Anan Jiménez Cortázar

Expediente 505/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
505/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Anan Jiménez Cortázar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    MESA 7.-VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 7.-VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Anan Jiménez Cortazar y Alfredo Jiménez Cortazar; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 505/2020-7, y su acumulado 506/2020-8, promovido por Anan y Alfredo ambos de apellidos Jiménez Cortazar. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informó de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que acompañó la Juez de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, consistente en copia certificada del acta mínima de la audiencia privada (orden de aprehensión) de tres de septiembre de dos mil diecinueve (foja 56), así como en formato "DVD"; y, la documental que en copia certificada acompaño el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Cárdenas, Tabasco (fojas 60 a 71) Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 505/2020-7 y su acumulado 506/2020-8 promovido por Anan y Alfredo ambos de apellidos Jiménez Cortazar, contra actos del Juez de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA 505/2020-7. Por escrito recibido el doce de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnados a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Anan Jiménez Cortazar solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 "De las autoridades que señaló como responsables reclamo la infundada e inmotivada orden de aprehensión decretada en mi contra y la búsqueda y localización de mi persona quien me atribuye la grave conducta del delito de violación, delito que no queda acreditado en ninguna forma, toda vez que no emergen a la vida jurídica EL MODO, TIEMPO, LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS de ejecución del referido delito, ni mucho menos emerge a la vida jurídica los elementos precursores del delito de violación establecido en el artículo 148 del Código Penal en vigor en el estado de Tabasco, es decir por orden constitucional y dentro de lo que establece los derechos humanos las declaraciones de quien hoy se dice ofendida pero además, el certificado médico ginecológico ni tampoco el dictamen psicológico practicado a la ofendida resultarían aptos y suficientes para enervar la presunción de inocencia que garantiza a todo gobernado e indiciado nuestra carta magna, es así que las probanzas con las cuales se fundó y se motivó la orden de aprehensión referida no alcanzan a destruir mi presunción de inocencia pues no operan ni siquiera como pruebas de indicio, por esa razón la orden de aprehensión resulta ilegal, por lo consiguiente dicho acto reclamado consiste: La ilegal orden de detención o aprehensión dictada en mi contra por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse por la autoridad ejecutora pendiente de procurar mi detención y consiguiente privación de mi libertad, ejecución del acto reclamado de la autoridad señalada. De la autoridad señalada el C. agente del ministerio público adscrito al centro de procuración de justicia en Cárdenas, Tabasco, además del acto señalado anteriormente de la orden de aprehensión dictada en mi contra." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Octava Región Judicial con sede en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. 2 Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de la ciudad de Cárdenas, Tabasco. 3 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Destacamentada en Cárdenas, Tabasco. SEGUNDO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA 506/2020-8. Por escrito recibido el doce de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnados a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Alfredo Jiménez Cortazar solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 "De las autoridades que señaló como responsables reclamo la infundada e inmotivada orden de aprehensión decretada en mi contra y la búsqueda y localización de mi persona quien me atribuye la grave conducta del delito de violación, delito que no queda acreditado en ninguna forma, toda vez que no emergen a la vida jurídica EL MODO, TIEMPO, LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS de ejecución del referido delito, ni mucho menos emerge a la vida jurídica los elementos precursores del delito de violación establecido en el artículo 148 del Código Penal en vigor en el estado de Tabasco, es decir por orden constitucional y dentro de lo que establece los derechos humanos las declaraciones de quien hoy se dice ofendida pero además, el certificado médico ginecológico ni tampoco el dictamen psicológico practicado a la ofendida resultarían aptos y suficientes para enervar la presunción de inocencia que garantiza a todo gobernado e indiciado nuestra carta magna, es así que las probanzas con las cuales se fundó y se motivó la orden de aprehensión referida no alcanzan a destruir mi presunción de inocencia pues no operan ni siquiera como pruebas de indicio, por esa razón la orden de aprehensión resulta ilegal, por lo consiguiente dicho acto reclamado consiste: La ilegal orden de detención o aprehensión dictada en mi contra por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse por la autoridad ejecutora pendiente de procurar mi detención y consiguiente privación de mi libertad, ejecución del acto reclamado de la autoridad señalada. De la autoridad señalada el C. agente del ministerio público adscrito al centro de procuración de justicia en Cárdenas, Tabasco, además del acto señalado anteriormente de la orden de aprehensión dictada en mi contra. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Octava Región Judicial con sede en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. 2 Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de la ciudad de Cárdenas, Tabasco. 3 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Destacamentada en Cárdenas, Tabasco. TERCERO. ADMISIÓN DE LAS DEMANDAS Y ACUMULACIÓN DE JUICIOS. Por auto de trece de marzo de dos mil veinte, se registraron las demandas de amparo con los expedientes 505/2020-7 y 506/2020-8 respectivamente; se decretó de oficio la acumulación de la demanda de amparo 506/2020-8 a la 505/2020-7 y se admitieron a trámite dichas demandas, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". QUINTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente asunto y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. SEXTO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata del Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco; así como de la tercera interesada de identidad reservada de iniciales NNAS, representada por Gloria Sastre Pérez (fojas 74 y reverso), mismas que fueron emplazadas el dieciocho de febrero de dos mil veinte (foja 119 y 120). CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables Juez de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco y Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Cárdenas, Tabasco (fojas 55 y 59), pues así se advierte del contenido íntegro de su informe justificado; inclusive, a efecto de evidenciar su constitucionalidad, la primera adjuntó copias certificadas del acta mínima de audiencia privada (orden de aprehensión) de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 555/2019, un disco versátil digital (DVD), y la segunda de las responsables acompañó diversas copias certificadas, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por otra parte, el Jefe de Grupo de la Policía de Investigación del Estado, comisionado en Cárdenas, Tabasco, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado (foja 145); sin embargo, mediante telegrama recibido en este juzgado el veintiocho de octubre del presente año, hizo la aclaración correspondiente respecto del mismo, en donde refiere que es cierto el acto reclamado. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por los quejosos, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL RESPECTO AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, ya que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad dado que esta juzgador procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora bien, el análisis del asunto que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el libramiento de una orden de aprehensión, donde ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a los antecedentes y datos expuestos por la Agente del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión y los que fueron ponderados por el Juez responsable, en razón de que el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que el Ministerio Público puede solicitar el libramiento de orden de aprehensión del imputado, por cualquier medio que garantice su autenticidad, en el que expondrá ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensión y, en el caso, esto último fue en forma oral, dentro de audiencia privada con el juez responsable. Por lo que la orden de aprehensión reclamada debe estudiarse únicamente con base en las cuestiones expuestas por la representación social al solicitar tal medida, sin que haya lugar a introducir nuevos temas al respecto. Una vez precisado lo anterior, cabe destacar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, dice: "Artículo. 16. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De la interpretación literal del precepto constitucional trascrito se arriba a la conclusión de que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, con el propósito primordial de que el justiciable conozca "el para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en dar a conocer en detalle y de manera completa la esencia de las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, para otorgarle la posibilidad de defenderse en contra de dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En consecuencia, deberá examinarse en el caso a estudio, si se cumplen tales exigencias constitucionales. El numeral 16 de nuestra Carta Magna, impone la obligación de estudiar y analizar si un acto de molestia de autoridad, que se reclame en amparo, contiene o no la motivación que exige el numeral transcrito. Lo que es así en razón de que, para que una determinación de autoridad colme la obligación constitucional en cita, es menester que quien emita el acto plasme en la misma los conceptos en los cuales, a su juicio, se sustenta la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Sin embargo, no debe caerse en el equívoco de que basta con vaciar ciertas consideraciones para cumplir con la garantía fundamental de motivación, ya que argumentar no equivale a motivar; para que esto último suceda, es indispensable que lo discurrido por la autoridad ponga de manifiesto la congruencia existente entre el caso particular y el supuesto contemplado en la ley aplicada, lo cual requiere, ineludiblemente, razonamientos claros, precisos y directos, tanto para hacer posible la defensa del afectado como el estudio de la resolución. Lo considerado tiene sustento, por identidad de razón, en la tesis XX.102 K, que se lee: "MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa." En relación con la orden de aprehensión, los artículos 141, 142 y 143 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, en su orden, disponen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I.Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II.Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III.Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De las trascripciones que anteceden, se colige que para el dictado de una orden de aprehensión deben cumplirse como requisitos de forma y fondo, los siguientes: a). Se emita por una autoridad judicial competente. b). Exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. c). Se sancione con pena privativa de la libertad. d) Existan de datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que la ley señale como delito y, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (requisitos de fondo). e) El Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Hasta aquí el marco referencial. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por la Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente juicio constitucional y lo resuelto por la Juez de Control al respecto, se llega a la conclusión de que la orden de aprehensión reclamada, reúne los requisitos previstos por el artículo 16 de la Constitución Federal. En el caso a estudio, el primero de los requisitos se acredita, al advertirse de autos que la orden de aprehensión combatida proviene de autoridad judicial competente, como es la Juez de Control de Cárdenas, Tabasco, pues se emitió por un delito cometido intencionalmente, ya que en términos del numeral 20, fracción I, del Código de Nacional de Procedimientos Penales, los órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo de la Judicatura. Asimismo, resulta competente la juez responsable por versar sobre hechos ocurridos en el poblado C-20 del municipio de Cárdenas, Tabasco, Tabasco, donde ejerce jurisdicción territorial de conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, máxime que este juzgado advierte que se actualiza dicha competencia. El segundo de los elementos se justificó con la denuncia presentada por Gloria Sastre Pérez, madre de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales NNAS; hechos que de acuerdo con su mecánica y particulares circunstancias, la juez de control ubicó en la hipótesis prevista en el artículo 148 en relación con el 151 del Código Penal para el Estado de Tabasco, hecho que la ley señale como delito; además esa conducta delictiva por la que se ejerció la acción persecutora, se persigue de oficio. El tercero de los requisitos enlistados se cumple también, en razón que la juez responsable, el tres de septiembre de dos mil diecinueve, libró orden de aprehensión contra los quejosos respecto del delito de violación, previsto por el artículo 148 en relación con al 151 del Código Penal para el Estado de Tabasco, le corresponde pena privativa de libertad de diez a veinte años. En cuanto al cuarto requisito que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, consistente en que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como al quinto requisito enumerado, relativo a que el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela; ameritan estudio aparte, sin embargo, se adelanta que se justifican dichos requisitos, en razón de que este Juzgador Federal los encuentra debidamente fundados y motivados, como a continuación se verá. En el caso, el ilícito que se imputa a los quejosos es el de VIOLACIÓN, previsto por el artículo 148 en relación al 151 del Código Penal para el Estado de Tabasco, el cual tiene la siguiente descripción típica: "Articulo 148.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de diez a dieciséis años. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo." "Artículo 151.- Cuando la violación se cometa por dos o más personas, o el sujeto activo tenga con la víctima una relación de autoridad de hecho o de derecho, se impondrá prisión de diez a veinte años. Además de las sanciones previstas, en el segundo supuesto de este artículo, el órgano jurisdiccional, privará al sentenciado, del ejercicio de la patria potestad, la tutela o la custodia y, en su caso, de los derechos sucesorios con respecto de la víctima." Ese hecho que la ley señala como el delito de violación, se materializa cuando una persona, por medio de violencia física o moral tenga cópula con persona de cualquier sexo. En la especie, se conviene con la juez de control al librar la orden de aprehensión, pues el agente del Ministerio Público le expuso los datos suficientes que establecen que se cometió ese hecho y que existe la probabilidad de que los imputados quejosos participaron en su comisión, como se justifica enseguida. Se cuenta con los siguientes datos de prueba: 1). Denuncia ministerial por comparecencia de uno de septiembre de dos mil diecinueve, por Gloria Sastre Pérez (madre de la víctima), quien denunció a Anan y Alfredo, ambos de apellidos Jiménez Cortázar; quien, en relación a los hechos denunciados manifestó: ".Que el día treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, le dimos permiso a mi menor hija (.), de salir a un baile que había en el domo del poblado C-20, el cual se ubica entre la calle 3 y 4 del poblado C-20 de Cárdenas, Tabasco, con su hermano de nombre Gerónimo Aquino Sastre, y sus amigas Yereni Jiménez Aquino y Monserrat, de la cual no recuerdo sus apellidos, que se fueron de la casa como a eso de las 23:55 horas a dar solo una vuelta y regresarían, por lo que yo me quedé en casa viendo tele, pero me quedé dormida, por lo que el uno de septiembre de dos mil diecinueve, serian aproximadamente las 07:00 horas, me encontraba en mi domicilio ubicado en la calle cuatro, del poblado C-20 Miguel Hidalgo I. Costilla, de Cárdenas, Tabasco, cuando llegó mi hija (.), y vi que se metió a su cuarto y atrás de ella me fui yo y le pregunté que sí que le pasaba y ella me respondía no yo les dije que no quería, y nuevamente le pregunte que sí que le había pasado, y esta me comenzó a decir que la C. Mayra Sánchez, la amenazó con un arma de fuego y la obligó a subirse al vehículo de color negro el cual era conducido por ANAN JIMENEZ CORTAZAR y que la llevaron a su domicilio que se ubica entre calle 7 y 8 del poblado C-20 de Cárdenas, Tabasco, en donde la C. Mayra Sánchez la obligó a que tuviera relaciones con el C. Alfredo Jiménez Cortázar, y también me dijo que la C. Mayra Sánchez la obligó a consumir drogas y cervezas, es por tal motivo que se presentó ante esta autoridad para querellarme por el delito de violación, cometido en agravio de mi menor hija, y en contra de Mayra Sánchez Ramos, Alfredo Jiménez Cortázar y Anan Jiménez Cortazar." 2). Entrevista realizada a la menor con el protocolo de actuación con quienes imparten justicia a niños, niñas y adolescentes, realizada por la psicóloga Yari Miranda de la Cruz, el asesor jurídico licenciado Alfredo José Ponz Hernández, y la madre del menor de edad, la señora Gloria Sastre Pérez, manifestando la menor de edad: Que el treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, aproximadamente a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos, salió de su domicilio ubicado en calle Cuatro del Poblado C-20 de Cárdenas, Tabasco, en compañía de su hermano Gerónimo Aquino Sastre y unas amigas de nombre Yereni Jiménez Aquino y Monserrat, ya que fueron a un baile que se celebraba en el domo del poblado, y que aproximadamente a las cinco horas del uno de septiembre de dos mil diecinueve, se encontraba sentada en el parque que se ubica en el poblado C-20 de Cárdenas, Tabasco, en compañía de su amigo Carlos Eduardo Arias, el cual también había ido al baile que se llevó a cabo en el poblado entre las calles tres y cuatro, cerca del campo. Que en ese momento llegaron cuatro personas, tres del sexo masculino y una del sexo femenino, la cual sabe que se llama Mayra Sánchez Ramos, a bordo de un vehículo de color negro, el cual era conducido por el esposo de Mayra Sánchez Ramos, que esta se bajó del vehículo y que se dirigió hacia donde estaba, y pudo ver que traía una pistola en su mano y le dijo que se subiera al carro y le dijo que si no se subía le iba a ir mal; que su amigo Carlos Eduardo Arias le decía que no se fuera, pero que por temor a las amenazas de Mayra y al ver el arma de fuego se subió a la camioneta. Que de ahí la llevaron a casa de Mayra Sánchez, la cual se ubica en la calle entre siete y ocho del poblado C-20 de Cárdenas, Tabasco, que estando dentro del domicilio Mayra Sánchez la obligó a tomarse una cerveza y pudo observar que le hecho un polvo a la cerveza, le dijo que se acostara con su cuñado Alfredo Jiménez Cortázar, quien le pidió que consumiera drogas, y que como ella no quiso, le empezó a pegar de cachetadas y la metió a una habitación y le dijo que se acostara con Alfredo Jiménez Cortázar, y la amenazaba con una pistola a la altura de la cabeza. Que Mayra salió de la habitación y la dejó encerrada con Alfredo Jiménez Cortázar quien es su cuñado, que Mayra le dijo a Alfredo que no se preocupara que ella y Anan Jiménez Cortázar se quedarían cuidando afuera; que Alfredo la aventó a la cama y le empezó a quitar la ropa, le quitó su pantalón, le rompió la blusa, le bajó su brassier y le comenzó a besar sus senos, y después le quitó su ropa interior, y bajó a su vagina para hacerle sexo oral, luego se subió encima de ella y la comenzó a besar, y en ese mismo momento penetró su vagina, que ella lo empujaba y le pedía que la dejara y trataba de quitárselo de encima, pero que Alfredo Jiménez tiene mucha fuerza y no pudo defenderse y terminó dentro de ella; que luego levantó su ropa y se vistió, que salió del cuarto junto con Alfredo y en ese momento Mayra le dijo que irían a comprar cervezas; que en ese momento salieron de la casa de Mayra y antes de subir al vehículo salió corriendo y empezó a gritar por la calle para que alguien la auxiliara. Que como su hermano Alejandro Aquino Sastre vive a dos cuadras de donde se encontraba pensó refugiarse en su casa, pero que éste nunca la escuchó, por lo que siguió caminando y en ese momento pasó un señor en una bicicleta y le pidió que por favor la ayudara y la llevara a su casa la cual se ubica en calle cuatro sin número del poblado C-20, de Cárdenas, Tabasco. 3). Dictamen psicológico físico-sexual realizado a la víctima de identidad reservada de iniciales NNAS, mediante oficio 11310/2019, de dos de septiembre de dos mil diecinueve, signado por la psicóloga María Dolores Salvador Morales, perito adscrita a la Fiscalía General del Estado, en el que destaca que se encuentra afectada por los hechos denunciados, quien se muestra insegura y con temores, asimismo si requiere tratamiento psicológico, por un tiempo de seis meses, con sesiones semanales, que la víctima no ha alcanzado su desarrollo psicosexual, ya que se encuentra en la tercera etapa del desarrollo psicosexual de la adolescencia. Datos de prueba que la juez de control valoró conjuntamente de conformidad con el numeral 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los consideró idóneos y suficientes para revelar que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 148 en relación al 151 del Código Penal para el Estado de Tabasco; circunstancia con la que para efectos de la orden de aprehensión, esto es, hasta este estadio procesal, comulga el suscrito juzgador, en la medida que dichos datos dan cuenta que el uno de septiembre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las cinco de la mañana (circunstancia de tiempo) cuando se encontraba sentada en el parque del Poblado C-20, en compañía de su amigo Carlos Eduardo Arías, quien también había ido al baile que se celebró en el domo del poblado, llegaron cuatro personas en un vehículo negro, tres del sexo masculino y una del sexo femenino, que la persona del sexo femenino de nombre Mayra Sánchez Ramos llevaba una pistola la obligó a subirse al vehículo, que de ahí fueron al domicilio de ésta que se encuentra ubicado en la calle siete y ocho del poblado C-20 de Cárdenas, Tabasco (circunstancia de lugar) , que Mayra Sánchez Ramos la encerró en una habitación con el cuñado de ésta de nombre Alfredo Jiménez Cortázar, quien la aventó en una cama y le quitó la ropa, le rompió su blusa, le bajó el brassier y le empezó a besar sus senos, después le quitó su ropa interior y le hizo sexo oral en su vagina y después la penetró en su vagina, mientras ella lo empujaba y le decía que la dejara (circunstancias de modo). Además, fue correcta la apreciación de la juez instructor al considerar calificada la conducta (hecho que la ley señala como delito de violación) analizada, en la medida que, con las entrevistas de la madre de la víctima y de la propia menor, así como con la entrevista de la psicóloga María Dolores Salvador Morales, perito adscrita a la Fiscalía General del Estado, en la que se considera autores materiales directos a Alfredo Jiménez Cortazar, de autoría directa y la participación en calidad de cómplice Anan Jiménez Cortazar y Mayra, en términos del artículo 13 bis fracción V, del Código Penal del Estado de Tabasco, y que la conducta fue de naturaleza dolosa, y fue instantánea de acuerdo a lo señalado por los artículos 8, 9 y 10 parrado segundo del Código sustantivo vigente en el Estado, afectando el bien jurídico tutelado en la norma. De ahí que se sostenga que la juez de control estuvo en lo correcto al resolver como lo hizo, ya que los datos de prueba relacionados fueron correctamente razonados y concatenados, haciendo un enlace lógico y natural de los acontecimientos derivados de esos datos. Entonces, los datos de prueba reseñados, como lo consideró la juez responsable, son suficientes para establecer que hasta ese estadio procesal posiblemente se cometió un hecho que la ley señala como delito (violación). De la misma forma la juez estableció que los mismos datos de prueba hacen patente la posibilidad o probabilidad de que los imputados (aquí quejosos) cometieron el hecho que se considera delictuoso, por sí mismo, es decir, como autor material directo a Alfredo Jimenez Cortazar, y en su calidad de cómplice a Anan Jiménez Cortazar. Pues además el juzgador natural acertadamente ubicó la participación de los imputados (quejosos) en la hipótesis que señala el numeral 148 en relación al 151, del Código Penal de la entidad, en razón de que el delito fue cometido por más de dos personas. En la misma óptica, se considera correcta la apreciación de la juez responsable cuando determinó que existe la necesidad de cautela en la petición de aprehensión, pues tomó en consideración para ello los argumentos que le expuso el Fiscal del Ministerio Público, quien sostuvo que además de que el hecho que la ley señala como el delito de violación amerita prisión preventiva oficiosa, como lo dispone el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal, por atentar contra la libertad y sano desarrollo de la personalidad de la víctima. Es decir, se aprecia que la autoridad responsable sí tomó en cuenta los motivos que le argumentó el fiscal investigador para justificar la medida de la solicitud de aprehensión, con lo cual se cumplió con ese requisito exigido por la ley para la emisión de ese tipo de mandatos; máxime que se advierte que tales argumentos no se apartan de lo dispuesto por el referido dispositivo constitucional para justificar la necesidad de la medida, ni tampoco de la lógica y tienen relación directa con el hecho que la ley define como delito y que se imputa a los quejosos. Lo anterior encuentra puntual respaldo en la tesis XXII.P.A.32 P (10a.) que se lee: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, NO SE SATISFACE CON LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDEN CON UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. El artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de que el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, emita una orden de aprehensión contra una persona, cuando exista necesidad de cautela; sin embargo, la motivación de esa necesidad de cautela no se satisface con la circunstancia de que los hechos del caso corresponden con un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, en términos del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello es un supuesto que será materia de una etapa posterior, una vez que se establezca la audiencia inicial y se vincule, en su caso, a proceso al imputado. De ahí que con independencia de que el delito amerite prisión preventiva oficiosa, ese requisito de necesidad de cautela debe justificarse de conformidad con el artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal, por ser ésta una de las exigencias más importantes para preferir la orden de aprehensión, frente a otras formas de conducción del imputado al proceso." Así entonces, contrario a lo alegado por los quejosos en sus conceptos de violación en los que refieren que: 1) La juez responsable ordenó la privación de su libertad, basada en elementos subjetivos de pruebas, toda vez que para llegar a tener un indicio razonable en la cual se establezca que cometieron el delito de violación, era necesario allegarse de otros medios de pruebas que hicieran verosímil el señalamiento de la víctima. 2) Que una orden de aprehensión no puede ser el resultado de los dichos, las dudas, las sospechas, la simulación y la mentira, sino que dicha orden de aprehensión tiene que estar debidamente fundada y motivada, porque se ven involucrados sus derechos fundamentales como lo es su libertad, por lo que para librar una orden de aprehensión debe de estarse cuando menos en lo establecido por el artículo 19 constitucional, y que en el caso no se está en ese supuesto 3) Que la orden de aprehensión decretada en su contra surgió como consecuencia únicamente de una denuncia concatenada con el certificado médico ginecológico robusteciéndola con un dictamen psicológico a favor de quien se dijo víctima, lo que resulta insuficiente porque dichas periciales no arrojan ningún dato de prueba a la causa para establecer que participaron en el evento delictivo. 4) Que de tomar el certificado médico ginecológico como elemento probatorio e incriminar a una persona estarían en desventaja porque cualquier persona podría solicitar un certificado médico ginecológico y acusar a una persona por un delito sexual, respecto a ello estaríamos diciendo que el dicho de una persona tiene valor preponderante y les dejaría en un estado de indefensión, porque los elementos constitutivos del delito de violación señalado en el artículo 148 del Código Penal, son la violencia física, la violencia moral y la ausencia de voluntad, lo que en este caso según los quejoso no acontecía. Estos resultan totalmente infundados, tomando en consideración que este juzgador advierte que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se precisó se acataron los requisitos del artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por consiguiente no se advierte vulneración a los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 14. Máxime que en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para librar una orden de aprehensión, no exige que previamente se oiga al imputado en su defensa, al tratarse de un acto de molestia emitido por un juez de control, que sólo restringe de manera provisional la libertad de la persona a la cual se encuentra dirigida. Sirve de apoyo para justificar lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Página 5, Registro 200080, Novena Época, que a la letra indica: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En efecto, una orden de aprehensión sólo se trata de una medida restrictiva de la libertad, para conducir al probable agresor a la audiencia de formulación de imputación, en la que podrá ejercer su garantía de audiencia, es decir, manifestar su versión de los hechos -si así lo estima conducente-; aportar datos de prueba que corroboren su postura; formular los alegatos que considere necesarios; e, incluso, impugnar en la vía ordinaria el fallo que se llegue a dictar, con el propósito de ejercer su derecho a una defensa adecuada. Es decir, la juez de control podía ordenar la aprehensión de los imputados quejosos, sin necesidad de que existiera una cita previa, pues en la especie, el fiscal solicitante demostró la necesidad de cautela, es decir, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que los imputados se pudieran evadir de la acción de la justicia y que se les estaría poniendo en alerta, que es un delito grave y que trae aparejada una ejecución de prisión preventiva oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.P.86 P (10a.) que se lee: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia." De ahí que al existir medios de prueba que soportan el mandamiento de captura como una forma de conducir a los quejosos al proceso con un estándar mínimo de valoración, es por ello que no se conculca el principio de presunción de inocencia, en tanto que será dentro del proceso cuando hagan patente su teoría del caso en aras de demostrar su inocencia. Por tanto, la orden de aprehensión reclamada no violenta los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1º de la Constitución, siendo aplicable la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Página 906, Registro 2004747, Décima Época, que señala lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. En la jurisprudencia antes transcrita establece que el principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus prertensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Cabe hacer mención que con la emisión de la resolución reclamada, tampoco se trastocaron los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la porción normativa relativa a que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, puesto que el delito por el que se instruye la investigación penal en contra de los aquí quejosos, amerita pena privativa de la libertad; de ahí que fue correcta la emisión de la orden de aprehensión, pues por ese sólo supuesto, como ya se precisó, se evidencia la necesidad de cautela para su actualización. De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por los quejosos cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (orden de aprehensión). De modo tal que en las relatadas circunstancias, la orden de aprehensión reclamada no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine y de presunción de inocencia. Por otra parte, se advierte que los quejosos para justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, invoca las tesis de rubros: "VIOLACION, DECLARACION DE LA OFENDIDA EN EL DELITO DE." "VIOLACIÓN DELITO DE, VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA." "VIOLACIÓN, DELITO DE. PARA SU PLENA COMPROBACIÓN SE REQUIERE, NO SÓLO DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA, EN LA QUE SEÑALE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR, TIEMPO Y MODO DE SU EJECUCIÓN, SINO TAMBIÉN DE OTROS MEDIOS DE CONVICCIÓN INEQUÍVOCOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO EN SU COMISIÓN." "CERTIFICADO MEDICO GINECOLOGICO. NO APTO PARA ACREDITAR EL DELITO DE VIOLACIÓN." "VIOLACIÓN, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE." Sin embargo, en la especie resultan inaplicables toda vez que como se delimitó en párrafos anteriores, para emitir la orden de captura por el delito que se les imputa -violación-, no se requieren de pruebas plenas que acrediten la participación de los imputados, sino como se ha dicho de forma reiterada en esta sentencia, de que únicamente es necesario que se reúnan los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, que se desprendan datos que evidencien la posibilidad de que los imputados lo hayan cometido o participado en un hecho que la ley considera como delito. Pues respecto a la primera tesis aislada 219016, en donde establece que la imputación de la ofendida debe ser corroborada con algún otro elemento o dato de prueba, para sustentar una sentencia condenatoria, debe decirse que dicha imputación fue corroborada con el dictamen ginecológico y la valoración psicológica de la víctima, no obstante, ello será materia de debate en la etapa de desahogo de pruebas. Pues se ha dejado en claro que para motivar la orden de captura reclamada no se requieren de pruebas plenas que acrediten la participación de los imputados, sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 Constitucional y que se desprendan datos que evidencien la posibilidad que aquél haya cometido o participado en un hecho que la ley considera como delito. Así se afirma debido a que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal que rige en el país, en que la imputación como el proceso se realiza en forma oral a través de las diversas audiencias que ocurren en el mismo, basta los mínimos datos de prueba para ser emitida, por lo que con los datos mencionados en la audiencia privada por la Juez responsable, que constan en la carpeta de investigación son suficientes para obsequiar la orden de aprehensión reclamada. Respalda lo antes mencionado, la tesis XV.3o.3 P (10a.), que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva." Por ende, el acto reclamado fue dictado por autoridad competente, si bien la audiencia privada se celebró en forma oral de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, también se asentó su registro en forma escrita, en la cual se constata que se encuentra fundada y motivada. Por cuanto hace a la tesis aislada con registro 204703, esta tampoco resulta aplicable, dado hasta este estadio procesal no existen contradicciones en la entrevista de la víctima menor de identidad reservada, pues se insiste, los quejosos pierden de vista que el proceso que se les instruye se encuentra en investigación y no se ha dictado sentencia, por tal motivo dicha tesis es inaplicable dado que no se ha emitido un examen por parte del juez de origen respecto del delito que se les imputa. Así también, conforme a la tercera y cuarta tesis aisladas con registros 198891 y 203377, así como la jurisprudencia con registro 199552, éstas también resultan inaplicables, pues la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. En esa tesitura, se considera que la juez responsable acató las formalidades esenciales del procedimiento, respetando con ello el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrado en el artículo 14 constitucional. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." En consecuencia, al ser constitucional la orden de aprehensión reclamada, se niega la protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad responsable ejecutora, ya que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de los vicios de ilegalidad que se atribuyeron al acto por el cual se negó el amparo. Sustenta lo expuesto la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero- Junio de 1998, Página 357, Octava Época: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada.". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de trece de marzo de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, así como sexto transitorio de la Ley de Amparo, se. R E S U E L V E PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Anan Jiménez Cortazar y Alfredo Jiménez Cortazar, en contra del acto y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se tienen protegidos los datos personales de las partes de acuerdo a lo determinado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: agréguese a los autos el telegrama de cuenta, signado por el Jefe de Grupo de la Policía de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco, mediante el cual aclara su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese.

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