa mediante interlocutoria de nueve de mayo de dos mil veintidós, para que exhibiera la garantía que se le fijó como requisito para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva ahí otorgada, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se declara que la suspensión definitiva decretada en el resolución incidental de nueve de mayo de dos mil veintidós ha dejado de surtir efectos. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
:: Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual Johnny Moisés Rodríguez Castillo, apoderado de la tercero interesada Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte formula alegatos, sin que sea necesario dictar mayor acuerdo respecto de su contenido debido a que el quince de junio de la presente anualidad, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
:: En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con cuarenta minutos del quince de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 415/2022-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da cuanta con la promoción con registro 10145; de igual forma, da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; el Juez acuerda: agréguese la promoción de cuenta, signada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante la cual formula alegatos y solicita fotocopia certificada de la sentencia que se emita en este juicio de amparo. Por tanto, acuérdese lo conducente en la etapa correspondiente de esta audiencia y en cuanto a la solicitud de expedir copia certificada de la resolución que se pronuncie en este juicio, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase la misma. Por otra parte, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos correspondientes. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, así como Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo ofrecieron pruebas documentales y las demás partes no ofrecieron algún medio de prueba. A lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas exhibidas por la parte quejosa y autoridades responsables, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que únicamente el fiscal federal de la adscripción formuló manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez provee: téngase por hechas las manifestaciones vertidas por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y dese por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O para resolver el juicio de amparo 415/2022-IV, promovido por Ancelma Santos Pech y Jesús Morales Sánchez, ambos por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cancún, Quintana Roo, remitido por razón de turno el veintisiete de abril siguiente a este juzgado de distrito, Ancelma Santos Pech y Jesús Morales Sánchez, por derecho propio, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1] Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, 2] Actuario de su adscripción, 3] Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún, Quintana Roo, y 4] Notario Público Número Cuarenta y Nueve del Estado de Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que hacen consistir en: III. ACTOS RECLAMADOS.- - - --La falta de emplazamiento a Juicio Ordinario Mercantil, con número de expediente 97/2012, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, CONTINUADO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUTCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de ANCELMA SANTOS PECH Y JESÚS MORALES SÁNCHEZ, radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo. - - -La orden de requerimiento de desocupar y poner a disposición de la parte actora el bien inmueble consistente en CASA MARCADA CON EL NÚMERO SESENTA Y SIETE, DEL LOTE VEINTISIETE, MANZANA DIEZ, SUPERMANZANA DOSCIENTOS OCHO, DEL CONDOMINIO DENOMINADO MONTE REAL DE ESTA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el número de folio electrónico 176206. - - -La orden y ejecución de uso de fuerza pública y fractura de cerraduras o cualquier disposición del inmueble de mi propiedad identificado como CASA MARCADA CON EL NÚMERO SESENTA Y SIETE, DEL LOTE VEINTISIETE, MANZANA DIEZ, SUPERMANZANA DOSCIENTOS OCHO, DEL CONDOMINIO DENOMINADO MONTE REAL DE ESTA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo el número de folio electrónico 176206, así como las posibles consecuencias y efectos de ejecución ordenadas en el expediente 97/2012, del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. - - -La orden y ejecución de inscripción en el folio 1786206 del registro público de propiedad y de comercio, de la ESCRITURA DE adjudicación por remate registrada en fecha 28 de enero del 2022, bajo el número de movimiento B16, del folio electrónico referido. - - -La orden y ejecución de protocolización de la adjudicación por remate, celebrada en el expediente 97/2012, del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Cancún, Quintana Roo, que consta en la Escritura Pública número 20168 de fecha 12 de julio del 2021, protocolizada por el Licenciado Leonardo de Jesús Medina González, titular de la Notaría Pública número 49 del Estado de Quintana Roo. SEGUNDO. Radicación; desechamiento parcial y admisión de la demanda. Recibida la demanda de amparo el veintiocho de abril de dos mil veintidós ante este juzgado de distrito, en auto de veintinueve de abril siguiente se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 415/2022-IV; se desechó parcialmente respecto de los actos reclamados al Notario Público Número Cuarenta y Nueve del Estado de Quintana Roo; se admitió a trámite por lo que hace a las restantes autoridades responsables, a quienes se les requirió su informe con justificación; se dio al Agente de Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 477/2022 en el sentido de negar el amparo solicitado; se reconoció el carácter de tercero interesado a Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, quien compareció a juicio y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un asunto en el que se reclaman actos atribuidos a autoridades jurisdiccionales en materia civil, con ejecución en el ámbito territorial donde este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en: Del 1] Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: a) Todo lo actuado en el al juicio 97/2012 de su índice, incluyendo la sentencia que se haya dictado. b) Todo lo actuado en el procedimiento de ejecución, como es el embargo, remate y adjudicación del bien inmueble identificado como casa marcada con el número 67, lote 27, manzana 10, supermanzana 208, del condominio denominado Monte Real, en esta ciudad. c) El acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en que se ordenó requerir a los quejosos para que en el término de tres días, pusieran a disposición del adjudicatario, el bien inmueble identificado como casa marcada con el número 67, lote 27, manzana 10, supermanzana 208, del condominio denominado Monte Real, en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Del 1] Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: d) El emplazamiento practicado a los quejosos en el juicio 97/2012 de su índice, el siete y ocho de marzo de dos mil doce, previo citatorio a la amparista de siete del mes y año en cita. De la 3] Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo: e) La inscripción de la adjudicación y remate respecto al bien inmueble que defiende la parte quejosa. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1] Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, 2] Actuario de su adscripción y 3] Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, al rendir informe justificado convinieron en la existencia de los actos que se les reclama, señalados en el considerando que antecede. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con el contenido de las constancias que integran la fotocopia certificada del juicio ordinario mercantil 97/2012 del índice de la juez responsable, que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. En efecto, de dichas constancias se aprecia lo siguiente: 1. Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, promovió contra los quejosos juicio ordinario mercantil, del cual correspondió conocer por cuestión de turno al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, quien admitió a trámite la demanda el veintiséis de enero de dos mil doce. 2. Los quejosos fueron emplazados a juicio mediante diligencias de siete (Jesús Morales Sánchez) y ocho (Ancelma Santos Pech) de marzo de dos mil doce. 3. El juicio se siguió en rebeldía de la parte demandada -ahora quejosa- y el veinte de noviembre de dos mil doce se dictó sentencia, en la que se les condenó al pago de las prestaciones ahí señaladas. 4. El cuatro de febrero de dos mil quince, la juez responsable dictó auto de mandamiento en forma a fin de requerir a los demandados al pago de las prestaciones a que fueron condenados y en caso de no hacerlo, se embargarían bienes de su propiedad suficientes para garantizar dicho pago. 5. El catorce de marzo de dos mil dieciséis la juez responsable decretó seguro y formal embargo respecto del bien inmueble identificado como casa marcada con el número 67, lote 27, manzana 10, supermanzana 208, del condominio denominado Monte Real, en esta ciudad. 6. En audiencia pública de remate de doce de febrero de dos mil diecinueve se adjudicó el bien inmueble de referencia en favor de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 7. El trece de marzo de dos mil diecinueve la juez responsable ordenó requerir a la parte demandada -aquí quejosa- para que en el término de tres días otorgara a la adjudicataria, la escritura de venta del bien inmueble rematado, con el apercibimiento que de no hacerlo, la responsable lo haría en su rebeldía. 8. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en virtud de que fue entregada, en rebeldía de la parte demandada, la escritura de propiedad en favor de la adjudicataria, se ordenó requerir a los quejosos para que en el término de tres días, pusieran a su disposición el bien inmueble identificado como casa marcada con el número 67, lote 27, manzana 10, supermanzana 208, del condominio denominado Monte Real, en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Por tanto, resultan ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. I. Quejosos no son terceros extraños a juicio. En ese orden, en el caso, en cuanto a los actos precisados en los incisos a) y d) del considerando tercero de esta sentencia, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretado en contrario sentido, ambos de Ley de Amparo. En principio, es preciso citar el contenido de los dispositivos en que se funda la causa de improcedencia invocada, que prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede:. VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." El segundo de los preceptos citados prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, entendiéndose por éstas las completamente ajenas al proceso de origen que sufren un perjuicio de ahí derivado y las extrañas por equiparación, son quienes no obstante ser parte formal en el juicio natural, no fueron emplazadas o lo fueron incorrectamente. En ese orden de ideas, en el caso de los terceros extraños por equiparación, es requisito para que se les considere como tal que se haya dictado sentencia en el proceso de origen, pues de otra forma podrían insertarse en la relación procesal para interponer el medio ordinario de defensa con el objeto de combatir la falta o el indebido emplazamiento a juicio. Así, la calidad de tercero extraño se pierde si se tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa o cuando se comparece al sumario de origen. Luego, si el gobernado tuvo conocimiento del juicio de origen previo al dictado de la resolución que le puso fin o compareció a éste y opta por intentar el juicio de amparo indirecto en el que tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas en relación con los actos y notificaciones realizadas en dicho juicio, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia que no se opone a la Ley de Amparo vigente, que enseguida se cita: Época: Décima Época Registro: 2000293 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 47/2011 (10a.) Página: 1627 TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora, los quejosos señalan bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo que no fueron emplazados al juicio del que emanan los actos reclamados y del cual tuvieron conocimiento hasta el veintidós de abril de dos mil veintidós, cuando se percataron de la existencia de una cédula de notificación relativa al acuerdo impugnado de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el que se ordena la entrega del bien inmueble que defienden en esta instancia, por lo cual se vulnera su garantía de audiencia al no haber sido escuchados y vencidos en juicio. De lo anterior, se concluye que los quejosos acuden a esta instancia constitucional ostentando el carácter de terceros extraños por equiparación, dado que reclaman que no fueron emplazados a juicio. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en fotocopia certificada, relativas al juicio ordinario mercantil 97/2012 de su índice y que fueron valoradas previamente, se desprende lo siguiente: 1. Que mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil doce ante la autoridad responsable, firmado por ambos quejosos, contestaron la demanda entablada en su contra en el juicio de origen. 2. Por diverso ocurso exhibido el cuatro de junio de dos mil doce, firmado por ambos quejosos, ofrecieron pruebas en el juicio de origen. 3. Incluso el veintisiete de febrero de dos mil trece, presentaron ante la responsable un escrito firmado igualmente por ambos quejosos, mediante el cual promovieron demanda de amparo directo contra la sentencia dictada en su contra. De lo relatado se desprende que a los quejosos no les reviste el carácter de terceros extraños en el juicio del que emanan los actos reclamados, pues comparecieron al mismo previo al dictado de la sentencia, tanto para contestar la demanda, como para ofrecer pruebas e incluso, promovieron demanda de amparo directo contra la sentencia emitida en su contra. Esta situación, evidencia que los quejosos no son terceros extraños en el juicio de origen, pues al haber comparecido al proceso natural, tuvieron la oportunidad de hacer valer lo que su derecho conviniera respecto a su emplazamiento y todo lo actuado hasta el dictado de la sentencia, pues independientemente de que el juicio se encuentre en la etapa de ejecución de sentencia, tuvieron la oportunidad de hacer valer lo que su derecho conviniera y plantear los medios ordinarios de defensa previstos en la ley, en el caso de su emplazamiento el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio , por tratarse de un juicio ordinario mercantil. En ese orden, en caso de no obtener resolución favorable en la interposición de los medios ordinarios de defensa, estuvieron en aptitud de hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva en el juicio natural en el amparo directo que plantearon. De esta manera, si la parte quejosa, después de concluido el juicio, pretende impugnar actos del proceso, no obstante que fue parte en el juicio, no puede hacerlo, al haber comparecido al sumario natural tal como se desprende de las constancias, pues ahí tuvo la oportunidad de defenderse. Además, en auto de veinticinco de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibida la fotocopia certificada de las constancias que integran el sumario de origen y se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa para que se impusiera de su contenido y estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su derecho conviniera sin que así lo hubiera hecho, no obstante dicho acuerdo le fue notificado electrónicamente el treinta y uno de mayo siguiente. Por lo tanto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales, respecto de los actos precisados en los incisos a) y d) del considerando tercero de esta sentencia. II. No impugnan última resolución en el procedimiento de remate. Ahora, en el caso, respecto del acto precisado en el inciso c), se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declarada la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Los preceptos mencionados exigen para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, que se reclame la última resolución, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En ese sentido, la regla específica de procedencia del juicio de amparo, contenida en la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, rige porque las resoluciones dictadas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no son la última, tienen como apoyo la existencia de una determinación que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; así, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. El propio numeral en cita, establece qué debe entenderse por última resolución, esto es, (i) aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, (ii) la que ordena el archivo definitivo del expediente o (iii) en caso de procedimientos de remate, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, esto es, la primera que se emita. Así pues, conviene destacar que los procedimientos de remate constituyen la fase de ejecución coactiva de una condena líquida determinada en sentencia ejecutoriada, que inicia con el embargo del bien inmueble del deudor, prosigue con la notificación de los diversos acreedores que hayan constituido garantía y/o embargado dicho bien, se efectúa la valuación, se procede al remate y adjudicación y hecho el pago por el adjudicatario, se ordena la entrega del bien adjudicado, así como la escrituración tratándose de inmuebles. En ese orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la interpretación correcta de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación a cuál es la última resolución en un procedimiento de remate; y por ende, contra qué determinación procede el juicio de amparo indirecto es que dicha resolución, tratándose de inmuebles es indistintamente la que ordene su escrituración y/o su entrega, esto es, la primera de esa clase de determinaciones que se emita. Resulta aplicable la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Abril de 2016 Materia(s): Común Tesis: 1a./J.13/2016 (10a.) Página: 1066 REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. En el entendido que, si en un primer momento se ordenó la escrituración de un inmueble en el procedimiento de remate y en un diverso acto se ordena su entrega, el primero de los actos mencionados constituye el último dentro del procedimiento de remate para efectos de la procedencia del juicio de amparo y el segundo sería un acto intermedio dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. Sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia cuyos datos de localización a continuación se citan: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022499 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil, Común Tesis: 1a./J. 52/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. - - - Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. - - - Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. - - - Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Ahora, la parte quejosa reclama el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en que se ordenó requerirles para que en el término de tres días, pusieran a disposición del adjudicatario, el bien inmueble identificado como casa marcada con el número 67, lote 27, manzana 10, supermanzana 208, del condominio denominado Monte Real, en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras; sin embargo, de autos se encuentra acreditado que tal acto es un acto intermedio en el procedimiento de ejecución de sentencia. En efecto, de las constancias que integran el juicio de origen y que fueron valoradas previamente, se aprecia lo siguiente: 1. El veinte de noviembre de dos mil doce se dictó sentencia, en la que se les condenó a los quejosos al pago de las prestaciones ahí señaladas. 2. El cuatro de febrero de dos mil quince, la juez responsable dictó auto de mandamiento en forma a fin de requerir a los demandados al pago de las prestaciones a que fueron condenados y en caso de no hacerlo, se embargarían bienes de su propiedad suficientes para garantizar dicho pago. 3. El catorce de marzo de dos mil dieciséis la juez responsable decretó seguro y formal embargo respecto del bien inmueble identificado como casa marcada con el número 67, lote 27, manzana 10, supermanzana 208, del condominio denominado Monte Real, en esta ciudad. 4. En audiencia pública de remate de doce de febrero de dos mil diecinueve se adjudicó el bien inmueble de referencia en favor de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 5. El trece de marzo de dos mil diecinueve la juez responsable ordenó requerir a la parte demandada -aquí quejosa- para que en el término de tres días otorgara a la adjudicataria, la escritura de venta del bien inmueble rematado, con el apercibimiento que de no hacerlo, la responsable lo haría en su rebeldía. 6. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en virtud de que fue entregada, en rebeldía de la parte demandada, la escritura de propiedad en favor de la adjudicataria, se ordenó requerir a los quejosos para que en el término de tres días, pusieran a su disposición el bien inmueble identificado como casa marcada con el número 67, lote 27, manzana 10, supermanzana 208, del condominio denominado Monte Real, en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Por ende, el acto reclamado en el que se ordena la entrega voluntaria del inmueble adjudicado, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, constituye un acto intermedio en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues el diverso de remate concluyó cuando quedó firme la adjudicación y se ordenó a la parte quejosa la entrega voluntaria de la escritura de propiedad en favor de la adjudicataria -el trece de marzo de dos mil diecinueve-. Por lo tanto, el acto reclamado no implica la última etapa del procedimiento de ejecución de sentencia; en consecuencia, conforme a las disposiciones normativas aplicables al caso, no procede la acción constitucional contra el citado acto reclamado, pues como se indicó, la intención del legislador contenida en la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, es que las resoluciones que adquieren categoría de cosa juzgada sean cumplidas sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva o tratándose del remate hasta que en forma definitiva se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercitar la acción constitucional. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2020631 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 57/2019 (10a.) Página: 110 ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. Sin que en el caso se actualice la excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos intermedios emitidos en fase de ejecución contenida en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se cita: Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, en virtud que si bien el Alto Tribunal consideró que en la vía indirecta procede excepcionalmente la aplicación análoga de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo (fracción IV, del artículo 114 de la ley abrogada, sobre la que versa la jurisprudencia en cita), en actos de ejecución de sentencia en que se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, el propio cuerpo colegiado estableció que únicamente procederá el amparo pedido ante el Juez de Distrito cuando los mismos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, al considerar lo siguiente: .con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso, el acto reclamado consistente en el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en que se ordenó requerir a los quejosos para que en el término de tres días, pusieran a disposición del adjudicatario, el bien inmueble identificado como casa marcada con el número 67, lote 27, manzana 10, supermanzana 208, del condominio denominado Monte Real, en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, emana de un procedimiento instaurado en su contra, donde se dictó sentencia en la que se le condenó al pago de diversas prestaciones, con motivo del juicio ordinario mercantil que se instauró en su contra. Por tanto, el acto que reclaman es un acto intermedio en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que la juez responsable aún no ha reconocido el cumplimiento total de la sentencia, no ha declarado la imposibilidad material o jurídica para cumplirla ni tampoco ha ordenado el archivo del expediente. Asimismo, dado que el acuerdo reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la orden de entrega de un inmueble adjudicado en procedimiento de remate en la fase de ejecución de una sentencia, no es un acto ajeno a la cosa juzgada. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa, refiera violaciones a su derecho de audiencia; sin embargo, no puede considerársele tercera extraña por equiparación, ya que como ha quedado de manifiesto, compareció al juicio natural, pues contestó la demanda que dio origen al juicio y ofreció pruebas. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales, respecto del acto precisado en el inciso c) del considerando tercero de esta sentencia. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos señalados en los diversos incisos b) y e) del considerando tercero, dado que no fueron reclamados por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Ancelma Santos Pech y Jesús Morales Sánchez, por propio derecho, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisados en el considerando tercero y en términos de lo expuesto en el diverso considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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