Anastacio Trejo De La Cruz y Otros.
Expediente 145/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/02/2017
Partes del expediente
- Anastacio Trejo De La Cruz y Otros.
- Carmela Magdalena Gutierrez Castro y Otros.
- Carmela Magdalena Gutierrez Castro
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Abraham Jaramillo Moreno, autorizado en términos amplios por el tercero interesado Iván Martínez Coria, mediante el cual solicita se le expidan copias certificadas de la constancia de emplazamiento de quien aduce ser la tercera interesada Irene Isabel Gutiérrez; por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad tal petición, en razón de que la persona que refiere es la parte quejosa en el presente juicio, razón por la cual no existen constancias de su emplazamiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II. Por recibido el oficio de cuenta a través del cual el Secretario del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, México, devuelve sin diligenciar el exhorto 78/2017 del índice estadístico de este Juzgado, por medio del cual se encomendó notificar a la parte quejosa, el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2° de la ley de la materia, agréguense a sus autos el oficio y anexo de referencia, para los efectos legales conducentes. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la notificación del auto de referencia y las subsecuentes aún las de carácter personal, por medio de la lista fijada en este recinto judicial. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Carmela Magdalena Gutiérrez Castro y Anastacio Trejo de la Cruz, en su carácter de abuelos paternos del menor Arturo Trejo González contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 145/2017-II. Desechamiento. Es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman: Los autos de diez de octubre y diecinueve de diciembre, ambos de dos mil dieciséis, dictados por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, en el expediente 962/2016, a través de los cuales en el primero de ellos ordena la entrega del menor Arturo Trejo González a su madre Abigail Montserrat González Pérez y en el segundo, autoriza el uso de la fuerza pública a efecto de dar cumplimiento al primero de éstos. Por tanto, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: .. b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. .. XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;". A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: I) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). II) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). III) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. IV) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). V) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, VI) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, cuando el quejoso es parte formal del juicio de origen, se integró a la relación jurídica procesal, o en su caso, tiene conocimiento de la existencia y los datos de identificación del juicio al que pretende ser llamado. Por tanto, al no existir normas que establezcan excepciones en el sentido de que el quejoso no esté obligado a agotar recursos o medios de defensa cuando se reclame un acto dictado en un juicio jurisdiccional, y si en cambio, existe norma expresa (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), relativa a que aun cuando el acto reclamado sea una resolución judicial, el promovente del amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. En ese contexto, como ya se dijo en contra del acto reclamado en la presente instancia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: I) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y IV) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 361, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224800, que establece: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Hecha tal precisión, contra los actos reclamados por la parte quejosa consistentes en los autos de diez de octubre y diecinueve de diciembre, ambos de dos mil dieciséis, dictados por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, en el expediente 962/2016, a través de los cuales en el primero de ellos ordena la entrega del menor Arturo Trejo González a su madre Abigail Montserrat González Pérez y en el segundo, autoriza el uso de la fuerza pública a efecto de dar cumplimiento al primero de éstos, procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.1 y 5.74, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en relación con el contenido de los diversos 1.362 y 1.378 del citado código adjetivo, que establecen lo siguiente: "Artículo 5.1.- Las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en este Libro, y en lo no previsto, con las del Libro Segundo de este ordenamiento". "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales". "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 1.378.- Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación en este caso, se admitirá sin efectos suspensivos, salvo cuando la ley disponga lo contrario." Así, del análisis de los preceptos transcritos, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juez Tercero Civil de Primera del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, dentro de una controversia del orden familiar, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 5.74 y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, de los cuales se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pudo hacer valer la parte quejosa en la controversia del orden familiar de origen, a saber, recurso de revocación, dado que el acto reclamado fue dictado fuera de audiencia, esto es, en el auto de diez de octubre de dos mil dieciséis que admite la demanda reconvencional de la ahora tercero interesada y ordena como medida provisional la entrega del menor a ésta. Lo anterior es así, porque de los numerales antes transcritos del código adjetivo invocado, se advierte, en principio, que las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se deben tramitar conforme a las reglas establecidas en el Libro Quinto del citado ordenamiento legal, y en lo no previsto, conforme a los lineamientos previstos en el Libro Segundo de ese mismo ordenamiento. Por tanto, en contra del acto reclamado, procede el recurso de revocación, establecido en el artículo 5.74 en relación con el diverso 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México; por ende, resulta incuestionable la procedencia de dicho medio de defensa dentro de la controversia del orden familiar de origen, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado antes precisado, con lo cual se cumple el cuarto de los requisitos mencionados. En ese contexto, al encontrarse legitimada la parte quejosa por ser parte formal (actora), en la controversia de origen, debió promover el citado recurso antes de acudir a esta instancia constitucional, dada su calidad de parte actora es inconcuso que éstos tienen conocimiento completo del juicio de origen, por ende, están obligados a agotar los recursos ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado; de ahí que, resulta exigible que los quejosos, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agoten los recursos ordinarios correspondientes; por lo cual, resulta incontrovertible que, en la especie, respecto del acto que aquí se reclama, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Asimismo, al no encontrarse ante actos que importen peligro de deportación o destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el precepto 22 de la Constitución, ni 15 de la Ley de Amparo, es evidente que el acto que se combate tampoco se exceptúa de acatar el principio de definitividad. Máxime que, en el caso concreto, no obstante que se encuentra involucrado un menor de edad, la parte quejosa no alegó un riesgo o peligro grave para dicho infante, con motivo de los actos reclamados que aquí se analizan, sobre todo porque nunca expresó que al entregar al menor a su progentitora, se provoque a la citada infante un riesgo o se le ponga en peligro, con lo cual pudiera pensarse, al menos en grado de indicio, que está en riesgo o peligro, pues sólo en ese supuesto el medio de defensa ordinario sería inadecuado o ineficaz para alejar a la referida menor de la situación de vulnerabilidad, riesgo o peligro en que pueda encontrarse, lo cual, se reitera, no sucede en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.113/2013 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de dos mil trece, Décima Época, con número de registro 2005039, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J.77/2013 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 990, del Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de octubre de dos mil trece, Décima Época, con número de registro 200467, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Igualmente, apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J.44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2012, Décima Época, con número de registro 2001155, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." De igual modo, es aplicable la jurisprudencia número I.3o.C.J/39, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1214, del tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Agosto de 2007, Novena Época, con número de registro 171803, que establece: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad". Aunado a lo expuesto, se afirma que los quejosos no tiene el carácter de terceros extraños a juicio, pues se reitera, éstos son la parte actora en el juicio de origen, es decir, parte formal en el mismo, por lo cual de conformidad con la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J.6/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2013, Décima Época, con número de registro 2004274, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Carmela Magdalena Gutiérrez Castro y Anastacio Trejo de la Cruz, en su carácter de abuelos paternos del menor Arturo Trejo González contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Notificación a la parte quejosa. En otro orden, toda vez de que el domicilio señalado por la quejosa se ubica fuera de la residencia de este órgano de control constitucional; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 28/2016 que modifica y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese atento exhorto al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en turno para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda a fin de que notifique a los quejosos, el presente proveído en el domicilio sito en calle Emiliano Zapata número setenta y siete (77), san Martín Huitzizilapan, Lerma, Estado de México, código postal cincuenta y dos mil cincuenta y nueve y los requiera para que en el momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que en caso de ser omisa al respecto se realizaran las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Para tal efecto, el Juez podrá habilitar días y horas inhábiles para llevar a cabo la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, para el caso de que la parte quejosa o alguno de sus autorizados se presente en el local que ocupa este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se comisiona al actuario adscrito para llevar a cabo la notificación personal respectiva. Autorizados. En otro orden, en atención al contenido de la certificación de cuenta y por encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tienen únicamente a Carlos García Mendoza y Daniel Michell Méndez García. por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. (SE LISTA CITATORIO TERCERO INTERESADA) SE NOTIFICA POR LISTA A LA TERCERO INTERESADA ERIKA H. RAMÍREZ, EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: IV. Toluca, Estado de México; veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual comunica el proveído emitido el veinticinco de enero de dos mil diecisiete en los autos del expediente 11/2016 de su índice, mediante el que declara firme el desechamiento de la queja interpuesta por la tercera interesada Erika H. Ramírez. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes. Por otro lado, el estado procesal del presente asunto, evidencia que venció el plazo de tres días, para que la tercera interesada Erika H. Ramírez señalara los documentos indubitables que servirían de base para el desahogo de la prueba de grafoscopía, caligrafía, gafrometría y documentoscopía ofrecida en autos, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en audiencia de veinte de octubre de dos mil dieciséis y no se da curso a la incidencia propuesta. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia por contradicción registrada con la clave 1a./J. 21/2002, visible en la página 314, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2005, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio". Finalmente, toda vez que se no existe prueba pendiente por desahogar, con apoyo en el artículo 122 de la Ley de Amparo, procédase a la continuación de la audiencia constitucional correspondiente al presente asunto, para lo cual se fijan las once horas con cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, debiéndose hacer del conocimiento de las partes la data señalada. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.
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