Anastacia Luna Evangelista

Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
132/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Anastacia Luna Evangelista
  • Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Alarcón. Taxco, Guerrero.

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Téngase al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, remitiendo testimonio de la resolución dictada en la queja penal 163/2022, en la que declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por la quejosa ***, por propio derecho, en contra del auto del diez de mayo de dos mil veintidós; acúsese recibo. Al no haber actuaciones pendientes por realizar, archívese este expediente como asunto concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Finalmente, toda vez que de la certificación inicial se visualiza que la parte quejosa no exhibió documentos originales, no ha lugar a ordenar devolución alguna. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Eduardo Quintana Román, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Téngase al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, acusando recibo de los oficios que señala, del escrito de expresión de agravios y copia certificada del juicio de amparo en el que se actúa e informando que admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa XXXXX, contra el proveído del diez de mayo del año en curso, quedando registrado con el número 163/2022; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho durante las vacaciones del titular en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del numeral 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con registro digital 164525; autorizada en sesión de veintisiete de junio de dos mil veintidós por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/2931/2022, en unión de Omar García Leyva, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa XXXXX; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra del auto del diez de mayo de dos mil veintidós; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 101 de la normativa de la materia, se tiene por señalada la constancia que alude la promovente, a fin de que se resuelva el medio de impugnación. En consecuencia, una vez que se encuentre integrado este juicio, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigesimoprimer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele vía física el escrito que se provee, copia certificada de las documentales correspondientes, las constancias de notificación respectivas y el informe sobre la materia de la queja. Sin perjuicio de la forma de remisión indicada en el párrafo precedente, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expedientes", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con este para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación que se provee. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Jesús Iram Rodríguez Suriano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerrero, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 132/2022-II. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, debe precisarse que la parte quejosa reclama la omisión e inactividad en la investigación de los hechos por ella denunciados dentro de la carpeta de investigación número *****, atribuidos a autoridades pertenecientes a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Alarcón, así como al Fiscal General del Estado de Guerrero. Asimismo, señala como acto reclamado la falta de judicialización de la mencionada carpeta de investigación. Como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia; la hipótesis de estudio tutela el principio de definitividad que contempla el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. En el caso concreto, es aplicable lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales, mismo que al tenor dispone lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El dispositivo en mención dispone que las determinaciones del ministerio público relacionadas con la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido, las que a consideración de este órgano de control y por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que son recurribles en términos del artículo recién citado, las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, dado que ese actuar supone la paralización de su función investigadora, siendo necesario que previamente a la promoción del amparo se agote el medio de defensa ordinario en observancia al principio de definitividad. Así, el más alto Tribunal, ha determinado que de la interpretación sistemática de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control -a través del medio defensa previsto en el artículo 258 de la última legislación en mención-, las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, con la finalidad de que aquel juzgador, de estimarlo necesario, conmine a que se reanude la investigación y se practiquen las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Ahora bien, si en el caso concreto la promovente de amparo ocurre a reclamar el estado de inactividad del ministerio público con relación a los hechos que denunció cometidos en su agravio, así como la falta de judicialización del asunto, es evidente que tales omisiones se dan en el contexto de la etapa de investigación, lo que conlleva a concluir que su impugnación en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales resulta obligatoria previo a la promoción del juicio de amparo. Lo anterior, precisamente porque las omisiones se traducen en una paralización de las funciones investigadoras de la fiscalía y los efectos de la determinación de abstenerse de investigar son equiparables a la afectación que sufren en sus pretensiones la victima u ofendido cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Atendiendo a las consideraciones expuestas, es dable afirmar que contra el acto combatido por esta vía constitucional, es procedente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido que de no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, se les tendrá únicamente para oír y recibir notificaciones. Sin que haya lugar a tener como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, dado que no constituye un domicilio procesal válido que las partes puedan señalar para esos efectos. En consecuencia, en este acto se ordena que todas las notificaciones, aún las de carácter personal se practiquen a la promovente por medio de lista de acuerdos, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que los actuarios adscritos realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas en este sumario constitucional. De conformidad con lo establecido en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos para la captura de fotografías, debiendo estar bajo la supervisión del secretario del juzgado, previa toma de razón respecto de las constancias obtenidas con su utilización, de las que dé fe, en el entendido de que el aparato que se utilice para tal efecto, deberá ser ingresado a este órgano de control bajo su responsabilidad, siempre que se cumplan las disposiciones de seguridad internas. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Pedro Álvarez Padilla, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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