Anastasio Gutiérrez García

Expediente 492/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
492/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Anastasio Gutiérrez García

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2, se declara que dicha determinación ha causado estado. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 21, 22 y 23, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida el quejoso Anastasio Gutiérrez García, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Istmo, sede Santo Domingo Tehuantepec y otras autoridades, que hace consistir literalmente en: ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 492 2023-I-B. DESECHAMIENTO Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Asimismo, ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. En la especie, el promovente señaló como acto reclamado la orden de aprehensión librada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el causa penal 491/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Tehuantepec, Oaxaca. Ante dicho panorama, SE DESECHA LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señala "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" La hipótesis legal en cita se debe analizar conjuntamente con lo que establece el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, Constitucional, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." El interés jurídico a que alude el precepto legal transcrito consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en vía de amparo algún acto jurisdiccional violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere en principio a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular; por lo que, en el supuesto de no acreditarse lo anterior, la acción de amparo resulta improcedente; es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el impetrante, es necesario que hubiere sufrido de manera real y actual una afectación a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107 constitucional y 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Conforme a esos preceptos legales, se prevé que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue la conculcación de los derechos reconocidos en la Carta Magna, en virtud del acto de autoridad que se reclama, circunstancia anterior que, a su vez, habrá de trascender en la esfera jurídica de la quejosa de manera directa ?interés jurídico?, o bien, en consecuencia de su especial situación frente al orden jurídico ?interés legítimo?. Entonces, el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se trata de un derecho subjetivo que protege alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Así, el interés jurídico necesario para acudir al juicio constitucional entraña la existencia de dos elementos, a saber: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Lo anterior se obtiene de la jurisprudencia 168/2007 que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225 del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a letra señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico debe acreditarse plenamente en el juicio y no puede inferirse en base a presunciones, toda vez que en atención a la naturaleza del juicio constitucional - que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen los derechos fundamentales de los gobernados-, la protección de la Justicia Federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder cuando el acto reclamado no le cause algún perjuicio. Tal aseveración se apoya en la jurisprudencia 2a./J.16/94 que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, del Tomo número 82, Octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En ese sentido, es dable advertir que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio, y así, el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la Ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que también se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, y que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por ello, sólo tiene interés jurídico aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Sobre el particular es aplicable el criterio de jurisprudencia que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en su anterior integración, Séptima Época, mismo que es del tenor literal siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". Ahora, en el caso concreto el quejoso se duele de que el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se libró contra él una orden de aprehensión dentro de la causa penal 491/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Tehuantepec, Oaxaca. Luego, los antecedentes que expuso en la demanda deben ser relacionados con la constancia que para tal efecto agregó. De ella se desprende que el treinta y uno de agosto del año en curso, se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía General Zona Centro, contra el acuerdo de quince del mismo mes y año. Dicho medio de impugnación fue resuelto de plano, el cual versó sobre el hecho de que en el acuerdo impugnado no se señaló fecha y hora para la audiencia de imposición de medidas cautelares a los imputados Anastacio Gutiérrez García, Esteban Sánchez Gallegos y Jesús Ruiz Aquino, lo cual fue declarado fundado, por lo cual se revocó parcialmente el auto recurrido. Derivado de lo anterior, se señalaron las doce horas del once de septiembre de esta anualidad para llevar a cabo la audiencia de debate sobre la imposición o no de medidas cautelares; en consecuencia, se citó a Anastacio Gutiérrez García [aquí quejoso] Esteban Sánchez Gallegos y Jesús Ruiz Aquino, para que comparecieran a dicha diligencia, bajo el apercibimiento de que, en caso de incomparecencia injustificada, el Ministerio Público podría solicitar que se les declarara sustraídos de la acción de la justicia y se libre orden de aprehensión. En efecto, la sola emisión del acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, no causa ningún perjuicio, pues para que ello suceda es indispensable que falte injustificadamente a la audiencia antes descrita, pues entonces existe la posibilidad de que el Ministerio Público solicite se le declare sustraído de la acción de la justicia y, probablemente, peticione se gire una orden de aprehensión en su contra, lo cual, en su caso, se encuentra sujeto a lo que decida el juez de control, siendo que, en la hipótesis de que declarara válidos los argumentos que se expongan, existiría la probabilidad de que otorgue el mandato de captura, lo que en todo caso sería lo que realmente le causaría un daño, lo que en la especie no ha sucedido, de ahí que no haya sufrido una afectación que le incorpore un derecho para reclamar dicha actuación a través del juicio de amparo. Dicho de otra manera, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del promovente, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños y perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente su esfera jurídica, como en el caso acontece. En ese sentido, es evidente que se necesita de un derecho real y positivo que se vea menoscabado, pues si la violación en nada hubiese dañado al quejoso, entonces el juicio de amparo resulta improcedente, en el cual no se deben tratar de discusiones abstractas sobre violaciones constitucionales, ni la responsabilidad en que puede incurrir la autoridad responsable, sino de la protección practica y eficaz de los derechos violados. Lo anterior es así, pues para la procedencia del juicio de amparo, debe existir una afectación real al derecho tutelado; de ahí que en el caso no existe afectación alguna a la parte quejosa que haga procedente el juicio de amparo, ya que el contenido de sus manifestaciones, en relación con la constancia que adjuntó, se advierte que se intenta proteger de un acto que actualmente no existe, pues depende de que en todo caso no asista a la diligencia que fue citado, ello mientras no suceda bajo una causa excusable, de ahí que el simple apercibimiento de librar una orden de aprehensión no es motivo suficiente para estimar que se le produce un daño a su esfera jurídica. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.) de la Décima Época, con registro 2010813, Materia Común, sustentada por los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página dos mil trescientos veintiuno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (enero de 2016), que establece: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Así también, la jurisprudencia 2a./J. 1/2013 (10a.) de la Décima Época, con registro 2003086, Materia Administrativa, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cuatrocientos veintiséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (marzo de 2013), que a la letra dice: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo." De igual manera, por las razones que la sustentan, la tesis con número de registro 256145, publicada en la página 63, volumen 46 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE. La falta de comprobación del interés jurídico para promover el amparo, que se deriva de que no se llega a demostrar ser titular del derecho o estar en la situación de hecho, no provoca la negativa del amparo, ya que esto depende, no de la inexistencia del derecho o del hecho referidos, sino de que, aun cuando ellos existan, su afectación no sea violatoria de garantías constitucionales. De lo que resulta que, cuando ocurre aquella falta de comprobación, es inútil entrar al estudio de la ilegalidad del acto impugnado, el cual de ninguna manera afecta el interés jurídico de la supuesta agraviada, y lo procedente es sobreseer con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos 107 constitucional y 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar indudable y notoria la improcedencia de la acción que mediante ella se pretende ejercer. DOMICILIO Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", indíquesele que como la Ley de Amparo no prevé ese tipo de notificaciones, las mismas se practicarán por medio de lista que se fija en lugar visible del Juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K, registro 195064, publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." AUTORIZADOS Así también, se tiene únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a ******************** y ********************, quienes lo serán conforme a lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente para su práctica en la dirección electrónica que menciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie de la consulta realizada al "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho correo no está asignado a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que asignaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa o las personas que para tal fin autorizó puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por la suscrita Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.

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