Anahí Victoria Orozco Fuentes
Expediente 981/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Anahí Victoria Orozco Fuentes
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Se estima que este expediente es destruible, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional tuvo por no presentada la demanda de amparo, aunado de que no es considerado como relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, el término de cinco días concedido para tal fin, transcurrió en su totalidad. Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído; y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Anahí Victoria Orozco Fuentes, en representación de su menor hija de iniciales A.L.R.O. Notifíquese personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Anahí Victoria Orozco Fuentes, en representación de su menor hija de iniciales A.L.R.O, contra actos del Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 981/2021-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Le No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a la quejosa Anahí Victoria Orozco Fuentes, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad manifieste lo siguiente: 1) Deberá acreditar con documento fehaciente la representación de su menor hija de iniciales A.L.R.O. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 17 Constitucional, prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, es decir, que estos adquieren matices propios con relación al tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. En consecuencia, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo que explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia número 2ª./J. 1/96, visible en la página 48, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO", y por tanto analizar la personalidad del promovente del amparo. Por tanto, analizar la personalidad de la parte quejosa, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promoverte, que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son partes en ese juicio. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia número 336, visible a fojas 284 y 285, tomo VI, materia común, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." 2. Deberá precisar si la demanda de amparo la promueve también por propio derecho o únicamente en representación de su menor hija de iniciales A.L.R.O.; asimismo, especifique si en el juicio de origen se decretó la pensión alimenticia únicamente a su hija o también a su favor. Lo cual se estima necesario a fin de estar en aptitud de fijar la litis constitucional, y en atención a que en su capítulo de actos reclamados, se advierte que señaló como acto reclamado la resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual declaró por improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el que admitió a trámite el incidente de liquidación de pensión alimenticia y se notificó personalmente por medio de exhorto al demandado. Por lo tanto, si la parte quejosa no precisa de manera concreta cuáles son los actos reclamados, las autoridades responsables no están en posibilidad de rendir sus informes adecuadamente, ni este órgano en posibilidad de fijar la litis constitucional. Tiene aplicación la tesis número 227,883, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio 1989, página 54, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. 3. Deberá exhibir tres copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. La exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110, de la Ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde a la propia quejosa. Se apercibe a la promovente que, de no dar cumplimiento con la prevención formulada en el presente acuerdo, dentro del plazo concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, y se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así también, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, las lista que se fijan en los estrados de este Juzgado, por así haberlo solicitado expresamente. En ese sentido, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial adscrito, para que de ser necesario, en días y horas inhábiles practique las diligencias que deriven de este asunto. Se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En complemento a lo anterior, se tiene por autorizado por la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a María Isabel Roldan Pérez, toda vez que tiene registrada su patente de licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que a los demás profesionistas por el momento únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula en el sistema aludido. Se tiene al promovente proporcionando el correo electrónico consorjud@hotmail, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactada el Secretario encargado del asunto, Óscar Durán Valdés, a saber: 5553870500, extensión 1391, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Igualmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto, se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa de manera electrónica.
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