Anayely Flores Vargas

Expediente 167/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
167/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • Anayely Flores Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinte de febrero del año en curso, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA II. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de la Fedataria adscrita para notificar a la quejosa Anayely Flores Vargas, o sus autorizados, el acuerdo de veinte de febrero del año en curso, por las razones expuestas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, túrnese este expediente al Actuario de la adscripción que corresponda, a fin de que realice la notificación de dicha determinación, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica este Juzgado Federal. Lo anterior, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír notificaciones.

  3. Principal

    MESA II. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por Anayely ***, por propio derecho y con el carácter de esposa de ***, contra actos de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales ***. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 167/2019-II-B. DESECHAMIENTO ...En el caso, se actualiza la causal en estudio, dado que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, acudió a esta instancia constitucional a combatir esencialmente los actos reclamados consistentes en: La negativa de concederle el derecho de agraviada en la integración de la carpeta de investigación ***. La deficiente integración de la carpeta de investigación ***. La negligencia total de carpeta de investigación ***. Y en contra de dichos actos procede el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual puede ser modificado o revocado; por tanto, es la determinación que resuelva dicho medio de impugnación, la que en todo caso podrá impugnarse mediante el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa tenía la carga procesal, previamente a la presentación de la demanda de amparo, de interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del citado artículo, se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ahora bien, de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación en los términos previstos en ese código y demás disposiciones aplicables. Recientemente, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. En ese orden, este órgano jurisdiccional concluye que bajo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de igual manera puede interpretarse la fracción XVII, del artículo 109 del código único, con los diversos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el 258 de la citada legislación procesal, para concluir que el acto reclamado debió analizarse por el juez de control previo a la promoción de este juicio de amparo. Así, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que inicie la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente delictivos. Ante tales consideraciones, si en el caso, los actos reclamados consisten en: La negativa de concederle el derecho de agraviada en la integración de la carpeta de investigación ***. La deficiente integración de la carpeta de investigación ***. La negligencia total de carpeta de investigación ***. Es innegable que tal determinación debe sujetarse a revisión del juez de control; por tanto, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. ... En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 112 y 113 de ese propio ordenamiento legal, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO que se atiende. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda, y como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a Ismael Roldan Iturbide, en virtud que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Paula Baltazar Escobar, por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Ahora bien, respecto a la documental que anexa la promovente al escrito que se provee, devuélvase, previo cotejo y compulsa de la copia simple que para tal efecto acompaña. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, infórmese que debe acudir la ocursante o las personas que designa para su recepción, a la Mesa II de Amparo, de este órgano jurisdiccional, en horas hábiles a solicitar su entrega, previa razón que de su recibo se asiente en autos. En la inteligencia que de no acudir en el plazo de noventa días a solicitar su devolución, una vez ordenado el archivo del presente expediente, se le dará el destino que en derecho corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaría supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    MESA II.SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: " Visto el escrito de demanda de amparo presentado por Anayely ***, por propio derecho y con el carácter de esposa de ***, contra actos de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales ***. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 167/2019-II-B. DESECHAMIENTO ...En el caso, se actualiza la causal en estudio, dado que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, acudió a esta instancia constitucional a combatir esencialmente los actos reclamados consistentes en: La negativa de concederle el derecho de agraviada en la integración de la carpeta de investigación ***. La deficiente integración de la carpeta de investigación ***. La negligencia total de carpeta de investigación ***. Y en contra de dichos actos procede el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual puede ser modificado o revocado; por tanto, es la determinación que resuelva dicho medio de impugnación, la que en todo caso podrá impugnarse mediante el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa tenía la carga procesal, previamente a la presentación de la demanda de amparo, de interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del citado artículo, se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ahora bien, de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación en los términos previstos en ese código y demás disposiciones aplicables. Recientemente, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. En ese orden, este órgano jurisdiccional concluye que bajo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de igual manera puede interpretarse la fracción XVII, del artículo 109 del código único, con los diversos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el 258 de la citada legislación procesal, para concluir que el acto reclamado debió analizarse por el juez de control previo a la promoción de este juicio de amparo. Así, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que inicie la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente delictivos. Ante tales consideraciones, si en el caso, los actos reclamados consisten en: La negativa de concederle el derecho de agraviada en la integración de la carpeta de investigación ***. La deficiente integración de la carpeta de investigación ***. La negligencia total de carpeta de investigación ***. Es innegable que tal determinación debe sujetarse a revisión del juez de control; por tanto, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. ... En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 112 y 113 de ese propio ordenamiento legal, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO que se atiende. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda, y como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a Ismael Roldan Iturbide, en virtud que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Paula Baltazar Escobar, por no contar con dicho registro. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Ahora bien, respecto a la documental que anexa la promovente al escrito que se provee, devuélvase, previo cotejo y compulsa de la copia simple que para tal efecto acompaña. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, infórmese que debe acudir la ocursante o las personas que designa para su recepción, a la Mesa II de Amparo, de este órgano jurisdiccional, en horas hábiles a solicitar su entrega, previa razón que de su recibo se asiente en autos. En la inteligencia que de no acudir en el plazo de noventa días a solicitar su devolución, una vez ordenado el archivo del presente expediente, se le dará el destino que en derecho corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaría supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). "

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