Anastacia Juan Martínez
Expediente 492/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Anastacia Juan Martínez
Actuaciones
- Principal
Mesa IV-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de abril de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Anastacia Juan Martínez, se hizo correctamente a la promovente por conducto de su autorizado el uno de abril del año en curso, notificación que surtió efectos el cuatro siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia en vigor, para interponer el recurso de queja, transcurrió del cinco al once de abril del presente año, descontándose los días dos y tres de abril de este año, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo vigente; sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA IVB] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito firmado por Gerónimo Ortiz Cruz, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de marzo del año en curso, exhibe copia certificada del poder notarial en el cual se advierte que Anastasia Juan Martínez, otorga a Rodolfo Margarito Juan, poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, actos de administración, con cláusula especial, y con el mismo acredita la personalidad con la que comparece al presente juicio. En tales condiciones, se procede a proveer respecto a su admisión. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, oficiosamente se emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, la parte quejosa reclama del magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 22 y del actuario de esa adscripción, residentes en Tuxtepec, Oaxaca, lo siguiente: "DE LA ORDENADORA. La orden de ejecución de la sentencia emitida en el expediente Agrario número 978/2013, sin esperar el resultado del juicio de Amparo Directo número 761/2015, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en el Estado, promovido por el suscrito en contra la sentencia emitida por la responsable en el expediente agrario 1015/2013, no obstante la hoy responsable, declaró la conexidad de los citados expedientes en el segundo párrafo de la página 3 de su sentencia de veintiséis de agosto de dos mil quince. DE LA EJECUTORA. La Ejecución Material de la sentencia emitida en el expediente 978/2013, no obstante de no haberse resuelto el amparo directo 761/2015, del apéndice del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en el Estado, promovido en contra de la sentencia dictada por la propia responsable en el expediente agrario conexo 1015/2013." Sin embargo, contra dichos actos atribuidos a las responsables, residente en esta ciudad, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Es así, debido a que del último precepto invocado, se advierte que tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados después de concluido el juicio, específicamente en los relativos a la ejecución de la sentencia, no pueden válidamente reclamarse en amparo en la vía indirecta, sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, momento en el cual podrán reclamarse además en el amparo, como violaciones procesales, las determinaciones intermedias contenidas en dicha resolución, así como las que se hubieren cometido durante el procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Entendiéndose como última resolución, aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En el caso, la resolución que negara totalmente, en forma directa y sin condición alguna, la ejecución de la sentencia o aquella que declarara la imposibilidad para cumplir con la cosa juzgada, toda vez que se paralizaría totalmente el periodo de ejecución de sentencia y no habría posibilidad de que se llegara a ejecutar y que existiera una resolución que la declare cumplida o la imposibilidad para cumplir con la cosa juzgada. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que si bien el referido el juicio de amparo indirecto deberá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que existen casos de excepción a esa regla, pues, el amparo biinstancial también puede solicitarse contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, que aunque no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, gozan de autonomía respecto de éste, por considerase un requisito previo para hacer ejecutable dicha determinación, no teniendo como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia emitida en el juicio natural. Sin embargo, no se está en ese supuesto, ya que el acto que reclama el quejoso, se trata de un acto dictado en ejecución de sentencia y no se está en presencia de los casos de excepción aludidos con anterioridad para solicitar el amparo indirecto, pues se insiste, el acto aquí impugnado consiste en la orden de ejecución de la sentencia emitida en el expediente Agrario número 978/2013 y su ejecución material. Por tanto, se trata de autos dictados en ejecución de sentencia, emitidos en el referido juicio agrario; luego como las resoluciones aquí combatidas, fueron dictadas por un tribunal agrario, después de concluido el juicio 978/2013, como seguimiento al logro de la ejecución de la sentencia emitida en el mismo; acuerdos o resoluciones intermedios que no tienen el carácter de autónomos respecto del procedimiento de ejecución, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo, ya que en todo caso, ese acuerdo, no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución; por lo que sólo podrán ser reclamados por la parte quejosa, hasta que se dicte la resolución que ponga fin a dicha cuestión, siempre que aquélla sea contraria a los intereses de la misma; esto es, aquella en la que se declare cumplida la sentencia, o en su caso, señale la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Estimar lo contrario, haría procedente el juicio en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación, lo que además tendría como consecuencia el retardo en la ejecución de la sentencia, en perjuicio a las partes. Por lo tanto, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61 y con el artículo 107, fracción IV, y demás preceptos mencionados de la propia ley. Sin que lo anteriormente expuesto, atente contra el derecho humano relativo al acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo y legalidad, pues éste no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para los impetrantes de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx La parte que desee realizar el registro, una vez que ingrese a dicha página, deberá como primer paso, llenar el formulario, proporcionar su nombre completo, domicilio, correo electrónico y la contraseña de su preferencia. Como segundo paso, deberá revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparece en el mensaje. El tercer paso es imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. Cuarto, dicha solicitud deberá presentarse en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, que es en donde se encuentra radicado su expediente de amparo y esperar que el suscrito juez federal acuerde favorablemente su solicitud. Hecho lo anterior, estará listo para utilizar el portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, en esta etapa piloto, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Notifíquese personalmente. (se notifico por lista con fund en el art 27 frac I inciso c de la ley de amparo)
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