Anastacia Reza Reyes
Expediente 1546/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1546/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Anastacia Reza Reyes
Actuaciones
- Principal
"..."..."...Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE CONOCIMIENTO PREVIO Y SE REGISTRA DEMANDA Agréguese el oficio 26008/2023 de la estadística de este órgano jurisdiccional, al que se adjunta el diverso 36218/2023, así como un anexo consistente en el juicio de amparo 1465/2023-V-A del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, formado con motivo de la demanda promovida por ********************, por propio derecho. Lo anterior, atendiendo a que el citado homólogo estimó que se actualiza el conocimiento previo de dicho asunto, en términos del artículo 45, fracción II, y 46 fracción V del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Así, una vez impuesto de las constancias recibidas, este juzgador acepta el conocimiento previo planteado y se avoca al conocimiento del presente asunto; comuníquese lo anterior al homólogo federal citado. Atento a lo anterior, fórmese y regístrese el expediente con el número 1546/2023-I, y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN Y ANOTACIONES Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 6, 35, 107, 115, 117 y 125 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se soslaya que la promovente del amparo solicita la suspensión de plano; sin embargo, no ha lugar acordar de conformidad pues el acto que por esta vía reclama no se actualiza en los supuestos de los artículos 15 y 126, párrafo primero de la Ley de Amparo, así como 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la quejosa y en suplencia de la queja, tramítese por cuerda separada y en un sólo cuaderno físico el incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil veinticuatro. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD Con apoyo en los artículos 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable lo siguiente: 1) Rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. Para lo cual se le remite copia de la demanda. 2) Exprese si se ha promovido algún juicio de amparo contra el mismo acto reclamado que es materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento que, de ser omisa, se le impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que adjunta a su escrito y la presuncional en su doble aspecto (legal y humano); sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por así solicitarlo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, las listas, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos, tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintiuno de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista al quejoso, personalmente al Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
- Incidental
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DEL INCIDENTE Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1546/2023-I, promovido por Anastacia Reza..., por propio derecho, contra actos de la Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). INFORME PREVIO Requiérase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, en el que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos que se le atribuyen; asimismo, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las diez horas del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. No pasa desapercibido que la fecha prevista para la audiencia incidental se haya señalado fuera del plazo establecido en el precepto 138, fracción II, de la ley reglamentaria, pues tal circunstancia obedece a la excesiva carga de trabajo con que cuenta este órgano jurisdiccional y al elevado número de audiencias de diversos juicios de los que toca conocer. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 103-108, Sexta Parte, página 38, registro 252677, de rubro: "AUDIENCIA INCIDENTAL SEÑALADA FUERA DEL TERMINO LEGAL. QUEJA INFUNDADA.". ACTOS RECLAMADOS De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la quejosa consisten en: La omisión del pago de la pensión por jubilación determinada a través del dictamen de otorgamiento de pensión CP/92661/2023, de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. SUSPENSIÓN PROVISIONAL Primeramente, conviene establecer que el artículo 128 de la Ley de Amparo dispone que los requisitos para decretar la suspensión, con excepción de los casos que proceda de oficio, son: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La primera fracción del artículo en cita prevé la acreditación del interés suspensional, es decir, que puede solicitar la suspensión la parte quejosa, entendiéndose por tal, el titular del derecho objetivo que se aduce afectado con el acto de autoridad que tilda de inconstitucional. De esa forma, le recae al peticionario del amparo la carga de probar, aun de manera indiciaria, que el acto reclamado trastoca su esfera de derechos, para así considerar que quien solicita la medida cautelar se trata de la misma persona que aduce la transgresión de sus prerrogativas; ello, con el fin de conceder la medida cautelar. En el presente caso, la parte quejosa solicita la suspensión provisional, para que se comience a realizar el pago de la pensión asignada que aduce asciende a la cantidad de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 moneda nacional) diarios para el año dos mil veintidós, en tanto se resuelve el presente juicio de amparo, ya que sólo de esa forma puede cubrir de manera libre y digna sus necesidades básicas, asimismo, de las constancias que adjunta se advierte que es mayor de cincuenta y cinco años y cotizó por más de quince años ante la autoridad responsable; ello, a efecto de adelantar la protección a su derecho humano a la jubilación, la vida, la salud, derecho a una alimentación sana, la dignidad, la igualdad y el mínimo vital. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción X, constitucional, 128 y 147 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, debe tomarse en cuenta que exista solicitud del quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, sin perjuicio de que esta determinación previa pueda cambiar al momento de dictarse la sentencia definitiva pues, desde luego, esta anticipación en el análisis de las circunstancias y características que rodean al caso, es simplemente un adelanto provisional solo para efectos de la suspensión. Así, en relación con la apariencia de la existencia del derecho, apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho alegado por la parte quejosa. Dicho requisito implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el solicitante de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 15/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, página 16, Novena Época, Materias(s): Común (registro digital 200136), de rubro: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO." Ahora, por lo que hace al peligro en la demora, el cual consiste en la posible frustración de los derechos de la defensa del quejoso, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, la medida cautelar exige, un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse del otro preventivo cálculo de probabilidad que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, el juzgador puede analizar esos elementos si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que implique, no propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva, si los actos impugnados son o no constitucionales. Así, en estos casos excepcionales el efecto de la suspensión será interrumpir un determinado estado de las cosas mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que, si se declaran infundados los conceptos de violación en el juicio principal porque la "apariencia del buen derecho" fuera equivocada, tales actos puedan reanudarse. Es orientadora, la jurisprudencia P./J. 109/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, página 1849, Novena Época, Materias(s): Constitucional, registro digital 180237, de rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO (APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA)." Lo anterior, supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios al promovente y conservar viva la materia del juicio principal, siempre y cuando, con ello no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, pues la actualización de alguno de estos supuestos hace nugatoria la suspensión solicitada. En el caso concreto, de otorgarse la suspensión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, cumpliendo la exigencia contenida en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que no existe medio de prueba alguno que lo evidencie, aun de manera indiciaria; aunado a que con la eventual concesión del amparo, se ha de garantizar la subsistencia del ex trabajador pensionado el permitir que reciba la pensión que se determinó en el dictamen de otorgamiento de pensión CP/92661/2023, de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, documental que adjuntó en copia simple al escrito inicial de demanda y que se tiene a la vista para resolver sobre esta incidencia. Aunado a que lo anterior lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en el escrito inicial de demanda: lo que por ahora resulta suficiente para resolver sobre la suspensión de dicho acto, pues para ello se debe partir del supuesto comprobado de que éste es cierto; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que tiene pleno valor probatorio en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo que tal manifestación goza de eficacia probatoria. Resulta aplicable al caso, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, registro 206395, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO." Por tanto, conforme a los artículos 135, 136 y 148 de la Ley de Amparo se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable dentro de sus facultades, de inmediato realice todas las gestiones administrativas necesarias a fin de que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto de pensión por retiro en edad avanzada le correspondan, esto es, deberá efectuar al menos el pago de la pensión previamente reconocida. En la inteligencia que dada la temporalidad que ha transcurrido desde el reconocimiento del derecho pensionario, no será motivo de justificación de la autoridad responsable que en el informe previo que rinda, comunique que hay solicitudes que ameritan prelación con la del aquí quejoso o que no se realiza con motivo del tópico de asignaciones presupuestarias; asimismo, desde este momento se precisa a la autoridad responsable que en dicho informe tendrá que indicar de manera expresa: a) Si tal pago de pensión se hará de forma periódica y definitiva, y, b) La fecha a partir de la cual se efectuará; de lo que tendrá que adjuntar copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento que haya dado a lo anterior -impresión del comprobante de pago de la pensión-. En el entendido que esta medida suspensional seguirá surtiendo efectos, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que decida sobre la suspensión definitiva. La medida cautelar se condiciona siempre y cuando el acto reclamado, no derive de circunstancias diversas a las señaladas en el escrito de demanda que dio origen a la admisión del presente juicio de amparo; asimismo, si el acto reclamado fuere atribuible por una autoridad distinta a las señaladas como responsables, o si aquél resulta ser uno diferente al que aquí se combate. En la inteligencia de que con esta postura no se contraviene el interés social sino, al contrario, de no concederse la medida, se infringiría el derecho Constitucional de acceso a la seguridad social - artículo 123 apartado A, fracción VIII-; dado que de no efectuarse el pago de la pensión que aduce que previamente fue reconocida, se atentaría en perjuicio del mínimo vital y a la seguridad social del pensionado, al impedirle el disfrute de su haber jubilatorio por la abstención de efectuar los depósitos por tal concepto de pensión. Por tanto, al tratarse de un adulto en condiciones de vulnerabilidad y dado que hasta este momento no se tiene noticia respecto a si cuenta o no con otro ingreso más que el de su pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, lo procedente es otorgarse la medida cautelar con efectos restitutorios. Orienta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), registro 2026730, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación del siguiente rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Sin que por el momento haya lugar a fijar garantía para que surta sus efectos legales la presente medida cautelar; toda vez que no se le ha reconocido el carácter de tercero interesado a persona alguna, no obstante ello, en el supuesto de negarse o sobreseerse en el juicio de amparo, la autoridad responsable estará en aptitud de recuperar los pagos que, en su caso, haya dejado de percibir con motivo de la concesión de la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, pero otorgando la posibilidad a la autoridad de cobrar los montos que hubiera dejado de percibir, si la quejosa no obtiene una sentencia protectora de derechos fundamentales. Notifíquese.
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