Analilia Hernandez Infante

Expediente 32/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
32/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Analilia Hernandez Infante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    * Glósese a los autos para que obre como corresponda, el telegrama enviado por Elida Cruz Guillen, quien se ostenta como Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, por medio del cual informa que en veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, recibió el oficio 13869/2019; sin embargo, no ha lugar a realizar un mayor pronunciamiento en razón de que en trece de junio de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio (fojas 93 a 95). *

  2. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que a la fecha no se cuenta con el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio número ************, por el que se ordenó notificar al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, el proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. En consecuencia, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente, requiérase al Encargado de la Administración Postal de Correos de México de esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe el destino que dio a la pieza postal que ampara el oficio *********** de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el cual está dirigido al tercero interesado de mérito; anexando para tal efecto copia simple de la factura mediante la cual fue depositada. Apercíbase al Eric Manuel Adame Ortiz, Encargado de la Administración Postal de Correos de México, con sede en esta ciudad, que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 fracción I, y 238, en relación con el 246 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior y fin de evitar mayores dilaciones procesales y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 Constitucional, gírese oficio vía telegráfica al citado tercero interesado para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el oficio ***********, de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta pesos con 60/100 moneda nacional).

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexos signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral de origen. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancias mencionadas, dese vista y córrase traslado a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que la parte quejosa no realizó manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 41 a 46), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: Emitir el acuerdo correspondiente a las peticiones que le presentó la parte actora aquí quejosa en siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 1098/2009. Ahora, toda vez que la sentencia no fue recurrida por las partes, en proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 54 a 56), se declaró firme; y se requirió su cumplimiento. 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Mediante oficio 3418/2019 (fojas 62 a 63), remitió copias certificadas del proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 1098/2009. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento total a la sentencia de amparo. Lo anterior es así ya que en escritos de siete de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora aquí quejosa le solicitó: 1.- Aplicar la multa que se le fijó en auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (primer escrito). 2.- Se le tenga como nuevo domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el situado en calle Nicolás Bravo, número 14, colonia Centro, de esta ciudad (segundo escrito). 3.- Se le reconozca la personalidad que ostentan a sus nuevos apoderados legales, revocando todo nombramiento hecho con anterioridad (segundo escrito). 4.- Se le expidan a su costa copias certificadas de todas y cada una de las actuaciones que integran el juicio de origen (segundo escrito). Sin embargo, de las constancias que remitió la responsable de trato, consistente en el proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio primario, se nota que únicamente hizo efectivo el apercibimiento contenido en proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, a la parte demandada, para lo cual impuso multa de doscientos días de salario; por tanto, ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y al Director General de Recaudación de dicha secretaría, a fin de que materializaran dicha sanción pecuniaria. Asimismo, se requirió de nueva cuenta a la parte demandada, a fin de que dé cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen. Finalmente, tuvo a Ana Lilia Hernández Infante, Leodovico Luis Isidro, José Luis Malpica Ballesteros y José Rey Tapia Anica, designando como apoderados legales a Fausto Tavira Solís, Marisol Añore Velázquez, Ricky Iván Martínez García, Eduardo Aguilar Ayala, Carlos Agustín Álvarez Ayala y Jesús Montalván Ramírez. De lo anterior, se colige que la autoridad responsable no acordó en su totalidad los escritos que le presentó en siete de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora aquí quejosa, dado que respecto de las solicitudes consistentes en que se le tenga como nuevo domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el situado en calle Nicolás Bravo, número 14, colonia Centro, de esta ciudad y que se le expidan a su costa copias certificadas de todas y cada una de las actuaciones que integran el juicio de origen, ambas visibles en el segundo escrito, no realizó pronunciamiento alguno. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se DECLARA QUE NO ESTÁ CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Emitir el acuerdo correspondiente a las peticiones que le presentó la parte actora aquí quejosa en siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 1098/2009. Por lo que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de ulterior requerimiento. Se apercibe a Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Sin que obste lo anterior, el hecho de que a la fecha no se cuente con el acuse de notificación relativo al oficio 10225/2019 dirigido al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, por el que se ordenó notificar el proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio, en razón de que el sentido de la presente determinación no se advierte pudiera causarle algún perjuicio, en virtud que el acto reclamado consiste en una violación a la garantía de impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 Constitucional.

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