Anallely Pérez Durán

Expediente 19/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
19/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
08/05/2017

Partes del expediente

  • Anallely Pérez Durán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo (fojas 69 a 90). SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. De la sentencia que concedió el amparo por cuestiones de forma, se advierte que la protección constitucional se otorgó para el efecto de que la Delegada de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla: "1. Deje insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo 62/2016; y de considerar nuevamente que debe imponerse la multa a la impetrante de amparo, en su lugar emita otra en la que subsane las irregularidades formales indicadas en esta sentencia; esto es, se pronuncie pormenorizadamente respecto a los motivos que tenga para fijarla, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que corresponden a la gravedad de la infracción determinada, y de esta manera determine el monto de la multa a imponer; asimismo, deje sin efecto el oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD-927/2016 de trece de octubre de dos mil dieciséis. 2. En consecuencia, ordene al Director de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que deje insubsistente la ejecución de la sanción pecuniaria reclamada." (foja 89 frente y reverso). Por auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, por lo que se requirió el cumplimiento de la referida sentencia a las autoridades responsables (fojas 97 y 98). Mediante oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD.258/2017, de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, recibido el veintiocho del mismo mes y año en curso, el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, adjuntó copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en el expediente administrativo de responsabilidades 62/2016 de su índice, del que se advierte que dejó sin efectos la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, así como el oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD-927/2016, y en su lugar emitió otra en la que decretó la imposición de una multa a la aquí peticionaria de amparo por el monto de $1,168.64 (un mil pesos ciento sesenta y ocho pesos 64/100 M.N.), equivalente a dieciséis veces el salario mínimo vigente en el Estado, lo anterior tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que obraban en autos de dicho expediente (fojas 105 a 124). Por oficio SFA-PF-(16)-649/17, de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, recibido por este Juzgado Federal el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada del oficio SFA-SI-CGENyASF-DR-1842/2017, de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se advierte que el Director de Recaudación adscrito a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistemático Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, dejó sin efectos todos los actos instrumentados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendientes a hacer efectivo el crédito fiscal 4187548, abierto a nombre de la aquí peticionaria de amparo Anallely Pérez Durán, derivado de la resolución administrativa de once de octubre de dos mil dieciséis (foja 125 a 128). Por auto de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional dio vista a la quejosa con las constancias referidas (foja 136), la cual fue desahogada mediante el escrito presentado el cuatro de abril del año en curso, en el cual realizó diversas manifestaciones en el sentido de que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia en virtud de que la misma carece de fundamentación y motivación al imponerle una nueva multa (fojas 138 a 143). En las relatadas condiciones, contrario a lo manifestado por la aquí peticionaria de amparo el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 62/2016, y en su lugar haber emitido otra en la que subsanó los vicios formales contenidos en la presente ejecutoria, esto es, tomó en consideración los elementos objetivos y subjetivos que obraban en autos del citado expediente de responsabilidad administrativa y decretar una multa a la peticionaria de amparo por el monto de dieciséis veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, la cual al cuantificarse en moneda nacional asciende a la cantidad de $1,168.64 (un mil ciento sesenta y ocho pesos 64/100 m.n.). Asimismo, el Director de Recaudación adscrito a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistemático Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos los actos instrumentados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendientes a hacer efectivo el crédito fiscal 4187548, y ordenar su baja en el Sistema Integral de Control de Seguimiento Fiscal de dicha dependencia; son razones por las que se considera cumplida la ejecutoria de amparo. En efecto, en la resolución dictada en cumplimiento a la presente, la imposición de la citada medida de apremio atendió al incumplimiento por parte de Anallely Pérez Durán, de remitir la información solicitada a fin de substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en el cual la aquí quejosa fungió como coadyuvante con la autoridad investigadora, manifestando que toda vez que el artículo 79 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, no establece un límite tratándose de la sanción económica, valoró los elementos objetivos (gravedad de la infracción) y subjetivos (circunstancias personales del infractor). Elemento objetivo: a) No atender con diligencia los requerimientos que reciba de la Autoridad competente conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. b) Poseer un nivel jerárquico (Director) representado a una unidad administrativa de la Administración Pública Estatal y atendiendo a sus funciones y actividades que desarrolla con motivo de su cargo, tenía la potestad, medios y medidas para cumplir el requerimiento de información y documentación solicitada en dos ocasiones para la investigación e integración del expediente de responsabilidad administraba de donde emana el acto reclamado. c) Como consecuencia de lo anterior, entorpeció la investigación como el entorpecimiento de posibles actos de responsabilidad administrativa. Elemento subjetivo: a) Ser persona mayor de edad. b) estudios concluidos (contador técnico) c) Haber sido contratada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración como Directora de Fiscalización, lo que le permite conocer las funciones encomendadas con motivo que emplea. Bajo este contexto, resulta que la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria se ajustó a los lineamientos formales establecidos en la misma, de manera tal que las alegaciones que esgrime la quejosa respecto a la falta de fundamentación y motivación de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo son incorrectas; en consecuencia, se llega a la conclusión de que en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Archívese este asunto como concluido. Glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. Finalmente, por lo que hace al oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al efecto se provee: Remítanse por oficio, las copias certificadas que solicita, consistentes en: papeleta de turno, demanda, auto admisorio, sentencia. Así mismo, infórmesele que con esta fecha se tiene por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar dentro del juicio de garantías 854/2017-I del índice de la autoridad oficiante. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.-

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta. Téngase a la quejosa Anallely Pérez Durán haciendo manifestaciones en contestación a la vista que se le dio con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete; al respecto, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se dicte el acuerdo correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos se provee: Se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías. SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, dictada por este juzgado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis (fojas 171 a 179). En dicho fallo, la protección constitucional se concedió por vicios de fondo, para el siguiente efecto: " La Delegada del Registro Agrario Nacional en Puebla, deberá: a) Dar respuesta al escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil quince, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada; en el entendido de que deberá asegurar su subsecuente notificación a la parte quejosa, con independencia del sentido en que dé respuesta a la misma, toda vez (sic) ese derecho únicamente exige que la respuesta sea congruente con la petición formulada. El Director General de Catastro y Asistencia Técnica, deberá: b) De ser procedente, emita el dictamen técnico correspondiente al trámite de la solicitud con folio 21150009317, relativo al acta de asamblea general de ejidatarios de dos de mayo de dos mil quince, en la que se acordó incorporar al régimen ejidal, la superficie de dominio pleno 50-92-90 hectáreas forestales. El Director General del Registro y Control Documental, deberá: c) Emitir la calificación registral que en derecho corresponda, respecto de la solicitud con folio *********, relativa a la inscripción del acta de asamblea general de ejidatarios de dos de mayo de dos mil quince, en la que se acordó incorporar al régimen ejidal, la superficie de dominio pleno de 50-92-90 hectáreas forestales". (fojas 178 reverso y 179). Por auto de tres de junio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento respectivo a las autoridades responsables (fojas 185 y 186). En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio 4329 de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, personal del Registro Agrario Nacional, Delegación en Puebla, informó que era necesario que la Dirección General de Registro y Control Documental concluyera con el trámite de solicitud *******, relativo a la inscripción del acta de asamblea general de ejidatarios de dos de mayo de dos mil quince, en la que se acordó incorporar al régimen ejidal, la superficie de dominio pleno de 50-92-90 hectáreas forestales. Seguida la secuela procesal, mediante oficio DGCAT/100/5303/2016 de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Director General de Catastro y Asistencia Técnica, comunicó que mediante oficio DGCAT/100/5303/2016 de trece de octubre de dos mil dieciséis, emitió su opinión técnica en sentido negativo, por las razones que expone (foja 355). Asimismo, mediante oficio DGAJ/943/2017 de veinticinco de enero del dos mil diecisiete, recibido en este juzgado el trece de febrero siguiente, el Director General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, a través del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó que tomó como base el oficio del Director de Normatividad Registral en relación a la opinión técnica relativa al trámite de incorporación de tierra al régimen ejidal del poblado de San Juan Cuauhtémoc, Municipio de Tlahuapan, en el Estado de Puebla y lo calificó como negativo (foja 403). Por lo anterior, mediante oficio 750 de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, recibido en este juzgado el veinte de febrero siguiente, la Delegada en el Estado de Puebla, del Registro Agrario Nacional, remitió copia certificada, entre otras, de la resolución de dos de enero de dos mil diecisiete, por la cual determinó que del estudio y análisis que se practicó a la solicitud de inscripción del acuerdo de asamblea de dos de mayo de dos mil quince, que acordó incorporar tierras del dominio pleno al régimen ejidal, concluyó que no es procedente la inscripción de la misma, la cual notificó el dieciséis de enero de dos mil diecisiete (fojas 413 416). Por tanto, el veintidós de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional dio vista a la parte quejosa con las referidas constancias (foja 420), sin que realizara manifestación alguna en el término concedido para tal efecto. Visto lo anterior, y toda vez que mediante oficio DGCAT/100/5303/2016 de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Director General de Catastro y Asistencia Técnica, comunicó que mediante oficio DGCAT/100/5303/2016 de trece de octubre de dos mil dieciséis, emitió su opinión técnica en sentido negativo, (foja 355); asimismo, mediante oficio DGAJ/943/2017 de veinticinco de enero del dos mil diecisiete, recibido en este juzgado el trece de febrero siguiente, el Director General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, a través del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó que tomó como base el oficio del Director de Normatividad Registral en relación a la opinión técnica relativa al trámite de incorporación de tierra al régimen ejidal del poblado de ******* y lo calificó como negativo (foja 403); y mediante oficio 750 de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, recibido en este juzgado el veinte de febrero siguiente, la Delegada en el Estado de Puebla, del Registro Agrario Nacional, remitió copia certificada, entre otras, de la resolución de dos de enero de dos mil diecisiete, por la cual determinó que del estudio y análisis que se practicó a la solicitud de inscripción del acuerdo de asamblea de dos de mayo de dos mil quince, que acordó incorporar tierras del dominio pleno al régimen ejidal, concluyó que no es procedente la inscripción de la misma, la cual notificó el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, por ende, se considera cumplida en todos sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta. Téngase al Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, manifestando que dio cumplimiento al requerimiento hecho por esta potestad federal el uno de marzo del año en curso, mediante oficio 00865 de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en el que anexó copias certificadas de las diligencias solicitadas. Comuníquese al fiscal oficiante que por auto de ocho de marzo del presente año, se tuvieron por recibidas las referidas constancias, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con que se le previno en auto de tres de febrero de dos mil diecisiete.

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