Anay Guadalupe Flores Samaniego

Expediente 536/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
536/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
23/05/2018

Partes del expediente

  • Anay Guadalupe Flores Samaniego

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el tres de abril de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido en esa fecha a este Juzgado por razón de turno, Anay Guadalupe Flores Samaniego, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades señaladas como 1) Directora General, 2) Directora de Seguridad y Custodia y 3) Directora Técnica, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos actos que se hicieron consistir en: IV.- Acto Reclamado: discriminación, abuso de autoridad, falta de atención de peticiones de papeletas. SEGUNDO. Tramite de la demanda El tres de abril de dos mil dieciocho, se desechó parcialmente la demanda respecto de los actos reclamados consistentes en abuso de autoridad y falta de atención a sus peticiones de papeletas. De igual manera, en esa misma fecha, se admitió la demanda promovida por Anay Guadalupe Flores Samaniego, por cuanto al acto reclamado consistente en la discriminación por lo que hace a las autoridades como 1) Director General, 2) Directora de Seguridad y Custodia y 3) Directora Técnica, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, solicitándoles su informe justificado respectivo, señalándose fecha y hora para la audiencia constitucional la que inicio en términos del acta de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consiste en la contestación de su petición de cuatro de abril de dos mil dieciocho, en la que se le negó la convivencia solicitada con Adelita Vázquez Domínguez, quien identificó como su esposa dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, que trae como consecuencia al parecer de la impetrante una discriminación a su persona. Tales actos los atribuye a las autoridades, 1) Directora General, 2) Directora de Seguridad y Custodia y 3) Directora Técnica, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1) Directora General, 2) Directora de Seguridad y Custodia y 3) Directora Técnica, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos. Toda vez que se advierte que en la contestación de la petición de la quejosa de cuatro de abril de dos mil dieciocho, se le negó la convivencia que solicitó con Adelita Vázquez Domínguez, quien idéntico como su esposa dentro de dicho Centro de reclusión; acto que refiere produce una discriminación a su persona. Además se corrobora con la copia certificada que remitieron las autoridades responsables referentes a la contestación que se le dio el cuatro de abril del dos mil dieciocho, documento que cuentan con eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, de las que se destaca lo siguiente: CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial. A juicio de quien resuelve, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues se estima que el acto reclamado no es susceptible de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.. El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad del acto reclamado, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Ahora, como puede advertirse, la parte inconforme acude a reclamar en esta instancia la contestación de su petición de cuatro de abril de dos mil dieciocho, en la que se le negó la convivencia que solicitó con Adelita Vázquez Domínguez, quien identificó como su esposa dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos, en el que se encuentra recluida, lo que aduce, trae como consecuencia una discriminación a su persona. Sin embargo, no observó el principio de definitividad, puesto que tal contestación es susceptible de ser examinada por el Juez de Ejecución Penal. La quejosa como interna en dicho Centro de Reclusión, realizó una petición. Y en el caso concreto, se resolvió desfavorablemente por la autoridad penitenciaria, por consiguiente, debe acudir ante el Juez de Ejecución, quien deberá resolver en un plazo no mayor a setenta y dos horas sobre dicha cuestión. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos, a saber: "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva (.)". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad.". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas.". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada.". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria". Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. "Artículo 116. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales: [.]". Así, de una interpretación literal de los citados preceptos legales, se evidencia que el acto reclamado en esta instancia constitucional -analizado en el presente apartado- puede ser modificado, revocado o nulificado, mediante controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, habida cuenta que, para que se surta la citada causa de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, el referido acto reclamado se imputa a autoridades penitenciarias federales. Por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello. En el caso, los artículos transcritos establecen un medio de control sobre las decisiones que tome el personal que labora en el Centro Federal de Readaptación Social o, inclusive, sobre las determinaciones u omisiones del Comité Técnico de dicho centro, al poder ser revisados en controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente. En ese orden de ideas, si se toma en consideración que para que el justiciable se encuentre obligado a agotar el principio de definitividad, sólo se requiere la existencia de una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, que con su interposición se suspendan sus efectos, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, para su concesión y teniendo los mismos alcances que ésta, por lo que se tiene que en el caso en estudio se actualiza ese supuesto ya que la parte quejosa debió acudir ante el Juez de Ejecución Penal, ante quien se puede reparar el acto que se impugna por esta vía. Por tanto, en el caso en estudio la quejosa se encuentra obligada a agotar el medio de impugnación ordinario de que se trata, antes de acudir al juicio de garantías, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, cuya interposición dota de definitividad al acto reclamado, máxime que se trata de un acto que proviene de una autoridad formalmente administrativa. Con relación a ello, el transcrito precepto 116 de la invocada legislación de ejecución, establece que la controversia ante el juez de ejecución es procedente, entre otros casos, respecto a las condiciones de internamiento, así como al plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; por tanto, aún en el supuesto de que la restricción que refiere la parte quejosa tuviera afectación de derechos primarios, es procedente la controversia ante el referido funcionario judicial, pues la celeridad de su tramitación (setenta y dos horas) resulta más benéfica para el reclamante. Máxime que el artículo 115 de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que, cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Caso en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Por lo tanto, al existir la posibilidad de acudir directamente ante el Juez de ejecución, a impugnar los actos a que se refiere el artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que son precisamente los relativos a las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; entre las que se encuentra el régimen de disciplina y vigilancia, así como el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que a juicio del interno impliquen violación de derechos fundamentales, es que se considera que el presente juicio de amparo es improcedente, ya que la parte quejosa estaba en posibilidad de como acontece en el presente caso, impugnar la negativa a la petición formulada ante la autoridad penitenciaria relacionada con las condiciones de internamiento de la quejosa, ante el propio Juez de Ejecución, quien puede suspender los actos de inmediato, sin exigir mayores requisitos que la propia Ley de Amparo, y mientras se resuelve en definitiva. Tampoco opera la excepción derivada de la falta de fundamentación, ya que la contestación que se dio a la promovente del amparo Anay Guadalupe Flores Samaniego, con base en el principio que establece la presunción de legalidad de los actos de autoridad, aunado a que esa contestación fue dada por autoridad competente para ello en términos de la Ley Nacional de Ejecución, llevando a estimar que no carecía de fundamentación, al estar prevista en una ley. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis III.2o.P.135 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes nueve de marzo de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2016370, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad". De igual forma, no basta la mera invocación de una violación directa a la constitución, ya que de la génesis de la controversia se aprecia que se incluyen cuestiones de legalidad, por lo que tampoco opera esa excepción; es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número XX.J/1, visible en la página 94, tomo I, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro es del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Finalmente, es importante señalar que la condición de sentenciada o bien de persona sujeta a prisión preventiva, no marca ninguna diferencia para los efectos de la observancia del principio de definitividad, ya que las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, por así disponerlo el artículo 2 de dicho cuerpo normativo que señala lo siguiente: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." Consecuentemente, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Anay Guadalupe Flores Samaniego, contra el acto reclamado a las autoridades responsables en términos de la parte considerativa de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy veintitrés de mayo de dos mil dieciocho que lo permitieron las labores de este juzgado federal.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos de los artículos 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad oficiante los que designa. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes tengan oportunidad de conocer el contenido del mismo con la anticipación debida, es procedente diferir anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con doce minutos del tres de mayo de dos mil dieciocho, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

  3. Incidental

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de cinco de abril de dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la delegada del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, exhibe copia del cheque 0000374, fechado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, por la cantidad de $6,560.00 (seis mil quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.); el que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Con el oficio de cuenta y constancias anexas, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que le serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Asimismo, se requiere la parte quejosa para que dentro del término señalado en el párrafo que antecede, informe si compareció ante la referida autoridad responsable, a efecto de cobrar el cheque de mérito; con el apercibimiento que, en caso de ser omisa al respecto, este órgano jurisdiccional procederá en los términos antes mencionados. Lo anterior, tomando en consideración, en virtud de que el cumplimiento de la ejecutoria versa sobre devolución de las cantidades enteradas por las contribuciones reclamadas, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para coaccionar al peticionario del amparo a fin de que ejerza el derecho de cobro contenido en la sentencia concesoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil dieciocho. Para conocimiento de las partes y a fin de que manifiesten lo que a sus intereses convenga, con fundamento en los artículos 138, fracción III y 140, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual las autoridades responsables rinden su informe previo; con ello dese cuenta en la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA INTERNA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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