Analisis de Riesgo Para el Capital, Sociedad Civil

Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
55/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Analisis de Riesgo Para el Capital, Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. 4. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Cabe precisar que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En mérito a lo anterior, y atento a la certificación de cuenta, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que acompañó a su demanda de amparo; mismos que obran en un tomo por separado; apercibida que de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Ciudad de México, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. 4. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Cabe precisar que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En mérito a lo anterior, y atento a la certificación de cuenta, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que acompañó a su demanda de amparo; mismos que obran en un tomo por separado; apercibida que de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el acta de comparecencia tomada a Gerardo Franco Delgado, apoderado legal de Análisis de Riesgo para el Capital, Sociedad Civil; a través de la cual, en atención al requerimiento formulado en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el tres del presente mes y año (folio 21766). Ahora bien, atento al contenido del referido ocurso, por el que desahoga la vista formulada en diverso auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, y al efecto manifiesta su inconformidad con las acciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, se impone precisar que mediante sentencia pronunciada por este Juzgado de Distrito el catorce de octubre de dos mil veintiuno, la cual causó ejecutoria por auto de nueve de noviembre siguiente; se concedió el fallo protector para los siguientes efectos: "(.) En esa tesitura, la protección constitucional se concede para el efecto de que la responsable deje insubsistente el requerimiento de información y documentación contenido en el oficio 39-11-66-61-1000/AD/3060/010619 de seis de noviembre de dos mil veinte y su notificación. Dejando a salvo las facultades de la autoridad responsable, para el caso de estimar que resulta procedente requerir a la parte quejosa la información y documentación que le fue solicitada, acuerde lo que conforme a derecho proceda, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Federal. (.)". Importa destacar que en la ejecutoria en cita, sustancialmente se determinó que en el referido oficio reclamado no se fundó debidamente la competencia material de la autoridad que lo emitió, pues para fundamentar debidamente su competencia material, con la finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que ejerció, resultaba necesario que citara el último párrafo, del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, al tratarse de una solicitud que se encuentra relacionada con documentos de la forma de pago de las operaciones realizadas; tales como, transferencias electrónicas, fichas de depósito, pólizas de cheque y las cuentas bancarias. Asimismo, se precisó que la autoridad al ejercer las facultades de comprobación tratándose de las revisiones de gabinete, tiene el deber de fundar de manera específica su competencia en el artículo 48, primer y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, al requerir información o documentación de las cuentas bancarias de la contribuyente, a fin de otorgarle al particular plena certeza de que está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para cumplir con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 constitucional. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2ª./J 33/2011, de rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. LA AUTORIDAD FISCAL, AL SOLICITAR INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE, DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA, ENTRE OTROS PRECEPTOS, EN EL ARTÍCULO 48, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN". Precisado lo anterior, conviene apuntar que mediante oficio recibido en este juzgado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 01 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte de la ahora Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitió copia certificada del oficio 39-11-66-61-1000/AD/4562/011895, de dieciséis de noviembre de este año; emitido por el Titular de la citada subdelegación; a través del cual informó a la sociedad quejosa que dejó sin efectos el requerimiento de información y documentación contenido en el diverso oficio 39-11-66-61-1000/AD/3060/010619, de seis de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo; por ende, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que expone el apoderado legal de la parte quejosa en el ocurso registrado con el folio 21766, en las que sustancialmente alega que no se especificó que a la quejosa únicamente se le puede revisar el ejercicio comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre del mismo año; sin embargo, se impone destacar que el fallo protector se concedió únicamente para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el oficio reclamado, incluso, se dejaron a salvo sus facultades para que, en caso de estimar que resulta procedente requerir a la parte quejosa la información y documentación que le fue solicitada, determine lo que conforme a derecho proceda, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Federal; de ahí que los efectos del fallo protector o implican que la autoridad responsable realice la precisión que refiere la quejosa en el libelo de que se trata. Notifíquese, y personalmente la parte quejosa. Lo proveyó y firma Felipe Camacho Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4780/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Ciudad de México, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el acta de comparecencia tomada a Gerardo Franco Delgado, apoderado legal de Análisis de Riesgo para el Capital, Sociedad Civil; a través de la cual, en atención al requerimiento formulado en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el tres del presente mes y año (folio 21766). Ahora bien, atento al contenido del referido ocurso, por el que desahoga la vista formulada en diverso auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, y al efecto manifiesta su inconformidad con las acciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, se impone precisar que mediante sentencia pronunciada por este Juzgado de Distrito el catorce de octubre de dos mil veintiuno, la cual causó ejecutoria por auto de nueve de noviembre siguiente; se concedió el fallo protector para los siguientes efectos: "(.) En esa tesitura, la protección constitucional se concede para el efecto de que la responsable deje insubsistente el requerimiento de información y documentación contenido en el oficio 39-11-66-61-1000/AD/3060/010619 de seis de noviembre de dos mil veinte y su notificación. Dejando a salvo las facultades de la autoridad responsable, para el caso de estimar que resulta procedente requerir a la parte quejosa la información y documentación que le fue solicitada, acuerde lo que conforme a derecho proceda, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Federal. (.)". Importa destacar que en la ejecutoria en cita, sustancialmente se determinó que en el referido oficio reclamado no se fundó debidamente la competencia material de la autoridad que lo emitió, pues para fundamentar debidamente su competencia material, con la finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que ejerció, resultaba necesario que citara el último párrafo, del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, al tratarse de una solicitud que se encuentra relacionada con documentos de la forma de pago de las operaciones realizadas; tales como, transferencias electrónicas, fichas de depósito, pólizas de cheque y las cuentas bancarias. Asimismo, se precisó que la autoridad al ejercer las facultades de comprobación tratándose de las revisiones de gabinete, tiene el deber de fundar de manera específica su competencia en el artículo 48, primer y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, al requerir información o documentación de las cuentas bancarias de la contribuyente, a fin de otorgarle al particular plena certeza de que está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para cumplir con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 constitucional. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2ª./J 33/2011, de rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. LA AUTORIDAD FISCAL, AL SOLICITAR INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE, DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA, ENTRE OTROS PRECEPTOS, EN EL ARTÍCULO 48, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN". Precisado lo anterior, conviene apuntar que mediante oficio recibido en este juzgado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 01 Magdalena de las Salinas de la Delegación Norte de la ahora Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitió copia certificada del oficio 39-11-66-61-1000/AD/4562/011895, de dieciséis de noviembre de este año; emitido por el Titular de la citada subdelegación; a través del cual informó a la sociedad quejosa que dejó sin efectos el requerimiento de información y documentación contenido en el diverso oficio 39-11-66-61-1000/AD/3060/010619, de seis de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo; por ende, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que expone el apoderado legal de la parte quejosa en el ocurso registrado con el folio 21766, en las que sustancialmente alega que no se especificó que a la quejosa únicamente se le puede revisar el ejercicio comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre del mismo año; sin embargo, se impone destacar que el fallo protector se concedió únicamente para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el oficio reclamado, incluso, se dejaron a salvo sus facultades para que, en caso de estimar que resulta procedente requerir a la parte quejosa la información y documentación que le fue solicitada, determine lo que conforme a derecho proceda, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Federal; de ahí que los efectos del fallo protector o implican que la autoridad responsable realice la precisión que refiere la quejosa en el libelo de que se trata.

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