Anaiza Guadalupe Pérez Hernández

Expediente 522/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
522/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Anaiza Guadalupe Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional.

  2. Principal

    Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, glósese el pedimento de cuenta que vía electrónica remite el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; sin que sea necesario pronunciarse en cuanto a su contenido, toda vez que el nueve de noviembre de la presente anualidad se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este asunto.

  3. Principal

    Para evidenciar lo que a continuación se expondrá, se narran los antecedentes que se desprenden de las constancias que el juez responsable allegó a su informe de ley, mismos que se desprenden de la copia certificada del juicio de tramitación especial por divorcio incausado 3/2020 que remitió el Juez responsable; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° y de la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182. Mediante escrito recibido por la Oficialía de Partes Común a los Juzgado Civiles y Familiares de esta ciudad el tres de enero de dos mil dieciocho, la aquí quejosa, ********, demandó en la vía de tramitación especial el divorcio incausado al tercero interesado, ********. 2. De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado de lo Familiar de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí quien la registró bajo el consecutivo 03/2018 y en acuerdo de once de enero de esa misma anualidad, admitió a trámite la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada corriéndole vista con el convenio exhibido por su contraria. 3. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia de fondo en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial, se aprobó el convenio previamente exhibido, en el cual, en lo que interesa se estableció la guarda y custodia en favor de la progenitora de los menores, y se definió en régimen de convivencias entre el padre y los infantes involucrados. 4. En diecinueve de abril siguiente, fue declarada ejecutoriada la sentencia. 5. Mediante escrito presentado en veinticuatro de julio del presente año, el hoy tercero interesado Salvador Alejandro Vázquez Orozco hizo del conocimiento del juez familiar que la progenitora de sus hijos abandono el domicilio en el que residía con los menores, y que los mismos fueron dejados en el domicilio de la abuela materna, quien los ha retenido y no deja que convivan con él. Asimismo, indicó que la madre de sus hijos es drogadicta y que debido a ello se encontraba internada en un centro de rehabilitación. Atento a lo anterior, solicitó se suspendiera la custodia que ostenta la madre de sus hijos o en su defecto requiriese a la abuela de los menores para su entrega voluntaria. 7. En atención a la petición indicada en el punto anterior, en veintiocho de julio pasado, se dictó proveído en el que indicó: ".se otorga la guarda y custodia de los menores CAMILA ANAIZA y ALBERTO SANTIAGO de apellidos VÁZQUEZ PÉREZ, a favor de SALVADOR ALEJANDRO VÁZQUEZ OROZCO, por ende, requiérase a la C. AMIRA HERNÁNDEZ CORONADO, en el domicilio ubicado en calle Laureles número 201 "A" de la Colonia Olivar de las Animas de la Ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, a fin de que dentro del término de 03 tres días permita la convivencia y haga entrega voluntaria de los menores, apercibida legalmente que de no hacerlo, se aplicaran cualesquiera de los medios de apremio que estime pertinentes para hacer cumplir esta determinación, con independencia de lo anterior, dese vista al Fiscal adscrito, a la demandada y a la C. Lic. Tañía Montoya Salazar, a quien se designa como tutora de los menores en este Juicio a fin de que dentro del término de 03 tres días expresen lo que a su interés convengan." 8. Determinación judicial la indicada en el punto anterior, que provocó que las partes inmersas promovieran los escritos siguientes: a) La hoy quejosa con fundamento en el artículo 933 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, interpuso recurso de revocación señalando en esencia que la guarda y custodia así como el régimen de convivencias se encontraba definido mediante fallo ejecutoriado, que el progenitor de sus hijos se encontraba fuera del país y que no se le dio vista con la solicitud de convivencias por lo que no estuvo en aptitud de controvertir o alegar al respecto -escrito presentado en cinco de agosto pasado-. b) La abuela materna a quien se le ordenó la entrega de los menores indicó entre otras cosas que el padre de los infantes no se encontraba dentro de la República Mexicana dado que desde hace un tiempo se encontraba laborando en los Estados Unidos de Norte América, que no es cierto que su hija se encuentre ligada a la delincuencia organizada, pues en la actualidad se encuentra en estado de recuperación por cuestiones de adicción y está por concluir su etapa de rehabilitación integral respecto -escrito presentado en cinco de agosto pasado-. c) Por su parte Salvador Alejandro Vázquez Orozco solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento inmerso en el auto de veintiocho de julio anterior, y se ordenara el uso de la fuerza pública -escrito presentado en seis de agosto pasado-. 9. A tales escritos recayó providencia de once de agosto pasado, en la que el juez responsable calificó al recurso propuesto en el primero de los escritos como frívolo e improcedente al vislumbrarse como una medida meramente dilatoria, en cuanto al segundo lo agregó teniéndose sólo por hechas las manifestaciones ahí inmersas, y respecto al tercero requirió de nueva cuenta a la abuela materna a efecto de que hiciera entrega de los menores, bajo la medida de apremio contenida en el artículo 71, fracción II del Código de Procedimientos Civiles de Estado. -Proveídos los enunciados en el punto siete y nueve que constituyen el reclamo en la presente vía constitucional- 9. En fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se emitió un auto en el cual se sostuvo: [.] Téngase por recibido dos escritos de Salvador Alejandro Vázquez Orozco, el primero, fechado el 14 catorce y recibido el mismo día y el segundo, fechado y recibido el 19 diecinueve, ambos del mes de agosto; y oficios número 17797/2020, 17798/2020 y 17799/2020, signados por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, .en cuanto a lo solicitado en el primero de los de cuenta, dígasele al demandado que no ha lugar en hacer efectivo el requerimiento que solicita a AMIRA HERNANDEZ CORONADO, y en girar los oficios que peticiona, toda vez que de los autos se advierte que la depositaría judicial que ejerce el depósito de los menores en el presente asunto, en virtud de resolución judicial firme; lo es ANAIZA GUADALUPE PÉREZ HERNÁNDEZ, pues mediante resolución de fecha 14 catorce de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, se aprobó el convenio exhibido por la parte actora y se obligó a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; .Por tanto, la legitimación pasiva para ser requerida por la entrega voluntaria de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales C. A. y A. S. de apellidos V. P. debe realizarse a la madre de dichos menores ANAIZA GUADALUPE PÉREZ HERNÁNDEZ y no la abuela materna AMIRA HERNÁNDEZ CORONADO; .Máxime que en contra de la depositaría judicial no se ha decretado ningún requerimiento ni apercibimiento, que deba hacérsele efectivo. Con independencia de que, en el caso, el aquí ocursante SALVADOR ALEJANDRO VÁZQUEZ OROZCO, pretende el cambio de la guarda y custodia que se decretó a favor de ANAIZA GUADALUPE PÉREZ HERNÁNDEZ, bajo el argumento de que los menores corren riesgo porque su madre se encuentra en un anexo por drogas desde hace seis meses y los dejó abandonados y su abuela materna los tiene sustraídos de la presencia de su padre y familiares sin causa justificada y no puso del conocimiento dichos actos a esta autoridad y por ello - solicita el ocursante - deberá suspenderse la custodia a la madre de sus hijos y otorgársele la custodia provisional o definitiva; lo cual implica la modificación del régimen de guarda y custodia, cuando ocurren circunstancias que se presentan con posterioridad al momento en que se dictó la resolución de fecha 14 catorce de marzo del presente año, en que se fijaron las modalidades del derecho de visita o convivencia de los menores de identidad reservada con iniciales C. A. y A. S. de apellidos V. P. con su padre SALVADOR ALEJANDRO VAZQUEZ OROZCO, y se debe tramitar indistintamente en la vía incidental o en una demanda autónoma, dado que su objetivo es, precisamente, modificar los términos en que ésta fue fijada por virtud de una sentencia definitiva, para lo cual la vía para ese trámite es acorde con los artículos 90 y 775 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que no señalan una tramitación especial para resolver este tipo de controversias, por lo que la modificación de dichos tópicos puede plantearse tanto en la vía incidental, como en un juicio autónomo, ya que en ambos casos las partes tienen oportunidad de ser oídas, ofrecer pruebas y desahogarlas, alegar y obtener una resolución que dirima la controversia, así como impugnarla y los demás actos procesales a través de los recursos ordinarios o medios procedentes; ello con independencia de los términos que en cada una de esas vías establece la ley pues, en las dos, se tutela de manera indistinta el interés superior del menor para permanecer con el progenitor que le brinde una mejor protección y condición de vida; ya que en la determinación de la guarda y custodia, debe analizarse el escenario que resulta más benéfico para el desarrollo integral de los menores, de lo contrario se le estaría sancionando, sin incluso ser oídos en juicio, y se soslayarían las particularidades que el interés superior del menor demanda se tomen en consideración al momento de decidir sobre la guarda y custodia;." Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional, lo siguiente: Los autos de veintiocho de julio y once de agosto de dos mil veinte, dictados en el juicio de tramitación especial por divorcio incausado 3/2020, del índice del Juzgado de lo Familiar de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. El primero de ellos por el que se otorga provisionalmente la guarda y custodia de los menores a su progenitor y se concede el término de tres días a Amira Hernández Coronado -abuela de los infantes- a fin de que hiciera entrega voluntaria de los menores, mientras en el segundo se le requiere de nueva cuenta a efecto de que dé cumplimiento con lo ordenado en el primero, apercibiéndole que de no hacerlo se le impondría la medida de apremio contenida en la fracción II del artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles de Estado. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" Interpretación del marco normativo. Respecto a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se discute, por alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia y, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado; o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Tal improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. No está por demás destacar que es factible distinguir que la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, para su actualización requiere que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos como la que alude la diversa fracción XXI del precepto indicado, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, es decir, no requiere participación alguna de la autoridad responsable para que se actualice, pudiendo entonces ser por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales, etcétera. Caso concreto. En veintiocho de julio de dos mil veinte, en el juicio de origen se dictó un acuerdo en el que se otorgó provisionalmente la guarda y custodia de los menores a su progenitor y se concedió el término de tres días a Amira Hernández Coronado -abuela de los infantes- a fin de hiciera entrega voluntaria de los menores. Por auto de once de agosto de dos mil veinte, se le requiere de nueva cuenta a efecto de que dé cumplimiento con lo ordenado, apercibiéndole a la requerida que de no hacerlo se le impondría la medida de apremio contenida en la fracción II del artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles de Estado. Ahora, en el presente juicio de amparo la promovente reclama el contenido de los proveídos relatados en los dos párrafos anteriores, bajo el argumento de que la responsable fue omisa en correrle traslado de las pretensiones de su contraparte. Sin embargo, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, quedaron superadas dichas determinaciones judiciales dictadas en veintiocho de julio y once de agosto de dos mil veinte. Pues en esta se determinó que no podía hacerse efectivo el apercibimiento en contra de Amira Hernández Coronado -abuela de los infantes-, al advertirse que la depositaría judicial de los menores lo es la hoy quejosa Anaiza Guadalupe Pérez Hernández, lo que quedo determinado mediante fallo firme. Progenitora en quien recae la legitimación pasiva para ser requerida por la entrega voluntaria de sus menores hijos. Indicándose que en contra de la depositaría judicial no se ha decretado ningún requerimiento ni apercibimiento, que deba hacérsele efectivo. Se señaló que lo peticionado por el progenitor de los menores implicaba la modificación del régimen de guarda y custodia firme mediante ejecutoria, por lo que tal pretensión debía ser tramitada indistintamente en la vía incidental o en una demanda autónoma. Por lo que en el caso de que se otorgara el amparo y protección de la justicia federal, lo determinado en el relatado auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, impediría que el fallo protector cumpla con su finalidad, debido a que los efectos de los actos reclamados no se concretizarían en la esfera jurídica de la quejosa; pues como ha quedado señalado, al haberse indicado que no se podía hacerse efectivo el apercibimiento decretado en contra de Amira Hernández Coronado -abuela de los infantes-, y que la pretensión de progenitor de los menores debía ser tramitada indistintamente en la vía incidental o en una demanda autónoma, implica que ha dejado de existir el objeto o materia del amparo. Por lo tanto, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues a pesar de que subsiste el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal debido a la modificación que tuvo el auto origen de la determinación reclamada en el presente juicio de amparo. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción XXII del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte que en lo conducente dice: Para evidenciar lo que a continuación se expondrá, se narran los antecedentes que se desprenden de las constancias que el juez responsable allegó a su informe de ley, mismos que se desprenden de la copia certificada del juicio de tramitación especial por divorcio incausado 3/2020 que remitió el Juez responsable; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° y de la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182. Mediante escrito recibido por la Oficialía de Partes Común a los Juzgado Civiles y Familiares de esta ciudad el tres de enero de dos mil dieciocho, la aquí quejosa, ********, demandó en la vía de tramitación especial el divorcio incausado al tercero interesado, ********.2. De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado de lo Familiar de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí quien la registró bajo el consecutivo 03/2018 y en acuerdo de once de enero de esa misma anualidad, admitió a trámite la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada corriéndole vista con el convenio exhibido por su contraria.3. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia de fondo en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial, se aprobó el convenio previamente exhibido, en el cual, en lo que interesa se estableció la guarda y custodia en favor de la progenitora de los menores, y se definió en régimen de convivencias entre el padre y los infantes involucrados. 4. En diecinueve de abril siguiente, fue declarada ejecutoriada la sentencia. 5. Mediante escrito presentado en veinticuatro de julio del presente año, el hoy tercero interesado Salvador Alejandro Vázquez Orozco hizo del conocimiento del juez familiar que la progenitora de sus hijos abandono el domicilio en el que residía con los menores, y que los mismos fueron dejados en el domicilio de la abuela materna, quien los ha retenido y no deja que convivan con él. Asimismo, indicó que la madre de sus hijos es drogadicta y que debido a ello se encontraba internada en un centro de rehabilitación. Atento a lo anterior, solicitó se suspendiera la custodia que ostenta la madre de sus hijos o en su defecto requiriese a la abuela de los menores para su entrega voluntaria. 7. En atención a la petición indicada en el punto anterior, en veintiocho de julio pasado, se dictó proveído en el que indicó: ".se otorga la guarda y custodia de los menores CAMILA ANAIZA y ALBERTO SANTIAGO de apellidos VÁZQUEZ PÉREZ, a favor de SALVADOR ALEJANDRO VÁZQUEZ OROZCO, por ende, requiérase a la C. AMIRA HERNÁNDEZ CORONADO, en el domicilio ubicado en calle Laureles número 201 "A" de la Colonia Olivar de las Animas de la Ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, a fin de que dentro del término de 03 tres días permita la convivencia y haga entrega voluntaria de los menores, apercibida legalmente que de no hacerlo, se aplicaran cualesquiera de los medios de apremio que estime pertinentes para hacer cumplir esta determinación, con independencia de lo anterior, dese vista al Fiscal adscrito, a la demandada y a la C. Lic. Tañía Montoya Salazar, a quien se designa como tutora de los menores en este Juicio a fin de que dentro del término de 03 tres días expresen lo que a su interés convengan." 8. Determinación judicial la indicada en el punto anterior, que provocó que las partes inmersas promovieran los escritos siguientes: a) La hoy quejosa con fundamento en el artículo 933 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, interpuso recurso de revocación señalando en esencia que la guarda y custodia así como el régimen de convivencias se encontraba definido mediante fallo ejecutoriado, que el progenitor de sus hijos se encontraba fuera del país y que no se le dio vista con la solicitud de convivencias por lo que no estuvo en aptitud de controvertir o alegar al respecto -escrito presentado en cinco de agosto pasado-. b) La abuela materna a quien se le ordenó la entrega de los menores indicó entre otras cosas que el padre de los infantes no se encontraba dentro de la República Mexicana dado que desde hace un tiempo se encontraba laborando en los Estados Unidos de Norte América, que no es cierto que su hija se encuentre ligada a la delincuencia organizada, pues en la actualidad se encuentra en estado de recuperación por cuestiones de adicción y está por concluir su etapa de rehabilitación integral respecto -escrito presentado en cinco de agosto pasado-. c) Por su parte Salvador Alejandro Vázquez Orozco solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento inmerso en el auto de veintiocho de julio anterior, y se ordenara el uso de la fuerza pública -escrito presentado en seis de agosto pasado-. 9. A tales escritos recayó providencia de once de agosto pasado, en la que el juez responsable calificó al recurso propuesto en el primero de los escritos como frívolo e improcedente al vislumbrarse como una medida meramente dilatoria, en cuanto al segundo lo agregó teniéndose sólo por hechas las manifestaciones ahí inmersas, y respecto al tercero requirió de nueva cuenta a la abuela materna a efecto de que hiciera entrega de los menores, bajo la medida de apremio contenida en el artículo 71, fracción II del Código de Procedimientos Civiles de Estado. -Proveídos los enunciados en el punto siete y nueve que constituyen el reclamo en la presente vía constitucional- 9. En fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se emitió un auto en el cual se sostuvo: [.] Téngase por recibido dos escritos de Salvador Alejandro Vázquez Orozco, el primero, fechado el 14 catorce y recibido el mismo día y el segundo, fechado y recibido el 19 diecinueve, ambos del mes de agosto; y oficios número 17797/2020, 17798/2020 y 17799/2020, signados por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, .en cuanto a lo solicitado en el primero de los de cuenta, dígasele al demandado que no ha lugar en hacer efectivo el requerimiento que solicita a AMIRA HERNANDEZ CORONADO, y en girar los oficios que peticiona, toda vez que de los autos se advierte que la depositaría judicial que ejerce el depósito de los menores en el presente asunto, en virtud de resolución judicial firme; lo es ANAIZA GUADALUPE PÉREZ HERNÁNDEZ, pues mediante resolución de fecha 14 catorce de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, se aprobó el convenio exhibido por la parte actora y se obligó a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; .Por tanto, la legitimación pasiva para ser requerida por la entrega voluntaria de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales C. A. y A. S. de apellidos V. P. debe realizarse a la madre de dichos menores ANAIZA GUADALUPE PÉREZ HERNÁNDEZ y no la abuela materna AMIRA HERNÁNDEZ CORONADO; .Máxime que en contra de la depositaría judicial no se ha decretado ningún requerimiento ni apercibimiento, que deba hacérsele efectivo. Con independencia de que, en el caso, el aquí ocursante SALVADOR ALEJANDRO VÁZQUEZ OROZCO, pretende el cambio de la guarda y custodia que se decretó a favor de ANAIZA GUADALUPE PÉREZ HERNÁNDEZ, bajo el argumento de que los menores corren riesgo porque su madre se encuentra en un anexo por drogas desde hace seis meses y los dejó abandonados y su abuela materna los tiene sustraídos de la presencia de su padre y familiares sin causa justificada y no puso del conocimiento dichos actos a esta autoridad y por ello - solicita el ocursante - deberá suspenderse la custodia a la madre de sus hijos y otorgársele la custodia provisional o definitiva; lo cual implica la modificación del régimen de guarda y custodia, cuando ocurren circunstancias que se presentan con posterioridad al momento en que se dictó la resolución de fecha 14 catorce de marzo del presente año, en que se fijaron las modalidades del derecho de visita o convivencia de los menores de identidad reservada con iniciales C. A. y A. S. de apellidos V. P. con su padre SALVADOR ALEJANDRO VAZQUEZ OROZCO, y se debe tramitar indistintamente en la vía incidental o en una demanda autónoma, dado que su objetivo es, precisamente, modificar los términos en que ésta fue fijada por virtud de una sentencia definitiva, para lo cual la vía para ese trámite es acorde con los artículos 90 y 775 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que no señalan una tramitación especial para resolver este tipo de controversias, por lo que la modificación de dichos tópicos puede plantearse tanto en la vía incidental, como en un juicio autónomo, ya que en ambos casos las partes tienen oportunidad de ser oídas, ofrecer pruebas y desahogarlas, alegar y obtener una resolución que dirima la controversia, así como impugnarla y los demás actos procesales a través de los recursos ordinarios o medios procedentes; ello con independencia de los términos que en cada una de esas vías establece la ley pues, en las dos, se tutela de manera indistinta el interés superior del menor para permanecer con el progenitor que le brinde una mejor protección y condición de vida; ya que en la determinación de la guarda y custodia, debe analizarse el escenario que resulta más benéfico para el desarrollo integral de los menores, de lo contrario se le estaría sancionando, sin incluso ser oídos en juicio, y se soslayarían las particularidades que el interés superior del menor demanda se tomen en consideración al momento de decidir sobre la guarda y custodia;." Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional, lo siguiente: Los autos de veintiocho de julio y once de agosto de dos mil veinte, dictados en el juicio de tramitación especial por divorcio incausado 3/2020, del índice del Juzgado de lo Familiar de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. El primero de ellos por el que se otorga provisionalmente la guarda y custodia de los menores a su progenitor y se concede el término de tres días a Amira Hernández Coronado -abuela de los infantes- a fin de que hiciera entrega voluntaria de los menores, mientras en el segundo se le requiere de nueva cuenta a efecto de que dé cumplimiento con lo ordenado en el primero, apercibiéndole que de no hacerlo se le impondría la medida de apremio contenida en la fracción II del artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles de Estado. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" Interpretación del marco normativo. Respecto a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se discute, por alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia y, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado; o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Tal improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. No está por demás destacar que es factible distinguir que la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, para su actualización requiere que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos como la que alude la diversa fracción XXI del precepto indicado, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, es decir, no requiere participación alguna de la autoridad responsable para que se actualice, pudiendo entonces ser por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales, etcétera. Caso concreto. En veintiocho de julio de dos mil veinte, en el juicio de origen se dictó un acuerdo en el que se otorgó provisionalmente la guarda y custodia de los menores a su progenitor y se concedió el término de tres días a Amira Hernández Coronado -abuela de los infantes- a fin de hiciera entrega voluntaria de los menores. Por auto de once de agosto de dos mil veinte, se le requiere de nueva cuenta a efecto de que dé cumplimiento con lo ordenado, apercibiéndole a la requerida que de no hacerlo se le impondría la medida de apremio contenida en la fracción II del artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles de Estado. Ahora, en el presente juicio de amparo la promovente reclama el contenido de los proveídos relatados en los dos párrafos anteriores, bajo el argumento de que la responsable fue omisa en correrle traslado de las pretensiones de su contraparte. Sin embargo, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, quedaron superadas dichas determinaciones judiciales dictadas en veintiocho de julio y once de agosto de dos mil veinte. Pues en esta se determinó que no podía hacerse efectivo el apercibimiento en contra de Amira Hernández Coronado -abuela de los infantes-, al advertirse que la depositaría judicial de los menores lo es la hoy quejosa Anaiza Guadalupe Pérez Hernández, lo que quedo determinado mediante fallo firme. Progenitora en quien recae la legitimación pasiva para ser requerida por la entrega voluntaria de sus menores hijos. Indicándose que en contra de la depositaría judicial no se ha decretado ningún requerimiento ni apercibimiento, que deba hacérsele efectivo. Se señaló que lo peticionado por el progenitor de los menores implicaba la modificación del régimen de guarda y custodia firme mediante ejecutoria, por lo que tal pretensión debía ser tramitada indistintamente en la vía incidental o en una demanda autónoma. Por lo que en el caso de que se otorgara el amparo y protección de la justicia federal, lo determinado en el relatado auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, impediría que el fallo protector cumpla con su finalidad, debido a que los efectos de los actos reclamados no se concretizarían en la esfera jurídica de la quejosa; pues como ha quedado señalado, al haberse indicado que no se podía hacerse efectivo el apercibimiento decretado en contra de Amira Hernández Coronado -abuela de los infantes-, y que la pretensión de progenitor de los menores debía ser tramitada indistintamente en la vía incidental o en una demanda autónoma, implica que ha dejado de existir el objeto o materia del amparo. Por lo tanto, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, pues a pesar de que subsiste el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal debido a la modificación que tuvo el auto origen de la determinación reclamada en el presente juicio de amparo. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción XXII del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

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