Análisis y Prospectivas de Jilotepec, sociedad civil
Expediente 540/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 31 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Análisis y Prospectivas de Jilotepec, sociedad civil
- Análisis y Prospectivas de Jilotepec, sociedad civil y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintitrés. Téngase al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, el cual registró con el número 335/2023. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación del **********, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de mayo del año en curso. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele las constancias que integran este juicio, así como el escrito de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. V I S T O S, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 540/2020-VI; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ********************, por conducto de su apoderado ********************, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Dirección General de Regulación adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, y otras autoridades. II. En proveído del dos de septiembre de dos mil veinte, este Órgano Jurisdiccional desechó de plano la demanda de amparo, bajo el número de juicio de amparo 540/2020-VI. III. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa promovió recurso de queja, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien por resolución del veintidós de abril pasado, declaró fundado dicho medio de impugnación. IV. En cumplimiento a esa determinación, en auto del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. V. El doce de julio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio. VI. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa promovió recurso de revisión, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y por resolución del seis de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de revisión 460/2022, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés, Cholula, ordenó reponer el procedimiento. VII. En cumplimiento a esa determinación, en auto del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós se repuso el procedimiento en los lineamientos ordenados, y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este juzgado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 39 y 107 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento en que se presentó la demanda de amparo, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que los actos reclamados se emitieron y ejecutaron dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La orden de visita de inspección y verificación contenida en el oficio ******************** del diecisiete de julio del dos mil veinte, a un establecimiento de la quejosa, dentro del procedimiento SUBN/DGR/072/2020. El oficio 20703004000100L/080/2020 del diecisiete de julio del dos mil veinte, relativo a la citación para garantía de audiencia a la moral quejosa. La discusión, aprobación, promulgación, refrendo, publicación y emisión de los artículos 1, 2, fracciones I, VI, VII, XI, XIV, , XXII, XXIII, XXIV, XXXII, XXXVI, XXXIX y XL, 3, 4, fracción II, 5, fracción IX y XII, 21, fracción V, 58, 84, fracción VI, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 156, fracción I, III, IV, V , VI , VII, VIII, 159 , 165 , fracciones VI, VII, VIII y IX, 163, 166, 167, 168, 169, 171, 175, 176, 178, 191, fracción II, 192, fracción IV, 196, fracción II y III, 195, 199, 202, segundo párrafo y segundo transitorio, todos ellos de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el día 18 de diciembre de 2014 a través del DECRETO NÚMERO 367, asimismo como acto reclamado destacado se señala el proceso legislativo de esa ley en el cual tuvo participación como se acredita con el presente escrito de demanda de amparo. La emisión, expedición, elaboración y promulgación de la totalidad del Reglamento a la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se expide El Reglamento de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México y se derogan diversas disposiciones del Reglamento de Salud del Estado de México, publicado el catorce de septiembre de dos mil quince, en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. TERCERO. El Secretario General, Gobernador Constitucional, ambos por conducto de su representante; Encargada del Despacho de la Dirección de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno"; Presidenta de la Diputación Permanente de la "LX" Legislatura; Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación del Director; Subdirector de Operación y Control y Visitador, todos adscritos a la Dirección General de Regulación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, en sus denominaciones correctas, todos del Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron los actos que se les reclaman en sus respectivas atribuciones. CUARTO. El Presidente de la Diputación Permanente de la Legislatura del Estado de México, sostuvo que en el presente juicio de amparo debe decretarse el sobreseimiento, bajo el argumento de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX (respecto de los actos de aplicación consistentes en el oficio que contiene la orden de visita para practicar una inspección y verificación en la empresa quejosa; el oficio citatorio para audiencia de ley; y, la notificación del oficio de orden de visita) de la Ley de Amparo; argumentando, que la parte quejosa previo a promover este asunto, debió agotar el principio de definitividad, respecto de la orden de visita para practicar una inspección y verificación, a través del recurso administrativo de inconformidad y, contra la resolución respectiva, promover juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Por su parte, el representante legal del Secretario de Gobierno y del Gobernador, ambos del Estado de México, indicaron que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la parte quejosa no expresó conceptos de violación en relación con la promulgación, publicación y refrendo de las normas impugnadas. La Delegada de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación del Director; Subdirector de Operación y Control y Visitador, todos adscritos a la Dirección General de Regulación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, en sus denominaciones correctas, todos del Estado de México, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que se encuentra en trámite un medio ordinario de defensa en contra de los actos reclamados que se les atribuye. Asimismo, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la presentación de la demanda es extemporánea. Las indicadas causas de improcedencia, resultan infundadas. Se expone tal aserto, porque en relación a la causa de improcedencia contenida en la fracción (XXIII), debe desestimarse por estar íntimamente vinculada con el fondo de la controversia en este juicio de amparo, pues no es dable sobreseer en el juicio de amparo con base en argumentos referidos al problema de constitucionalidad, debido a que la razón de tal imposibilidad radica en que, en el presente juicio, la parte quejosa argumenta que no se encuentra debidamente fundada ni motivada la orden de visita para practicar una inspección y verificación; y, además, que las normas en que se fundó dicho acto reclamado, resultan inconstitucionales, por lo que dicha circunstancia deberá ser motivo de análisis de las constancias existentes en autos para emitir el pronunciamiento respectivo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2002, Novena Época, con registro 187973, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Asimismo, en relación a la diversa causa de improcedencia XX, igualmente debe desestimarse, pues si bien a través del recurso administrativo de inconformidad, se puede impugnar dicha orden de visita, también lo es que no establece la procedencia en contra de las leyes, reglamentos y decretos del Poder Legislativo del Estado, ya que la parte quejosa refiere que la aplicación de las disposiciones contenidas en dicho acto reclamado, le generan perjuicio por ser inconstitucionales. Lo anterior, pues de conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado corresponde al Gobernador, quien se auxiliará de las dependencias, organismos y entidades previstas en la Constitución y demás leyes. Con base en lo expuesto, conviene puntualizar que la autoridad responsable que emitió el decreto reclamado es la LX Legislatura del Estado de México, organismo que constituye al Poder Legislativo del Estado y no forma parte del Ejecutivo, atendiendo al principio de división de poderes que existe en el país, autoridad que conforme a sus funciones sí tiene la posibilidad de emitir decretos. De esta manera, el medio ordinario de defensa propuesto es improcedente, pues en el caso, al tratarse de un decreto que emitió el poder legislativo del Estado, para combatirlo no procede el recurso administrativo de inconformidad que tiene por finalidad verificar actos y resoluciones del poder ejecutivo del Estado, que regulan la administración pública, desde sus ámbitos administrativos y fiscales. En tal virtud, debe desestimarse la causa de improcedencia que hace valer, pues no existe argumento justificado que apoye dicha causal. Sobre el tema, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO." Asimismo, deviene infundada la causa de improcedencia prevista en fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto se encuentra en trámite un medio ordinario de defensa en contra de los actos reclamados; también lo es que aún se encuentra en trámite el procedimiento por el que se impugnaron los actos, es decir, aún no existe resolución firme. Además, en dicho medio de impugnación no se está analizando la inconstitucionalidad de los artículos por los que se emitió la orden de visita de verificación que por esta vía se impugna. Finalmente, también es infundada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que si bien es cierto la demanda se ingresó después de los quince días establecidos para su presentación; también lo es que los plazo para su presentación se encontraban suspendidos desde el diecisiete de marzo de dos mil veinte, los cuales se reanudaron a partir del tres de agosto de dos mil veinte, de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020. Motivos por los que resultan infundadas las causas de improcedencia hechas valer por las responsables. Al no haber diversa causa de improcedencia que estudiar o motivo para sobreseer en el juicio, se procede a continuación al estudio de fondo del asunto. QUINTO. En primer término, cabe destacar que la moral quejosa como sujeto de los artículos impugados en su demanda de amparo, en razón de la orden de visita domiciliaria y la visita realizada, tildó de inconstitucional la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, con base al sistema de normas que contiene al sostener que la legislatura estatal invade la competencia federal para legislar sobre las casa de empeño en materia de comercio. Es infundado lo relativo a los artículos 126, 127, 128, 132, 33, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, ya que contrario a lo que refiere la quejosa, lo que la Legislatura del Estado de México determinó regular en dichos numerales es: La apertura, instalación y operación de las casas de empeño. Que la secretaría de finanzas es la autoridad responsable de la aplicación, interpretación y vigilancia del cumplimiento del capítulo impugnado. Que los sujetos de la norma son las personas físicas y jurídicas colectivas que tengan como actividad ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria. Que se deberán hacer del conocimiento de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, mediante un reporte mensual, los actos o hechos que estén relacionados con las operaciones que realizan. Que la expedición, revalidación, modificación y cancelación de los permisos corresponde a la secretaría de finanzas; y que las personas físicas o jurídicas colectivas no podrán dedicarse al negocio de casa de empeño o comercializadora, sin haber obtenido previamente un permiso. Que para efectos de la expedición, revalidación, reposición o modificación de los permisos para el funcionamiento de las casas de empeño o comercializadoras, se deberán pagar los derechos establecidos en el código financiero. Que el solicitante o representante legal debe presentar una solicitud por escrito ante la ventanilla de gestión y que la secretaría de finanzas tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar, contados a partir de la recepción del oficio, con el cual la ventanilla de gestión remita la solicitud correspondiente; y que para el caso de que se niegue el otorgamiento del permiso, el solicitante o representante legal podrá inconformarse en los términos previstos en la propia ley. Que la secretaría de finanzas, al resolver favorablemente la solicitud de un permiso para la apertura de casas de empeño, requerirá al peticionario para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución, exhiba póliza de fianza otorgada a favor del Gobierno del Estado de México, que será el equivalente a veinte mil veces el salario mínimo diario vigente en la zona geográfica correspondiente, o el suficiente para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los bienes empeñados. Que el permiso que se expida será personal e intransferible y con vigencia de un año, pero el ejecutivo del estado, por conducto de la secretaría de finanzas, podrá autorizar la modificación de un permiso expedido que deberá solicitar el permisionario en un plazo que no exceda de cinco días hábiles. Que es obligación del permisionario de las casas de empeño, en los casos de modificación del permiso por cambio de domicilio, informar mediante aviso en lugar visible de la unidad económica que ocupaba y a los pignorantes mediante aviso en su domicilio, además de publicarlo en un diario de mayor circulación en el estado y/o en el municipio respectivo. Que el permisionario tiene la obligación de revalidar anualmente su permiso; que recibida la solicitud de revalidación deberá resolverse la petición en un plazo no mayor de cinco días hábiles; y que de aprobarse, se expedirá la constancia de revalidación correspondiente y se hará la devolución del permiso original, conservando copia de la constancia de revalidación en el expediente respectivo y se notificará al permisionario en forma personal. Que el permisionario deberá solicitar la reposición del permiso ante la secretaría de finanzas, cuando éste hubiere sido extraviado, robado o sufrido deterioro grave. Que la secretaría de finanzas deberá llevar un registro de las autorizaciones de apertura otorgadas a las casas de empeño o comercializadoras. De ahí que se considere que los artículos que reclamó la aquí recurrente como un sistema normativo, no regulan los contratos que celebran las casas de empeño, en tanto, que no se dirigen a normar el contrato de mutuo con garantía prendaria que esas sociedades mercantiles celebran habitualmente con el público en general con una finalidad de lucro, el cual se rige por la legislación federal, sino que prevén requisitos administrativos dirigidos a esas casas de empeño, a saber: el permiso, revalidación y obligaciones que se tienen para su funcionamiento. Ya que si bien las sociedades mercantiles que funcionan como casas de empeño, celebran actos de comercio y, por tanto, les es aplicable la regulación federal en relación con el contrato de mutuo con garantía prendaria que celebran con los usuarios de ese servicio, ello no es obstáculo para que las entidades federativas regulen el permiso que el establecimiento mercantil debe obtener para ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria en el Estado de México, pues dicha facultad no se le otorga expresamente al Congreso de la Unión en la Constitución Federal, por lo que es competencia de los congresos locales en términos del artículo 124 constitucional. Consideraciones que apoyó con la tesis 1a. CXIII/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CASAS DE EMPEÑO. LA FACULTAD DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULAR EL PERMISO QUE EL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL DEBE OBTENER PARA OFRECER AL PÚBLICO LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, NO INVADE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN". Por lo que contrario a lo que se pretende, no asiste a la parte quejosa, en cuanto a que los artículos impugnados no pueden ser aplicables a las casas de empeño constituidas como sociedades mercantiles, al ser competencia de la Federación regular el contrato de mutuo con garantía prendaria que celebran, pues esta facultad de la Federación no elimina la competencia de las entidades federativas para regular los permisos para que esos establecimientos mercantiles funcionen en sus territorios, en tanto que la competencia federal se circunscribe a la regulación de ese contrato, y la materia local, en el caso sometido a consideración, a la regulación del permiso para funcionar como casa de empeño en el Estado de México. Ello, ya que el Alto Tribunal ha establecido, interpretando los artículos 31, fracción IV, 73, fracciones VII, X y XXIX, y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que existe concurrencia entre la Federación y los estados para establecer contribuciones cuya hipótesis de causación consista en un hecho relacionado con el comercio en general, ya que si bien la fracción X del artículo 73 constitucional reserva al Congreso de la Unión la facultad para legislar en esa materia, debe estimarse que al establecer el Poder Revisor de la Constitución, en la fracción XXIX del propio precepto, las materias reservadas a la Federación para imponer contribuciones sobre ellas, dividió la competencia constitucional para el ejercicio de la función legislativa y sus respectivas esferas, delimitando las de su ámbito genérico en la fracción X, cuyo campo de aplicación es extenso -en el caso del comercio, legislar en todo lo conducente a la negociación y tráfico que se realiza comprando, vendiendo o permutando géneros, mercancías o valores e inclusive sobre los aspectos relativos a los procedimientos destinados a tutelar los derechos que emanen de tal actividad-, y las esferas de un ámbito legislativo específico, el referente al ejercicio de la potestad tributaria, en la mencionada fracción XXIX, para lo cual determinó en forma precisa sobre qué materias o actividades sólo la Federación puede fijar tributos, dentro de las que no se ubica el comercio en general, sino únicamente el comercio exterior. Por lo que si el Alto Tribunal refirió que si se considerara que en ambas fracciones se otorga una esfera de competencia exclusiva para el ejercicio de la potestad tributaria del Congreso de la Unión, se tornaría nugatoria la separación de ámbitos legislativos plasmada en la Constitución; de ahí que los actos legislativos de carácter local, a través de los cuales se establecen contribuciones que gravan un hecho relacionado con el comercio en general, no invaden la esfera de competencia reservada a la Federación y respetan, por ende, el artículo 133 constitucional. Ahora, si bien es cierto que de conformidad con los artículos 73, fracción X y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso Federal tiene facultad para legislar en materia de comercio, y que las entidades federativas no pueden atribuirse competencias que la Ley Suprema otorga en forma expresa a la Federación, ello se circunscribe, entre otros aspectos, a los requisitos de los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, autoridad encargada de la supervisión y vigilancia, información a la vista de los consumidores, imposición de sanciones, etcétera, pero no en la potestad tributaria de los congresos de las entidades federativas para establecer contribuciones que gravan un hecho relacionado con el comercio en general, como lo es la expedición, revalidación, modificación, estudio y análisis del permiso para la apertura, instalación y funcionamiento de las multicitadas casas de empeño. Sin embargo, es fundado el argumento de la quejosa al afirmar que se invade la esfera competencial de la federación la regulación del contrato de muto con garantía prendaria, porque no es un acto de comercio, sino que su calificativo como tal proviene del sujeto que lo realiza habitualmente, es decir, es de carácter subjetivo conforme a la fracción X del artículo 75 del Código de Comercio, que establece que son actos de comercio los que realicen las casas de empeño. Sobre el tema, debe establecerse que del artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se advierte que el fin del legislador fue disponer que todas las personas físicas comerciantes y las sociedades constituidas conforme a la legislación mercantil que celebran habitualmente contratos de mutuo con garantía prendaria -distintas a las entidades financieras con regulación especial- se rijan por la legislación mercantil, por virtud de su carácter de comerciantes y el fin de lucro derivado de la actividad que realizan. Y del contenido del "DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y REFORMA EL CÓDIGO DE COMERCIO", se desprende que el Congreso de la Unión reformó el artículo 75 del Código de Comercio para agregar que se reputan actos de comercio las actividades realizadas por las casas de empeño. También, el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene la finalidad de regular a las personas físicas y sociedades mercantiles no reguladas por leyes financieras que en forma habitual o profesional celebren contratos de mutuo con garantía prendaria, y de imponerles la obligación de registrar con la Procuraduría Federal del Consumidor los contratos de adhesión que celebren con el público en general. Ya que se les impuso la obligación de transparentar sus obligaciones, colocando de manera visible y permanente en establecimientos la información sobre los términos y condiciones de los contratos que celebren, incluyendo la tasa de interés anual que cobran. Además, que se dio facultad a la Procuraduría Federal del Consumidor de sancionar con multa a quienes incumplan lo dispuesto en la propia ley, y dispuso que la Secretaría de Economía debería emitir una norma oficial mexicana que regulara los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria. En esa medida, la Secretaría de Economía publicó el uno de noviembre de dos mil siete la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007 denominada: "Servicios de Mutuo con Interés y Garantía Prendaria", de la que se desprende que la autoridad federal regula algunas de las cuestiones que a su vez son reguladas por la ley impugnada, tales como, la información que las casas de empeño deben dar al consumidor respecto de las operaciones que ofrecen al público, los requisitos que debe tener el contrato, así como, la designación del órgano encargado de su verificación y vigilancia. Por lo que, el proceso legislativo que dio como resultado las reformas que se hicieron al Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, tuvieron el mismo propósito que la emisión de la ley impugnada y su reglamento en el Estado de México, sólo que las reformas en materia federal se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil seis, mientras que la Ley que Regula las Casas de Empeño del Estado de México y su reglamento se publicaron posteriormente, el dieciocho de julio y quince de octubre de dos mil trece, respectivamente, en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. Dado que en ambos casos, tanto el legislador federal, como el legislador local, hicieron énfasis en la proliferación de las casas de empeño, la escasez de su regulación, la importancia que tiene su operación para los gobernados que no tienen acceso a las instituciones financieras reguladas, y a la inseguridad jurídica que representa su escasa regulación. Además de que ambas regulaciones prevén los requisitos que deben tener los contratos que celebren las casas de empeño; quién debe ser la autoridad encargada de su supervisión y vigilancia, qué información debe ponerse a la vista de los consumidores, así como la imposición de sanciones por el incumplimiento a lo establecido en el ordenamiento respectivo. Por lo que, los artículos 130, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, regulan la celebración de los contratos con interés y garantía prendaria con las personas físicas o morales que los pactan habitualmente; y que, en ese sentido, asiste razón a la parte quejosa porque la ley local impugnada invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión. Lo anterior, toda vez que, tanto el contrato de mutuo, como el contrato de prenda están regulados por la legislación civil, competencia de las legislaturas locales, como por la legislación mercantil, competencia del Congreso de la Unión. De ahí que lo que determina la legislación aplicable al contrato de mutuo de prenda que, en su caso, se celebre, es la naturaleza mercantil o civil del acto jurídico; y que, tradicionalmente, existen dos sistemas para distinguir los actos de comercio de los actos civiles: el sistema subjetivo y el sistema objetivo. De conformidad con el sistema subjetivo, un acto será´ mercantil si lo ejecuta un comerciante; y de acuerdo con el sistema objetivo, el acto será´ mercantil atendiendo a su carácter intrínseco. Lo anterior toda vez que el Código de Comercio acoge un sistema hibrido, puesto que atiende a ambas calidades para calificar a los actos de comercio; en tanto, por una parte, considera actos de comercio aquellos celebrados con una finalidad de especulación comercial; y, en otra parte, considera también actos de comercio a los actos celebrados por los comerciantes en el curso ordinario de sus negocios, especialmente, los actos celebrados por aquellos comerciantes que enumera en forma expresa en su artículo 75. Y, en atención a la naturaleza de las personas que celebran habitualmente los contratos de mutuo con garantía prendaria, éstas pueden englobarse en tres diversos tipos: (a) entidades financieras, tales como las instituciones de crédito, en cuyo caso, atendiendo a la naturaleza del sujeto que las celebra se consideran actos de comercio; (b) casas de empeño constituidas como sociedades mercantiles, que también tienen un objeto de lucro, pero no están reguladas como instituciones financieras, en cuyo caso a la actividad se le considera un mero acto de comercio, y (c) instituciones de asistencia privada, tales como ********************, las cuales no tienen objeto de lucro, y por tanto, se regulan por la legislación civil. En consecuencia, el contrato de mutuo con garantía prendaria no tiene intrínsecamente el carácter de acto de comercio, sino que su calificativo como acto de comercio proviene del sujeto que lo realiza habitualmente, es decir, es de carácter subjetivo; y que ello lo confirma el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil seis, mediante el cual se reformó la fracción X del artículo 75 del Código de Comercio, para señalar que son actos de comercio los que realicen las casas de empeño. Por tanto, de conformidad con dicha reforma, todos los comerciantes, ya sea personas físicas o morales, que celebren habitualmente contratos de mutuo con garantía prendaria, se deben regir por la legislación mercantil, al realizar habitualmente actos de comercio; y que en los términos del artículo 3, fracción II, del Código de Comercio, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles se reputan en derecho comerciantes. En atención a ello, no queda duda en que las sociedades mercantiles que celebran habitualmente contratos de mutuo con garantía prendaria, se rigen por la regulación federal; y que las instituciones de asistencia privada, personas físicas, asociaciones o sociedades civiles que no tienen una finalidad de lucro, pero que, sin embargo, celebran habitualmente contratos de mutuo con garantía prendaria, se rigen por la legislación civil que corresponde al ámbito local de competencia. En consecuencia, resulta fundado el agravio en estudio, en la medida que la finalidad de las reformas al Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, fue regular a las personas físicas comerciantes y a las sociedades constituidas conforme a la legislación mercantil distintas a entidades financieras reguladas, que celebran habitualmente contratos de mutuo con garantía prendaria, las cuales no pueden regirse por la legislación civil, por virtud de su carácter de comerciantes, y la finalidad del lucro deriva de la actividad que realizan y, por tanto, les es aplicable la regulación federal, pues como quedó acreditado, la legislación impugnada del Estado de México regula cuestiones que son potestad del legislador federal, entre otras, los requisitos de los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, que al ser en sentido estricto un acto de comercio, en atención a la persona que lo celebra, deben ser regulados por éste. En consecuencia, si la ley impugnada es una regulación local que tiene por objeto regular las mismas cuestiones que normaliza la legislación federal, en efecto, se trata de una invasión de esferas, y la ley impugnada puede tacharse de inconstitucional. Argumentos que son acordes al pronunciamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión ********************y ********************en sesiones de veintisiete de octubre de dos mil diez, ocho de junio y veinticuatro de agosto de dos mil once, en el sentido de conceder la protección constitucional solicitada, por lo que al resultar el mismo tópico tratado en ellos, y ser aplicables al caso concreto. Por su parte, también los artículos 129, 131 y 156, fracciones I, II, V, VI y VII de la ley impugnada sí inciden en normar el contrato de mutuo con garantía prendaría y, en consecuencia, sí invaden la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar al respecto. En efecto, del contenido de los artículos antes referidos se advierten, en términos generales, las siguientes obligaciones a cargo de los permisionarios de las casas de empeño: Obligación de asentar en los libros respectivos los datos relativos con las operaciones que celebra, tales como número de la boleta de empeño, fecha del empeño, firma y huella dactilar del pignorante; así como la sustitución y adición de peritos valuadores a sus sucursales (artículo 129); Obligación de presentar reportes mensuales a la procuraduría estatal de hechos o actos de los que tengan conocimiento con motivo de las operaciones que efectúan y que pudieran reportar un comportamiento atípico del pignorante o del proveedor que pudieran tener alguna incidencia delictiva; así como de presentar las denuncias respectivas ante el Ministerio Público cuando tenga conocimiento de actos presumiblemente constitutivos de delito (artículo 131 y 156, fracciones I y II); Obligación de solicitar al proveedor o pignorante, al momento de realizar la operación, el documento oficial que acredite su identidad; así´ como la propiedad del bien cuando el monto del préstamo exceda la cantidad de ochenta salarios mínimos vigentes de la zona geográfica correspondiente; y anexar al registro copia de la factura que acredite la propiedad del bien dado en prenda o adquirido, cuando el monto exceda la cantidad de ochenta salarios mínimos vigentes de la zona geográfica correspondiente (artículo 156, fracciones I, V, VI y VII). Obligaciones todas las anteriores, que, como se observa, están vinculadas con ciertos datos que derivan o se advierten de la celebración de los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, tales como el nombre del pignorante o el bien pignorado; esto es, están inmersamente relacionadas con las operaciones que llevan a cabo las referidas casas de empeño. De lo que se colige que aun cuando no se dirigen a normar de manera directa la celebración del contrato de mutuo con garantía prendaria; sí lo hacen de forma implícita, en tanto que generan obligaciones que nacen o surgen derivado de los actos o hechos de los que tengan conocimiento las casas de empeño en función de la prestación del referido servicio - préstamos con interés y garantía prendaria-. En adición, de su contenido se aprecia que en aras de garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los bienes empeñados, el permisionario tendrá que exhibir, una vez que se resuelva de forma favorable la solicitud de permiso para la apertura de casas de empeño, una póliza de fianza otorgada a favor del gobierno del estado; y que entre sus obligaciones se encuentran las relativas a: solicitar al proveedor o pignorante, al momento de celebrar la operación, el documento que acredite su identidad, los que únicamente podrán ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cartilla del servicio militar nacional o licencia de conducir; así como que acredite la propiedad del bien cuando el monto del préstamo exceda la cantidad de ochenta salarios mínimos vigentes en la zona geográfica correspondiente; e incluso exhibir copia de la factura respectiva. Lo anterior permite justificar que, con motivo de lo previsto en dichos artículos, sí regula el objeto del contrato (bien dado en prenda) en cuanto a dos aspectos trascendentales: el acreditamiento de su propiedad y la garantía frente a los daños y perjuicios que pudiera sufrir (a través del otorgamiento de una póliza otorgada a favor del Gobierno del Estado de México, cuya vigencia será de un año y t tendrá que ser renovada). Asimismo, que esa norma o legislación sobre la identidad de una parte del contrato (el pignorante) en tanto se establecen ciertas reglas en cuanto a cómo ha de acreditar aquélla en el momento de la celebración de este último. De lo que se sigue que los artículos 129, 131 y 156, fracciones I, II, V, VI y VII de la ley impugnada sí violan lo preceptuado en el artículo 73, fracción X, constitucional, en tanto invaden la competencia federal que se circunscribe a la regulación del contrato de mutuo con interés y garantía prendaria (materia de comercio). En consecuencia, lo procedente es negar el amparo solicitado por lo que hace a los artículos 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156 fracciones III y IV, de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México; y se otorgue el amparo en cuanto hace a los artículos 129, 130, 131, 156, fracciones I, II, V, VI y VII, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 de la ley en cita, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, el cumplimiento de las obligaciones que entrañan su contenido, concesión que se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el desahogo de la diligencia de inspección y verificación en la empresa quejosa, que le atribuyó al Visitador adscrito a la Dirección General de Regulación de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, el cumplimiento de las obligaciones que entrañan su contenido, concesión que se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el desahogo de la diligencia de inspección y verificación en la empresa quejosa, que le atribuyó al Visitador adscrito a la Dirección General de Regulación de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, derivada de la notificación del oficio ******************** del diecisiete de julio del dos mil veinte. Por lo expuesto, fundado y con sustento además en los artículos 80, 81, fracción I, inciso a), y 84, de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por conducto de su representante ********************, respecto de los artículos 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156, fracciones III y IV, de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por conducto de su representante ********************, respecto de los artículos 129, 130, 131, 156, fracciones I, II, V, VI y VII, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista electrónica Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, hasta hoy veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Secretario General de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, atento a su contenido, se acuerda: Se tiene a la autoridad antes mencionada dando cumplimiento a lo ordenado en proveído del doce de abril pasado; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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