Anastacio Sarmiento Lopez
Expediente 487/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Anastacio Sarmiento Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
26-06-2021 Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al autorizado en términos amplios de la parte promovente el presente auto en el domicilio designado para tal efecto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III, y 23 del Acuerdo General 21/2020. No ha lugar a ordenar diversa diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso Anastacio Sarmiento López se encuentra privado de su libertad -Centro Penitenciario de San Pedro Cholula, Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se les deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso directo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." Notifíquese personalmente a la parte promovente por conducto de su autorizado en términos amplios, en el domicilio señalado para tal efecto.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL ACUERDO DE 23 DE JUNIO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al autorizado en términos amplios de la parte promovente el presente auto en el domicilio designado para tal efecto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III, y 23 del Acuerdo General 21/2020. No ha lugar a ordenar diversa diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso Anastacio Sarmiento López se encuentra privado de su libertad -Centro Penitenciario de San Pedro Cholula, Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se les deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso directo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." Notifíquese personalmente a la parte promovente por conducto de su autorizado en términos amplios, en el domicilio señalado para tal efecto.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintiuno. Vista, agréguese a los autos del presente controvertido, la diligencia llevada a cabo con el quejoso Anastacio Sarmiento López, mediante la cual ratifica el contenido y firma del escrito con folio 9560, en el que desahoga la prevención formulada en auto de veintiséis de mayo pasado; consecuentemente se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que Anastacio Sarmiento López, reclama, a la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, los autos de seis de abril y trece de mayo, ambos de dos mil veintiuno, en los cuales se señalan fechas remotas para la celebración de las audiencias de vista e incidental del recurso de revocación, dentro de la causa penal 225/2013 del índice del Juez en mención. Respecto de los citados actos reclamados, este juzgador Constitucional advierte que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se actualiza de forma notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese tenor, se reitera que Anastacio Sarmiento López, acude ante este órgano de Control Constitucional a reclamar los autos de seis de abril y trece de mayo, ambos de dos mil veintiuno, en los cuales se señalan fechas remotas para la celebración de las audiencias de vista e incidental del recurso de revocación, dentro de la causa penal 225/2013 del índice del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; por tanto, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 267 a 270 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece: "Artículo 267 EL recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación. Artículo 268 El recurso de revocación toma el nombre de reposición cuando se trata de autos dictados en la substanciación de la segunda instancia. Artículo 269 Interpuesto el recurso en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juez o Tribunal ante quien se interponga, lo admitirá o desechará de plano. Artículo 270 Si el Juez o Tribunal admite el recurso, lo resolverá dentro de los tres días siguientes; pero si estima necesario oír a las partes, las citará a una audiencia verbal que se verificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, y en la que se dictará la resolución que corresponda, la que no admitirá recurso alguno." Del contenido de los citados preceptos, se advierte la parte promovente se encuentra legitimada para combatir la determinación que aquí reclama, pues se trata de un proveído de trámite, que no resuelve en definitiva el asunto, como lo señalan los numerales transcritos. De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo, se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que por esta vía constitucional pretende combatir. Por lo que se invocan los siguientes criterios: "AUTOS DICTADOS POR EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. PREVIO A ACUDIR AL AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA (ACTUALMENTE ABROGADO). El precepto mencionado establece que el recurso de revocación procede cuando esa legislación no conceda el de apelación, por lo que se está en presencia de una disposición legal de carácter enunciativa y no limitativa, al darle cabida a todas las situaciones que expresamente no estén previstas en el diverso artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (actualmente abrogado), sin que la legislación aplicable haga alguna distinción en lo que respecta al momento en que dicho recurso cobra vigencia (durante o después de concluido el juicio), debiendo entenderse que se refiere a ambos momentos, pues si hubiera sido otra la intención del legislador, expresamente lo habría establecido así, como lo hizo en cuanto al recurso de reposición en el artículo 268 del propio código, al considerar expresamente que éste se actualiza durante la sustanciación de la segunda instancia. En estas condiciones, todas aquellas determinaciones emitidas por el Juez Penal dentro del procedimiento y que por su naturaleza tengan el carácter de autos, no pueden perder ese atributo, por el solo hecho de que sean dictados después de la resolución que haya puesto fin al juicio, de manera que en su contra procede el recurso de revocación, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, en observancia al principio de definitividad." Resulta aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C. J/259, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualizan de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, respecto a los actos reclamados consistentes en los autos de seis de abril y trece de mayo, ambos de dos mil veintiuno, en los cuales se señalan fechas remotas para la celebración de las audiencias de vista e incidental del recurso de revocación, dentro de la causa penal 225/2013 del índice del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por lo que, atinente a dicho acto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al autorizado en términos amplios de la parte promovente el presente auto en el domicilio designado para tal efecto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III, y 23 del Acuerdo General 21/2020. No ha lugar a ordenar diversa diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso Anastacio Sarmiento López se encuentra privada de su libertad -Centro Penitenciario de San Pedro Cholula, Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se les deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso directo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: " NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986). Notifíquese personalmente a la parte promovente por conducto de su autorizado en términos amplios, en el domicilio señalado para tal efecto.
- Principal
PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintiuno. Vista, agréguese a los autos del presente controvertido, la diligencia llevada a cabo con el quejoso Anastacio Sarmiento López, mediante la cual ratifica el contenido y firma del escrito con folio 9560, en el que desahoga la prevención formulada en auto de veintiséis de mayo pasado; consecuentemente se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que Anastacio Sarmiento López, reclama, a la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, los autos de seis de abril y trece de mayo, ambos de dos mil veintiuno, en los cuales se señalan fechas remotas para la celebración de las audiencias de vista e incidental del recurso de revocación, dentro de la causa penal 225/2013 del índice del Juez en mención. Respecto de los citados actos reclamados, este juzgador Constitucional advierte que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se actualiza de forma notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese tenor, se reitera que Anastacio Sarmiento López, acude ante este órgano de Control Constitucional a reclamar los autos de seis de abril y trece de mayo, ambos de dos mil veintiuno, en los cuales se señalan fechas remotas para la celebración de las audiencias de vista e incidental del recurso de revocación, dentro de la causa penal 225/2013 del índice del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; por tanto, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 267 a 270 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece: "Artículo 267 EL recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación. Artículo 268 El recurso de revocación toma el nombre de reposición cuando se trata de autos dictados en la substanciación de la segunda instancia. Artículo 269 Interpuesto el recurso en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juez o Tribunal ante quien se interponga, lo admitirá o desechará de plano. Artículo 270 Si el Juez o Tribunal admite el recurso, lo resolverá dentro de los tres días siguientes; pero si estima necesario oír a las partes, las citará a una audiencia verbal que se verificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, y en la que se dictará la resolución que corresponda, la que no admitirá recurso alguno." Del contenido de los citados preceptos, se advierte la parte promovente se encuentra legitimada para combatir la determinación que aquí reclama, pues se trata de un proveído de trámite, que no resuelve en definitiva el asunto, como lo señalan los numerales transcritos. De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo, se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que por esta vía constitucional pretende combatir. Por lo que se invocan los siguientes criterios: "AUTOS DICTADOS POR EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. PREVIO A ACUDIR AL AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA (ACTUALMENTE ABROGADO). El precepto mencionado establece que el recurso de revocación procede cuando esa legislación no conceda el de apelación, por lo que se está en presencia de una disposición legal de carácter enunciativa y no limitativa, al darle cabida a todas las situaciones que expresamente no estén previstas en el diverso artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (actualmente abrogado), sin que la legislación aplicable haga alguna distinción en lo que respecta al momento en que dicho recurso cobra vigencia (durante o después de concluido el juicio), debiendo entenderse que se refiere a ambos momentos, pues si hubiera sido otra la intención del legislador, expresamente lo habría establecido así, como lo hizo en cuanto al recurso de reposición en el artículo 268 del propio código, al considerar expresamente que éste se actualiza durante la sustanciación de la segunda instancia. En estas condiciones, todas aquellas determinaciones emitidas por el Juez Penal dentro del procedimiento y que por su naturaleza tengan el carácter de autos, no pueden perder ese atributo, por el solo hecho de que sean dictados después de la resolución que haya puesto fin al juicio, de manera que en su contra procede el recurso de revocación, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, en observancia al principio de definitividad." Resulta aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C. J/259, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualizan de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, respecto a los actos reclamados consistentes en los autos de seis de abril y trece de mayo, ambos de dos mil veintiuno, en los cuales se señalan fechas remotas para la celebración de las audiencias de vista e incidental del recurso de revocación, dentro de la causa penal 225/2013 del índice del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por lo que, atinente a dicho acto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al autorizado en términos amplios de la parte promovente el presente auto en el domicilio designado para tal efecto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III, y 23 del Acuerdo General 21/2020. No ha lugar a ordenar diversa diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso Anastacio Sarmiento López se encuentra privada de su libertad -Centro Penitenciario de San Pedro Cholula, Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se les deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso directo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: " NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986). Notifíquese personalmente a la parte promovente por conducto de su autorizado en términos amplios, en el domicilio señalado para tal efecto.
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