Anastasia Molina Atonal
Expediente 950/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Anastasia Molina Atonal
- Anastasia Molina Atonal y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a once de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 388 y 389), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (fojas 394 y 395). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, este Órgano Colegiado resolvió conceder a la parte quejosa la protección constitucional para los efectos siguientes (fojas 159 a 161): "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Reponga el procedimiento a efecto de que requiera a la demandada para que expida a las actoras Anastacia Molina Atonal y Tulia Eulalia Lima Meneses copias certificadas de sus recibos de pago correspondientes a dos mil dieciséis solicitadas mediante el escrito que presentaron, y desahogue la inspección ofrecida por dichas accionantes. 3. Una vez hecho lo anterior en la nueva sentencia que dicte, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, establezca lo siguiente: a) Al ocuparse de la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada determine que opera en términos del artículo 24 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala el cual establece el plazo de cinco años. b) Proceda a integrar al monto de su pensión el cien por ciento por concepto de despensa mensual que reciben los trabajadores en activo, por tratarse de la prestación de canasta básica. 4. Reitere las siguientes determinaciones: a) Que la autoridad demandada debe dejar intocados las resoluciones de pensión otorgadas a los actores en la parte que no fueron objeto de nulidad, tal como se indicó en la sentencia reclamada. b) Que la autoridad demandada dicte otros resolutivos de pensión en los cuales determine los montos de las pensiones de los actores y conforme a los derechos que les conceden las actas 112, 120 y 121 aprobadas por el Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, en relación con el cien por ciento del quinquenio mensual percibido, así como establecer que la pensión de los actores se incrementará anualmente en un cien por ciento en relación a los incrementos otorgados a los trabajadores en activo. c) La autoridad demandada realice el pago de las cantidades por concepto de diferencias salariales que hayan sido determinadas desde la fecha en que se establezca operó la prescripción. d) La demandada otorgue a cada uno de los actores tres despensas que corresponden al año retroactivo a la presentación del juicio, es decir, del año dos mil diecisiete con productos de la canasta básica en un monto de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) o su pago en efectivo por la cantidad de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), más las generadas a partir de la presentación del recurso de revisión y hasta la conclusión del mismo. e) La autoridad demandada realice el cálculo de la pensión y aguinaldo para cada uno desde la fecha en que determine opera la prescripción y subsecuentes hasta el total cumplimiento de la sentencia, considerando los aumentos autorizados a los trabajadores en activo, esto a partir de la disposición que el tribual responsable establezca resulta aplicable. f) Realice el pago de retención indebida del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala del tres por ciento (3%) establecido para pensionados del importe de pensión quincenal por concepto de cuota destinada al Fondo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, más las generadas a partir de la presentación del recurso de revisión y hasta la conclusión del mismo, ello respecto de los actores que proceda realizar dicho pago. 5. Con libertad de jurisdicción subsane las violaciones formales en que incurrió para lo cual deberá realizar lo siguiente: a) Resolver lo que en derecho corresponda respecto de todos los actores sobre el ajuste de las pensiones y pago de diferencias salariales en lo que concierne a aguinaldo, pero deberá exponer de manera fundada y motivada si resultan aplicables o no para tal efecto las actas de sesión ordinaria 102 celebrada el veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, así como la diversa 135 celebrada el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco por el Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, o bien, el artículo 39 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala vigente. b) En relación con la actora María Juana de la Paz Padilla Mendieta resuelva lo que en derecho corresponda respecto a diferencia salariales a razón del cien por ciento del incremento que corresponde a quinquenio." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte lo siguiente: 1. Mediante acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia reclamada de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 174 y 175). 2. En auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno ordenó reponer el procedimiento y determinó lo siguiente (fojas 186 y 187): ? Requirió al Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala para que dentro del término de tres días expidiera a Anastacia Molina Atonal y Tulia Eulalia Lima Meneses copias certificadas de sus recibos de pago correspondientes a dos mil dieciséis, las cuales solicitaron mediante el escrito que presentaron. ? En ese mismo proveído la responsable señaló fecha para que tuviera lugar el desahogo de la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte actora. 2. a) En auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, ello por haber omitido exhibir las copias certificadas de los recibos de pago correspondientes dos mil dieciséis que fueron solicitados por la parte actora, por lo cual le impuso multa consistente en diez unidades de medida de actualización (foja 196 vuelta). En ese proveído requirió de nueva cuenta al mencionado Director para que dentro del término de tres días remitiera las aludidas copias certificadas, con el apercibimiento de multa en caso de desacato (foja 197). 2. b) La apoderada legal de la demandada Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala presentó escrito en el cual manifestó que se encuentra imposibilitada para exhibir la documentación requerida consistente en recibos de pago correspondientes a dos mil dieciséis, pues adujo que los estatutos de la Ley del Archivo del Estado de Tlaxcala, obligan a ese organismo público descentralizado a conservar documentación por un periodo de cinco años (foja 211); motivo por el cual la responsable en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno tuvo por realizadas las referidas manifestaciones y, en virtud de que el mencionado organismo adujo contar con los recibos de pago correspondientes a los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno; en ese mismo auto se le requirió para que exhibiera copias certificadas de los recibos de pago expedidos a la parte actora correspondientes a esos años (foja 208 y vuelta). 2. c) En auto de cinco de noviembre subsecuente se tuvieron por exhibidas las copias certificadas de los recibos de pago de las actoras Anastacia Molina Atonal y Tulia Eulalia Lima Meneses, correspondientes a los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, los cuales remitió el Organismo Público Descentralizado Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por lo cual se ordenó dar vista a dichas enjuiciantes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera (foja 254). 2. d). En auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el escrito presentado por el apoderado legal de las mencionadas enjuiciantes, por lo cual la responsable ordenó que las copias certificadas a que se refiere el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno se entreguen al promovente, previa constancia de recibido (foja 260). 2. e) El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno se llevó a cabo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora (fojas 234 a 247). La responsable el diez de diciembre de dos mil veintiuno dictó una nueva sentencia (266 a 303). No obstante, este órgano colegiado mediante resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, determinó que la responsable incurrió en defecto al pretender dar cumplimiento al fallo protector, básicamente por las razones siguientes (fojas 330 vuelta a 336): "No obstante que la responsable se ajustó a los anteriores lineamientos del fallo protector, se advierte que en otra parte incurrió en defecto, ello por lo que enseguida se explica. En la ejecutoria de amparo, supliendo la deficiencia de los conceptos de violación, se estableció que es ilegal la determinación de la responsable de declarar fundada la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada y, con base en ello, limitar la condena de las prestaciones generadas con anterioridad a un año a la fecha de presentación de la demanda. La parte considerativa del fallo constitucional en la cual se llegó a esa conclusión, es la siguiente: (.) Ahora bien, no pasa inadvertido que al establecerse los efectos del fallo protector en el punto 4, inciso d), se hizo referencia a que la responsable en la nueva sentencia que dictara en cumplimiento a la ejecutoria de amparo debía reiterar el efecto de la nulidad de los actos administrativos impugnados consistente en que la demandada Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala debe otorgar a cada uno de los actores tres despensas que corresponden al año retroactivo a la presentación del juicio, es decir, del año dos mil diecisiete, con productos de la canasta básica en un monto de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) o su pago en efectivo por la cantidad de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), más las generadas a partir de la presentación del recurso de revisión y hasta la conclusión del mismo. Sin embargo, tal condena impuesta a la demandada de entregar tres despensas correspondientes, esto es, como lo había establecido inicialmente en la sentencia reclamada, estaba supeditado a que previamente atendiera el lineamiento que se fijó en las consideraciones en el propio fallo protector en el sentido de que al ocuparse de la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada debía determinar que opera en términos del artículo 24 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala el cual establece el plazo de cinco años. (.) Con relación a esto, la responsable en el considerando VIII del nuevo fallo denominado "sentido de la sentencia" puntualizó que lo procedente era declarar la nulidad absoluta de los actos administrativos impugnados, entre otros, el consistente en ".2) La omisión de pagar a los recurrentes un total de tres despensas al año, a partir de los cinco años previos a la presentación del recurso de revisión" (foja 300 vuelta). Pese a haber establecido lo anterior, en el capítulo titulado "IX efectos de la sentencia" concluyó conceder a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que quede firme la sentencia para que procediera en los siguientes términos (foja 301 vuelta): "4. Otorgue a cada uno de los actores tres despensas que corresponden al año retroactivo a la presentación del juicio, es decir, del año dos mil diecisiete, con productos de la canasta básica en un monto de $1,200.00 (un millón doscientos pesos, cero centavos moneda nacional-sic-) o su pago en efectivo por la cantidad de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), más las generadas a partir de la presentación del recurso de revisión y hasta la conclusión del mismo." Por otra parte, uno de los efectos del fallo protector consiste en que "la autoridad demandada debe realizar el pago de las cantidades por concepto de diferencias salariales que hayan sido determinadas desde la fecha en que se establezca operó la prescripción." Luego, como ya se indicó en esta resolución, la responsable al precisar los efectos de la nueva sentencia de nulidad otorgó a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala para que dentro del término de tres días hábiles realizara a cada uno de los actores el pago de diferencias salariales respecto de la pensión y aguinaldo percibidas en los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y hasta el cumplimiento de la sentencia. Empero, la responsable omitió precisar que las diferencias salariales comprenden desde dos mil doce hasta el diez de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que se emitió la nueva sentencia y las subsecuentes hasta el cumplimiento de la misma. De la propia manera, se advierte que la responsable incurrió en incongruencia debido a que resolvió declarar la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado consistente en la omisión del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala de pagar el cien por ciento (100%), de los aumentos concedidos a los trabajadores en activo a partir de cinco años previos la presentación de la demanda (foja 300 vuelta). Sin embargo, en el punto resolutivos segundo estableció que dicho pago debía realizarse a partir de un año previo a la presentación del recurso de revisión (foja 302), cuando lo correcto es que ello se efectúe a partir de cinco años previos la presentación de la demanda con motivo de que resultó fundada la excepción de prescripción. (.) Consecuentemente, resulta inconcuso que la responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se le requiere para que deje insubsistente la sentencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno y, en su lugar, dicte otra en la que acate los lineamientos del fallo protector soslayados. Para lo cual, al imprimir los efectos de la sentencia de nulidad, debe establecer que la autoridad demandada Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala en el término de tres días realice lo siguiente: a) Otorgue a cada uno de los actores tres despensas que corresponden a cinco años retroactivos a la presentación del juicio, con productos de la canasta básica en un monto de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) o su pago en efectivo por la cantidad de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), más las generadas a partir de la presentación del recurso de revisión y hasta la conclusión del mismo. b) Efectúe a cada uno de los actores el pago de diferencias salariales respecto de la pensión y aguinaldo percibidas desde dos mil doce y hasta el diez de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que se emitió la nueva sentencia, así como las subsecuentes hasta el cumplimiento de la misma. c) Subsane la incongruencia en que incurrió y precise en el resolutivo segundo que procede declarar la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado consistente en la omisión del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala de pagar el cien por ciento (100%), de los aumentos concedidos a los trabajadores en activo a partir de cinco años previos la presentación de la demanda". Con base en lo anterior se requirió a la responsable para que dejara insistente la sentencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno y, en su lugar, dictara otra en la cual acatara los lineamientos del fallo protector. El Tribunal responsable, en acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós dejó insubsistente la aludida sentencia (foja 349). 3. Posteriormente, el veinticuatro siguiente dictó una nueva (fojas 350 a 387); en la que determinó lo siguiente: a) Al ocuparse de la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada determinó que es infundada en virtud de que el derecho reclamado por la parte actora no es susceptible de prescribir, sino sólo las pensiones vencidas que no hubieren sido reclamadas, respecto de las cuales aplica el artículo 24 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, precepto que establece el plazo de cinco años (foja 354 vuelta). b) Estableció que procede integrar al monto de la pensión el cien por ciento por concepto de despensa mensual que reciben los trabajadores en activo, pues estableció que de ninguna de las documentales que obran autos se advierte que el concepto de canasta básica les fuera pagado a los actores, sin embargo, dicha prestación no resulta ser diversa a la denominada despensa que se reclama, por lo cual se trata de las mismas prestaciones ya que es un derecho adquirido por los trabajadores en activo y jubilados (fojas 376 vuelta a 378). 4. Al precisar los efectos de la sentencia de nulidad, tal como se le ordenó en el fallo protector, reiteró la determinación de conceder a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala un término de tres días hábiles, contados a partir de día en que quede firme la nueva sentencia, para que procediera en los términos siguientes: a) Dejara intocadas, en la parte que no fueron objeto de nulidad, las resoluciones de pensión otorgadas a los actores Anastasia Molina Atonal el veinticinco de enero de dos mil cinco, Rosa María Gutiérrez García el veinte de julio de dos mil nueve, María Juana de la Padilla Mendieta el veintidós de noviembre de dos mil trece, Francisco Constantino Sánchez el dos de marzo de dos mil diez y Tulia Eulalia Lima Meneses el cinco de octubre de dos mil nueve; dejando intocadas las consideraciones que no fueron objeto de nulidad, así como las que no fueron controvertidas en el juicio (foja 385). b) Dictara otros resolutivos de pensión en el sentido y cuentas realizadas en las cuales determinara los montos de las pensiones de los actores, mismos que quedaron intocados en la sentencia de nulidad, así como los derechos que les conceden las actas 112, 120 y 121 aprobadas por el Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, en relación con el cien por ciento de la canasta básica o despensa y quinquenio mensual percibido; asimismo, estableciera que la pensión de los actores se incrementa anualmente en un cien por ciento en relación a los incrementos otorgados a los trabajadores en activo; debiendo dejar intocado el resto de las consideraciones que no fueron materia de la nulidad relativa, así como aquellas que no fueron controvertidas en el recurso de revisión (foja 385 vuelta). c) Realizara a cada uno de los actores el pago de diferencias salariales respecto de la pensión y aguinaldo percibidas en los años dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y hasta el veinticuatro e mayo de dos mil veintidós, fecha en que se dictó la sentencia, y las subsecuentes hasta su cumplimiento, (foja 385 vuelta). d) Otorgue a cada uno de los actores tres despensas que corresponden a cinco años retroactivos a la presentación del juicio, con productos de la canasta básica en un monto de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) o su pago en efectivo por la cantidad de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), más las generadas a partir de la presentación del recurso de revisión y hasta la conclusión del mismo. e) Realizara el cálculo y pago de pensión y aguinaldo a cada uno de los actores a partir del catorce de diciembre de dos mil doce y subsecuentes hasta el total cumplimiento de la sentencia, considerando los aumentos autorizados a los trabajadores en activo (fojas 386). f) Realizara a los actores el pago de retención indebida por parte del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, consistente en el tres por ciento (3%) establecido para pensionados del importe de pensión quincenal por concepto de cuota destinada al Fondo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, más las generadas a partir de la presentación del recurso de revisión y hasta la conclusión del mismo (foja 386). 5. Haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en la ejecutoria de amparo, subsanó las violaciones formales en que incurrió para lo cual realizó lo siguiente: a) Resolvió de todos los actores sobre el ajuste de las pensiones y pago de diferencias salariales en lo que concierne a aguinaldo, para lo cual expuso lo siguiente (fojas 365 vuelta y 366): ? Que el artículo 39 de la Ley de Pensiones Civiles del estado de Tlaxcala establece los días que se deben pagar a los actores por pago de aguinaldo. ? Asimismo, estableció que el derecho reconocido en el citado artículo ha sido ampliado a través del acta del Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala número 102, celebrada el veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, así como la diversa acta 135 celebrada el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, mismas que gozan de valor probatorio pleno. ? Señaló que fue voluntad de los integrantes del citado consejo ampliar los derechos de los pensionados y jubilados al conceder que, se les otorgaría su gratificación anual de acuerdo al mismo número de días que los que se les conceden a los trabajadores en activo. ? Puntualizó que las aludidas actas 102 y 135 por su naturaleza son un ordenamiento de observancia general, por lo que la demandada está obligada a observar su contenido en favor de los actores; consecuentemente, condenó a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala al pago de la cantidad que resulte de la diferencia que existe ente el monto percibido por concepto de aguinaldo y el que debieron recibir los recurrentes en los años exceptuados de prescripción y hasta el total cumplimiento de la resolución. b) Con relación a la actora María Juana de la Paz Padilla Mendieta subsanó la violación formal en que incurrió, pues estableció que, al igual que los demás actores, las resoluciones de pensión evidencian que al momento de su pensión por jubilación percibían el cien por ciento de quinquenio, benefició que fue otorgado a todos los pensionados y jubilados del Gobierno del Estado en las actas 120 y 121 aprobadas por el Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por lo cual estableció que procede condenar a dicho organismo demandado a pagar las diferencias salariales a razón del cien por ciento del incremento que corresponde a quinquenio que no ha prescrito, esto es, desde el catorce de diciembre de dos mil doce hasta el cumplimiento de la sentencia (fojas 376 y 377). La responsable también subsanó la incongruencia en que incurrió pues en el resolutivo segundo precisó que procede declarar la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado consistente en la omisión del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala de pagar el cien por ciento (100%), de los aumentos concedidos a los trabajadores en activo a partir de cinco años previos la presentación de la demanda (foja 386 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a los quejosos y por oficio al tercero interesado.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de treinta de mayo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, treinta de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala mediante el cual, en cumplimiento a la determinación de veintitrés del mes y año en curso remite copia certificada del proveído de esa misma fecha, del cual se advierte que se dejó insubsistente la sentencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, así como copia certificada de la sentencia de veinticuatro de este mes; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes quejosa y tercera interesada, entregando copia autorizada de la sentencia correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda.
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