Anastacio Romero Molina

Expediente 907/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
907/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
11/05/2018

Partes del expediente

  • Anastacio Romero Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales que anteceden y atento al estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto del proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que se hubiese realizado manifestación al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO) Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ***(fojas 73 a 79), para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, hiciera lo siguiente: En el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se le notificara la ejecutoria de este fallo, resolviera sobre las pruebas ofrecidas, esto es, las admita o deseche, toda vez que ha transcurrido en exceso en plazo legal para ello que le impone el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, y Notificara a las partes en el juicio laboral DIT-166/2010, conforme a la ley, de manera fehaciente tal acuerdo, en el domicilio señalado para ese efecto II. Por auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho la sentencia en comento causó ejecutoria (fojas 88 y 89), y se requirió el cumplimiento de la misma a la citada autoridad responsable. III. A través del oficio STYPS/SSTZS/JLCA/261/2018 la Encargada de Despacho de la Presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento a la sentencia de amparo, informo en qué términos dio cumplimiento con la sentencia de amparo, y para justificar ello remitió copia certificada del auto de admisión de pruebas de trece de marzo de dos mil dieciocho, así como las cedulas de notificación de catorce del mismo mes y año en curso relativas al juicio laboral DI-166/201, (fojas 115 a 118). Documentales que adquieren valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidos por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para que en el término de tres días, computado legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable sin que hicieran manifestaciones al respecto. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado por el cual se concedió el amparo, se determinó que la autoridad responsable violentó en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de conformidad con tal precepto legal, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita, lo cual no llevó a cabo la autoridad responsable en el presente caso. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el trece de marzo de dos mil dieciocho emitió acuerdo en el juicio laboral DI-166/2010, mediante el cual se pronunció respecto del auto de admisión de pruebas, esto es, resolvió lo relativo a la admisión o desechamiento de los medios probatorios ofertados por las partes en el citado expediente laboral, auto que fue notificado a las partes [actora y demandada], el catorce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 115 a 118). En ese contexto, se tiene por cumplida la sentencia de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa y tercero interesada por el término de quince días a fin de que si es su deseo interpongan recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Encargada de Despacho de la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa en qué términos dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo remite copias certificadas de las documentales relativas al juicio laboral DI-166/2010 consistentes en: Audiencia de conciliación demanda y excepciones de dos marzo de dos mil diecisiete. Escrito de dos de marzo de dos mil diecisiete signado por ***en su carácter de apoderado legal de ***. Copia fotostática de credencial de elector de ***. Título de propiedad con número de folio ********************. Copia de recibo con número de servicio ********************. Carta poder de tres de junio de dos mil diecisiete. Copia de la cedula profesional número ********************. Audiencia incidental de sustitución patronal de nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Escritos presentados en oficialía de partes de diez de julio, diecisiete de noviembre y cinco de diciembre de dos mil diecisiete. En mérito de lo anterior, se da vista a las partes, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que existen en este expediente y los datos aportados por la responsable; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de febrero del año en curso, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Así, toda vez que en la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable que nos ocupa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo.

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