Anatolio David Guerra Grajales

Expediente 145/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
145/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • Anatolio David Guerra Grajales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 1363 a 1367), en el cual se decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. En el entendido de que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito, al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante el cual en contestación al requerimiento formulado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, remite copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente 1690/2016 de su índice, por lo que se ordena agregarlos a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de la revisión de las constancias, se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues cesó el acto reclamado consistente en la negativa de reconocer a su menor hijo A.D.G.F., dentro del expediente 1690/2016, del índice de la autoridad responsable. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La negativa de reconocer a su menor hijo A.D.G.F., dentro del expediente 1690/2016, del índice de la autoridad responsable. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: " Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, remitió copia certificada del proveído por el que tuvo al quejoso informando que en cumplimiento a la indicación de comparecer ante el oficial 01 del Registro Civil en el Estado de Tlaxcala, para que realice el reconocimiento del menor referido y lleve su apellido paterno, se llevó a cabo dicho reconocimiento, exhibiendo para tal efecto el comprobante digital del pago de derechos, así como copia del acta de nacimiento del menor aludido. Ahora bien, de autos se advierte que por auto de cinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 1340 a 1345), el Juez responsable señaló que a las doce horas del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, Tania Libertad Gómez Fernández, Anatolio David Guerra Grajales y la Directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, (esta última debiendo llevar al menor A.D.G.F.), comparecieran ante el oficial 01 del Registro Civil en el Estado de Tlaxcala, para que el aquí quejoso realice el reconocimiento del menor referido y lleve su apellido paterno. Asimismo, por auto de diecinueve de abril del año en curso (fojas 1358 a 1361), la responsable tuvo a Tania Libertad Gómez Fernández y a Anatolio David Guerra Grajales, informando que se llevó a cabo el reconocimiento de su menor hijo A.D.G.F., exhibiendo para tal efecto copia simple del acta de nacimiento del menor y del pago del comprobante fiscal digital; documentales a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, máxime que por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de abril último (foja 1332), el quejoso realizó diversas manifestaciones en las que comunicó que ha reconocido a su menor hijo A.D.G.F., el cual ya lleva su apellido y ahora lleva como nombre y apellidos A.D.G.G. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por Anatolio David Guerra Grajales, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no podría desvirtuar la causal de improcedencia, máxime que es la misma parte quejosa quien tanto ante la autoridad responsable como ante este Juzgador, manifestó que se llevó a cabo el reconocimiento del menor referido. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que por auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho (fojas 1334 y 1335), se requirió al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc para que en el término de tres días remitiera copia certificada de las constancias con las cuales informe el resultado de la diligencia de reconocimiento de menor, plazo que aún continua transcurriendo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, dado el volumen del juicio en que se actúa, con el presente acuerdo se ordena formar el segundo tomo, a fin de facilitar su manejo, por lo que procédase a realizar las respectivas certificaciones del cierre del tomo I y la apertura del tomo II. Por otra parte, agréguese el oficio con anexo, signado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a través del cual informa que se señalaron las doce horas del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, a efecto de que Tania Libertad Gómez Fernández, Anatolio David Guerra Grajales y la Directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, (esta última debiendo llevar al menor A.D.G.F.), comparezcan ante el oficial 01 del Registro Civil en el Estado de Tlaxcala, para que el aquí quejoso realice el reconocimiento del menor referido y lleve su apellido paterno; de lo cual, este órgano jurisdiccional toma nota para los efectos legales conducentes. Asimismo, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal señalado, en términos de su artículo 2°, requiérasele a la autoridad oficiante para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias con las cuales informe el resultado de la diligencia señalada en el párrafo precedente, apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en los artículos 237 fracción I, en relación con el diverso 260 fracción II, de la Ley de Amparo. En otro orden, agréguese a los autos el escrito y anexo, signado por el quejoso Anatolio David Guerra Grajales; en atención a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza vía alegatos, las cuales serán tomadas en consideración en la etapa procesal correspondiente de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por oficio SEADS/365/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó el acuerdo de la misma fecha del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó la readscripción del Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en sustitución del ahora Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular, por el termino de tres días, a fin de que estén en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga.

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