Anastasio Rubio García
Expediente 904/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Anastasio Rubio García
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo e informa que se avocó al conocimiento del asunto por cuestión de materia, se declara incompetente por razón de territorio y ordena remitirlo a un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno; de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales conducentes. Archívese el presente cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente asunto, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ... contra diversos acto y omisiones atribuidos a las Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como la de Movilidad del Estado de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1 y 103 constitucional; al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 904/2021. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. I N C O M P E T E N C I A Atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables y a los actos reclamados, este Juzgado declina competencia legal para examinar su constitucionalidad, por lo siguiente: Conforme al ordinal 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los y las jueces de distrito en materia administrativa conocerán de los amparos que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial. Atendiendo a esta regla, la preeminencia competencial entre dos jueces de distrito de distinta materia, se obtiene en razón de la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales. Sirve de apoyo, la tesis I.3º.C.100 K, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 1431 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, registro 163502, que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." En el caso, una lectura integral de la demanda de amparo, permite advertir que el quejoso se duele de la expedición de placas a favor de distintas personas que dice carecen de vinculación con una empresa; la negativa de emplacamiento a su favor, las agresiones físicas y verbales, así como el daño a su propiedad y el empleo de rutas distintas; alegando un consentimiento y apoyo de las autoridades responsables. Los actos reclamados se fijan en estos términos, después de examinar íntegramente la demanda de amparo, atento al principio de exhaustividad y congruencia. Al respecto se invoca la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, es claro que no hay una controversia del orden civil relacionada entre los señalamientos de la parte quejosa; y tampoco hay un juez del orden civil o mercantil señalado como responsable, atribuyéndole una conducta concreta. Entonces, los actos atribuidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como a la de Movilidad en el Estado de México, inciden en el supuesto consentimiento y coadyuvancia ilegítima en temas como el emplacamiento, el uso de rutas y el indebido ejercicio de potestades relacionadas al transporte público, cuyas actuaciones trajeron como consecuencia agresiones verbales golpeadores y quema de sus unidades de transporte, así como la ejecución de diversos operativos donde le fueron recogidas sesenta y cuatro unidades, lo que aduce provocó su indefensión. Así, dado que lo que se tiene en forma destacada es la naturaleza de las autoridades y un alegado ejercicio indebido de funciones y supuesta anuencia con actos ilegítimos relacionados al transporte público; entonces, se considera que la competencia corresponde a un órgano especializado en materia administrativa, pues se insiste ningún elemento se aporta que atraiga el negocio a la jurisdicción civil; y por el contrario, la narración de eventos apunta a un tema relacionado a servicios públicos vinculados con el transporte. Apoya a lo anterior, la tesis P. IX/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época, en Materias(s): Administrativa, Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 324, que dispone: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SE DISTINGUEN POR SU FINALIDAD DE ORDEN PÚBLICO Y POR EL RÉGIMEN EXORBITANTE DEL DERECHO CIVIL A QUE ESTÁN SUJETOS. La naturaleza administrativa de un contrato celebrado entre un órgano estatal y un particular puede válidamente deducirse de la finalidad de orden público que persigue, identificada también como utilidad pública o utilidad social, así como del régimen exorbitante del derecho civil a que está sujeto. De ello se infiere que los contratos celebrados por un órgano estatal con los particulares están regidos por el derecho privado cuando su objeto no esté vinculado estrecha y necesariamente con el cumplimiento de las atribuciones públicas del Estado y, por lo mismo, la satisfacción de las necesidades colectivas no se perjudique porque en aquellos actos el Estado no haga uso de los medios que le autoriza su régimen especial. Por el contrario, cuando el objeto o la finalidad del contrato estén íntimamente vinculados al cumplimiento de las atribuciones estatales, de tal manera que la satisfacción de las necesidades colectivas no sea indiferente a la forma de ejecución de las obligaciones contractuales, entonces se estará en presencia de un contrato administrativo, siendo válido estipular cláusulas exorbitantes que, desde la óptica del derecho privado, pudieran resultar nulas, pero que en el campo administrativo no lo son, en atención a la necesidad de asegurar el funcionamiento regular y continuo del servicio público." También, por su contenido, se cita la tesis 2a. LXXIII/2011, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Materias(s): Común, página 527, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE UNA ESCRITURA PÚBLICA TRASLATIVA DE DOMINIO SOBRE BIENES EMBARGADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SE SURTE A FAVOR DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. De los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora bien, cuando se promueve un amparo contra la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de una escritura traslativa de dominio en bienes embargados en un juicio ejecutivo mercantil, sin reclamar alguna actuación derivada de éste ni señalar como responsable a una autoridad jurisdiccional de carácter civil, es evidente que se cuestiona un acto administrativo emanado de una autoridad de la misma naturaleza, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa a los órganos jurisdiccionales especializados en la materia administrativa." Entonces, de conformidad con la fracción IV, del artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el suscrito considera que una Juez o Jueza Federal en Materia Administrativa debe conocer del presente juicio constitucional. Por lo expuesto, se declina competencia para conocer de la demanda y sin proveer sobre su admisión, remítase junto con sus traslados a la Jueza o Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitando el acuse de recibo respectivo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos citados, se R E S U E L V E : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ... contra diversos acto y omisiones atribuidos a las Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como la de Movilidad del Estado de México. SEGUNDO. Remítanse los presentes autos a la Jueza o Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- ANA ZYNZHAYA AXTLE ORTÍZ y Otros.201/2020
- Anabel Calzada Pérez1018/2016
- Anahuac Carrizales Hernández181/2021
- ANAID ELENA VALERO MANZANO y Otros.946/2023
- Anaid Estrada Espinosa595/2019
- Anastacio Hernández Moreno963/2013
- Anayancy Hinojosa Trejo912/2018
- Andrea Berenice Juárez Corona1058/2017
- ANDREA GIL MARTÍNEZ y Otros.154/2019
- Andrea Gil Martínez208/2020
- Andrea González Chacón89/2020
- Andrea González Chacón1265/2022