Anastacio López Zaragoza
Expediente 66/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Anastacio López Zaragoza
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintidós. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo conferido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. II. Protección de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública1, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. III. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar, que como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Hágase las anotaciones en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Con la demanda de amparo que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veinticuatro de enero del año en curso, y que se turnó a este órgano jurisdiccional esa misma data; que promueve ***, por propio derecho, contra actos de los Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 66/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, 1 Que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. III. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5°.- Son partes en el juicio de amparo: I.(.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de esos numerales se deduce que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese sentido, debe decirse que, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Ahora, los artículos 21, 32 y 33 de la Ley Agraria, dicen: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." En ese sentido, el Comisariado de Bienes Comunales de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, conforme lo establecido en el artículo 21 de la Ley Agraria, es un órgano de dirección y representación del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad; de ahí que los integrantes de dicho comisariado tengan el carácter de particulares y no de autoridad, pues carecen de imperium derivado de facultades delegadas por algún órgano del Estado, para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o del consenso de la voluntad del afectado, por el contrario, representan únicamente los intereses de una asamblea de comuneros, que no pertenecen a algún órgano administrativo de alguno de los niveles de Gobierno o alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Por ende, tales actos, por sí mismos, carecen de la imperatividad y fuerza legal para crear, modificar o extinguir situación jurídica alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que carecen de facultades legales. Al respecto, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Por tanto, frente al aquí quejoso, el citado Comisariado de Bienes Comunales de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, no ejerce actos de supra a subordinación, sino de coordinación; de modo que tal situación deriva de una controversia entre particulares y no de una autoridad en relación con un gobernado. Consecuentemente, la autoridad que señala el promovente del amparo no tiene el carácter de autoridad, dado que en el caso, se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de reclamos que se hacen a título particular. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis aislada, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237168, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional." De igual forma, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, Tomo XIV, julio de 1994, con registro 211236, cuyo texto y rubro son: "COMISARIADOS Y CONSEJOS DE VIGILANCIA EJIDAL NO SON AUTORIDADES. Los Comisariados y Consejos de Vigilancia de un ejido no tienen el carácter de autoridad, toda vez que en forma alguna se encuentran investidos de facultades que les otorgue la ley para que, obrando dentro de su esfera de atribuciones, puedan tomar determinaciones o dictar resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, pues de conformidad con lo establecido por el artículo 22 fracciones II y III de la Ley Federal de Reforma Agraria, sólo constituyen órganos de dirección interna de los ejidos por lo que sus actos se consideran como propios de particulares, ya que se realizan en uso de sus atribuciones de administración o dirección, como también lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 24, visible a fojas 53, de la Tercera Parte, Segunda Sala, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación correspondiente a los años de 1917 a 1985, así como la tesis número 37, visible a fojas 38 de la Segunda Parte, Segunda Sala del Informe de actividades rendido a ese máximo Tribunal de la República por su Presidente en el año de 1983, consultables bajo los rubros: "COMISARIADOS EJIDALES, NO SON AUTORIDADES" y "CONSEJO DE VIGILANCIA. NO ES AUTORIDAD". Así como la tesis XX.133 A, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 468, Tomo XV, Febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 208669, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y DEL PATRONATO DE SOLIDARIDAD RURAL. NO TIENEN EL CARACTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTIAS EL. El Presidente del Comisariado Ejidal, Presidente del Consejo de Vigilancia y del Patronato de Solidaridad Rural, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de garantías, en razón de que, carecen de las facultades decisorias y ejecutoras a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, tales actos no derivan de la tramitación, resolución y ejecución de expedientes agrarios para considerar que ejercen actos públicos autorizados por las propias resoluciones, sino que son órdenes provenientes de la asamblea general de ejidatarios en administración y vigilancia de los bienes agrarios que se equiparan a actos de particulares contra los cuales es improcedente la suspensión." En ese contexto, como ya se dijo, deviene improcedente el juicio de amparo, pues se estima actualizada la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II de la misma Ley, a contrario sensu; causal que se considera indudable y manifiesta; por ende, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, SE DESECHA, DE PLANO, la demanda de amparo. Domicilio, autorizados y medios de contacto. Por otra parte, se tiene a la parte promovente señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional; y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de la ley en comento, a las personas que menciona, por no encontrarse registrada cédula profesional en su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". 2 Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública3, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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