Anastacia Espnoza Solar

Expediente 1941/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1941/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Anastacia Espnoza Solar

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Se declara que auto por el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Archívese este asunto como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso d) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    VI. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Juez Quinto Familiar de Toluca, Estado de México; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1941/2022-VI. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de esa forma (física), o demás documentos entregados en esos términos, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En este sentido, las causas de improcedencia son una cuestión que debe analizarse de oficio, debido a que son de orden público, según lo establece el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que respecto del acto reclamado por la parte quejosa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El precepto legal prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, de acuerdo con el cual el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, previamente a su promoción el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Por su parte, el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que rige los actos que por esta vía se impugnan, dispone: "Artículo 5.75. En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: I. El auto que resuelva excepciones procesales; II. El que inadmita pruebas; III. El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles. La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución.". Del dispositivo transcrito se desprende, en lo que aquí interesa, que el recurso de revocación procede, en audiencia, contra la determinación que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Ahora bien, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque el acto reclamado, consistente en la audiencia inicial de treinta de noviembre de dos mil veintidós, tendente a la revisión de las medidas de protección provisionales, dictadas en el expediente ******* del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, Estado de México, lo que evidencia que se trata de un acto emitido por un tribunal judicial y, en consecuencia, que se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Por otra parte, en lo tocante a los requisitos identificados con los números dos, tres y cuatro ya precisados, conforme a la naturaleza del procedimiento de origen, que trata sobre controversias sobre el derecho familiar, se tiene que el artículo 5.75, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, prevé lo siguiente: "Artículo 5.75. En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Conforme al precepto citado, el recurso de revocación procede en audiencia contra el auto que resuelve sobre la revisión de medidas provisionales. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario (en el caso, de los Jueces responsables); además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por último, debe precisarse que la actuación reclamada que se estudia no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni está sujeto a interpretación adicional; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento. Tampoco se requiere una interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso. CONCLUSIÓN Toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, en virtud de que la peticionaria de amparo, debió promover el recurso referido, previsto por la legislación aplicable al caso, para cumplir con el principio de definitividad. Téngase como tal la LISTA que se fije para tal efecto en el portal de internet, así como en lugar visible de este Juzgado de Distrito. FORMA ESPECIAL DE CONTACTO En atención a lo anterior, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico proporcionado. En atención a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo.

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