Anastacia Lopez Velasco
Expediente 115/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Anastacia Lopez Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 115/2023 promovido por ********************, contra actos del 1) Subdirector de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México; y otras. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado el dos siguiente, la citada quejosa, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el 1) Subdirector de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México; 2) Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Estatal Oaxaca; y 3) Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Oaxaca, de quienes reclamó: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Omisión de ubicar a la quejosa en el Régimen de Pensión por Jubilación establecido en el artículo "Décimo Transitorio" de la Ley del ISSSTE, vigente a partir del 01 de abril de 2007; [.] ." Actos que la quejosa señaló como violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en la demanda de amparo expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Auto de desechamiento. Previo cumplimiento al requerimiento formulado, mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal determinó desechar la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, relacionado con el 5º, fracción I y 6 de la Ley de amparo. Inconforme con dicha determinación la parte promovente interpuso recurso de queja, del que por razón de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, bajo el número de registro 156/2023 de su índice, quien en fecha uno de septiembre del año en curso, revocó tal desechamiento y ordenó su admisión. TERCERO. Admisión a trámite de la demanda. Por lo que, en atención a lo ordenado por el Órgano superior, este Juzgado admitió a trámite la demanda de mérito, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Posteriormente, seguido el trámite del juicio, la audiencia constitucional se celebró en esta fecha, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza administrativa, seguido ante un juzgado del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de ubicar a la quejosa en el Régimen de Pensión por Jubilación establecido en el artículo "Décimo Transitorio" de la Ley del ISSSTE, vigente a partir del uno de abril de dos mil siete. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. No son ciertos los actos reclamados, ya que al rendir su informe justificado, así lo manifestaron las autoridades responsables 1) Subdirector(a) de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México; 2) Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Estatal Oaxaca; y 3) Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Oaxaca. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 22/91, registro 205800, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, página 60, por identidad de razón jurídica, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento". Atento a lo anterior, de los informe justificados rendidos por las autoridades responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, se advierte la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista por la fracción XII del artículo 61, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I constitucional, en virtud de que la omisión la omisión de ubicar a la quejosa en el Régimen de Pensión por Jubilación establecido en el artículo "Décimo Transitorio" de la Ley del ISSSTE, vigente a partir del 01 de abril de 2007, no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa. Los dispositivos de referencia estipulan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Constitución Federal "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no causa un agravio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, es decir, tal y como lo establece el principio del juicio de amparo de instancia de parte agraviada, éste solo puede iniciarse a petición de parte y por quien resienta el agravio directo por la ley o acto reclamado. En el caso en concreto, se advierte que la parte quejosa reclama a las responsables omisión de ubicarla en el Régimen de Pensión por Jubilación establecido en el artículo "Décimo Transitorio" de la Ley del ISSSTE, vigente a partir del 01 de abril de 2007. Sin embargo, la responsable Subdirector de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, en su informe justificado, informa, entre otras cuestiones, que la dependencia en la cual laboraba la quejosa, fue la encargada de distribuir el documento de elección, para que así los trabajadores estuvieran en aptitud de elegir la forma libre y consiente el régimen de CUENTAS INDIVIDUALES o DÉCIMO TRANSITORIO, de conformidad con los artículos 41 y 42 del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los Trabajadores, de conformidad con los artículos quinto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día veintisiete de junio de dos mil ocho. En ese orden de ideas, es necesario destacar que los artículos 41 y 42 del Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, disponen: "Artículo 41. Las Dependencias y Entidades, para efecto de informar al Instituto la elección que realicen los Trabajadores en términos de lo previsto en el artículo quinto transitorio del Decreto, deberán integrar la información relativa a dicha elección en una Relación Electrónica. Tratándose de solicitudes de revisión que se encuentren pendientes de resolución al 30 de junio de 2008, las Dependencias y Entidades deberán informar al Instituto la elección que realicen los Trabajadores dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación del Trabajador. Artículo 42. Las Dependencias y Entidades deberán poner a disposición del Instituto la Relación Electrónica, a través de los formatos y procedimientos establecidos en el SIRI, a más tardar el 20 de julio de 2008 en los casos de los Trabajadores que hayan ejercido su Derecho de Opción al 30 de junio del mismo año, y a más tardar el 28 de noviembre de 2008 para los Trabajadores que hubieran ejercido dicho derecho al 14 de noviembre del año referido." De dichos artículos se advierte que la dependencia donde laboraba la quejosa, es la encargada de informar acerca de las disposiciones que establecen la Ley del ISSSTE y sus reglamentos, así como de sus prestaciones. Ahora, en el caso concreto, la responsable oficiante señala que al realizar una revisión en la Base de Datos Única de Derechohabientes (EDUD), advirtió que durante el proceso de elección de régimen pensionario realizado en los ejercicios fiscales 2007 y 2008, la dependencia para la cual labora, no certificó su información de conformidad con lo dispuesto en el Programa de Trabajo para Determinación de los años de Cotización de los Trabajadores Afiliados al ISSSTE. En ese sentido, a fin de actualizar la Base de Datos Única de Derechohabientes (BDUD), de la agraviada, en específico, su régimen de pensión, es necesario que la quejosa realice los siguientes pasos: 1.- Causar baja de la dependencia e iniciar el trámite de otorgamiento de pensión. 2.- Escrito dirigido a la Delegación Regional o Estatal del ISSSTE correspondiente a su domicilio, en el que solicite la actualización de su régimen de pensión, copia de identificación oficial. 3.- Original de Hoja Única de Servicios con fecha de expedición no mayor a 6 meses a partir de su emisión. 4.- Certificación de la Dependencia en la que indique que estuve vigente al treinta y uno de marzo de dos mil siete. Y, una vez, reunido y acreditado lo anterior, deberá acudir al Área de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Regional o Estatal, conforme a su domicilio, para cubrir el trámite correspondiente, y en caso de acreditar que estuvo vigente al treinta y uno de marzo de dos mil siete, el registro se marcará como régimen inactivo, el cual, para efecto de pensiones se lee como régimen de la Ley anterior, en términos del Capítulo V, al artículo 35, segundo párrafo del Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los trabajadores de conformidad con los Artículos Quinto y Séptimo Transitorios del Derecho por el que se expide la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El cual señala lo siguiente: "Capítulo V De los Trabajadores que no Ejerzan su Derecho de Opción en el Plazo Otorgado por el Decreto Artículo 35. Con el fin de respetar el ejercicio del Derecho de Opción en los términos de lo dispuesto por el artículo séptimo transitorio, último párrafo, del Decreto, a los Trabajadores que al 30 de junio de 2008 no hayan comunicado a través del Documento de Elección el ejercicio de dicho derecho, se les extenderá el plazo para hacerlo hasta el 14 de noviembre de 2008. En caso de que al 14 de noviembre de 2008 los Trabajadores no hayan comunicado a través del Documento de Elección el ejercicio de su Derecho de Opción por cualquier causa, les será aplicado lo dispuesto en el artículo décimo transitorio del Decreto, con acceso al resto de las prestaciones y seguros contenidos en la Ley." Con base en lo expuesto, se concluye que el acto reclamado, en este momento, no causan un daño o perjuicio a la gobernada, pues no trasciende a su esfera jurídica, de manera que, la omisión combatida no le causa un daño o perjuicio. Ello, porque existe un procedimiento administrativo que la justiciable debe cubrir antes de acudir al juicio de amparo; por tanto, en este momento, no existe perjuicio real y definitivo a la quejosa, respecto a la omisión de ubicar el Régimen de Pensión por Jubilación establecido en el artículo "Décimo Transitorio" de la Ley del ISSSTE, vigente a partir del 01 de abril de 2007; de ello, deviene la improcedencia de la demanda de amparo. En tales condiciones, al considerarse que no existe agravio personal y directo a la esfera jurídica de la quejosa, es evidente que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XII, con relación al diverso, 5° y 6° de la Ley de Amparo; con relación a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto de las autoridades responsables y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente, Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Karla Itzel Guzmán Rueda, Secretaria de Juzgado, con quien actúa en forma legal, dándose por concluida la audiencia a las once horas con seis minutos de esta misma fecha, y levantándose para constancia esta acta que se firma y autoriza, haciéndose constar que la hora de cierre de la audiencia y la que se observara en las evidencias criptográficas correspondientes a las firmas electrónicas, no coinciden debido al tiempo empleado apara su almacenamiento en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y el proceso empleado para preautorizar y autorizar todos los archivos generados en esta fecha en este juzgado, en términos del artículo 26 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Doy fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se observa que conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Circular 28/2023 emitida en esta última fecha por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de este mes, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca suspendió labores jurisdiccionales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales. En otro apartado, agréguese el escrito de Manuel García Flores, autorizado legal de la quejosa Anastacia Lopez Velasco; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y ÚN MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente Rodolfo Sánchez Zepeda, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y de la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que concede a las partes el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse del contenido del informe justificado, rendido por la Subdirectora de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en la Ciudad de México, y el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, en su carácter de autoridades responsables. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe de cuenta, rendido por la Subdirectora de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en la Ciudad de México; lo anterior, toda vez que en proveído de cuatro de octubre del año en curso, se acordó lo conducente, al haberse recibido el mismo comunicado de cuenta, vía telegráfica. CÚMPLASE.
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