Anay Guadalupe Flores Samaniego

Expediente 669/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
669/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Anay Guadalupe Flores Samaniego

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa por conducto de su defensor público federal. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con diecinueve minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; asistido del Secretario Macario Oviedo González, con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 669/2018, promovido por Anay Guadalupe Flores Samaniego. Abierta la misma, el Secretario hace constar la inasistencia de las partes, por lo que realizado lo anterior procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, bajo el siguiente rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continuo, en el período probatorio; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que al efecto anexaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado; sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de resolver en el presente juicio de amparo. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se declara abierto el periodo de alegatos, en el que se hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público Federal adscrita los formuló; por lo cual se procede a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia, y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 669/2018, de su índice. R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, Anay Guadalupe Flores Samaniego, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos siguientes: "2° Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 3° Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 4° Titular del Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal Femenil de Readaptación Social No 16 "CPS" Morelos. 5° Encargado del despacho del Área de Psicología y Clínico-criminológica del mismo centro antes mencionado. (.) III.- Autoridades responsables señalo como autoridades responsables ordenadora y ejecutora a las siguientes: Directora general de readaptación social del CPS No 16. 2° Directora Técnica del Centro de readaptación social del "CPS" No 16. 3° Encargada y Jefa de Área de COC y o Criminología Encargada de revisiones del Centro de Readaptación Social "No 16 CPS". IV.- Acto reclamado: De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras reclamo: Se aplica en mi persona 1° Daños emocionales 2° Caso omiso a la atención crimino-psicológica que he estado solicitando de acuerdo a mis problemas del estado emocional que presento 3° Solicito me reubiquen al módulo 6 pabellón 1, planta alta por mi estado emocional, solicito dicha reubicación para salvaguardar mi integridad moral, física y psicológica, ya que en el pabellón "2" donde actualmente me encuentro sufro de ataques físicos y verbales por parte de compañeras, tengo miedo de que atenten sobre mi persona por ello solicito ser reubicada lo antes posible". Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4 y 18, de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda, ampliación y trámite del juicio. De la referida demanda tocó conocer a este juzgado, el cual por auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, este juzgado admitió la demanda de amparo pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional, que, previos diferimientos, inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdos generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia administrativa llevado a cabo por una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de proporcionar a la quejosa atención médica psicológica para sus problemas emocionales. Sin que sea el caso tener como acto reclamado: 1).- Los daños emocionales y 2).- La solicitud en el sentido de que se le reubique del pabellón 2 -en el que actualmente se encuentra recluida- al módulo 6, pabellón I, Planta alta. Lo anterior ya que dichos actos no los reclama por vicios propios sino como una causa que le provoca los problemas emocionales que padece, pues refiere que por encontrarse en ese lugar tiene temor de que sus compañeras atenten en su contra. III. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertas las omisiones reclamada a las autoridades responsables denominadas: 1).- Coordinador General de Centros Federales y 2).- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, ya que al rendir su informe justificado lo negaron (foja 32 del juicio de amparo). Además, los actos reclamados son competencia del Director del Centro Penitenciario de referencia, como se advierte del artículo 13, fracciones I y II, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social que señala que compete a dicho director administrar organizar y operar el centro federal, así como aplicar las disposiciones y normas generales y especiales que rijan a dicho Centro de Readaptación, entre las que se encuentran las que rigen al titular del Área Médica del mismo Centro, de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de referencia a quien corresponde proporcionar a los internos la atención médica necesaria. Tampoco es cierta la omisión reclamada respecto de la Directora General, Directora Técnica y Directora de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social No 16 CPS FEMENIL MORELOS, pues además de que así lo manifestaron en su informe con justificación (fojas 36 a 42 del juicio de amparo), ello también se advierte de autos, como se explica a continuación. Para demostrar la existencia o inexistencia de la omisión reclamada, debemos partir de que, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se incorporó el derecho humano a la protección de la salud en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual, en lo que interesa, a la fecha establece lo siguiente: "Artículo 4º.- (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)" Posteriormente, en otras reformas constitucionales, se precisó el alcance del derecho a la salud a determinados grupos vulnerables, en lo que aquí concierne, en el precepto constitucional 18 se hizo referencia a la organización del sistema penitenciario con respecto del aludido derecho tratándose del sentenciado. Y esto último es el tema específico que aquí nos interesa, ya que es mandato constitucional que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, haciendo especial mención a la salud, como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Atento a lo anterior, la protección a la salud es una obligación por parte del Estado respecto de las personas recluidas que debe atenderse no en sentido abstracto, sino individualmente y que se cumple contando con sistemas de salud a disposición de los internos y que se individualiza siempre que exista una necesidad y, ante ella, una solicitud por parte del sentenciado. En efecto, en atención a esa esfera individual para que el Estado brinde la protección a la salud y el gobernado la obtenga, se requiere de presupuestos lógicos indispensables, a saber: necesidad y solicitud. Ello es así, porque sobre el derecho a la protección de la salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la protección en comento se trata de un derecho fundamental reconocido por la Carta Magna, el cual, en lo individual, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad física-psicológica. Lo anterior está contenido en la tesis 1a. CCLXVII/2016 (10a.), con registro 2013137, publicada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras". Nótese que, en relación a la protección a la salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conceptualizó como la obtención de un determinado bienestar, lo cual, al tratarse de obtener algo, por definición, requiere de presupuestos lógicos que tengan por objeto la búsqueda de ese satisfactor, como puede ser una petición, lo que invariablemente está íntimamente ligado a la necesidad que de ello se tenga. Y esto también es entendido así por instrumentos internacionales, en específico, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en su punto 24, en relación al tema de protección a la salud, alude al parámetro de necesidad, en tanto que establece que el médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario. Incluso, particularmente en este tipo de asuntos -donde la protección de la salud es solicitada por mujeres-, debe tenerse en cuenta que en los centros de reclusión para mujeres debe brindarse la atención médica y los servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y en el Acuerdo por el que se incorpora al Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos. Con base en lo anterior, la protección a la salud como disponibilidad de los servicios médicos debe tener un sustento racional, pues atendiendo a la abstracción del significado de esos conceptos por los que se patentiza el derecho a la salud, se requiere acotar los supuestos en los cuales debe responder la autoridad a fin de garantizarlos en cada caso en concreto. En este sentido, cuando se sostenga que existe una omisión por parte del Estado -autoridades penitenciarias- de proporcionar protección de la salud, este tipo de omisión no debe entenderse en términos materiales, esto es, sólo desde la perspectiva de que la autoridad no haga algo abstracto, sino que la existencia debe ser jurídica, en la medida en que la obligación de actuar garantizando disponibilidad y acceso de atención médica surge por parte de la autoridad cuando exista una petición fundada en la necesidad para que, ante ello, la autoridad esté enterada de tal requisición. Y es que si bien las autoridades están obligadas a garantizar el derecho a la salud, en ninguna parte de su interpretación puede derivarse válidamente que no medie petición o necesidad del servicio, pues aun cuando exista la omisión en abstracto no se acreditaría la falta de observar una obligación jurídica de actuar si no existió la necesidad del servicio y que sobre esa base se solicite. En suma, para tener por existente la omisión de brindar protección a la salud deben existir elementos probatorios que conduzcan a la convicción de que la autoridad estuvo en aptitud de percatarse de la necesidad de algún interno de recibir atención médica para el restablecimiento de su estado de salud y ésta no actuó en el sentido de garantizar su atención médica, o por otra parte que existió petición expresa del interno y ésta no fue atendida o ignorada. Lo que no ocurre en este asunto, puesto que no se advierte en autos que antes de la presentación de la demanda que en alguna de las consultas que se le han realizado haya manifestado algún padecimiento ajeno a los ahí tratados y que no se le haya atendido o ignorado. En efecto, esto último es así, ya que del informe justificado y sus anexos se desprende que a la quejosa se le ha brindado atención médica psicológica; esto antes y después de la presentación de la demanda. Lo anterior se ilustra en el siguiente cuadro: Fecha de valoración médica Padecimiento diagnosticado Tratamiento otorgado Treinta de abril de dos mil dieciocho. (Nota informativa y Formato de atención individual) Ninguno 1. Valoración emocional. 2. Se hizo constar que a la paciente se le observó en adecuadas condiciones de higiene y aliño personal portando el uniforme institucional de manera adecuada, apreciándose mentalmente funcional. Presentó estado de conciencia alerta, así como adecuada ubicación en las esferas de tiempo, espacio y persona, denotó juicio de realidad conservando, atención y concentración centradas. Se expresó mediante lenguaje de contenido lógico, coherente y congruente, con tono de voz medio. Denota pensamiento concreto, de tipo inductivo. Ostentó memoria conservada a corto, mediano y largo plazo. Se observó con estado anímico eutmímico y afecto apropiado. Diversas fechas de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho (Lista de Asistencia a Servicios Oficina de Psicología) ATENCIÓN PSICOLÓGICA SALUD MENTAL ATENCIÓN PSICOLÓGICA DUELO MANEJO DE EMOCIONES SEXUALIDAD Diecinueve de abril de dos mil dieciocho (Nota de negación a recibir atención médica) NINGUNO LA PACIENTE SEÑALÓ QUE NO ERA SU DESEO IR PORQUE SE ENCONTRABA BIEN DE SALUD Veinticinco de abril de dos mil dieciocho (Nota de negación a recibir atención médica) NINGUNO LA PACIENTE SEÑALÓ QUE NO ERA SU DESEO IR AL HOSPITAL Ocho de mayo de dos mil dieciocho (Nota médica) OBESIDAD, ESTREÑIMIENTO Y LUMBALGIA 1.- DIETA REDUCTIVA DE 1700 CALORIAS FRACCIONADA EN QUINTOS CON COLACIONES DE FRUTAS, VERDURAS Y/O GELATIVA Y ALTA EN FIBRA, BAJA EN GRASAS Y SIN IRRITANTES POR 6 MESES 2.- ACEITE DE RECINO 3 CUCHARADAS POR RAZÓN NECESARIA 3.- INCAPACIDAD PARA PLANTA BAJA POR 3 MESES 4.- ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETAS 1 CADA 12 HORAS POR 10 DÍAS Y POSTERIOR 1 CADA 24 HORAS POR 30 DÍAS 5.- DICLOFENACO O IBUPROFENO 1 CADA 24 HORAS POR 10 DÍAS. De lo anterior se advierte que la quejosa ha recibido atención médica general y psicológica en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos antes y después de la presentación de la demanda de amparo. Además de lo anterior, cabe precisar que al momento de esas valoraciones la impetrante de amparo no manifestó sintomatología diversa a la que ahí se le atendió y que no le fuera tratada; aunando a que el médico tratante no sugirió valoración por ninguna especialidad; toda vez que los padecimientos que presentó ya fueron atendidos en los términos señalados. Por otra parte, ciertamente, existen valoraciones médicas ocurridas con posterioridad a la presentación de la demanda, pero también es verdad que antes de eso no está acreditada una necesidad de la quejosa que no hubiera sido atendida, previo a la promoción de este juicio para recibir ese tipo de servicio de salud ni se advierte que al momento de las valoraciones médicas la peticionaria de amparo así lo haya hecho valer, sin que hubiera tenido respuesta alguna o se le hubiera negado el servicio psicológico, de ahí que no existe el presupuesto de las omisiones reclamadas y, por ende, es inexistente jurídicamente la desatención reclamada. Véase, pues, que de todo lo expuesto, contrario a lo que sostiene la quejosa, la autoridad responsable no ha sido omisa en brindarle la atención psicológica necesaria para valorar sus padecimientos y los tratamientos médicos necesarios para tratarlos, es decir, se advierte que la peticionaria de amparo ha recibido atención médica psicológica. Así, contrario a lo sostenido por la quejosa, la autoridad responsable le ha garantizado el acceso a los servicios de salud necesarios para atenderla así como para mejorar su calidad de vida; máxime que no existe prueba en autos que contradiga lo idóneo de las valoraciones médicas realizadas, la calidad del personal médico que lo realizó, ni lo adecuado de los tratamientos que les fueron proporcionados. Cabe precisar que no se desconoce el criterio jurisprudencial PC.VII.P. J/3 P (10a.), con registro 2014072, emitido por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 1096, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. El Estado es responsable, en su condición de garante, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia; así, en términos del numeral 29 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos, así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo. En ese tenor, cuando el acto reclamado por un interno en el juicio de amparo consiste en la negativa u omisión de proporcionarle atención médica y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niega el acto y exhibe diversas constancias para acreditar que sí ha proporcionado al recluso el servicio médico, no procede sobreseer en el juicio de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexistencia del acto reclamado, sino determinar, mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste, precisamente, el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica (para determinar la existencia o no del acto), atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada". Sin embargo, este criterio no resulta vinculante para este juzgador, de conformidad con lo estipulado en el artículo 217 de la Ley de Amparo, pero además no es aplicable. Ahí se analizó el supuesto de que el acto reclamado lo constituye la negativa u omisión de proporcionar atención médica (incluidos los medicamentos) y la autoridad responsable lo niegue y exhiba diversas constancias para justificar que brindó atención médica; y se dijo que debe realizarse un pronunciamiento de fondo, pues parte de la base de que aun y cuando se realice un análisis de procedencia del juicio de amparo, en relación a la existencia o no del acto reclamado, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias que lo integran para establecer si se le ha prestado o no la atención médica, atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada. Nótese de lo anterior que el criterio en comento da por sentado que el pronunciamiento de fondo debe darse en función de que precisamente exista un padecimiento reportado y, en esa medida, el operador jurídico debe ponderar si de acuerdo al padecimiento reportado y la atención médica proporcionada se ha respetado o no el derecho humano a la salud. Y, como quedó explicado en este apartado, en el presente asunto, justamente, se llega a la conclusión de que la omisión reclamada es inexistente en tanto que no está acreditada la necesidad de la quejosa de dicha atención médica, en la medida en que no existe una necesidad no atendida, lo cual es indispensable para tener por acreditada la existencia de la omisión reclamada y en el fondo analizar si está o no justificada o si en los términos solicitados no ha sido atendida; esto es así debido a que dicha omisión no debe ser considerada en abstracto, sino atendiendo a las circunstancias específicas solicitadas en el caso, según quedó evidenciado al exponer las razones que llevaron a sobreseer en el juicio por inexistencia de la omisión combatida. En consecuencia, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Así con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ante Macario Oviedo González, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de intervención ministerial que suscribe la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Atento a su contenido, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas en el mismo, en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación al momento de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Por cuanto hace a la copia certificada que solicita, deberá estarse a lo acordado en auto de veintitrés de abril del presente año. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, el INFORME JUSTIFICADO que en forma conjunta rinde la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", Directora Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", y Directora de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos; al que anexan copia certificada de las constancias de donde emana el acto reclamado; con su contenido dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Téngase como Delegados de las autoridades responsables, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que designan en su informe. Asimismo, las citadas responsables informan que dentro de la estructura orgánica de dicho Centro Federal no existen las autoridades que la quejosa denominó como Encargada del despacho del área de Psicología y Clínico-Criminológico, y encargada y jefa del área de COC Y/O Criminólogo encargada de reubicaciones del Centro Federal Femenil Número 16 "CPS Morelos"; en esas condiciones, se les tiene por inexistentes para todos los efectos legales consiguientes. Toda vez que los alcances de la suplencia de la queja no operan en el señalamiento de las autoridades responsables, tal y como se desprende de la fracción III, del artículo 79 de la Ley de Amparo; además de que el numeral 108, fracción III de la legislación en cita, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables. Cobra aplicación en el presente caso, la jurisprudencia XVII.2o. J/1, correspondiente a la Novena Época, consultable en la página 567. Del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Mayo de 1996, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO." Así como la tesis III.2o.P.36 K, visible en la página 2329, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de enero de 2006, sustentada por los Tribunales Colegiados, correspondiente a la Novena Época, bajo el siguiente rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." En relación a las manifestaciones de las autoridades responsables en el sentido de que se oponen a que se publiquen los nombres y datos personales en relación a la sentencia que dicte este Juzgado de Distrito, no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que de su informe no se advierte que contenga información de carácter reservada o confidencial, de donde se concluye que la protección de los datos personales de referencia sólo constituye un derecho para las personas físicas, pues así lo señala la fracción II del artículo 3 de la ley mencionada, al indicar que por aquéllos debe entenderse la información concerniente a una persona física identificada o identificable, excluyendo así a las personas morales, entre las que se encuentran las autoridades responsables. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por conducto de su defensor Público Federal. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

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