Anastacio Gutiérrez García

Expediente 228/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
228/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Anastacio Gutiérrez García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo ... se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales correspondientes. .. archívese este expediente como asunto totalmente concluido. .. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve **********, por propio derecho, contra actos del Vicefiscal Regional del Istmo, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo impreso y electrónico con el número *******. ...En tal tesitura, se determina que el acto reclamado lo constituye lo siguiente: la omisión de emitir acuerdo respecto de la denuncia escrita del quejoso, por el delito de robo de vehículo, en contra de quien o quienes resulten responsables de su comisión, presentada en la Oficialía de Partes de la autoridad responsables, el nueve de octubre de dos mil veinte, y de integrar debidamente la carpeta de investigación, por no realizar los trámites y gestiones tendientes a la investigación del hecho delictivo. .. En efecto, del capítulo de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se advierte el quejoso narra lo siguiente: "V.- HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto: ÚNICO.- Como ha quedado narrado en el acuse del escrito de denuncia que en original anexo a la presente y que por economía procesal solicito se me tenga por íntegramente reproducido en el presente apartado, día nueve de diciembre de dos mil veinte como se infiere en el sello de recepción de la Oficialía de partes de la Autoridad Responsable, formulé formal denuncia por el delito de robo de vehículo del cual soy víctima, respecto de un tractor agrícola turbocargado marca Massey Ferguson, amparado mediante la factura número A-2521; una sembradora de precisión SN-40 Neumática Famaq, amparada mediante factura A2523; una Rastra Hidráulica de Tiro MF de 22 Discos de 24 ¼, amparado mediante factura A2529. Con fecha de comisión del delito siendo aproximadamente las tres de las madrugada del día trece de septiembre de dos mil veinte, por tal motivo me presenté ante la oficialía de partes para presentar formal denuncia el cual como ha quedado expresado, fue recibido el nueve de octubre de dos mil veinte, por lo que a la fecha actual ha transcurrido en exceso más de cinco meses que no tengo respuesta si ha sido admitida o no mi demanda en cuestión, además que no se han realizado los trámites y gestiones tendientes a la investigación del hecho delictivo; siendo estos los hechos que dieron origen al acto reclamado." (sic) Asimismo, del capítulo de conceptos de violación, se advierte el quejoso arguye lo siguiente: "[...] En el caso, como se advierte en la narración de hechos, es evidente que desde el día de presentación de la denuncia nueve de octubre de dos mil veinte, hasta la fecha actual, veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, han transcurrido en exceso más de cinco meses de dilación, violando los principios de debido proceso legal, principio de legalidad y tutela juridicial efectiva, en especial el de justicia pronta y expedita causándome con dicho incumplimiento, un acto de imposible reparación, dado que las Autoridades están expeditas para resolver y dar contestación a las peticiones formuladas por los gobernados, razón por la cual se viola en mi perjuicio el principio constitucional de "Justicia Pronta y Expedita", entendida como la falta de acuerdo, dejando expedito mi derecho para exigir la responsabilidad de la Autoridad Responsable, por existir imposibilidad material de retrotraer el tiempo transcurrido y reponer al suscrito impetrante el goce de mi derecho fundamental violado, infringiendo el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual supone en un primer término el acceso a la jurisdicción, el segundo que se debe obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y el tercero que la misma deberá ser pronta, expedita, completa e imparcial, esto último aludido está plenamente ligado con lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal (principio del debido proceso) que instituye que "deberá otorgarse oportunidad de defensa a todo acto privativo de la libertad, prontitud y expedites, etcétera", por lo cual, el acceso a un recurso eficaz, sencillo y rápido mediante el cual los Jueces y Tribunales tutelen de manera eficaz los derechos humanos de todas las personas que lo soliciten, de acuerdo al debido proceso legal, es consecuencia del derecho legal a la tutela judicial efectiva. De lo anteriormente citado se deduce que la responsable ha violado mi derecho a la Tutela Judicial efectiva, ya que la misma implica que la revisión de decisiones que deniegan la justicia sea estrictamente rigurosa." (sic) Cabe destacar, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ...Este órgano de control constitucional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución; ... La disposición legal transcrita, encierra uno de los principios fundamentales del juicio de amparo; esto es, el de definitividad, el cual establece que dicha instancia únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, actuaciones respecto de las cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicha instancia, se deberán agotar los recursos o medios de defensa que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto que se trate. Del anterior precepto se desprende la regla general que establece este principio, que consiste en que cuando un acto de autoridad viola derechos humanos o las garantías establecidas para su protección, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Así, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos humanos o garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, porque de no ser así, el juicio será improcedente. Luego, si la ley que rige la materia del acto reclamado prevé medios de impugnación capaces de anular o modificar el acto de autoridad impugnado, entonces, las partes antes de acudir a esta instancia constitucional se encuentran obligadas a agotar el principio de definitividad, pues como se afirmó, de no hacerlo el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, se actualiza tal supuesto porque contra el aludido acto reclamado, consistente esencialmente en la omisión del Vicefiscal Regional del Istmo, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, de emitir acuerdo respecto de la denuncia escrita presentada por el quejoso, por el delito de robo de vehículo, en contra de quien o quienes resulten responsables de su comisión, el nueve de octubre de dos mil veinte, y de integrar debidamente la carpeta de investigación, por no realizar los trámites y gestiones tendentes a la investigación del hecho delictivo, era procedente agotar, previo a la promoción del juicio de amparo el medio de defensa o recurso innominado ...Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. Además, precisó dicha Sala, que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Al respecto, la referida Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, puntualizó que no se soslayaba que el citado artículo 258 establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida; sin embargo, consideró ante ello que debe entenderse que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir; por tanto, adujo que por certeza jurídica, debe precisarse que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que manifiesten tener conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. Así, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, es que el Juez de Control quien revisa las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. En ese sentido, el quejoso ***********, en su demanda de amparo, en el apartado relativo a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo previsto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tenor de lo dispuesto en su numeral 2, que el nueve de octubre de dos mil veinte, presentó formal denuncia por escrito ante la autoridad responsable por el delito de robo de vehículo, en contra de quien o quienes resulten responsables de su comisión; y ante tales omisiones de emitir acuerdo respecto de dicha denuncia, y de integrar debidamente la carpeta de investigación, por no realizar los trámites y gestiones tendentes a la investigación del hecho delictivo, es que acudía en esta vía constitucional; de lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso que esas omisiones del Vicefiscal responsable no las impugnó primeramente ante el Juez de Control, a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, resulta la certidumbre y plena convicción de la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, en virtud de que no hizo valer previamente el medio de defensa previsto en tal precepto, el cual resulta procedente contra las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación. ...En ese sentido, el acto reclamado a que se ha hecho alusión no tiene la característica de ser un acto definitivo, toda vez que el peticionario del amparo antes de acudir a la presente instancia constitucional debió agotar ante el Juez de Control el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tal virtud, resulta necesario agotar el mencionado recurso para la procedencia del juicio de amparo, por lo tanto, al haberse actualizado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución, procede DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Anastacio Gutiérrez García. No se soslaya que con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implica la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el Juez de Amparo deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. ...Por otra parte, no ha lugar a tenerle al quejoso por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en el proemio del escrito de demanda, dado que no se ajusta a las exigencias del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en la medida que se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado; por consiguiente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, háganseles sus notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones. Sin embargo, dada la trascendencia de esta determinación, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, notifíquesele la misma por esta única ocasión en el domicilio que señala en su demanda de amparo; en el entendido que, como se determinó en el párrafo que inmediatamente antecede, de no señalar domicilio para recibir notificaciones personales en la residencia de este órgano jurisdiccional, sus subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos. Con fundamento en el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la ley de la materia, téngase como autorizados a ************, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque en esos términos lo solicita la parte quejosa. De igual manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase al quejoso señalando el correo electrónico que indica, a fin de poder entablar comunicaciones no procesales, para que se establezca el contacto respectivo en los casos que sea necesario. Lo anterior, hasta en tanto siga vigente la contingencia derivada del virus Covid-19. Sin que se tenga por señalado el mismo para recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no prevé esa forma de practicar notificaciones, pues únicamente se contempla en dicho ordenamiento legal, específicamente en el artículo 26, fracción IV, las realizadas por la vía electrónica a las partes que previamente hayan obtenido la firma electrónica, lo que en el caso no acontece. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del PJF, los que acudan a este órgano jurisdiccional deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. De igual manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, a fin de dar celeridad a la integración de este sumario y de salvaguardar la salud e integridad de las partes y el personal de este órgano jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación electrónica desde el Portal de Servicios en Línea y, de ser posible, proporcionen formas expeditas de contacto como teléfonos, correo electrónico, entre otros, a fin de poder entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES. Por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con la dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Por otra parte, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presentan las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no indican en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas.... Notifíquese personalmente.

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