Anallely Pérez Durán
Expediente 26/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/05/2017
Partes del expediente
- Anallely Pérez Durán
- Delegada de la Contraloría de la Secretaría de Finanzas y Administración
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA. De la sentencia que concedió el amparo por cuestiones de forma, se advierte que la protección constitucional se otorgó para el efecto de que la Delegada de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla: "a) Deje insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo SC.SAGC. DSFA.DJQD/10C.10C,9/71/2016, y de considerar nuevamente que debe imponerse la multa a la impetrante de amparo, en su lugar emita otra, en la que subsane las irregularidades formales indicadas en esta sentencia; esto es, se pronuncie pormenorizadamente respecto a los motivos que tenga para fijarla, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que corresponden a la gravedad de la infracción determinada, y de esta manera determine el monto de la multa a imponer; asimismo, deje sin efecto el oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD-923/2016 de trece de octubre de dos mil dieciséis. 2. En consecuencia, ordene al Director de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que deje insubsistente la ejecución de la sanción pecuniaria reclamada." (foja 150 vuelta). Por auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, por lo que se requirió el cumplimiento de la referida sentencia a las autoridades responsables (foja 162). Mediante oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD.241/2017 de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, adjuntó copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en el expediente administrativo de responsabilidades 71/2016, de su índice, del que se advierte que dejó sin efectos la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, así como el oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD-923/2016; y, en su lugar emitió otra en la que decretó la imposición de una multa a la aquí peticionaria de amparo por el monto de $1,168.64 (un mil pesos ciento sesenta y ocho pesos 64/100 M.N.), equivalente a dieciséis veces el salario mínimo vigente en el Estado, lo anterior tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que obraban en autos de dicho expediente (fojas 167 a 192). Por oficio SFA-PF-(16)-642/17 de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, recibido por este Juzgado Federal el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Procurador Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada del oficio SFA-SI-CGENyASF-DR-1785/2017 de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se advierte que el Director de Recaudación adscrito a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistemático Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, dejó sin efectos todos los actos instrumentados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendentes a hacer efectivo el crédito fiscal 4187556, abierto a nombre de la aquí peticionaria de amparo ************derivado de la resolución administrativa de once de octubre de dos mil dieciséis (foja 193 a 198). Por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el informe de cumplimiento de la autoridad responsable (foja 199), la cual fue desahogada, mediante escrito recibido con fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, en el sentido de que la responsable, al imponer una nueva multa, debió fundarla y motivarla, manifestando no solo las circunstancias que la motivaron, sino también los elementos que tomó en consideración para determinar como "grave" la infracción de la quejosa por lo que estima que la sentencia de amparo no está cumplida. (Fojas 201 a 212). En las relatadas condiciones, contrario a lo manifestado por la quejosa, el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 71/2016 y en su lugar haber emitido otra en la que subsanó los vicios formales contenidos en la presente ejecutoria, esto es, tomó en consideración los elementos objetivos y subjetivos que obraban en autos del citado expediente de responsabilidad administrativa y decretar una multa a la peticionaria de amparo por el monto de dieciséis veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, la cual al cuantificarse en moneda nacional asciende a la cantidad de $1,168.64 (un mil ciento sesenta y ocho pesos 64/100 m.n.). Asimismo, el Director de Recaudación adscrito a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistemático Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos los actos instrumentados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendentes a hacer efectivos el crédito fiscal 4187556 y ordenar su baja en el Sistema de Control de Seguimiento Fiscal de dicha dependencia; son razones por las que se considera cumplida la ejecutoria de amparo. En efecto, en la resolución dictada en cumplimiento a la presente, la imposición de la citada medida de apremio atendió al incumplimiento por parte de Anallely Pérez Durán, de remitir la información solicitada a fin de substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en el cual la aquí quejosa fungió como coadyuvante con la autoridad investigadora, manifestando que toda vez que el artículo 79 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, no establece un límite tratándose de la sanción económica, valoró los elementos objetivos (gravedad de la infracción) y subjetivos (circunstancias personales del infractor). Elemento objetivo: a) No atender con diligencia los requerimientos que reciba de la Autoridad competente conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. b) Poseer un nivel jerárquico (Director) representado a una unidad administrativa de la Administración Pública Estatal y atendiendo a sus funciones y actividades que desarrolla con motivo de su cargo, tenía la potestad, medios y medidas para cumplir el requerimiento de información y documentación solicitada para la investigación e integración del expediente de responsabilidad administraba de donde emana el acto reclamado. c) Como consecuencia de lo anterior, entorpeció la investigación como el entorpecimiento de posibles actos de responsabilidad administrativa. Elemento subjetivo: a) Ser persona mayor de edad. b) estudios concluidos (contador técnico) c) Haber sido contratada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración como Directora de Fiscalización, lo que le permite conocer las funciones encomendadas con motivo que emplea. Bajo este contexto, resulta que la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria se ajustó a los lineamientos formales establecidos en la misma, de manera tal que las alegaciones que esgrime la quejosa respecto a la falta de fundamentación y motivación de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo son incorrectas; en consecuencia, se llega a la conclusión de que en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Archívese este asunto como concluido. Glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a los autos los acuses de notificación de cuenta. REVISIÓN INTEGRADA CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN. Remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en Turno, los autos originales de este juicio y un cuaderno auxiliar, así como el original y una copia simple del escrito de agravios. Infórmese a la superioridad que el recurso se envía en esta fecha en que se recepcionaron las constancias de notificación a las autoridades responsables Juez Primero de lo Civil de Huejotzingo, Puebla y Diligenciario Non Adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, respecto del auto por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión promovido por la parte quejosa.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla y el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, respectivamente, por los cuales informan sobre el cumplimiento dado al fallo protector de garantías. VISTA A LAS PARTES CON LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO. Dese vista a las partes, con los oficios antes mencionados, por el término de tres días legalmente computado, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
V i s t a la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de garantías. DECLARACION DE EJECUTORIA. Ha causado ejecutoria la sentencia que Concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 2º., de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Desglósense las copias certificadas del expediente administrativo 71/2016, que la Delegada de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, remitió como apoyo de su informe justificado, y que obra a fojas sesenta y dos a ciento tres de autos y devuélvase a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Delegada de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que: En el término de tres días de cumplimiento a la ejecutoria del amparo, esto es: "1. Deje insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis dictada en el expediente administrativo SC. SAGC. DSFA. DJQD/10C. 10C, 9/71. 2016, y de considerar nuevamente que debe imponerse la multa a la impetrante de amparo, en su lugar emita otra, en la que subsane las irregularidades formales indicadas en esta sentencia; esto es, se pronuncie pormenorizadamente respecto a los motivos que tenga para fijarla, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que corresponden a la gravedad de la infracción determinada, y de esta manera determine el monto de la multa a imponer; asimismo, deje insubsistente el oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD-923/2016, de trece de octubre de dos mil dieciséis. 2. En consecuencia, ordene al Director de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que deje insubsistente la ejecución de la sanción pecuniaria reclamada." (foja 150) Apercibida la Delegada responsable (*****), que de no cumplir con la sentencia protectora, sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, se le impondrá una multa que podrá ser el equivalente de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico, de la Delegada de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, de conformidad con los artículos 4, 9, fracción XLT, 15 fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado, para que ordenen, a la responsable a cumplir con la ejecutoria de amparo, en el término de tres días legalmente computado, lo anterior, toda vez que es a dicha autoridad a quien le compete la facultades para exhortar a la autoridad responsable a su cargo no incurra en la deficiencia del servicio, abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, que puedan afectar los intereses de la Secretaría o de terceros. Apercibido que de no demostrar que dieron la orden, sin causa justificada en el plazo indicado, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, se apercibe a la citada autoridad y a su superior jerárquico, que en caso de incumplimiento, además de la sanción económica antes mencionada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Dese cuenta en breve lapso para acordar lo que en derecho corresponda.
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