Anatolio Delgadillo Cortez
Expediente 1704/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1704/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Anatolio Delgadillo Cortez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Alegatos. Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; visto su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al promovente formulando los alegatos ministeriales de referencia, con los que se dará cuenta en la audiencia constitucional que se celebre, en términos del citado numeral. Como lo solicita el fiscal, expídasele copia certificada de la sentencia que en su momento se pronuncie. Causal de improcedencia. Se tiene a dicho fiscal alegando la causa de improcedencia que refiere, la cual será analizada al momento de emitir el fallo respectivo. 8
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio firmado por la Jueza Segunda Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, mediante el cual rinde su informe justificado. En consecuencia, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido por el plazo continuo y genérico de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Informa imposibilidad para remitir constancias. Por otra parte, se tiene a la autoridad oficiante informando su imposibilidad material para remitir las constancias con las cuales sostiene la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que refiere que, mediante oficio 1148/2023, suscrito el diecisiete de mayo de este año, remitió los autos del expediente 290/2022 de su índice, al Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, con motivo del pronunciamiento de incompetencia por razón de territorio efectuado en dicho juicio de origen. Lo anterior, en virtud de que resolvió modificar la guarda y custodia de la niña F.G.T. a favor de su padre Abraham Grandes Colunga, la cual se ejerce en el domicilio ubicado en calle corregidora, número 6, en San Jerónimo Caleras, Puebla, Estado de Puebla. Incompetencia. Con el fin de demostrar el siguiente pronunciamiento, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)." En términos generales, la competencia en materia de amparo puede determinarse por tres circunstancias, a saber, por razón de la vía, por territorio y por materia. En ese contexto, la competencia en atención a la vía se subdivide en aquella para conocer del amparo indirecto o bien del amparo directo; la primera se encuentra establecida en el artículo 107, fracción VII, de la constitución, así como por el numeral 107 de la Ley de Amparo; mientras que la segunda se contempla en el precepto 107, fracción V, de la Carta Magna, y en el ordinal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. La competencia por materia se encuentra subdividida en las siguientes clases: penal, administrativa, civil y laboral, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 56, 57, 60 y 61 respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, la competencia por territorio, se prevé en el numeral 37 de la ley en la materia y, para establecerse, se debe tomar en cuenta si el acto reclamado tiene ejecución o carece de ella, el cual de su contenido, se advierte: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese sentido, los derechos legalidad y de seguridad jurídica derivan del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. En congruencia con ese numeral, el legislador ordinario al crear el numeral 37 de la Ley de Amparo trazó tres reglas diferentes para establecer la competencia, las cuales son: -El primero, consistente en que la competencia para conocer del juicio de amparo se surtirá a favor del que resida en el lugar donde los actos reclamados deban tener ejecución, en donde traten de ejecutarse, en el que se ejecuten o ya se hayan ejecutado; -El segundo, se refiere a los casos en que los actos han empezado a ejecutarse en un distrito y continúan ejecutándose en otro, hipótesis en la cual el juez federal competente será aquel ante el que se hubiere presentado la demanda; y, -El tercero, se actualiza ante la ausencia de ejecución material de los actos reprochados, en cuyo caso será competente el Juez Federal ante el que se hubiere presentado la demanda. De lo anterior se obtiene que el lugar de ejecución de los actos impugnados juega un papel preponderante para determinar la competencia por territorio de los Jueces federales. De ahí que, en congruencia con la primera regla deducida del numeral 37 de la Ley de Amparo y atento a la naturaleza jurídica de los actos que aquí se reclama consistentes en la guarda y custodia de la niña a favor de su padre así como su ejecución material inmediata, corresponde conocer del juicio constitucional al Juzgador Federal que ejerza sus funciones en el lugar en que se ejecutará la misma. Por ende, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde se materialice la determinación combatida, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico. Caso concreto. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se puede desprender que la infante quejosa reclama la resolución de veintiocho de abril del presente año, dictada en el juicio 290/2022, en la cual se decretó su guarda y custodia provisional a su progenitor Abraham Grandes Colunga. Ante ello, del ocurso de cuenta se desprende que la juez responsable aceptó la existencia de la determinación reclamada; además, refirió que, mediante oficio 1148/2023, suscrito el diecisiete de mayo de este año, remitió los autos del expediente 290/2022, de su índice, al Juez Familiar competente del Municipio de Puebla, Puebla, con motivo del pronunciamiento de incompetencia por razón de territorio efectuado en dicho juicio de origen; ello, en atención a que, en el proveído reclamado, resolvió modificar la guardia y custodia de la menor quejosa a favor del progenitor indicado en el párrafo precedente, la cual se ejercerá en el domicilio ubicado en calle Corregidora número 6, San Jerónimo Caleras, Puebla, Estado de Puebla, estableciendo el régimen de convivencias de tal infante con su madre Yessica Laura Téllez Sánchez. Conforme a lo anterior, debe atenderse al principio de ejecución, que en este caso es el sitio en el que se verificarán los actos que realmente pueden causar afectación material a la niña quejosa, esto es, en el municipio de Puebla, Estado de Puebla. Sustenta esta determinación la jurisprudencia de la Séptima Época, con registro digital 238543, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 66, tercera parte, materia común, página 53, que señala: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." Por lo que, debe concluirse que de la interpretación armónica del aludido artículo 37 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 3/2013 así como el diverso 16/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se colige que es competente para conocer del presente juicio, como ya se anticipó el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se pretende llevar a cabo la ejecución del acto reclamado. En esas condiciones, es competente para conocer del presente juicio de amparo el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en turno, quien ejerce jurisdicción en el lugar en donde los actos reclamados se encuentran ejecutando. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, se declara carecer de competencia para conocer y resolver el presente asunto, declinándola en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en turno, por lo cual remítanse las constancias del expediente a dicho órgano jurisdiccional, para que dentro del plazo legal a que se contrae el segundo de los numerales en cita, comunique a este juzgado si acepta o no el conocimiento para la resolución del asunto. Cuaderno de antecedentes. Con copia simple de la demanda de amparo y demás constancias pertinentes, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Audiencia constitucional. Finalmente, si bien se encontraba señalada la audiencia constitucional para las once horas del veintitrés de octubre de la presente anualidad y no fue posible su desahogo por causas de fuerza mayor, lo cierto es que atendiendo lo determinado anteriormente, se deja sin efectos su señalamiento..M-I
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Se devuelve al archivo. Al haberse satisfecho el motivo por el cual fue extraída del archivo de este juzgado federal la pieza de autos en que se actúa, devuélvase la misma al citado lugar, para su guarda y custodia...2
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Firme cumplimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron el auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés mediante el cual se declaró por cumplido el fallo protector dentro del término de quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que dicha determinación ha quedado firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Tomando en consideración el estado procesal de autos, archívese este asunto como totalmente concluido, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente se valora como conservable, al haberse concedido la protección constitucional, por lo que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, procédase a su transferencia. Devolución de constancias. Por otro lado, devuélvase a la autoridad Juez de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, copias auténticas de la causa penal 193/2023 y tres discos versátiles digitales, que remitió en apoyo a su informe justificado; sin que haya a lugar solicitar acuse de recibo ya que su recepción deberá hacerse constar en el oficio enviado para tal fin. Incidente de suspensión. Finalmente, con el contenido de este acuerdo dese cuenta en el incidente de suspensión y provéase lo conducente. 8
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