Anaiza Sánchez Hernández
Expediente 1199/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1199/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- VERÓNICA ANDREA MARTÍNEZ JACOBO y Otros.
- Anaiza Sánchez Hernández
- ANAIZA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua; téngasele informando que dicho órgano jurisdiccional se avoco al conocimiento del asunto. Cúmplase.
- Principal
Agréguese el oficio de la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, por el que remite la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 15/2023 de su índice, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que dicha ejecutoria determinó que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, es el competente para conocer del juicio de amparo promovido remítase el presente juicio de amparo a dicho órgano jurisdiccional; solicitando el acuse de recibo de estilo. En tal virtud, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracción XII, en relación con el 262 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena a la Oficial Judicial A de la adscripción para que deje a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el presente expediente electrónico. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales conducentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, una vez transcurridos seis meses de su archivo, pues encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 19 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 19. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: b) Incompetencias; Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 19, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que el quejoso **********, no hizo manifestación alguna respecto de la vista concedida en auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." ( Efectos de la sentencia definitiva. El tres de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: Se cobre a la parte quejosa, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $****** (***********) por el concepto de derechos por los servicios de inscripción prestados por el Registro Público de la Propiedad, con motivo de la compraventa que quedó registrada en la escritura **** ante la Notaría Pública Número Quince la cual se encuentra ligada al comprobante de pago con número de operación de treinta de septiembre de dos mil veintidós, expedido por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua. Se reintegre la parte que cubrió en exceso." Causa ejecutoria. El veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a la autoridad correspondiente. Cumplimiento. Mediante oficio DJF.-8795-I/2023 el Supervisor Administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y Delegado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, remitió el acuse de recibo del veinte de abril de dos mil veintitrés, a través del cual hizo entrega al quejoso del cheque ******, por la cantidad de $******* (**********). Por tanto, una vez analizado el efecto de la sentencia protectora, el oficio que remitió la autoridad, se considera que la autoridad acató en sus términos la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. Ello es así, virtud a que como consecuencia del fallo pronunciado en este juicio, se cobró a la parte quejosa, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, acorde con el certificado de pago que obra en autos y se le reintegró la parte que cubrió en exceso. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida; además, una vez examinado el actuar de la autoridad, se concluye que no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete********************, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Además, se precisa que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que la autorizada legal de la quejosa desahogó la vista concedida por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en consecuencia, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Efectos de la sentencia definitiva. El cinco de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: Se cobre a la parte quejosa, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 65/100 moneda nacional) por cada uno de los conceptos de derechos por los servicios de inscripción prestados por el Registro Público de la Propiedad, correspondientes a los números de operaciones 5144306 y 5144329 por las cantidades de $17,245.00 (diecisiete mil doscientos cuarenta y cinco 00/100 pesos moneda nacional), cada uno, a nombre de la quejosa Esther Paola Morales Romero. Asimismo, se cobre la cantidad correspondiente al impuesto universitario, tomando como base la tarifa de derechos a pagar una vez aplicado el estímulo a que se refiere el artículo mencionado. Se reintegre la parte que cubrió en exceso." Causa ejecutoria. El uno de febrero de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria, se realizó la aclaración correspondiente y se requirió el cumplimiento a la autoridad correspondiente. Cumplimiento. Ahora, de los oficios DJF.-2795/2023 y DJF-2796/2023, suscritos por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, se advierte que se expidieron los cheques números 1156330 y 1156331, de fechas nueve de febrero de dos mil veintitrés, a favor de la quejosa Acto seguido, mediante proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, quien desahogó la misma por conducto de su autorizada legal, realizando diversas manifestaciones de las que se advierte que la quejosa ya acudió a recoger los cheques correspondientes. Por lo tanto, del examen de las documentales que obran en autos, se tuvo a la autoridad de referencia, acreditando haber restituido a la quejosa las cantidades erogadas, puesto que con sus oficios registrados con los números de folios 3293 y remitió copia certificada de los aludidos cheques expedidos a favor de la accionista constitucional, los cuales quedaron a su disposición en el Departamento Jurídico Fiscal de dicha dependencia y por auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, se le notificó a aquélla para que acudiera a recoger los mismos. Por tanto, una vez analizado el efecto de la sentencia protectora, el oficio que remitió la autoridad, se considera que la autoridad acató en sus términos la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. Esto es así, toda vez que como quedó asentado en párrafos precedentes, del escrito registrado con el número de folio 10945 signado por la autorizada legal de la parte quejosa se advierte que esta última acudió a las instalaciones que ocupa el Departamento Jurídico Fiscal de la Secretaria de Hacienda, a recoger los cheques que quedaron a su disposición con los que se restituyó a la referida contribuyente con el pago por concepto del impuesto reclamado. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida; además, una vez examinado el actuar de la autoridad, se concluye que no incurrió en exceso ni defecto en el cumplimiento, virtud a que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete********************, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Además, se precisa que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.
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