Anallely Pérez Durán
Expediente 62/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/05/2017
Partes del expediente
- Anallely Pérez Durán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. De la sentencia que concedió el amparo por cuestiones de forma, se advierte que la protección constitucional se otorgó para el efecto de que la Delegada de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla: "1. Deje insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo 52/2016, y en caso de considerar nuevamente que debe imponerse la multa a la impetrante de amparo, dicte otra en la que subsane las irregularidades formales indicadas en esta sentencia; esto es, se pronuncie pormenorizadamente respecto a los motivos que tenga para fijarla, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que corresponden a la gravedad de la infracción determinada, y de esta manera determine el monto de la multa a imponer; asimismo, deje sin efecto el oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD-904/2016, de trece de octubre de dos mil dieciséis. 2. En consecuencia, ordene al Director de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que deje insubsistente la ejecución de la sanción pecuniaria reclamada." (foja 90 vuelta y 91) Por auto de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, por lo que se requirió el cumplimiento de la referida sentencia a las autoridades responsables (fojas 103 y 104). Mediante oficio SC.SAGC/DSFA.DJQD-313/2017 de cuatro de abril de dos mil diecisiete, el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, adjuntó copia certificada de la resolución que dictó el tres de abril de dos mil diecisiete, en el expediente administrativo de responsabilidades 52/2016 de su índice, del que se advierte que dejó sin efectos la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, así como el oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD-904/2016 y en su lugar emitió otra en la que decretó la imposición de una multa a la aquí quejosa por el monto de $1,168.64 (un mil ciento sesenta y ocho pesos 64/100 M.N.), equivalente a dieciséis veces el salario mínimo vigente en el Estado, lo anterior tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que obraban en autos de dicho expediente (fojas 114 a 131). Por oficio SFA-PF-(16)-756/17 de cuatro de abril de dos mil diecisiete, recibido por este Juzgado Federal el cinco de abril de dos mil diecisiete, el Procurador Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada del oficio SFA-SI-CGENyASF-DR-1992/2017 de treinta de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se advierte que el Director de Recaudación adscrito a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistémico Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, dejó sin efectos todos los actos instrumentados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendientes a hacer efectivo el crédito fiscal 4187539, abierto a nombre de la aquí quejosa Anallely Pérez Durán derivado de la resolución administrativa de once de octubre de dos mil dieciséis (foja 135 y 136). Por auto de seis de abril de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional dio vista a las partes con las constancias referidas (foja 137). En las relatadas condiciones, el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 52/2016 y en su lugar haber emitido otra en la que subsanó los vicios formales contenidos en la presente ejecutoria, esto es, tomó en consideración los elementos objetivos y subjetivos que obraban en autos del citado expediente de responsabilidad administrativa y decretar una multa a la peticionaria de amparo por el monto de dieciséis veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, la cual al cuantificarse en moneda nacional asciende a la cantidad de $1,168.64 (un mil ciento sesenta y ocho pesos 64/100 m.n.). Asimismo, el Director de Recaudación adscrito a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistemático Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos los actos instrumentados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendentes a hacer efectivos el crédito fiscal 4187539 y ordenar su baja en el Sistema de Control de Seguimiento Fiscal de dicha dependencia; son razones por las que se considera cumplida la ejecutoria de amparo. MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, toda vez que por auto de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se reservó el escrito presentado ante este Juzgado Federal el diecisiete del mismo mes y año, por el que la parte quejosa da contestación a la vista del cumplimiento a la ejecutoria dada por la autoridad responsable, hasta en tanto se proveyera sobre el cumplimiento, lo que en la especie aconteció en el presente proveído, en consecuencia, se acuerda: Téngase a la parte quejosa realizando diversas manifestaciones, en el sentido que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia en virtud de que la misma carece de fundamentación y motivación al imponerle una nueva multa. Al respecto dígasele que contrario a lo manifestado por la quejosa, en la resolución dictada en cumplimiento a la sentencia dictada, la imposición de la citada medida de apremio atendió al incumplimiento por su parte, de no remitir la información solicitada a fin de substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en el cual la aquí quejosa fungió como coadyuvante con la autoridad investigadora, manifestando que toda vez que el artículo 79 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, no establece un límite tratándose de la sanción económica, valoró los elementos objetivos (gravedad de la infracción) y subjetivos (circunstancias personales del infractor). Elemento objetivo: a) No atender con diligencia los requerimientos que reciba de la Autoridad competente conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. b) Poseer un nivel jerárquico (Director) representado a una unidad administrativa de la Administración Pública Estatal y atendiendo a sus funciones y actividades que desarrolla con motivo de su cargo, tenía la potestad, medios y medidas para cumplir el requerimiento de información y documentación solicitada en dos ocasiones para la investigación e integración del expediente de responsabilidad administraba de donde emana el acto reclamado c) Como consecuencia de lo anterior, entorpeció la investigación como el entorpecimiento de posibles actos de responsabilidad administrativa. Elemento subjetivo: a) Ser persona mayor de edad. b) estudios concluidos (contador técnico) c) Haber sido contratada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración como Directora de Fiscalización, lo que le permite conocer las funciones encomendadas con motivo que emplea. Bajo este contexto, resulta que la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria se ajustó a los lineamientos formales establecidos en la misma, de manera tal que las alegaciones que esgrime la quejosa atienden al fondo del asunto planteado, cuestión que como ya quedó advertida, no fue materia del análisis en el presente juicio constitucional, por lo que como ya se dijo las cuestiones formales por las que se otorgó el amparo han quedado subsanadas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa ********************, a través del cual realiza diversas manifestaciones en contestación al proveído de seis de abril del año en curso, mediante el cual se dio vista a las partes con el informe de cumplimiento, al respecto, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se provea respecto al cumplimiento del fallo protector de amparo.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios y anexo de cuenta. RECEPCIÓN DE RESOLUCIÓN DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SÉPTIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO. Téngase al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, remitiendo los autos originales del juicio de amparo en que se actúa con un tomo anexo. Acúsese el recibo correspondiente. Comuníquese a las partes la llegada de los autos originales del juicio en que se actúa y la resolución dictada por el Juzgado oficiante, quien determinó: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *********, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso considerando séptimo de esta sentencia constitucional." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo correspondiente. Archívese el expedientillo de referencia. Destrúyanse las constancias restantes del citado cuadernillo transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I del citado Acuerdo General. Levántese el acta circunstanciada correspondiente, en términos del Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA CONSULTORES EN OBJETIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SUS APODERADOS GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS MÓNICA SOTO LOZANO Y REYNALDO SOTO MADRIGAL (REPRESENTANTE COMÚN), EL ACUERDO DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de los autos se provee: Se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías. SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, dictada por este juzgado el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 57 a 68). En dicho fallo, la protección constitucional se concedió por vicios de fondo, para el efecto de que la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realice lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca de apelación 3/2016; y, II. En su lugar emita otra, en la cual reitere la interpretación más favorable en beneficio de la parte quejosa en términos del artículo 1° Constitucional, empero, precise los fundamentos y motivos respecto de la cantidad de dos mil quinientos treinta y pesos, cero centavos, por concepto de gastos y costas, atendiendo a los lineamientos establecidos en el presente fallo. La Juez Especializada en Asuntos Financieros de Puebla: III. Deberá acatar lo determinado por la Sala responsable en la nueva resolución que emita dentro del toca de apelación 3/2016l" (foja 68). Por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento respectivo a las autoridades responsables (fojas 75 y 76). Ahora bien, en cumplimiento a dicho fallo, la Presidenta de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante oficio 250 de treinta de enero de dos mil diecisiete, recibido en este juzgado el treinta y uno de enero siguiente, remitió copia de la resolución del citado treinta de enero del año en curso, por la cual, con base en la aplicación de las leyes de mayor beneficio de la protección del derecho a la obtención de la retribución por la prestación de servicios profesionales, determinó que la Jueza Décimo Primero Especializada en Asuntos Financieros con sede en Puebla, inobservó el control de convencionalidad en defensa del derecho humano indicado, por lo que modificó la resolución de cinco de octubre de dos mil quince, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 216/2008, del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros con sede en Puebla; aprobó la liquidación de gastos y costas por la cantidad de dos mil quinientos treinta pesos, cero centavos, por lo que, además dejó sin efecto la resolución de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis (fojas 84 a 106). Asimismo, mediante oficio 603, de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, recibido en este juzgado en esa misma fecha, la Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros de la ciudad de Puebla, hizo del conocimiento de este juzgado en cumplimiento a la sentencia ejecutoria, el contenido del proveído de tres de febrero del año en curso, por el cual tomó conocimiento que la resolución de cinco de octubre de dos mil dieciséis, a su vez, fue modificado por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y tuvo como cantidad aprobada por concepto de gastos y costas en el expediente 216/2008, dos mil quinientos treinta pesos, cero centavos, moneda nacional (fojas 115 a 121) Por tanto, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional dio vista a la parte quejosa con las referidas constancias (foja 122), sin que realizara manifestación alguna en el término concedido para tal efecto. En ese contexto, tomando en consideración que la Presidenta de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante oficio 250 de treinta de enero de dos mil diecisiete, recibido en este juzgado el treinta y uno de enero siguiente, remitió copia de la resolución del citado treinta de enero del año en curso, por la cual, con base en la aplicación de las leyes de mayor beneficio de la protección del derecho a la obtención de la retribución por la prestación de servicios profesionales, determinó que la Jueza Décimo Primero Especializada en Asuntos Financieros con sede en Puebla, inobservó el control de convencionalidad en defensa del derecho humano indicado, por lo que modificó la resolución de cinco de octubre de dos mil quince, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 216/2008, del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros con sede en Puebla; aprobó la liquidación de gastos y costas por la cantidad de dos mil quinientos treinta pesos, cero centavos, por lo que, además dejó sin efecto la resolución de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis; aunado a que mediante oficio 603, de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, recibido en este juzgado el mismo dieciséis de febrero del año en curso, la Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros de la ciudad de Puebla, hizo del conocimiento de este juzgado en cumplimiento a la sentencia ejecutoria, el contenido del proveído de tres de febrero del año en curso, por el cual tomó conocimiento que la resolución de cinco de octubre de dos mil dieciséis, a su vez, fue modificado por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y tuvo como cantidad aprobada por concepto de gastos y costas en el expediente 216/2008, dos mil quinientos treinta pesos, cero centavos, moneda nacional, por ende, se considera cumplida en todos sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general.
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