Anamely Karina González Reyes
Expediente 203/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Anamely Karina González Reyes
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de diecisiete de marzo del año en curso, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en la carátula del mismo. Por ende, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, en atención a su contenido con fundamento en lo dispuesto por el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, procédase a la devolución de los documentos que refiere, previa copia y constancia que de ello se deje en autos de los autorizados para tal efecto. Hágase de su conocimiento que deberá solicitar la generación de un código QR el cual que deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, a efecto de que se encuentren en posibilidad de ingresar a las instalaciones de este Juzgado Federal para el desahogo de la comparecencia, lo anterior en términos de los párrafos segundo y tercero del Acuerdo General 21/2020. Notifíquese.
- Principal
A sus autos agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de nueve de marzo actual, téngase por hechas sus manifestaciones, en consecuencia se procede a proveer en relación al libelo inicial de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Se desprende del precepto reproducido, que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Expuesto lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado y autoridades lo siguiente: Departamento de Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. A).- ORDENADORAS.- Director y/o Encargado del Departamento de Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales del Ayuntamiento de Soto, Hidalgo. ACTO RECLAMADO Lo hago consistir en contra de los actos de molestia cometidos dentro de mi propiedad privada, ubicada en *** causándome perjuicios en mi fuente de trabajo purificadora "***" la cual es de servicio particular y no depende de ningún departamento de Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistema Intermunicipales, ya que no tengo contrato de servicio de agua con dicha dependencia y la tubería que cortaron el día jueves 25 de febrero del presente año como a las 12:00 horas del día, perteneciente a mi propiedad privad en forma exclusiva que tengo para uso de abastecimientos a mis clientes de mi negocio particular de agua que suministro al fraccionamiento Real Toledo, y que actualmente no estoy brindando mi servicio en forma adecuada por la arbitrariedad que me cometieron los trabajadores de la dependencia causando a la suscrita pérdidas económicas y afectación directamente en mi patrimonio familiar transgrediendo los numerales 14 y 16 constitucional" En ese tenor, este órgano de control constitucional, de oficio, advierte la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, o de esta ley. "Artículo 1.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Para acreditar lo anterior, primeramente conviene comprender el alcance del término "autoridad responsable", para ello es factible acudir a los criterios que ha emitido al respecto el más Alto Tribunal del país aún bajo el imperio de la abrogada Ley de Amparo, pues la única distinción en la nueva legislación radica en que ya no se atiende a la naturaleza del sujeto, sino al acto cuya constitucionalidad se impugna; pero, se insiste, el juicio de amparo conserva como norma de procedencia que sólo se promueve contra actos de autoridad. En efecto, el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, establece que por autoridad responsable debe entenderse "... la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..."; por lo que mantiene vigente el concepto jurídico que de "autoridad responsable" establecía la Ley de Amparo derogada que disponía en su artículo 11 como tal "... la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado." Ahora bien, de los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De igual modo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la segunda fracción del mencionado artículo 5° de la ley de la materia y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de derechos fundamentales, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sustenta lo anterior, la tesis aislada P.XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De acuerdo con lo anterior, para que el acto de un órgano sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación; es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado, los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. Así, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: Ser unilateral, porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce; esto es, su emisión sólo depende de la voluntad de la autoridad. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Así, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo, caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En términos de estas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de este juicio constitucional. En el caso a estudio, la parte quejosa reclama el hecho de que los trabajadores del Departamento de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo cortaron la tubería por la cual la agraviada suministra agua purificada a sus clientes, causándole a la misma una pérdida económica y afectación a su patrimonio, ya que al cortar la tubería se tiraron más de seis mil litros de agua purificada, dejando sin servicio a sus clientes. De lo anterior se aprecia que, la quejosa reclama una pérdida económica y una afectación a su patrimonio, sin embargo, el resarcimiento a dichos daños materiales causados en la propiedad de la parte quejosa, no pueden ser considerados como un acto de autoridad, en tanto que el actuar del personal de la Comisión de Agua señalada como responsable, si bien cortó la tubería de agua de la quejosa no fue bajo un marco de subordinación, toda vez que se debió a una confusión que expone la propia solicitante de derechos, incurrieron al arribar a su domicilio e iniciar los trabajos de la toma. De ahí que la responsable Departamento de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo no tiene el carácter de autoridad para los efectos de amparo, en términos de la jurisprudencia P./J.20/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD. NO LO ES, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, EL DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO. Si bien la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco se erige en autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, como lo estableció este Alto Tribunal en la tesis P. XLVIII/91, publicada en la página 6 del Tomo VIII, del mes de octubre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AUTORIDAD, LO ES PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, AL PODER HACER EFECTIVOS LOS CRÉDITOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE COERCITIVAMENTE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA.", dado que a través de la Dirección General de Hacienda puede lograr el cobro de los derechos por consumo de agua, por la vía económico-coactiva, de ello no se sigue que el director general de la citada comisión tenga facultades de decisión e imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que en tal hipótesis resulta improcedente el juicio de amparo en su contra, ya que no se encuentra investido de los atributos que, conforme a la interpretación de esta Suprema Corte, caracterizan a una autoridad para efectos del juicio de amparo." En ese orden de ideas, debe decirse que el resarcimiento de los daños que aduce la quejosa le fueron causados, no puede ser materia de este juicio constitucional, porque no estamos ante un acto de autoridad, sino se debió a una equivocación, lo que pudiera traducirse en una actuación irregular del Estado, pues la quejosa reclama una pérdida económica que no es materia del juicio de amparo, sino en todo caso, de un juicio ante las instancias administrativas para reclamar la responsabilidad patrimonial, que en su caso hubiere incurrido la citada Comisión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 176, de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal; por lo que, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la demanda... Fórmese expediente y regístrese con el número 203/2021-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el -S.I.S.E-...., con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente de aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído bajo protesta de decir verdad: Precise con claridad el acto reclamado que hace consistir en ".actos de molestia cometidos dentro de mi propiedad privada *** perjuicios en mi fuente de trabajo purificadora, la cual es de servicio particular y no depende de ningún departamento de comisión de agua y alcantarillado de sistemas intermunicipales, ya que no tengo contrato de servicio de agua con dicha dependencia, y la tubería que cortaron el día jueves 25 de febrero del presente año como a las 12:00 horas del día, pertenece a mi propiedad privada en forma exclusiva que tengo para uso de abastecimiento a mis clientes de mi negocio particular de agua..., y que actualmente no estoy brindando mi servicio en forma adecuada por arbitrariedad que me cometieron los trabajadores de la dependencia causando a la suscrita perdidas económicas y afectación directamente en mi patrimonio familiar, transgrediendo los numerales 14 y 16 constitucional.(sic)". Lo anterior, en virtud de que como puede advertirse la solicitante de derechos, de manera genérica refiere actos de molestia en la toma de agua que aduce es de su propiedad. Ahora bien, la experiencia y la sana crítica revelan como un hecho que se erige como regla o verdad de sentido común que la provisión de agua potable, es un servicio público primario que se suministra por red (toma de agua); en tal virtud, a efecto de poder emitir una determinación apegada a derecho requiérase a la parte quejosa precise de donde proviene el agua que provee a la tubería que aduce fue rota, si dicha afectación se realizó dentro del predio que posee o es propietaria y el estado que actualmente guarda la toma de agua que defiende....Apercibido el promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se acordará lo procedente atendiendo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. También se hace de su conocimiento que el artículo 261, fracción primera, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten...., con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea... Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos del artículo 12 de la misma Ley a ***, en virtud de que si se encontró registro de su célula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta. Notifíquese personalmente.
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