Anayeli Rivera Moran
Expediente 1154/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Anayeli Rivera Moran
- Leonarda Ramirez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por ********************, en su carácter de apoderado legal de los quejosos ********************; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86 y 88, de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de septiembre del año en curso; por tanto, se ordena imprimir copias suficientes del escrito de agravios, a fin de que una se agregue a los autos y las restantes para que se distribuyan entre cada una de las partes para su conocimiento. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original y copia del escrito de agravios para el efecto de que se substancie el citado recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con la impresión del presente acuerdo, así como con el acuse del oficio por el que se remite el recurso, ya que acorde a los principios de austeridad y racionalidad presupuestaria se estima innecesaria la integración tradicional de copias certificadas al cuaderno de antecedentes, cuya destrucción es inminente; además de que conforme a lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente juicio se encuentra debidamente digitalizado en el expediente electrónico para la consulta de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintiocho de septiembre de dos milveintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado con la firma electrónica de Jesús Montalván Ramírez, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo respecto a un nuevo acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación que expresa; al respecto se provee: El artículo 111 de la Ley de Amparo, prevé las hipótesis por las cuales resulta procedente ampliar una demanda de garantías, al señalar: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Como ha quedado precisado en párrafos precedentes, el artículo 111, en su fracción II, último párrafo, prevé como un supuesto de procedencia de la ampliación de demanda, que no se haya celebrado la audiencia constitucional, lo que implica que no cualquier acto puede ser motivo de ampliación. Expuesto lo anterior, de autos se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En tal virtud, la suscrita, estima que no se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 111, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, ya que el veintiséis del mes y año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, misma que se encuentra pendiente de causar ejecutoria. En consecuencia, al no reunirse los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener por ampliada su demanda de amparo, ya que en todo caso, los impetrantes del amparo se encuentran en condiciones de presentar una nueva demanda en relación con el nuevo acto que reclaman. En ese contexto, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación de demanda. Por otro lado, téngase al promovente reiterando el correo electrónico para establecer contacto no procesal, así como el nombre de usuario "lic.monta", para acceder al juicio en que se actúa de manera electrónica, como se indicó en auto de veintinueve de agosto del año en curso. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por ***, apoderado legal de *****, Leonarda Ramírez García y Fabio Santiago Valente; en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención realizada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés; por tanto, se procede a proveer en relación a la demanda de amparo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo y del escrito de desahogo de prevención, es factible para esta juzgadora Federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional lo siguiente: 1. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: "[...] LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL LABORAL QUE SEÑALA COMO RESPONSABLE, DE PROVEER LO CONDUCENTE EN RELACIÓN A SU ESCRITO PRESENTADO EL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE SE EXHIBE CON LA DEMANDA DE AMPARO [.]" 2. Del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en su carácter de vinculado al cumplimiento del laudo. "[.] LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DE CUMPLIR EL LAUDO, EN LOS TÉRMINOS EN QUE LE FUE REQUERIDA POR LA PRIMERA RESPONSABLE [...]" Asimismo, en el punto siete de los antecedentes de la demanda, que se narran bajo protesta de decir verdad, se aprecia que la autoridad antes mencionada, fue vinculada al cumplimiento del laudo por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, a través de la ejecutoria de amparo indirecto 61/2020 del índice de este juzgado. Circunstancia que se corrobora de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y lo que se invoca como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular, se invoca la Jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), en Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Registro digital 2017123, del rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En este sentido, tocante al acto que la parte quejosa reclama a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso 1º, del mismo ordenamiento, dispone: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En tanto que, el ordinal 5º, fracción II, de la misma ley, estipula: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los ordinales transcritos, se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad"; en el caso es menester precisar qué significa el concepto de "autoridad responsable" y "acto de autoridad." Respecto a la figura jurídica de autoridad responsable a que se refiere el numeral 5º de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la Tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital 199459, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, se invoca la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, Tesis 2a./J. 164/2011, con registro digital 161133, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Además, la tesis 2ª. XXXVI/99, de la referida Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, toma IX, marzo de 1999, página 307, registro digital 194367, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra ordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En atención a las consideraciones contenidas en los criterios invocados, debe decirse que una autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público con normas jurídicas, tienen la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella, todo lo que válidamente permite estimar que los elementos necesarios para la confrontación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emitente tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y c) Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Sin embargo, para realizar tales actos debe ponderarse las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, que como se dijo en párrafos anteriores, se debe tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no constituye un acto de autoridad. Al respecto, se resalta que las relaciones de coordinación, presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que generalmente son particulares se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, de tal modo que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a manera de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; asimismo, debe decirse que este tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces tales relaciones las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Así, debe decirse que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no puede considerarse como responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que su emisión o no de actos, en el sentido de no atender requerimientos del tribunal laboral del estado a fin de cumplir con el laudo en su carácter de autoridad vinculada, dato que se obtiene de lo que manifestó bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa, ya que no es la autoridad que está proveyendo la ejecución del laudo, ni tiene una relación de supra o subordinación con la parte actora con motivo de su actuación, sino por el contrario su participación es como auxiliar del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al haber sido vinculada al cumplimiento del laudo; de ahí que no se le puede equiparar una autoridad responsable, porque su actuación sólo deriva de la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen. De este modo, el acto que le reclama la parte quejosa, por sí mismo, no puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique a la persona particular aquí quejosa en su esfera de derechos. Más aún, sí su actuación no entraña dictar, ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar un acto, ni tampoco omitir hacerlo, de forma tal que con su participación en el procedimiento, puede decirse que de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, no pueden ser considerada como autoridad responsable para los efectos del amparo, ya que como se dijo, su actuación depende de lo que le ordena el tribunal laboral responsable. Sobre el tema, se cita por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 2a./J. 137/2019, en Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1570 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1570, Décima Época, Registro digital 2020877, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDAD VINCULADA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. NO SE DEBE EQUIPARAR CON LA FIGURA DE AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, PUES SE RIGE BAJO LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo es diferente al de autoridad responsable en el juicio y se rige por reglas propias establecidas en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la etapa de ejecución de sentencia es posterior a la oportunidad para interponer el recurso de revisión, ya que empieza cuando la sentencia ha quedado firme, aunado a que la referida etapa es un procedimiento creado con el fin de hacer cumplir las ejecutorias de amparo, que son de orden público, bajo la racionalidad de ser aplicado de forma obligatoria a todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que sólo puede dejar de ser obligatorio bajo las reglas del propio procedimiento. Considerar que una autoridad vinculada pueda interponer el recurso de revisión desnaturalizaría el juicio de amparo y lo retrasaría, además de que se tendría que distinguir si dicho carácter lo obtuvo en la sentencia o en un auto en el procedimiento de ejecución de sentencia; por tanto, no todas las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo son autoridades responsables, sino que únicamente tienen intervención en la ejecución de la sentencia, por lo que son independientes entre sí. Sin embargo, su intervención en el juicio es obligatoria y así como están sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades responsables para su cumplimiento, también están sujetas a las mismas reglas del procedimiento, el cual les permite alegar no tener la competencia para el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo o incluso una imposibilidad de cumplimiento que deben demostrar. Consecuentemente, el hecho de que la autoridad vinculada no tenga legitimación para interponer recurso de revisión no la deja en estado de indefensión, ya que dicho recurso está previsto únicamente para las partes en el juicio señaladas en el artículo 5o. de la Ley de Amparo." En las narradas circunstancias, el acto reclamado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no es un acto de autoridad, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, 5º, fracción II, primer párrafo de la Ley de Amparo. En consecuencia, DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por los peticionarios del amparo, únicamente por lo que respecta a dicha autoridad. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por Anayeli Rivera Moran, Leonarda Ramírez García y Fabio Santiago Valente, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, únicamente contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, que se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés, que acompañó al escrito inicial de demanda. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda y del escrito de desahogo de prevención, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de la materia. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la citada Ley. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda efectúese su emplazamiento por medio de oficio que se le gire en el domicilio de su residencia oficial. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete, notifíquese por lista en términos de la fracción III del artículo 26 de la ley de la materia y se deja a su disposición copia simple de la demanda de amparo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que adjuntó al escrito de demanda, con las cuales se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional correspondiente. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL). Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones de carácter personal de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal.
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