Anaid Amaly Alducin Valerdi

Expediente 1000/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1000/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Anaid Amaly Alducin Valerdi
  • ANAID AMALY ALDUCIN VALERDI y Otros.
  • Representante Coadyuvante, Adscrito Al Departamento de Clínicas de Prevención Y Atención del Maltrato de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de dos de octubre de dos mil veintitrés que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente. Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: [.] III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Cuaderno incidental (concedió provisional y definitiva) Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el en el artículo 17, fracción III, inciso A, del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno único del presente expediente es conservable. Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso b), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que la parte quejosa no exhibió documentos originales, no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Ahora, tomando en consideración que durante la tramitación del presente juicio de amparo, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, remitió constancias con las cuales se formaron dos tomos de pruebas, identificados como anexo I y II, se ordena devolver el mismo, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario "MromanoMP", que pertenece a Martha Angélica Romano Saldaña, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Agregue a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, informando que los oficios 3568/2023 y 3569/2023 dirigidos a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y al Procurador de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ya fueron remitidos, lo que se toma para conocimiento. Lo anterior sin mayor acuerdo, ya que por auto de dos de octubre pasado, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de octubre de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente en el que se actúa; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla deje insubsistente el auto del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio privilegiado de visita y convivencia ********************, y considere que el tema relativo a decretar o no un régimen de visita y convivencia entre la menor quejosa y sus abuelos es un tema que corresponde al fondo del asunto, por lo que solo puede determinarse en sentencia definitiva, al igual que la modalidad y condiciones en que se llevan a cabo las convivencias o las medidas que previamente se tengan que efectuar para su desarrollo -como son las terapias o talleres-. Dicte un diverso proveído, en el que, de manera complementaria a la entrevista realizada a la niña involucrada, ordene y desahogue una prueba pericial en psicología a su cargo, que pueda aportar mayores elementos de convicción para descartar la existencia de injerencias externas en la opinión de la menor -como podría ser influencia de la madre u ofuscación por la relación de la progenitora y los abuelos-, a fin de poder valorar con mayor amplitud su opinión. Igualmente, ordene el desahogo de una prueba pericial en psiquiatría a cargo de la menor involucrada, a fin de determinar la gravedad del padecimiento de ******************** que al parecer presenta, ya que ese tema podría ser un factor para determinar la modalidad de las convivencias, en caso de que en sentencia definitiva sean decretadas o incluso podría ser un factor para decidir si es factible realizarlas o no. Asimismo, el Juez deberá valorar si estima adecuado desahogar oficiosamente algún medio de prueba que aporte elementos objetivos sobre el tema relativo a la violencia que se alega ejercieron los abuelos de la menor sobre ella, a fin de determinar en sentencia si existieron o no esos actos de violencia y, en su caso, si son un factor que impida o no decretar un régimen de visita y convivencia entre los abuelos y la niña. En la inteligencia que deberá recabar las aludidas pruebas, lo más pronto posible, a fin de estar en aptitud de emitir la sentencia que en derecho corresponda. Mediante proveído de veintitrés de agosto del año en curso, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés dictado en el expediente ********************, de su índice mediante el cual dejó insubsistente el auto del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen, y dictó un diverso proveído, en el que consideró que el tema relativo a decretar o no un régimen de visita y convivencia entre la menor quejosa y sus abuelos es un tema que corresponde al fondo del asunto, por lo que solo puede determinarse en sentencia definitiva, al igual que la modalidad y condiciones en que se llevan a cabo las convivencias o las medidas que previamente se tengan que efectuar para su desarrollo -como son las terapias o talleres-. Enseguida, ordenó el desahogo de una prueba pericial en psicología y psiquiatría a la menor involucrada ******************** para los efectos señalados en la sentencia amparadora y ordenó girar oficios al Procurador de Protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes y al Secretario de Salud del Estado de Puebla, respectivamente, a fin de que designaran un perito especializado en dichas materias para desahogar los citados medios de prueba. Finalmente, mediante proveído del veinte de septiembre pasado, el juez remitió los acuses de los oficios por medio de los cuales solicitó los profesionistas mencionados para llevar a cabo los dictámenes de referencia. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, porque dejó insubsistente el auto del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen, y dictó un diverso proveído, en el que consideró que el tema relativo a decretar o no un régimen de visita y convivencia entre la menor quejosa y sus abuelos es un tema que corresponde al fondo del asunto; enseguida, ordenó el desahogo de una prueba pericial en psicología y psiquiatría a la menor involucrada ******************** para los efectos señalados en la sentencia amparadora; con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y terceros interesados y por oficio al representante coadyuvante.

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de octubre de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente en el que se actúa; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla deje insubsistente el auto del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio privilegiado de visita y convivencia ********************, y considere que el tema relativo a decretar o no un régimen de visita y convivencia entre la menor quejosa y sus abuelos es un tema que corresponde al fondo del asunto, por lo que solo puede determinarse en sentencia definitiva, al igual que la modalidad y condiciones en que se llevan a cabo las convivencias o las medidas que previamente se tengan que efectuar para su desarrollo -como son las terapias o talleres-. Dicte un diverso proveído, en el que, de manera complementaria a la entrevista realizada a la niña involucrada, ordene y desahogue una prueba pericial en psicología a su cargo, que pueda aportar mayores elementos de convicción para descartar la existencia de injerencias externas en la opinión de la menor -como podría ser influencia de la madre u ofuscación por la relación de la progenitora y los abuelos-, a fin de poder valorar con mayor amplitud su opinión. Igualmente, ordene el desahogo de una prueba pericial en psiquiatría a cargo de la menor involucrada, a fin de determinar la gravedad del padecimiento de ******************** que al parecer presenta, ya que ese tema podría ser un factor para determinar la modalidad de las convivencias, en caso de que en sentencia definitiva sean decretadas o incluso podría ser un factor para decidir si es factible realizarlas o no. Asimismo, el Juez deberá valorar si estima adecuado desahogar oficiosamente algún medio de prueba que aporte elementos objetivos sobre el tema relativo a la violencia que se alega ejercieron los abuelos de la menor sobre ella, a fin de determinar en sentencia si existieron o no esos actos de violencia y, en su caso, si son un factor que impida o no decretar un régimen de visita y convivencia entre los abuelos y la niña. En la inteligencia que deberá recabar las aludidas pruebas, lo más pronto posible, a fin de estar en aptitud de emitir la sentencia que en derecho corresponda. Mediante proveído de veintitrés de agosto del año en curso, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés dictado en el expediente ********************, de su índice mediante el cual dejó insubsistente el auto del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen, y dictó un diverso proveído, en el que consideró que el tema relativo a decretar o no un régimen de visita y convivencia entre la menor quejosa y sus abuelos es un tema que corresponde al fondo del asunto, por lo que solo puede determinarse en sentencia definitiva, al igual que la modalidad y condiciones en que se llevan a cabo las convivencias o las medidas que previamente se tengan que efectuar para su desarrollo -como son las terapias o talleres-. Enseguida, ordenó el desahogo de una prueba pericial en psicología y psiquiatría a la menor involucrada ******************** para los efectos señalados en la sentencia amparadora y ordenó girar oficios al Procurador de Protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes y al Secretario de Salud del Estado de Puebla, respectivamente, a fin de que designaran un perito especializado en dichas materias para desahogar los citados medios de prueba. Finalmente, mediante proveído del veinte de septiembre pasado, el juez remitió los acuses de los oficios por medio de los cuales solicitó los profesionistas mencionados para llevar a cabo los dictámenes de referencia. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, porque dejó insubsistente el auto del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen, y dictó un diverso proveído, en el que consideró que el tema relativo a decretar o no un régimen de visita y convivencia entre la menor quejosa y sus abuelos es un tema que corresponde al fondo del asunto; enseguida, ordenó el desahogo de una prueba pericial en psicología y psiquiatría a la menor involucrada ******************** para los efectos señalados en la sentencia amparadora; con lo que se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y terceros interesados y por oficio al representante coadyuvante.

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