Analía Dinorah Debora de Lasse Macias

Expediente 336/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
336/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
03/01/2018

Partes del expediente

  • Analía Dinorah Debora de Lasse Macias
  • Jefe de Servicios de lo Consultivo y Contratos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA VI *QUEJOSO REALIZA MANIFESTACIONES* POR RECIBIDO EL ESCRITO SIGNADO POR LA QUEJOSA. A TRAVÉS DEL CUAL Y EN ATENCIÓN A LA VISTA ORDENADA. REALIZA DIVERSAS MANIFESTACIONES EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A LA EJECUTORIA DE AMPARO. SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA, SE TIENEN POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES QUE VIERTE LA OCURSANTE, LAS CUALES SERÁN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN AL MOMENTO DE VALORAR EL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A LA EJECUTORIA DE AMPARO, UNA VEZ QUE FENEZCA EL PLAZO DE TRES DÍAS CONCEDIDO A LAS PARTES. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VI *QUEJOSO REALIZA MANIFESTACIONES* POR RECIBIDO EL ESCRITO SIGNADO POR LA QUEJOSA. A TRAVÉS DEL CUAL Y EN ATENCIÓN A LA VISTA ORDENADA. REALIZA DIVERSAS MANIFESTACIONES EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A LA EJECUTORIA DE AMPARO. SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA, SE TIENEN POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES QUE VIERTE LA OCURSANTE, LAS CUALES SERÁN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN AL MOMENTO DE VALORAR EL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A LA EJECUTORIA DE AMPARO, UNA VEZ QUE FENEZCA EL PLAZO DE TRES DÍAS CONCEDIDO A LAS PARTES. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA VI. *VISTA DE CUMPLIMIENTO*. AGRÉGUESE EL OFICIO SIGNADO POR LA AUTORIDAD... POR MEDIO DEL CUAL MANIFIESTA EL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA DE AMPARO... CON COPIA DEL OFICIO QUE SE PROVEE Y ANEXOS, DÉSE VISTA A LA QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA... APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO ASÍ, ESTE JUZGADO PROCEDERÁ HACER EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Ciudad de México, a quince de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 336/2017-VI promovido por Analía Dinorah Débora De Lasse Macías, contra actos del Jefe de Servicios de lo Consultivo y Contratos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, asimismo, remite el testimonio de la resolución pronunciada por el Tribunal de Alzada en el recurso de revisión número R.A. 198/2017 de su índice, con dos copias. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ANALÍA DINORAH DÉBORA DE LASSE MACÍAS, en los términos precisados en la resolución recurrida." Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno, y previo al presente proveído, glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre, en el entendido que sólo se glosará la carátula relativa y las constancias originales subsecuentes a la admisión del recurso, en virtud que las demás constancias certificadas ya obran en el presente expediente, no obstante, consérvense por separado en un legajo plenamente identificado, con el fin de no involucrar recursos económicos y humanos si llega a verificarse alguna inejecución de las autoridades responsables, lo que implicaría su reutilización para formar un nuevo cuaderno de antecedentes. Y, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual la autoridad responsable está constreñida indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se le aplique la sanción que prevé el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, sin que puedan discutirse en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición. Por tanto, debe precisarse que se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en la forma siguiente: "[.] Máxime que este órgano de control constitucional considera que la petición realizada por la justiciable no contiene complejidad alguna para no ser estudiada y contestada por la autoridad responsable en breve término (en el sentido que fuere, ya que el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Carta Magna, tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido), en virtud de que únicamente solicita la expedición de la constancia de negativa ficta en relación al escrito de diecinueve de octubre de dos mil quince, o bien, se le dé respuesta a ese ocurso en los términos planteados. Sobre tales acápites, como a la fecha no se ha emitido respuesta alguna (sin importar el sentido), ni mucho menos se ha notificado, con ello se vulnera en perjuicio de la quejosa su derecho fundamental consagrado en el numeral 8° de la Carta Magna. Consecuentemente, al determinarse la transgresión al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la parte quejosa, procede conceder la protección federal solicitada, para el efecto de obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena el derecho fundamental de que se trata, esto es, para que dé respuesta por escrito dirigido a la promovente del amparo respecto de la petición que formuló por ocurso presentado ante la autoridad el veintisiete de abril de dos mil dieciséis y la notifique en el domicilio señalado para tales efectos, prescindiendo de informar sólo gestiones para la obtención de lo solicitado, en tanto que la citada respuesta para cumplir con el principio de congruencia deberá contener los motivos y fundamentos que asisten a la autoridad para lograr la expedición de la constancia de negativa ficta, o bien, que responda en los términos efectivamente planteados; máxime que a partir de la fecha de la solicitud, ya transcurrió un término considerable para contestar acorde con lo verdaderamente peticionado. [.] El amparo concedido obliga a la autoridad responsable Jefatura de Servicios de lo Consultivo y Contratos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se le notifique el proveído por el que causa ejecutoria la presente sentencia, emita el acuerdo respectivo a lo solicitado por la quejosa en el escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, ante la Subdirección de Asuntos Jurídicos de esa institución, y se lo notifique conforme a la legislación aplicable al caso concreto.". Bajo las anteriores circunstancias, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa de Servicios de lo Consultivo y Contratos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de tres días, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual tendrá que realizar lo siguiente: a) Emita el acuerdo respectivo a lo solicitado por la parte quejosa en el escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, ante la Subdirección de Asuntos Jurídicos de esa institución, y se notifique en el domicilio señalado para tales efectos. En la inteligencia, de que la anterior determinación de ninguna manera constriñe a la autoridad a resolver de conformidad con lo solicitado por la impetrante, pues el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido Con el apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, y de reiterar sus conductas omisivas al respecto, se aumentará gradualmente hasta llegar a mil unidades de medida y actualización. Sin perjuicio de lo anterior, con la finalidad de no violar las reglas esenciales del procedimiento de ejecución de sentencia, con fundamento en el tercer párrafo de artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Subdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad requerida, la obligue a remitir a este órgano jurisdiccional dentro del término de tres días, las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el presente proveído. Es aplicable la tesis P.CLXXV/2000, consultable en la página 5 del tomo: XII, noviembre de dos mil, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y que es del texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que deba hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer". A su vez, se informa a la autoridad requerida, en su carácter de superior jerárquico de la obligada al cumplimiento, que de conformidad con el artículo 258 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de no demostrar que dio la orden de cumplir con la ejecutoria, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización y, en caso de ser omisa nuevamente, ésta se duplicará hasta llegar a las mil unidades de medida y actualización, sin perjuicio de que incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyo acto se hubiese concedido el amparo. Asimismo, se recuerda que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades directamente obligadas a cumplir con el fallo protector. Con independencia de lo anterior, se les informa a las citadas autoridades que de incurrir en una actitud omisiva, también pueden hacerse acreedoras a las sanciones previstas en el artículo 267 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo." Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas, que de no cumplir con lo ordenado, suscitarse alguna actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General número 5/2013, del trece de mayo de dos mil trece, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, entérese a las autoridades que aun cuando dejen sus respectivos puestos, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL durante el tiempo que duró su encargo y, que por esa razón, también podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional. Es aplicable la tesis P.CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XII, noviembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO. Del análisis relacionado de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución así como de los artículos 104 a 113 de la Ley de Amparo, que integran el Capítulo XII, "de la Ejecución de Sentencias" del Título Primero del Libro Primero, se desprende que tanto el Poder Constituyente como el Poder Reformador y el legislador ordinario han considerado que las sentencias deben cumplirse con exactitud y rapidez. Las distintas tesis de jurisprudencia y aisladas que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia corroboran plenamente esta apreciación. Ello explica que cuando una autoridad, cualquiera que sea, no cumple con una sentencia de amparo proceda separarla de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda, a fin de que, en su caso, sea procesada y sentenciada. Todo ello significa que incurre en la conducta que motiva esas medidas y que puede ser constitutiva de delito la persona que teniendo calidad de autoridad responsable en un juicio de amparo, o estando obligada a cumplir con una sentencia que concede la protección constitucional no lo hace dentro de las veinticuatro horas que previene el artículo 105 de la Ley de Amparo, como regla general o dentro del tiempo prudente que la naturaleza especial del acto amerite. Por tanto quien se encuentra en ese supuesto deja de desempeñar el cargo, no desaparece la responsabilidad en que incurrió durante el desempeño del mismo. Es obvio que de admitir lo contrario sería fácilmente burlado el riguroso sistema que la Constitución y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, pues bastaría que se cambiara de puesto al funcionario que incurrió en desacato para que su conducta cayera en la impunidad; y lo más grave sería que, de admitir ese sistema como lícito se podría prorrogar indefinidamente el incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, como las responsabilidades que se siguen del desacato son de carácter personal e incluso pueden dar lugar a una consignación penal, es imprescindible que la nueva autoridad comparezca al juicio de amparo que se encuentre en etapa de ejecución de sentencia y que de ello esté probado fehacientemente, lo que exigirá, por regla general, que se le deba requerir el referido cumplimiento, con lo que el principio establecido en el artículo 105 citado, se rebasaría en exceso, o, lo que es más grave, daría lugar a que nunca se cumpliera la sentencia y nunca se pudiera proceder contra alguna autoridad responsable. Por las consideraciones anteriores debe establecerse categóricamente que si un funcionario público incurrió en desacato, debe consignársele ante el Juez de Distrito que corresponda, aunque ya no ocupe el cargo que desempeñó." Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Hilda Álvarez García, Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizada de conformidad con el oficio número CCJ/ST/5792/2017 de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal), asistida por el Secretario Licenciado José Antonio Bernal Arzaluz, quien autoriza y da fe. Doy fe. HAG/JABA/etc LA ENCARGADA DEL DESPACHO EL SECRETARIO

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