Anastacio Gutierrez Garcia
Expediente 175/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Anastacio Gutierrez Garcia
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintiuno de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de garantías el treinta de abril de dos mil quince (fojas 51 a 54), en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIIB
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de garantías, promovido por el quejoso ANASTACIO GUTIÉRREZ GARCÍA, en términos del considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. IIIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado que rinde el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, residente en Tehuantepec, Oaxaca, con el cual dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Notifíquese. IIIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a ocho de abril de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por ANASTACIO GUTIÉRREZ GARCÍA, por propio derecho, contra actos del Registrador Público de la Propiedad, con residencia en Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: 4.- ACTO DE LA AUTORIDAD QUE SE RECLAMA.- La negativa de emitir respuesta a Mi solicitud de inscripción de las escrituras pública 1423, volumen 97, pasada por la fe de notario público número 35."(sic). Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 175/2015. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, VII, XV, de la Constitución Federal; 1o. fracción I, 33, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda en sus términos. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable a quien se solicita que al rendirlo lo haga dentro del término de quince días siguientes a su legal notificación. Con apoyo en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado: a) acompañe las constancias que guarden relación con el acto que reclama el quejoso, así como las que estimen necesarias para la resolución del asunto; b) que las copias que anexe sean íntegras y legibles; y, c) informe si se actualiza alguna causal de improcedencia. Con apercibimiento de que de no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, y no informe las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; se le impondrá, en su caso, una multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, equivalente a cien días de salario calculados sobre el mínimo en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 fracción II, en relación con el numeral 238 de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril del presente año. De igual forma, en términos del artículo 64 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado; se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis constitucional, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. Se señalan las diez horas con quince minutos del treinta de abril de dos mil quince, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Dada la naturaleza del acto reclamado no existe tercero interesado. En cuanto a los estrados de este juzgado, que señala el quejoso como domicilio para recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 26, fracción III, en relación con el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.- Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que se exhibe junto con la demanda, consistente en copia certificada notarialmente de la escritura pública número mil cuatrocientos veintitrés, volumen noventa y siete, de fecha catorce de noviembre de dos mil tres, la que dada su especial naturaleza, en este acto se desahoga, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Téngase a la parte quejosa señalando como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Cruz Álvarez, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, hágase saber a las partes: a) que la sentencia que se dicte en este asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; b) el derecho que le asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo respectivo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la ley en mención, no se incluyan en la publicación de la sentencia referida; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevaría su consentimiento; y, c) que no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que, específicamente, señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley especial de referencia. Notifíquese. IIIB
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